“Decidimos concluir la obra”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la continuación de los trabajos en el Proyecto Integral Morelos (PIM), donde el pasado lunes la Guardia Nacional desalojó a ejidatarios que se oponen a la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tema fue planteado al mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional y, sin abundar en la operación de desalojo, se concentró en los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de echar a andar la obra.

Representantes de comunidades mayas solicitaron formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización de Impacto Ambiental al primer tramo del Tren Maya puesto que el proyecto se presentó en forma fragmentada, lo que impide evaluar en su conjunto las afectaciones que provocará.

Dicho tramo abarcará 237 kilómetros que correrán de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. La obra costará 13 mil 394 millones 942 mil 290 pesos con 34 centavos y fue adjudicada al consorcio integrado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH.

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe entregar información sobre los avances del gobierno mexicano en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Atenco, en el que 11 mujeres sufrieron violaciones graves de derechos humanos a manos de policías estatales y federales en 2006.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Segob entregar la versión pública de los documentos de la averiguación previa, la carpeta de investigación, las causas penales relacionadas con el caso, así como el plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional y el observatorio independiente.

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente como hechos de corrupción, delitos electorales o cualquier delito, conocida popularmente como “eliminación del fuero”.

Con 89 a favor y 23 en contra, el pleno del Senado avaló la minuta que llegó de la Cámara de Diputados para modificar los artículos 108 y 111 constitucionales para quedar como siguen:

Tres cuerpos humanos, completamente desmembrados, fueron dejados en la congregación de Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, en la zona centro de Veracruz.

Los cuerpos fueron abandonados en un campo deportivo, con una cartulina que contenía amenazas del crimen organizado, cuyo mensaje guardado por autoridades de la Policía Municipal.

La economía mexicana tuvo un crecimiento de 12.1% durante el tercer trimestre del año, frente al trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta mejoría se registró tras el desplome de 18.7% reportado en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio), derivado de la medidas tomadas para enfrentar la pandemia por COVID-19.

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó la posibilidad de que el próximo 15 de diciembre se publique el Decreto expropiatorio del inmueble Zacatecas 74, en la colonia Roma, gracias a las medidas que han tomado para presionar a las autoridades.

«La respuesta de gobierno no hubiese sido posible si no se toma de manera pacífica el INPI, si no se llevan a cabo acciones como la quema de mobiliario, archivos, computadoras y el bloqueo del vialidades cercanas al INPI; es decir, sin la lucha, resistencia y rebeldía de la comunidad otomí, la muy probable expropiación de Zacatecas 74 no sería posible», aseguraron en un comunicado.

El Presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para prohibir la práctica por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”, parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el expresidente Felipe Calderón. Ahora, el 23 por ciento del empleo formal registrado ante el IMSS depende de la subcontratación, de acuerdo con Tallentia MX.

México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se resiste a no ser invitado a la elección de 2021. El pasado 21 de noviembre anunció que era segura su participación con el fin de “contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso de la Unión”.

La Alianza Federalista presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los 109 fideicomisos no desaparezcan.

Madres y familiares de víctimas de feminicidio acudieron al Palacio Nacional para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que «México agoniza ante la violencia feminicida».

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, sobrevivientes de tentativa de feminicidio y defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que este 2020 han sido asesinadas 2 mil 874  mujeres y niñas, de los cuales sólo 724  casos  se están investigando como feminicidio.

No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el año pasado, 31 gobiernos estatales generaron probables daños al erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.

Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede andar investigando a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, si no existe una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo dijo luego de que el miércoles, la UIF dio a conocer que inició una investigación a Videgaray Caso, debido a los señalamientos que hiciera en su contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rebatió este jueves a la agencia de noticias Bloomberg, que publicó que México es el peor país para vivir la pandemia de COVID-19, con el dato de crecimiento de la economía mexicana, que en el tercer trimestre creció un 12.1 por ciento frente a los tres meses anteriores.

“Creo que es un error y en una de esas hasta va a haber una aclaración porque sí vi la nota (de Bloomberg) y me pareció un exceso, con el propósito de afectar a México”, reprochó el mandatario en conferencia de prensa.

La Ley sobre Delitos de Imprenta -aprobada el 17 de abril de 1917- será abrogada por la Cámara de Diputados. El dictamen que será sometido a aprobación en el pleno de San Lázaro esta tarde, refiere el anacronismo de esa norma porque “no tutela efectivamente el derecho a la información y a la libre expresión, ni el derecho a informar, tanto así que contempla conceptos abiertamente inconstitucionales, como arrestos por 36 horas”.

Con esa legislación centenaria se propiciaba la criminalización de la actividad periodística. Por esa circunstancia, derogar la citada ley, implica garantizar la libertad de imprenta como supuesto esencial e indispensable para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión; “era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que establecía dicha ley, para reservar al ámbito civil la protección a la reputación o al propio honor”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se acogería al llamado “criterio de oportunidad” a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.

Dos mensajes fueron enviados hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) cuyo testigo estelar es su exdirector Emilio Lozoya quien señala al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray como responsable:

Primero, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajen en coordinación; luego, que la segunda desahogue con rapidez los asuntos a fin de evitar que no queden solo como escándalos políticos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) puso en marcha, en esta localidad, la primera feria de reclutamiento para los trabajos del Tren Maya, obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aarón Rosado Castillo, enlace territorial en la entidad, explicó que sólo en lo que toca a Yucatán, el proyecto beneficiará a por lo menos 19 comunidades, con los miles de empleos directos e indirectos que la obra generará.

Con el voto de cuatro de siete magistrados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió analizar si la sola investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los recursos en efectivo que habría recibido Pío López Obrador entre 2013 y 2018, para apoyar a Morena, viola sus derechos. 

La mayoría de los magistrados consideraron que este caso amerita analizar si se ha generado molestia que pudiera afectar los derechos del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la sola apertura de la investigación realizada por el INE, caso que apenas fue admitido, está en investigación y no se ha emitido una resolución definitiva.