El excandidato presidencial Ricardo Anaya llamó al Congreso a no aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, que revierte parte de la reforma energética de Enrique Peña Nieto que el panista aprobó a cambio presuntamente de recibir casi siete millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), están mal y, con su fórmula discursiva, “yo tengo otros datos”, consideró que dicho órgano no debe prestarse a campañas de sus adversarios.

El pasado sábado 20, la ASF emitió su informe final de la cuenta pública 2019, la primera que revisa a este sexenio, los resultados fueron negativos en política social, obras prioritarias y resistencias a los procedimientos de supervisión. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, calificó dicho informe de exagerado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la contratación y pago de sueldos por parte de la Secretaría del Bienestar a los Servidores de la Nación. Dichas anomalías representan un probable daño al erario por 561.9 millones de pesos cuyo destino deberá aclarar la dependencia.

Además, el órgano fiscalizador señaló que el Censo de Bienestar, que es levantado por dichos Servidores mediante visitas a domicilio, no puede ser considerado un censo confiable, pues tiene errores metodológicos que permitieron “inflar” el número de personas potencialmente beneficiarias, lo que genera incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos.

Ante la falta de información previa sobre los efectos y riesgos del Tren Maya, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) valorar la reposición de la consulta indígena sobre el megaproyecto, luego de publicar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

De acuerdo con el documento, Fonatur “inició medidas administrativas antes de consultar a la población indígena, ya que no les informó sobre los efectos y riesgos, no previó la atención de la población que se vería afectada, en el ámbito social, por su desarrollo. Además, la paraestatal no acreditó el enfoque social del proyecto, ni su contribución en materia de salud, educación y bienestar en sus comunidades receptoras”.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de permitir la violencia narco-paramilitar por la que 40 integrantes de base, promotores, delegados y concejales han sido asesinados.

«Nos dejan que nos maten por ser indígenas y pobres y además rebeldes, que no nos dejamos dominar por los grupos criminales y que además estamos en la lucha del CNI-CIG (Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno)», denunciaron los integrantes del CIPOEG-EZ.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que las proyecciones para justificar la construcción de la refinería de Dos Bocas no coinciden dentro de las dependencias del gobierno federal, lo cual puede deberse a una sobreestimación de su utilidad, lo que llevaría al Estado mexicano a perder dinero.

Pemex Transformación Industrial estableció que la refinería operará al 90 por ciento de su capacidad, pero la Secretaría de Energía indicó que se utilizaría al 78.5 por ciento y las refinerías que ya existen en el país trabajan al 36.4 por ciento de su capacidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que durante el primer año de gestión de Ana Gabriela Guevara Espinoza, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) estuvo plagada de actos irregulares, entre ellos presuntos actos de corrupción –incluyendo sobornos– y adjudicaciones directas inexplicables, y dejó al menos 186 millones 706 mil pesos pendientes de comprobar.

En una amplia auditoría forense al programa de Atención al Deporte –publicada este sábado 20 y cuya versión adelantada obtuvo Proceso–, el organismo fiscalizador estimó que la Conade malgastó seis de cada 10 pesos de la muestra de 310 millones de pesos que pudo auditar, los cuales, a su vez, representan poco menos de la mitad de los 679 millones de pesos que la institución gastó en 2019 en el programa.

Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue detenida la tarde de este lunes en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia, bajo la acusación de narcotráfico internacional.

El Departamento de Justicia indicó que Coronel Aispuro, estadunidense por nacimiento, será presentada mañana martes 23 de febrero ante la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.) por medio de una audiencia virtual -video conferencia-.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) hizo un llamado a replantear el modelo energético nacional, incluyendo el eléctrico, para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la protección del medio ambiente.

En ese sentido, los integrantes del GOAN pidieron detener la marcha en sentido contrario a lo que ocurre en todo el mundo e invertir en el desarrollo masivo de energías renovables, urgiendo en la diversificación de éstas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Embajada de Canadá en México convocar a la minera First Majestic Silver Corp a cumplir con el pago de impuestos en el país, y acusó que la empresa busca ampararse en el T-MEC para eludir la cobertura de sus obligaciones fiscales.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los adultos mayores de las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco recibirán, a partir del 24 de febrero, la vacuna Sputnik V contra la COVID-19.

El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal.

En una informe de desempeño, parte de la revisión de la cuenta pública 2019 que se entregó el sábado ante diputados, el órgano fiscalizador detectó que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza, se resistió al proceso de fiscalización –al argumentar la suspensión de labores debido al Covid-19–, aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales, y ocultó información de un dirigente sindical, entre otras.

“Nos dimos cuenta de que Grupo México es una empresa muy grande y poderosa, que pesa más ante los intereses económicos que el poder dar una justicia a las familias”, sentencia Elvira Martínez Espinosa, quien perdió a su esposo Jorge Vladimir Muñoz Delgado aquel 19 de febrero de 2006, cuando colapsó la mina Pasta de Conchos y provocó la muerte de 65 mineros. Con esas palabras describe la injusticia para unos, y el manto de impunidad para el magnate Germán Larrea Mota-Velasco y su corporación.

Integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, Elvira Martínez dice a Contralínea que estos 15 años han significado “un caminar muy largo, en el que nuestro mayor anhelo ha sido la recuperación de los restos”.

Durante su conferencia de prensa, el primer mandatario dijo a Contralínea que en México “ya no se puede estar utilizando agroquímicos que dañan la salud, que nos dañan a todos, a ellos mismos”.

Luego de conocer que el CNA pagará poco más de 12 millones de pesos en amparos y medios de comunicación, el titular del Ejecutivo dijo que habría que “convencerlos, porque esas campañas no funcionan.

Y es que, según reveló el reportero Zósimo Camacho, en el apartado “Servicios Profesionales”, el CNA señala que para ejecutar el “componente legal” de la estrategia se contrató al despacho Conesa & Moreno Abogados. El encargado del “componente internacional” será el despacho AGDN Economía, Derecho, Estrategia. La estrategia de comunicación estará a cargo del despacho Guerra Castellanos & Asociados.

Durante el conversatorio “¿Cómo afecta a los pueblos la Ley Minera?”, el académico destacó que en el sexenio de Vicente Fox Quesada se dieron más concesiones mineras –12 mil 652–, pero afectaron menos territorio que las otorgadas por su sucesor: 7 millones 870 mil 636 hectáreas.

En total, México ha otorgado 25 mil 505 concesiones  que afectan 56 millones de hectáreas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Ello  representa el 28.58 por ciento del territorio total del país, señaló.

A pesar de que el gobierno de Andrés López Obrador dijo que la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco tendría un costo de 100 mil millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que cancelar esta obra costará a los mexicanos al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido.

Este es el principal hallazgo que documentó la ASF en un informe que realizó al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México sobre la clausura de esta obra que estaba llamada a ser uno de los proyectos más ambiciosos del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, y que la actual administración decidió cancelar a finales de 2018 alegando presuntos actos de corrupción en la planeación y ejecución de dicha infraestructura.

Estados Unidos comienza este viernes a revertir el programa “Quédate en México” por el que más de 70 mil solicitantes de asilo fueron expulsados a México desde enero de 2019.

No todos tendrán la oportunidad de ingresar al país para seguir su caso de asilo, sino únicamente los aproximadamente 25 mil que tienen su caso abierto.