Marco Antonio Arcos Fuentes, defensor de los bosques y comisario de Jaleaca de Catalán, Guerrero, fue asesinado el pasado 21 de mayo por un grupo de hombres armados en una taquería de Chilpancingo.

Como ambientalista, Arcos Fuentes denunció la tala ilegal de pino en la Sierra de Chilpancingo y exigió al gobierno que declarara una veda e indemnizara económicamente a los ejidatarios de la comunidad Chicahuales, quienes realizan la tala de pino, al ser personas en situación de pobreza.

Una empresa mencionada en la acusaciones contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está relacionada con el caso Odebrecht, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En una entrevista con diversos medios de comunicación al salir de Palacio Nacional, Nieto Castillo explicó que la empresa ligada al Gobernador de Tamaulipas y el caso Odebrecht opera en el sector de la energía eólica.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó la mañana de este miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un aumento de 0.8 por ciento en términos reales durante el primer trimestre de 2021, esto respecto al periodo previo, con cifras ajustadas por estacionalidad.

En un comunicado sobre los resultados de este indicador, explicó que en su comparación anual, el PIB registró un retroceso de 2.8 por ciento entre enero y marzo de este año, con lo que acumuló seis trimestres negativos en “números rojos”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el plan de México es ya no importar gasolinas en 2023, y agregó que para alcanzar esa meta fue importante la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas.

Hace dos días, López Obrador dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió la totalidad de la refinería Deer Park, que era parcialmente propiedad de Shell Oil Company. La petrolera mexicana detalló que ya poseía el 49.995 por ciento de la planta, pero con esta adquisición se hizo del 50.005 por ciento restante.

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz, propuso crear un frente con el PAN y su abanderada, María Eugenia Campos Galván, en la entidad, lo que ha provocado reacciones contradictoras entre las dirigencias nacional y local del Partido Revolucionario Institucional.

Ante esta propuesta, que no declina a favor de otro partido, el dirigente estatal del PRI, César Alejandro Domínguez, expuso que la gran mayoría de sus candidatos rechazó el planteamiento, por lo que seguirán pidiendo el voto a favor del PRI, en cada una de sus candidaturas en el estado.

Alma Rosa Barragán, candidata en Moroleón, Guanajuato, fue asesinada a disparos en un mitin, en el que también resultaron lesionadas otras dos personas, informó en redes sociales el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El partido del que era candidata Barragán lamentó los hechos e hizo un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por el ataque.

Entre el 26 de abril y el 13 de mayo pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó seis contratos –por 2 mil 855 millones de pesos en total– para proyectos de conectividad vial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.

De los procedimientos por licitación pública internacional resultaron ganadoras las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones, Imagen Corporativa Atlanta, Impulsora de Desarrollo Integral, Jaguar Ingenieros Constructores, GCP, Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, Citcocomex Group, Desarrollo y Construcciones Urbanas, y Pavimentos Caminos y Compactaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al Banco de México (Banxico), en los últimos días, que informe sobre el destino de los remanentes derivados del alza del tipo de cambio por la pandemia que no fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como ocurrió en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Carlos Antonio Romero Deschamps violó la Cláusula 149 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2012 cuando volvió a ocupar un cargo público y debió haber sido rescindido de la petrolera, por lo tanto su jubilación es ilegal, denunciaron agremiados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

A nueve kilómetros de la zona cero de la tragedia por el colapso de la Línea 12 la noche del 3 de mayo, hay otros afectados colaterales que se suman a los miles de usuarios que se quedaron sin metro, como Ignacio, César y Rogelio, cuyos negocios -ubicados en las inmediaciones de la estación Tláhuac- están a punto de quebrar porque desde hace casi un mes las personas y potenciales clientes ya no caminan por la zona, ya sea porque encontraron otras formas para trasladarse (incluido el uso de mototaxis) o porque el servicio emergente de camiones que cubren la ruta Mixcoac-Tláhuac obliga a los usuarios a entrar hasta el paradero de esta estación.

La masacre de Allende, Coahuila, forma parte de la historia más siniestra de México. El 18 de marzo de 2011, sicarios de Los Zetas irrumpieron en el pequeño municipio fronterizo buscando venganza porque alguien les había traicionado. Tres días después la localidad era una zona de guerra: casas destruidas, comercios arrasados y un número de muertos y desaparecidos que todavía hoy no ha sido clarificado.

