Con pocas rectificaciones y remiendos a la Ley de Seguridad, es una golpista facultad del presidente de la República en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el inicio de la abolición del Estado federal, al sustituir con soldados a las policías municipales y estatales.
Y en última instancia, restaura el centralismo de por sí bastante ejercido por las funciones presidenciales y el servilismo de los, más que nunca: desgobernadores; quienes han abdicado de sus obligaciones de brindar la máxima seguridad a la distribución territorial de los mexicanos.
