Habitantes de la cabecera municipal de Aguililla agredieron la noche del jueves la base militar que se encuentra en esa demarcación, como forma de protesta porque su presencia no ha detenido la inseguridad en la región; además, a decir de algunos de los manifestantes, porque desde hace una semana la población no cuenta con energía eléctrica debido a que la delincuencia organizada la ha cortado intermitentemente.

En palabras del párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Gilberto Vergara, de ese pueblo, la energía eléctrica fue reconectada el 1 de julio por la tarde; sin embargo, por la noche la gente de Aguililla lazó bombas molotov al cuartel, mientras los militares lanzaron gases lacrimógenos. “Dicen que se escucharon algunos balazos, pero no hubo lesionados”.

Un tribunal especializado en competencia económica revocó la suspensión definitiva que concedió a dos empresas que impugnaron el decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica Nacional (LIE) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo pasado.

El segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión del colegiado aún no ha sido publicada, pero está firme.

El Delegado de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien es cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presuntamente por la indagatoria por delincuencia organizada que involucra a su pariente panista.

Las cuentas bancarias de Gómez Leal, conocido en Tamaulipas como el “Jotaerre”, fueron aseguradas y retenidas por la UIF, que lo citó hace un mes, el 24 de mayo, “a efecto de continuar con el procedimiento de su garantía de audiencia”, según el oficio de notificación, emitido el 18 de ese mes, cuya copia tiene SinEmbargo.

Hace tres años, cuando ganó la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió dos cosas en materia económica: una transformación para desterrar los vicios del modelo neoliberal, como lo son la desigualdad social y la corrupción; y un impulso productivo para romper con la inercia de bajo crecimiento económico de los últimos 35 años.

Hoy, a mitad de sexenio, el talón de Aquiles de su administración sigue siendo el crecimiento económico, que lo ha quedado a deber, en gran medida, por el clima de recesión por el que atraviesa el país desde principios de 2019, mismo que se acentuó con la pandemia de coronavirus, en un contexto en que la recuperación económica —que ya empezó— se extenderá más allá de 2021, considerando que aún regresando a los niveles previos a la pandemia, la economía mexicana estará anclada por los factores de bajo crecimiento económico que había previo a la pandemia.

Un incendio se registró en el complejo Ku Maoob Zaap (KMZ), localizado en el Golfo de México. El fuego ya fue controlado por personal de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con reporte de la agencia Reuters.

El incendio se registró a las 04:19 horas de este viernes. El complejo es el que genera la mayor producción de hidrocarburo para Pemex.

Con el claro objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo denunciaron el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y sancione a los funcionarios implicados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.

Los integrantes de la planilla ganadora en el municipio de Penjamillo, Michoacán, renunciaron a los cargos antes de tomar posesión, tras asesinatos de compañeros de campaña y el secuestro del alcalde electo Gilberto Mejía, del Partido Encuentro Solidario (PES).

Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PES, Eder López García, con el objetivo de proteger la vida de los síndicos y regidores, así como con la esperanza de que los agresores del alcalde electo de Penjamillo lo liberen.

El 11 de junio, cuando el subsecretario de Salud encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, Hugo López-Gatell, daba su última conferencia vespertina para informar sobre la situación de la pandemia, México estaba por alcanzar el medio millón de muertes a causa de la pandemia.

Ese día fue despedido por un grupo de sus seguidores con flores y música afuera de Palacio Nacional. Habían sido 15 meses de encabezar la conferencia.

En una de ellas, en abril previó que “el peor escenario” de la pandemia en el país sería tener 60 mil fallecimientos, pero esa cifra se alcanzó apenas cuatro meses después de su declaración, en agosto de ese año y siguió en aumento.

Policías municipales de Valparaíso encontraron quemada una ambulancia de la Secretaría de Salud de Jalisco, y asesinados a los dos paramédicos que la tripulaban; mientras que en el municipio se suscitó un nuevo enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado.

El gobierno de Jalisco dio a conocer que, según los reportes recibidos, la ambulancia hizo un traslado el pasado 30 de junio del hospital público del municipio jalisciense de Huejuquilla El Alto a Fresnillo, Zacatecas, y que, tras dejar a un paciente, se esperaba su regreso a las 20 horas; sin embargo, la unidad nunca volvió.

Dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías municipales de Escobedo fueron vinculados a proceso en relación a la entrega indebida de una camioneta asegurada que, posteriormente, fue localizada en el municipio tamaulipeco de Camargo, con 19 migrantes calcinados en su interior.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía especializada de Control Regional, delegación Nuevo León, procedió contra estos servidores públicos por ser presuntos responsables del delito contra la administración de justicia.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron a Abel “N”, quien es el posible coautor material del homicidio de Yair y Héctor, dos menores mazahuas cuyos restos fueron hallados en noviembre de 2020, en el Centro Histórico.

