Mireya y Víctor se casaron en diciembre del 2015. Pero el pasado 25 de febrero, él la asesinó en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. Las primeras versiones apuntan a que el hombre la habría asesinado para robarle a su hijo o por celos. El presunto responsable se encuentra prófugo y sólo se tiene una fotografía publicada en diferentes medios locales y redes sociales. Antes de escapar, el hombre abandonó a su hijo con sus padres y cuando en redes sociales se viralizó la búsqueda del menor la familia prefiero entregarlo y cooperar con la investigación.
Víctor Escamilla se volvió alcohólico meses antes de asesinar a su esposa, Mireya Sarabia, la madrugada del pasado 25 de febrero en el municipio de Acatlán de Osorio; los amigos de la víctima negaron que el problema fuera por celos o por pelear la custodia de su hijo de dos años, pues “aparentemente todo estaba bien” entre la pareja.
Mireya Sarabia es la víctima del feminicidio número 20 ocurrido en Puebla en lo que va del año, y aunque las primeras versiones apuntan a que Víctor la asesinó para robarle a su hijo —que está a punto de cumplir dos años— o por celos, familiares y amigos de la víctima negaron que sea así, pues ambos vivían juntos.
El gobernador Javier Corral Jurado presumió que el Sistema Estatal Anticorrupción será el mejor del país, incluso más que el nacional, pero los intereses políticos que rodearon la creación la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción y la selección de los cinco consejeros contradicen su dicho.
Por ejemplo, el Congreso local aprobó en octubre pasado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción sin homologarla con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se pudieran postular militantes de partidos como integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del sistema estatal.
Ocupados en repartirse las candidaturas y planear la estrategia de la coalición Por México al Frente, los dirigentes del PAN, PRD y MC no han salido a defender a su candidato presidencial de los insistentes señalamientos de corrupción. Y pueden ser éstos, las alianzas cuestionables con personajes de negro historial y expriistas corruptos, así como las advertencias de que “lo deslumbra el dinero”, los principales lastres de Ricardo Anaya en esta campaña presidencial, en la que además comenzó en desventaja.
Pese a contar con una estructura de dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes conforman una “mesa política” donde se diseña la estrategia de la coalición y que está en “sesión permanente” desde 2017, el candidato presidencial Ricardo Anaya ha enfrentado solo los escándalos de corrupción por su riqueza.
El pasado 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.
Más de 60 comunidades indígenas de Oaxaca rechazaron la imposición de cualquier proyecto minero en sus territorios por ser una amenaza a la naturaleza y su forma de vida, además de que ofrecen “pocos empleos” que cuentan con “pésimas condiciones laborales” y provocan el despojo y la destrucción de los bienes comunales, durante el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, organizado en Magdalena Teitipac, Oaxaca.
Explicaron que la imposición de proyectos extractivos trae como consecuencia “el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales”.
En nuestro país hay cerca de 2.7 millones de productores de maíz blanco. De ellos, acaso un millón recibe apoyos del Gobierno. De acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México , el año pasado México importó 14.7 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos –donde la tercera parte de la producción incluye productos genéticamente modificados o transgénicos–. Para este año, prevé, importaremos entre 16.8 y 19.2 millones de toneladas de maíz amarillo.
La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) urgió este día al Gobierno federal establecer una estrategia para rescatar la producción de maíz, en caso de que Estados Unidos decida cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En un encuentro con medios, Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la CNPAMM, resaltó que la cadena de producción y de consumo de maíz es la más importante en México, por lo que es necesario que se limiten las importaciones de maíz amarillo según las temporadas.
Cinco hombres fueron detenidos con diversas dosis de marihuana y cocaína, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) buscará vincularlos a proceso por delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo e hipótesis de compra-venta. El pasado viernes, dos hombres murieron a causa de heridas de bala tras una riña dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Se presume que la agresión derivó de la venta de narcóticos al interior del campus universitario. Tras el hecho, alumnos exigieron a las autoridades universitarias y federales asumir su responsabilidad y dejar de lado las “acciones restrictivas y cosméticas”.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) solicitará la vinculación a proceso de cinco hombres detenidos en las inmediaciones de Cuidad Universitaria con diversas dosis de marihuana y cocaína.
De los cinco detenidos, informó la PGJCdMx, dos cuentan con antecedentes penales, mientras uno más está relacionado con un par de indagatorias por robo. Sin embargo, recalcó la dependencia, ninguno forma parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Poder del Consumidor ha denunciado que las etiquetas utilizadas en los alimentos y bebidas industrializadas en México –donde desde hace más de un año existen emergencias epidemiológicas por diabetes y obesidad– no proporcionan información fácil de comprender para los consumidores, por lo que resultan un “atentado contra la salud” con el aval de la autoridad. El pasado 21 de febrero, la SCJN decidió atraer el amparo en revisión 7/2017, en el que la organización –en representación de la sociedad en general– denunció que el etiquetado nutrimental frontal mexicano “se estableció sin base en evidencia científica, no es entendible por la población mexicana y establece un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud, violando los derechos de los consumidores”. “Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a emitir una resolución que realmente proteja a la población por sobre los intereses de la industria. Es un caso muy importante, ya que no sólo se trata de una cuestión técnica- jurídica, sino que hay vidas de por medio que pueden salvarse. Esto puede generar un verdadero cambio en México”, llamó Julio Salazar Ramírez, abogado del grupo civil.
