Cinco miembros de la Guardia Nacional y un exelemento de la misma corporación fueron detenidos el pasado viernes en la noche por autoridades ministeriales, luego de ser señalados por un hombre de haberlo privado de su libertad en la isla de Cozumel, Quintana Roo.

Según información de diversos medios locales, el agraviado fue encontrado en la vía pública en la isla, severamente golpeado, asegurando que los detenidos lo privaron de su libertad y lo subieron  a una camioneta de la Guardia Nacional, exigiéndole un millón de pesos a cambio de su libertad.

El 44% de las víctimas se concentra en: Celaya, Irapuato, León y Salamanca, municipios ubicados en el corredor industrial; además de Pénjamo.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto público asignado al mantenimiento de presas, drenaje y alcantarillado, así como para el tratamiento de aguas, ha disminuido 29% y los recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han bajado 9%.

El gobierno federal tampoco ha dado atención a la infraestructura hidráulica y obras de protección civil en Hidalgo. La presa Requena, la principal instancia de regulación de los caudales de aguas negras y pluviales enviados desde la Ciudad de México a través de túneles emisores, se encuentra azolvada, lo que reduce su capacidad de almacenamiento y aumenta los flujos arrojados al río Tula.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración indagará a funcionarios por el desbordamiento del río Tula, que provocó la muerte de 14 pacientes en el hospital del IMSS, y aseguró que se les castigará si existió negligencia.

“Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) elaboró un informe sobre lo sucedido el 6 de septiembre, e insistió en que el desbordamiento del río obedeció a las lluvias, aun cuando las precipitaciones no fueron atípicas y estuvieron en el rango previsto por el propio Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los cadáveres de tres hombres aparecieron colgados la mañana de este lunes en un puente peatonal a la salida de la ciudad de Fresnillo, sobre la carretera 23 que conduce al municipio de Jerez.

Dos de los cuerpos estaban suspendidos por el cuello con una soga atada al barandal del puente, mientras que el tercero yacía tirado en el piso, al reventarse el lazo que lo sostenía.

A pesar de la ola de violencia que vive el estado, policías municipales de Río Grande usaron patrullas de la corporación para jugar arrancones en una carretera de este municipio, ubicado en el norte de la entidad.

En redes sociales circula un video en el cual se exhibe a un par de patrullas de esta corporación participando en unos arrancones  realizados este domingo 14.

Tres cuerpos maniatados se localizaron la mañana del domingo en la comunidad de Crisóstomos, del municipio de Asientos, Aguascalientes. Se presume que estos cadáveres corresponden a los tres policías secuestrados en Loreto, Zacatecas, el pasado 10 de noviembre.

En esa fecha dos policías de Loreto Zacatecas que se encontraban de guardia fueron secuestrados por un grupo armado, mismo que posteriormente sacó de su domicilio al director de seguridad pública de ese municipio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, este lunes 15 de noviembre, que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aprueba la iniciativa de la reforma eléctrica demostrarán que que no representa al pueblo y se afianzarán como “buenos salinistas”, en referencia al ex mandatario nacional Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que los legisladores priistas incluso le darían la espalda a lo alcanzado durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964).

La compleja situación de México en materia de desapariciones, con un registro que ya supera las 94 mil víctimas, será evaluada por primera vez in situ a partir del lunes por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la mañana de este lunes que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene recursos suficientes para realizar la consulta de revocación de mandato pese al recorte que sufrió en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2022.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo 18 de noviembre, debe traducirse en acciones, pues señaló que ninguno de los países está “para perder el tiempo”.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que lo importante de este encuentro es que se lleguen acuerdos y que los diálogos se conviertan “lo más pronto posible en hechos”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos para entregar datos respecto a los operativos migratorios en el país de 2018 a la fecha, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó a la Sedena saber el número desglosado de operativos contra la migración de 2018 a la fecha; el número de operativos indicando el mes, el año y migrantes rescatados; en cuántos de ellos participó el Instituto Nacional de Migración (INM) y cuántos efectivos de la Sedena están desplegados con el propósito de detener la migración.

El auditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, renunció a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una semana después de denunciar el freno de 60 dictámenes que deberían haber sido denunciados penalmente por la existencia de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, confirmaron fuente de la institución.

La renuncia tiene efectos para este martes 16 de noviembre, debido a las diferencias entre Lozano y el auditor Colmenares ante los cambios en el reglamento de la institución que limita la actuación de áreas como la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero que Lozano encabezó desde 2018.

México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

El grupo de civiles armados autodenominado 'Pueblos Unidos' tomó el municipio de Ziracuaretiro, en el estado de Michoacán, al oeste del país, para ampliar su área de influencia en la lucha que dicen haber emprendido contra el crimen organizado.

A bordo de unas 50 camionetas, unos 400 hombres armados con armas de alto calibre llegaron a la plaza de toros San Andrés, de Ziracuaretiro, donde realizaron una reunión con representantes de diversos sectores sociales, reseñó el portal mexicano Debate.

La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.

Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.

Elementos de la Guardia Nacional impiden que camiones y otros vehículos transporten a migrantes que forman parte de la caravana. Videos hechos públicos por Irineo Mujica, de Pueblo Unido Migrante, muestran cómo los uniformados bloquean la carretera y los migrantes se ven obligados a bajar de los vehículos y seguir caminando.

Actualmente el grupo se encuentra en la carretera que conduce a Juchitán, Oaxaca, y lleva más de 20 días de caminata, después de iniciar su trayecto el pasado 23 de octubre. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de poco más de 183 millones de pesos del erario como resultado de los malos manejos en torno a los contratos que Pemex firmó con la constructora Odebrecht para la rehabilitación de una refinería en Tula, Hidalgo.

Los presuntos responsables de dichas anomalías, de acuerdo con los dictámenes técnicos elaborados por los auditores y entregados al Ministerio Público como parte de las denuncias, son funcionarios y exfuncionarios de la empresa estatal encabezados por Emilio Lozoya –en ese entonces director de la compañía– que no supervisaron adecuadamente la asignación y cumplimiento de los servicios pactados.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a la exsecretaria de Cultura, Cristina Faesler, el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a que presuntamente gestionó el pago de casi un millón de pesos para la realización de un libro que nunca fue publicado.

Además de la secretaria de Cultura del sexenio anterior, también fueron imputados por el mismo ilícito Manuel Zepeda, exsubsecretario de Fomento a las Artes, y Héctor López, exdirector General de Gestión Administrativa; en tanto, que a José García, exdirector General de Museos y Exposiciones, se le atribuye ejercicio ilícito del servicio público.

Una delegación de cuatro expertos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) recorrerá 12 estados de la república para documentar este flagelo, en lo que será la primera visita del órgano de tratado a México, a realizarse del 15 al 26 de noviembre.

En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, sede del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación del CED, alertó sobre el registro de 94 mil personas desaparecidas en México, hasta el 11 de noviembre, y consideró que la “interlocución directa con las autoridades del Estado, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos es clave”, para contribuir a la “erradicación y prevención de las desapariciones forzadas en el país”.