La dependencia informó que, de acuerdo a las investigaciones, el detenido es integrante del grupo delictivo “La Unión de Tepito” y es quien presuntamente ordenó a Édgar “N”, alias “El Choche” de 39 años, tirar los cuerpos de los menores a cambio de drogas.

Tatiana Lezama tiene 30 años y estudia el doctorado en Ingeniería Petrolera en la Universidad  de Aberdeen, en Escocia, gracias a una beca del Conacyt-Secretaría de Energía, pero la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fideicomisos y la nula respuesta del Consejo desde enero pasado, la tienen en vilo: dejó de recibir los recursos de la beca y está en riesgo de ser deportada, pues su visa estudiantil vence el 15 de julio próximo. 

El presidente López Obrador acusó corrupción en los fideicomisos en diferentes áreas, aunque hasta el momento su gobierno no ha mostrado las pruebas de desvío en cada uno de los que decidió extinguir desde el 20 de octubre de 2020, a través de un decreto que reformó 17 leyes para desaparecer los fideicomisos que lo mismo apoyaban las becas estudiantiles que al cine nacional, deportistas de alto rendimiento o afrontaba las catástrofes naturales, entre otros. 

Madres y padres de niños enfermos de cáncer montaron un campamento afuera de la Torre Pediátrica y del Hospital General, en el puerto de Veracruz, en protesta porque aseguran que no hay quimioterapias para los infantes desde hace varias semanas.

Ayer, familiares de niños enfermos de cáncer marcharon en Xalapa y en el puerto de Veracruz en reclamó porque no se han surtido los medicamentos oncológicos, ni se han estado haciendo quimioterapias en los distintos hospitales de la entidad.

El proceso de extinción de la Policía Federal (PF) y la transferencia de sus facultades a la Guardia Nacional (GN), que hoy cumple dos años, llevó el gobierno federal a pagar 4 mil 655 millones de pesos en 2020 para las liquidaciones de los 9 mil 753 agentes que no quisieron pasar al nuevo cuerpo policiaco-militar, indicó hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según un informe sobre la transición de la PF a la GN en la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) erogó 7 mil 322 millones de pesos para la PF; lo hizo mediante una Unidad de Transición que, según la ASF, no fue autorizada ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a pesar de ello tuvo a mil 354 personas adscritas en su plantilla.

Integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, Salinas Pliego es más que un hombre de negocios del entretenimiento, más que TV Azteca y más que sus ventas de electrónicos domésticos en pagos chiquitos.

Un total de 16 grupos criminales mantienen una disputa abierta por el control de las rutas del narcotráfico y narcomenudeo en el país este año. Se trata de organizaciones delictivas que además tienen capacidad para lavar dinero proveniente de esta y otras actividades consideradas como crimen organizado.

Un reporte actualizado del gabinete de seguridad identifica al Cártel del Pacífico y de Jalisco como las organizaciones criminales predominantes en el norte y centro del país, mientras que el Cártel del Golfo —a cuyas facciones se atribuye la masacre de 15 personas en Tamaulipas de la semana pasada— aún tiene presencia en ocho entidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno heredó los grupos delictivos que ya estaban integrados desde años anteriores, y negó que se hayan creado nuevas bandas en lo que lleva de su administración.

“Hay gobernabilidad en nuestro país”, aseveró durante el informe por el tercer aniversario de su victoria electoral en el Patio de Honor, dentro del Palacio Nacional.

“No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, ese Cártel Jalisco, del Pacífico, o el de Guanajuato, los que ya habían”.

Durante su Informe por el Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, señaló que “hay gobernabilidad en nuestro país” y en materia de seguridad pública se ha avanzado a pesar de “la complejidad del problema que heredamos”.

Esgrimió que cuando asumió la Presidencia de la República ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos y la inseguridad iba en incremento sostenido. Señaló que de diciembre de 2018 a la fecha no se han creado nuevos cárteles u organizaciones criminales.Son las mismas que vienen operando desde sexenios anteriores. Citó los casos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Pacífico (o Sinaloa).

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara el pasado miércoles un segmento en sus conferencias matutinas titulado ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, con el objetivo de combatir las noticias falsas (fake news), activistas y defensores de derechos humanos lanzaron un exhorto a la Presidencia a reconsiderar su implementación regular.

Durante un foro sobre protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que esta acción gubernamental pueda tener sobre la situación de la libertad de expresión en el país.