En sentido contrario al discurso del presidente López Obrador, su administración no sólo niega el acceso a documentos relativos a sus programas y proyectos prioritarios –como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía–, sino que mantiene los candados que gobiernos anteriores colocaron en expedientes de gran relevancia pública, como los casos Odebrecht y Ayotzinapa. La negativa de las dependencias federales a entregar información disparó al doble las impugnaciones que ciudadanos interpusieron ante el INAI. De hecho, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la 4T no se diferencia de los gobiernos del PRI y del PAN.
En mayo de 2020, después de recibir reiteradas críticas sobre la opacidad en la que operó sus programas sociales, el gobierno federal dio a conocer por primera vez detalles del llamado “censo de Bienestar” que los Servidores de la Nación habían levantado durante los dos años anteriores con el objetivo de tener una base de datos para determinar quiénes podrían solicitar los apoyos de la llamada Cuarta Transformación.
Dichos detalles se limitaron en un documento sobre la metodología y un par de tablas con cifras inverificables, que servirán de base para un futuro Padrón Único de Beneficiarios. Ello a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social había señalado que “su levantamiento se hizo antes y durante su diseño (de los programas), por lo que no necesariamente atiende a los objetivos de dichas intervenciones”.
