Organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) evitar “un cierre precipitado con tintes electorales” del caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante nuevas evidencias de la colusión de autoridades federales, estatales y municipales con el grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le atribuye la tragedia.

Tras la publicación en el diario Reforma de escuchas telefónicas realizadas por el gobierno de Estados Unidos a integrantes de la banda criminal en las que se revela que capos radicados en Chicago siguieron en tiempo real el ataque contra los estudiantes en septiembre de 2014, las agrupaciones que representan a las víctimas y sus familias puntualizaron que las revelaciones contravienen la “verdad histórica” de que los jóvenes fueron ejecutados y calcinados con sus pertenencias en el basurero de Cocula y sus cenizas, vaciadas al río San Juan.