En el horror de Allende se mezclan todos los elementos que han marcado los últimos 15 años de eso que Felipe Calderón denominó “guerra contra el narcotráfico”: el crimen organizado como poder real en un territorio, un Estado ausente e incapaz de proteger a su población, autoridades corruptas que rinden cuentas ante el narco y muchas víctimas. También, diez años después de la matanza, la impunidad. 

A raíz de que la Cámara de Dipu­tados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, resolución que en términos legales se denomina declaratoria de procedencia, la FGR, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de Tamaulipas se enfrascaron en una disputa legal en la que todavía no se puede anticipar un ganador.

La velocista olímpica y candidata de la coalición PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez Núñez, anunció hoy que continuará con su campaña política, a pesar de la frontal amenaza de muerte que recibió del crimen organizado.

En un video que subió a sus redes sociales, la atleta del Ejército mexicano advirtió que no se dejará amedrentar y que seguirá adelante con su campaña en pos de la presidencia municipal de su tierra natal.

La tendencia al alza de casos de contagio de covid-19 y de hospitalizaciones encendió los focos rojos en el estado de Quintana Roo, por lo que la titular de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, hizo un llamado urgente a la población de esa entidad a respetar las medidas sanitarias.

Después de que el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) anunció que cenoteros y paradores turísticos paralizarían sus actividades por tres días, la Secretaría de Salud de Yucatán retiró los sellos de clausura que había puesto en los paraderos de Homún el pasado 24 de mayo.

Después de que Kanan Ts’ono’ot anunciara el cierre de todos los paraderos del pueblo como muestra de solidaridad y protesta por las acciones punitivas de la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública, que el pasado 24 de mayo clausuraron tres paradores de Homún a manera de represalia contra los defensores territoriales, “el gobierno del estado dio marcha atrás,” informó Indignación.

Autoridades de Mogótavo, Chihuahua, comunidad rarámuri que defiende desde los años ochentas su territorio en contra de proyectos turísticos, enfrentan ahora una denuncia por “despojo agravado”.

Además, afirma un grupo de representantes que estuvieron en la Ciudad de México para dar seguimiento a un amparo para no ser procesados, hay amenazas en contra de la población por parte de los inversionistas coludidos con el gobierno del estado y el gobierno federal.

Las imágenes del operativo de la policía del estado de Chiapas para detener a jóvenes normalistas rurales de Mactumactzá el 18 de mayo, removieron el dolor de Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“Me puse a pensar que tal vez así los policías persiguieron y agarraron a nuestros muchachos, me dio mucha tristeza y coraje porque no deberían perseguir a los estudiantes de esa manera”, dice la señora Cristina, quien junto con una treintena de padres y madres de los normalistas desaparecidos, instalaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en el Reloj Chino.

“No pasa nada, no hay nada que temer”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el anuncio de los dirigentes del PRI, PAN y PRD para disminuir el poder del mandatario.

También, recomendó a los dirigentes partidistas de oposición evitar el uso de recursos públicos para contratar a empresas de publicidad enfocadas en la elaboración de campañas negativas contra el gobierno federal.

Con el bloque opositor fracturado ante la salida de Movimiento Ciudadano (MC), las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) formalizaron hoy la continuación de su alianza legislativa para disminuir el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la agónica Legislatura 64, estos tres partidos más MC mantuvieron una férrea oposición a todas las iniciativas presidenciales que, una tras otra, fracasaron ante la mayoría de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT), Encuentro Solidario (PES) y recientemente Verde Ecologista de México (PVEM).

En el marco de la represión a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó al gobierno de Herminio Escalante de “focalizar su poder represivo contra los estudiantes pobres, mayoritariamente indígenas”.

El pasado 18 de mayo las autoridades del estado de Chiapas reprimieron con gases, detención arbitraria, fuerza excesiva y violencia sexual a las y los normalistas que se encontraban en la carretera Chiapas-Corzo para demandar condiciones más justas para el ingreso a su escuela. Ante los hechos, el centro de derechos humanos Tlachinollan se sumó a las exigencias de que pare la escalada de violencia propiciada por las autoridades del estado contra los estudiantes «que han encontrado en esta normal la única opción para acceder a la carrera magisterial.»