Un Juez de Control dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los tres policías de la Ciudad de México que fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de José Alberto Serna Rojas, un hombre que fue localizado sin vida en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Durante la audiencia inicial, el juzgador dio por cumplida la orden de aprehensión, llevada a cabo por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la existencia de denuncias interpuestas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) contra científicos por presunto mal manejo de recursos, sin embargo, destacó que “el que nada debe, nada teme”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario afirmó que las indagatorias se encuentran a cargo del Poder Judicial, sin embargo, como en anteriores ocasiones lo ha hecho, destacó que durante su Gobierno no se permitirá la impunidad.

La Fiscalía General de la República solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Un juez federal de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya había rechazado conceder las órdenes de aprehensión solicitadas la FGR el pasado 24 de agosto.

El pasado 15 de septiembre, médicos especialistas y generales, enfermeras, radiólogos, terapeutas, trabajadores sociales, afanadores, entre otros empleados, que tenían laborando desde dos años hasta más de diez como eventuales para los hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca se quedaron sin contratos y, por lo tanto, sin trabajo. 

“Alrededor de 2 mil 600 trabajadores, de un total de 18 mil, nos quedamos sin empleo, más o menos 400 somos médicos, mil 500 son enfermeras y enfermeros y el resto es personal diverso, desde radiólogos hasta afanadores”, dice Luis Vázquez, quien trabajaba desde hace seis años como infectólogo pediatra en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

Agosto fue el periodo más violento para las mujeres desde que el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador inició, pues durante los 31 días que conforman el mes, se registraron 107 feminicidios, la cifra más alta desde diciembre de 2018.

Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSCP), dio a conocer que este delito, que es considerado como la forma más extrema de violencia que existe contra las mujeres, aumentó un ocho por ciento de enero a agosto de este año.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que el Gobierno de México vacunará contra la COVID-19 a menores de edad que son considerados de riesgo por los padecimientos previos que tienen.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que serán más de un millón de niños y niñas que serán incluidos en el Plan Nacional de Vacunación, el cual sólo contemplaba a mayores de 18 años.

Sobre la idea de superarse, tanto en el terreno educativo como en el económico, cientos de personas al año optan por una preparación más completa; la competencia provoca que la licenciatura en algunos casos ya no sea suficiente y un posgrado se convierte en algo fundamental.

Pero hay un factor que no logra impactar en la llamada “cultura del esfuerzo” y es el sexo: en México, una mujer tendrá un ingreso trimestral de 56 mil 772 pesos en promedio, si tiene un posgrado; el ingreso de un hombre, con la misma preparación, será de 81 mil 832 pesos.

Una mujer de 36 años, así como sus dos hijas de 11 y 16 años, fueron halladas sin vida, luego de ser reportadas como desaparecidas el pasado 12 de septiembre en Campeche, confirmó la Fiscalía General del estado.

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos de Rosalba, Zoemi y Rubí fueron hallados en el terreno de un balneario ubicado a unos 10 kilómetros al sureste de la capital del estado. Presentaban huellas de asfixia y traumatismo craneoencefálico.

El Congreso local aprobó en comisiones reformas a la Constitución del estado para que el actual fiscal, Irving Barrios, continúe en el cargo hasta 2032.

El propósito evidente de esta medida es hacer que el actual encargado de la procuración de justicia en la entidad, leal al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, continúe seis años más, con la posibilidad de permanecer otros siete y que no pueda ser removido por la siguiente Legislatura.

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, indicó que más de una veintena de testigos desvirtúan la llamada “verdad histórica”, porque hubo manipulación de indicios.

Este martes, durante un recorrido que realizó por la zona de la barranca La Carnicería, en Iguala, Guerrero, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, Gómez Trejo dijo que incluso pudieron haberse sembrado los restos óseos localizados en una bolsa negra en el río San Juan, mismos que fueron enviados a la universidad de Innsbruck para su análisis y posteriormente, en 2015, un fragmento arrojó coincidencias con los padres del estudiante Joshivani Guerrero de la Cruz.

“Nos quitaron las armas y posteriormente nos hicieron ir a la fiscalía con engaños, que nos iban a entregar las armas y los vehículos. Nunca nos dijeron que estábamos como sospechosos”. Es el testimonio de Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, policía estatal de Tamaulipas y una de las 12 imputadas por la masacre de Camargo en la que fueron asesinadas 19 personas, de ellas 17 migrantes centroamericanos.

Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirán luego en prueba contra ellos. Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó esta mañana su primera demanda civil en el extranjero en contra de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por presuntas operaciones financieras ilegales.

Por medio de un boletín de prensa, la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recalcó que este primer litigo se da en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que con ésta se busca recuperar “los activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional“.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el  subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, e integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, realizan una diligencia en las inmediaciones del poblado minero de Carrizalillo.

Lo anterior, porque existen indicios de que un grupo de los 43 normalistas desaparecidos fue trasladado a ese lugar de la región centro de Guerrero, conocido como El Cinturón de Oro del río Balsas, donde operan empresas canadienses.

Un hombre de 60 años, una mujer de 35 y una persona menor de edad fueron atacados a balazos en la plaza comercial del desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.

El hombre perdió la vida y la mujer resultó herida, pero el niño salió ileso del ataque.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 186 cuentas de 186 personas vinculadas presumiblemente con organizaciones criminales de la Ciudad de México, así como de los estados de México, Guerrero y Jalisco.

A través de sus redes sociales, el titular el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, detalló que 57 de esas cuentas pertenecen a sujetos identificados como generadores de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del pacífico, Los MataZetas, Cártel de Juárez, entre otros grupos delictivos del estado de Jalisco.

La secretaria de Ejecutiva del Sistema de Seguridad de Guanajuato, Sophía Huett López, aseguró este martes que la bomba que provocó dos muertos y cinco heridos el pasado domingo en Salamanca, fue entregada como si se tratara de un regalo, debido a que era cumpleaños del gerente del restaurante, Mario Alberto Hernández, uno de los fallecidos.

El intento de las autoridades mexicanas para contener a miles de migrantes en la frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha logrado impedir que muchos vayan en masa al confín norte con Estados Unidos.

Desesperados por trabajar, huyendo de la pobreza o la violencia de sus naciones, centroamericanos, haitianos y sudamericanos siguen atrapados en el limbo en la sureña ciudad Tapachula, estado Chiapas, donde han protagonizado protestas y repetidos intentos por emprender caravanas de migrantes.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, así como la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, ambos organismos de Naciones Unidas, alertaron la intención de dejar en la impunidad el primer caso contra miembros de la Secretaría de Marina enjuiciados por desaparición forzada, ante la pasividad de la fiscalía general de la República (FGR).

Tae-Ung Baik, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, emplazó al  gobierno de Andrés Manuel López Obrador informar sobre “la revocación de la sentencia condenatoria en contra de cinco miembros de la Secretaría  de la Marina acusados de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto de 2013, en la localidad del municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León”, y cuyo cuerpo fue encontrado tiempo después.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió hoy los beneficios fiscales de los que gozaron la mayoría de las instituciones bancarias durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con documentos en mano, el mandatario dijo que Banamex fue uno de los más favorecidos con la condonación de impuestos: Con Calderón dejó de pagar al fisco 5 mil 24 millones de pesos y con Peña Nieto esa cifra se duplicó al condonarle 10 mil 824 millones de pesos.