En 2018 fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El fin de semana pasado, el ex gobernador presentó la demanda de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México, en la cual reclama la resolución del 31 de enero de este año, en la que un juez de control ratificó la resolución del 4 de enero, sobre la solicitud de sustitución de medida cautelar.