Las investigaciones penales abiertas tanto en Estados Unidos como en México en contra de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, todos ellos emblemas de la Policía Federal, han incrementado los cuestionamientos sobre la eficacia de la Guerra contra el narcotráfico emprendida hace 15 años.

Estos elementos —algunos de ellos considerados como modelos a seguir por Calderón— implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno panista de Calderón Hinojosa (2006-2012) y ahora enfrentan acusaciones por supuestamente facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, que habrían estado relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La crisis de derechos humanos en la que México se encuentra inmerso desde hace más de una década no se ha podido revertir en 2021, al igual que en los últimos años, debido a la persistente impunidad y violencia, señalaron organizaciones civiles a Efe.

La corrupción al interior de las cárceles de México creció, pero es poco denunciada debido a la normalización, al temor a represalias y a la desconfianza que existe hacia las autoridades, refiere la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) del Inegi, estudio que también revela que más de una tercera parte de las personas privadas de su libertad han sido víctimas de algún delito como extorsión, hostigamiento sexual, robo, entre otros.

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista sólo en el papel, ya que, en la ley establece que las personas detenidas tienen derechos, sin embargo, en la practica de la política criminal las personas, sin importar si son culpables o no son torturadas.

Se cumplen 28 años del alzamiento zapatista, ese grito salido de las entrañas de la selva, las cañadas y los bosques de Chiapas que sorprendió y trajo esperanza al mundo. Surgió cuando la Guerra Fría había concluido, con la victoria del imperialismo estadunidense, el colapso soviético y el triunfo ideológico de un discurso que dictaba sólo un camino: el del capitalismo descarnado, neoliberal, rapaz, impune.

En los últimos tres años, 28 empresas privadas cometieron 31 delitos ambientales en comunidades indígenas, mestizas y Áreas Naturales Protegidas, revelan datos entregados a Contralínea por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Entre ellas están: Granjas Carroll, Volkswagen y Audi, que utilizaron “bombas antigranizo”. Además, figura en la lista el Banco Actinver Grupo Financiero, con el “cambio de uso de suelo en áreas forestales”; y la Minera San Xavier, por afectaciones al medio ambiente derivadas de su actividad.

De acuerdo con la autoridad, la industria más contaminante es la minería, seguida del sector turístico. En respuesta a la solicitud de información 1613100040021, la Profepa dio a este semanario un listado total de 37 delitos ambientales cometidos del 1 de diciembre de 2018 al 6 de abril de 2021. Además de las irregularidades de dichas compañías privadas (31), se identificó una de la Comisión Federal de Electricidad, dos de secretarías estatales (en Querétaro y Tamaulipas) y tres casos contra “quien resulte responsable”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este lunes el desayuno que tuvo con el empresario Carlos Slim, el hombre más rico del país, y reveló que su empresa insignia pagó miles de millones de pesos a la Hacienda pública.

Al menos 2 mil cuatro fosas clandestinas han sido localizadas en la presente administración federal —del 1 de diciembre de 2018 al 4 de noviembre de 2021— y se han recuperado 3 mil 335 cuerpos de estos lugares, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, el pasado 13 de diciembre.

La situación que guarda el tema llevó a que horas antes de que fuera presentado este informe, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guanajuato se manifestaran afuera de Palacio Nacional bajo la consigna: “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”; para ello recrearon estos entierros.

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará 2021 superando las 102 mil 830 víctimas de homicidio doloso, registradas desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, de las cuales el 70.30 por ciento ( 72 mil 294) fueron victimadas con arma de fuego.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), con corte al 31 de noviembre, el mes de mayo del presente año fue el más violento de este 2021 y de lo que va de la actual administración federal, con 2 mil 997 personas asesinados, de las cuales 2 mil 004 se cometieron con un arma de fuego.

Alexis Cervantes, basquetbolista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), fue reportado como desaparecido en Michoacán.

El Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac) informó que el jugador desapareció el martes en Michoacán, donde participó en unos juegos amateurs de fin de año, reportó el periódico Reforma.

El empresario Carlos Ahumada dijo que tiene información y evidencias sobre actos irregulares de funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que los sacará a la luz si no cesa la persecución en su contra.

