En los próximos días la Cámara de Diputados discutirá intensamente la reforma sobre el outsourcing, uno de los mayores y más ambiciosos cambios legislativos en materia laboral que busca acabar con un esquema de subcontratación abusivo, tanto para los trabajadores como para la hacienda pública, y que molestó sobremanera al sector patronal.
Como se recordará, la discusión se aplazó luego de que el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazaran la iniciativa del gobierno federal, bajo el falso argumento de que se perderían miles de empleos.
En realidad lo que defienden los patrones no son los puestos de trabajo ni, mucho menos, a las personas que dependen de éstos, sino sus propios intereses basados en un modelo de negocio que descansa en dos principios: 1. La máxima rentabilidad a partir de la explotación de la mano de obra precaria, y 2. El casi nulo reparto de la riqueza a partir de la elusión fiscal.
