Las campañas que culminaron con los comicios del domingo 1, que cambiaron el mapa político del país, estuvieron marcadas por hechos violentos e irregularidades. Sin embargo, las elecciones correspondientes a la gubernatura de Puebla fueron las únicas impugnadas legalmente, dada la diferencia menor a 5% de los votos entre Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa, así como los múltiples indicios de que pueden configurarse delitos electorales y causales de nulidad de la elección.
En el proceso electoral más violento del país, con 31 homicidios y 113 agresiones contra servidores públicos y candidatos entre el 8 de septiembre y la jornada del domingo 1, únicamente los comicios estatales en Puebla podrían ser anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