En entrevista con el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula, Ahumada señaló: “no quiero dar a conocer más videos, toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México”.

La adquisición de la totalidad de la refinería de Deer Park, en Texas, costará mil 600 millones de dólares a Pemex, y para financiar la compra, la petrolera del Estado contratará un crédito de 500 millones de dólares de Banorte, Barclays y SMBC, según informó hoy Bloomberg.

La suma de mil 600 millones de dólares "incluye los activos de la refinería, inventorios y deudas", según personas cercanas a la operación que hablaron con Bloomberg bajo la condición del anonimato "porque la información no es pública".

El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que continúa con los trabajos para la consulta de revocación de mandato, pero insistió que se requieren de 3 mil 830 millones de pesos y solo cuenta con mil 503 millones para llevarla a cabo, lo que significa que le hacen falta 2 mil 327 millones de pesos para llevarla a cabo.

El INE señaló que trabaja en la revisión de las firmas recibidas en papel en más de mil 400 cajas, así como las que han sido recabadas a través de la aplicación móvil.

La Junta de Coordinación Política del Senado anunció la creación de una comisión especial para investigar posibles detenciones arbitrarias en Veracruz, como la de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo de la Cámara Alta, por su presunta participación en el asesinato de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, leyó un acuerdo de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en el que manifestaron su “preocupación y rechazo sobre lo que, a todas luces, parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fines de persecución política”.

«El gobierno en turno no va a traer la justicia, porque sólo está ocupado en cómo entrega las riquezas de nuestras tierras y territorios a los ricos y poderosos», aseguró la organización Las Abejas de Acteal, en la conmemoración del 24 aniversario de la masacre que dejó 45 tsotsiles asesinados a manos de paramilitares en Chiapas.

En un comunicado, Las Abejas de Acteal denunciaron que ningún presidente ha tenido la voluntad política para investigar y enjuiciar «verdaderamente» a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, perpetrada el 22 de diciembre de 1997.

Un juez declaró culpable a Jesús Alejandro Montes Moreno por el feminicidio de Diana Velázquez Florencio. A más de cuatro años de los hechos, la familia alcanzó este 22 de diciembre un poco de justicia. “Escuché hoy las palabras que tiene años que venimos buscando, que pague el que le hizo tanto daño a mi hija”, declaró luego del fallo la madre de Diana, Lidia Florencio Guerrero.

El juez Martín Alvarado Arriaga determinó que la joven de 24 años de edad, Diana Velázquez fue víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y señaló que eran irrefutables las pruebas que apuntan a Jesús Alejandro como perpetrador del crimen.

Por el delito de coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal, este jueves se recibió el escrito de denuncia en contra de seis Consejeros Electorales del Consejo General del INE y del Secretario Ejecutivo de la misma Institución, según una fuente cercana a la FGR.

La denuncia fue presentada por el Diputado Federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Ciudad de México terminará el 2021 en Semáforo Epidemiológico Verde por vovid-19, aunque ya registra incremento de casos positivos en las pruebas que se hacen en macro kioscos, pero “no es algo descontrolado”, aseguró Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, confirmó esta madrugada que el candidato de la alianza Morena-Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México a la gubernatura de Oaxaca es el senador Salomón Jara Cruz.

Para el caso de Oaxaca, dijo, Jara Cruz es el mejor posicionado y al ser el candidato que mayor intensión del voto obtuvo, se respetó el género en hombre, aplicando el criterio de paridad y por tanto: “El senador Salomón Jara encabezará los esfuerzos de nuestro movimiento en Oaxaca”.

Anaqueles con miles de garrafones anaranjados sin agua, la maquinaria solitaria y silenciosa, el estacionamiento vacío, las computadoras apagadas, los viejos camiones descompuestos, son apenas lo que queda de la empresa Bonafont, en el municipio de Cholula, Puebla, que durante 29 años “nos robó, en nuestra cara, un millón 640 mil litros de agua diarios”, afirma Campeche.

“Nadie”, lamenta el integrante de la organización Pueblos Unidos que se presenta con un pseudónimo por motivos de seguridad, “hicimos nada, nomás veíamos cómo la embotellaban y luego nos las vendían al tiempo que se secaban nuestros pozos”.