Tras la petición del presidente López Obrador a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre la legalidad de una consulta popular en torno al juicio a expresidentes, hay una serie de agravios por represión, abuso de autoridad y presuntos delitos patrimoniales que, independientemente de la eventual aprobación de la consulta, ya se están investigando. Se trata de casos denunciados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos que pueden reactivarse o cuyas sentencias requieren cumplirse.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que una consulta popular decida si debe investigarse y, en su caso, procesar a cinco expresidentes o no, arrojó luz sobre el cauce que tomarán las investigaciones en caso de que proceda y que, de hecho, independientemente de la consulta, se desarrollan en expedientes ya abiertos.
Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.
Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.