En un país en el que 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños viven con exceso de peso, de acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la importancia de un etiquetado frontal adecuado es clave y actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos cambiar el rumbo para salvar vidas en México.
El Poder del Consumidor (EPC) hizo un llamado a que el máximo órgano de justicia del país trabaje a favor de la sociedad y le dé la espalda a intereses de la industria de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.
La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.
La Auditoría informó que en el último año de gobierno de César Duarte fueron detectados pagos a personal que no se localizó en los centros de trabajo, y a conceptos que no cumplían los objetivos de fondos educativos.
La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario público por poco menos de 200 millones de pesos, al revisar lo ocurrido en la Cuenta Pública 2016 con dos fondos y un programa educativo federales destinados a Chihuahua, durante el último año de gestión del exgobernador César Duarte.
La anomalía detectada por la ASF está relacionada con recursos federales destinados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), y a los fondos de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), y Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
Con el tiro de gracia, los cuerpos de cuatro hombres fueron localizados este martes en un camino de terracería, cerca de la exHacienda de Chautla, en el municipio de San Salvador El Verde.
De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres estaban maniatados y presentaban un fuerte olor a diésel, por lo que se presume que la ejecución está vinculada con las bandas dedicadas al robo de combustible en la zona.
La mesa de trabajo en torno al tema de reglas de origen del sector automotriz quedó suspendida luego de que Jason Bernstein, el negociador estadunidense en ese capítulo regresó a su país, para llevar a cabo una serie de consultas sobre el tema con el representante comercial, Robert Lighthizer.
Así lo informó Kenneth Smith, jefe del equipo negociador de México, país sede de la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El portal digital Zona Franca denunció una persecución por la vía fiscal instrumentada desde la coordinación de Comunicación Social del gobierno de estado, a raíz de que publicó información sobre una empresa “fantasma” a la que el titular de la dependencia, Enrique Avilés Rodríguez, otorgó contratos millonarios en supuesta publicidad.
La difusión inició a partir del 8 de diciembre a la fecha, lapso en el que, expuso el director del medio, Arnoldo Cuéllar, el portal ha sido objeto de ataques cibernéticos, y ha tenido conocimiento de que desde el gobierno estatal se ha pedido a anunciantes que cancelen la publicidad a Zona Franca, lo que el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez hizo desde hace meses.
El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma.
En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.
El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores.
Alrededor de las 06:00 horas de este martes 27 de febrero, se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en un lote baldío en la colonia Emperadores, de la Delegación Sánchez Taboada, en Tijuana.
Los primeros datos apuntan que sobre una vialidad de terracería que conduce a la calle Eres, se localizaba una persona lesionada por arma de fuego, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades policíacas.
El empresario Francisco Silva Cancino fue asesinado en el interior de su domicilio durante la madrugada de este martes y posteriormente su vehículo, el cual presuntamente fue robado durante el asalto, fue localizado incendiado.
El empresario de 46 años de edad, socio de las franquicias de entretenimiento como Barezzito, Cafezzito, el bar Rosarito, McCarthy’s Irish Pub, docuprint y docupaper, fue asesinado en su domicilio ubicado en la calle Diagonal de Margarita Maza número 115 en la colonia Reforma, al norte de esta capital, según fuentes consultadas.
Familiares de víctimas de desaparecidos en Morelos denunciaron que el gobierno de Graco Ramírez, a través de la Fiscalía General de Justicia, pretende repetir lo ocurrido en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, donde se inhumaron cuerpos sin identificar en marzo y julio de 2014, respectivamente.
De acuerdo con la denuncia pública hecha por Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, joven secuestrado, asesinado y luego inhumado clandestinamente en Tetelcingo, con el pretexto del traslado de las oficinas de la Fiscalía a sus nuevas instalaciones, están preparando la inhumación de más de 170 cuerpos que no han sido reclamados y se encuentran en los frigoríficos del Servicio Médico Forense (Semefo).
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, afirmó que no le tiembla la mano para ejercer su autoridad en contra de los narcomenudistas, no obstante, dijo que la lucha en contra del narcomenudeo debe darse fuera de las instalaciones y no al interior.
“Estas personas están armadas, y meter a un grupo armado a que los saquen entre semana y en días de clase, va a representar un problema muy serio para la comunidad universitaria”, mencionó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El secretario de Gobierno del estado informó que aún hay tres detenciones pendientes y que se sigue buscando a los extranjeros, pues no hay indicios de que estén muertos.
Además de los cuatro policías detenidos, la Fiscalía de Jalisco busca a dos elementos más y al director de la Policía de Tecalitlán, Hugo Martínez Muñiz por su presunta participación en la desaparición de tres ciudadanos italianos, el pasado 31 de enero.
El secretario general de Gobierno del estado, Roberto López Lara, informó este lunes que también se busca al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que opera en el estado.
La empresa, que de acuerdo al SAT no cuenta con los activos para emitir facturas, compró una nave industrial al candidato del Frente por un monto de 54 millones de pesos.
La empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V. que compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro fue declarada como empresa fantasma definitiva por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con los listados de contribuyentes del SAT, la empresa fue declarada como fantasma definitiva el pasado 16 de febrero.
