La Consejera electoral Claudia Zavala afirmó hoy que el Instituto Nacional Electoral (INE) acatará cualquier instrucción que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta de revocación de mandato.

“El Instituto Nacional Electoral hará lo que los tribunales decidan: las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así debe ser porque estamos en un Estado de Derecho, (y) los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias”, resaltó.

El Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano independiente que se encarga de organizar las elecciones en México, informó este martes que ha validado poco más de un millón de las 2,7 millones firmas necesarias para que se realice la consulta sobre la revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una rueda de prensa en una de las bodegas del INE en Ciudad de México, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, recordó que la recepción de signaturas terminará el próximo sábado y no será hasta el 4 de febrero cuando se confirme si se ha alcanzado el umbral para que se efectúe el referendo.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este martes al Gobierno de Israel por “ayudar” con la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la revocación de mandato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la incidencia del secuestro ha ido disminuyendo en el país, pues afirmó que al inicio de su administración federal, en enero de 2019 se presentaron 185 casos, mientras que en noviembre pasado se reportaron 63 víctimas.

Quecholac, Los Reyes de Juárez, Acajete, Acatzingo y Palmar de Bravo se encuentran en el denominado Triángulo Rojo, y además de tener en común el robo de combustible, también son de los municipios más pobres donde ocho de cada 10 personas viven con carencias, según el Coneval.

La presencia de bandas criminales dedicadas al robo de combustible dejó mayores niveles de pobreza en estos municipios, ya que en los cinco aumentó el porcentaje de personas en estas condiciones. El incremento es de casi 10% en municipios como Quecholac en los últimos cinco años.

El Canciller Marcelo Ebrard dijo este martes que el Gobierno mexicano ganará la demanda que interpuso contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el funcionario recordó que en el litigio presentado el pasado 4 de agosto, el cual fue admitido por la Corte de Massachussets, en Estados Unidos, México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico de armas y detonar así la violencia en el país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue el centro de polémica y señalamientos durante este año. La precarización a profesores de asignatura, que se agudizó por la falta de pagos; las denuncias y paros por violencia de género, así como las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar la corrupción y malos manejos fueron los temas que mantuvieron en el ojo del huracán a la máxima casa de estudios este año.

En 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal. Asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que, a la larga, serían instalaciones más seguras para los internos, con mejores esquemas de readaptación, y a su vez con una menor carga económica para el Estado.

Una década después los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. Mientras dichas “cárceles privadas” absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario – aunque albergan la mitad de los reos – sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros.

“Yo fui el 23 de noviembre al ISSSTE Mérida porque me tocaba recibir dos de mis medicamentos, pero me dijeron que solo tenían uno, Altegravir, el otro, que en realidad es una combinación: Tenofovir/Emitricitabina, una parte muy importante del tratamiento, no había y no ha habido desde entonces”, dice un paciente que pide omitir su nombre por temor a represalias en su atención, pero a quien llamaremos Iván.

La senadora Martha Guerrero descartó móvil político en el ataque con arma de fuego que sufrió este domingo cuando se trasladaba en su vehículo a la toma de protesta de la alcaldesa reelecta de Temoaya, pero lamentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se haya precipitado para reducir a “un incidente vial” el ataque.

Para la también delegada de Morena en la entidad mexiquense, lo delicado de la agresión radica en que confirma que actualmente en territorio estatal cualquiera puede portar un arma de fuego, desenfundarla sin justificación en contra de cualquier ciudadano, disparar y huir con total impunidad.

A pesar de que Acapulco está resguardado para esta temporada de vacaciones de fin de año por más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policiacas locales, los asesinatos continuaron este fin de semana en los puntos turísticos.

Tres hombres fueron asesinados en el primer fin de semana de vacaciones decembrinas en este puerto, informaron autoridades de Seguridad estatal.

Tras ofrecer 5 millones de dólares de recompensa por cada uno de los 4 hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, y que el Gobierno de México aclarara que esa aprehensión corresponde a las autoridades mexicanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que el menor de los hermanos, Ovidio Guzmán, mandó matar a un cantante mexicano porque no quiso presentarse a su boda.

Además del artista, del cual no mencionó su nombre, Ovidio, también apodado como “El Ratón”, instruyó a sus sicarios a ejecutar a informantes y narcotraficantes rivales.

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue eludiendo investigar la masacre de Allende, Coahuila, a pesar de haberse comprometido a ello en reiteradas ocasiones.

La última ocurrió en marzo de 2019, cuando se cumplían ocho años de los sucesos en los que sicarios de Los Zetas arrasaron el municipio y secuestraron y asesinaron a un número todavía indeterminado de personas. Entonces, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo ante familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que la Fiscalía atraería el caso de Allende y el del penal de Piedras Negras, fuertemente vinculado. Puso una fecha tope: un mes a más tardar. Han transcurrido casi tres años y todavía no hay una sola carpeta atraída.

Entre 2019 y 2021, la incidencia delictiva del fuero federal ha tenido una reducción de 22.1%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aunque delitos como las violaciones y la violencia familiar han incrementado.

El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se declaró en alerta ante el acuerdo presidencial para blindar las obras y proyectos del gobierno federal y considerarlos como asunto de seguridad nacional, publicado el pasado 22 de noviembre.

A través de un comunicado, el CNI-CIG denunció que el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) forma parte de las reformas, leyes y órganos judiciales «a favor de los intereses empresariales» que «dejan caminos difíciles» a los pueblos para defender su territorio de los megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, las minas y los parques eólicos.

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, informó que ya se presentaron al gobierno de Israel “las primeras tres solicitudes de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional” contra Andrés Roemer, exdiplomático y académico, por los delitos de abuso sexual y violación.

Agregó que están en proceso “dos casos más” para pedir la extradición del también escritor. “Esperamos que, a la brevedad, podamos informar sobre su traslado a México”, dijo.

Las detenciones realizadas durante los últimos tres años, informó Sandoval González presentan un incremento del 106 por ciento, en comparación con los 522 miembros de la delincuencia organizada detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El estado de Campeche ha habilitado dos refugios para recibir a migrantes, originarios de Haití, Colombia, Cuba, Brasil y Centroamérica, debido a la saturación en que se encuentran las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Chiapas. Fueron albergados poco más de mil 200 inmigrantes por tiempo indefinido, para otorgarles ayuda humanitaria en tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) define su estatus en el país: si se regulariza su estancia, se les ofrece refugio o son deportados.

Sin embargo, ya se han presentado quejas en relación a la atención a los derechos humanos, ya que Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) detectó a migrantes con síntomas asociados al Covid-19, por lo que reportó a la Coordinación Regional del INM, que prácticamente obligó a la Secretaría de Salud Estatal a enviar brigadas de salud a revisar el problema.