En febrero próximo los diputados y senadores discutirán y posiblemente aprobarán tres reformas que podrían endurecer significativamente el sistema de justicia en México.
Por un lado se busca ampliar de 6 a 18 el número de delitos que ameritan prisión preventiva automática para los probables responsables. Pero además se pretende incrementar la posibilidad de hacer detenciones en “flagrancia”, sin orden judicial, eliminando la condición que existía de que la persona forzosamente fuera “sorprendida” en el momento del delito y perseguida por una autoridad.