La irregular entrega de los perfiles genéticos de miles de personas desaparecidas al laboratorio privado ADN México comenzó desde 2016: la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Arely Gómez alimentó la plataforma de esa empresa y, más tarde, le entregó miles y miles de datos en dispositivos USB.

Luego hicieron lo mismo la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y las fiscalías de varios estados.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró de utilidad pública 2.4 millones de metros cuadrados, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Tren Maya.

De acuerdo con lo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría busca expropiar 198 inmuebles de propiedad privada, localizados en la superficie del tramo cinco norte, para la construcción de dicha obra, debido a que “son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del proyecto”.

Mujeres indígenas de Ocotequila, Guerrero, buscan algo histórico: repetir la elección de la persona que las representará en la comisaría para que les permitan votar por primera vez. Pero ellas no son las únicas que no pueden ejercer sus derechos políticos.

En Guerrero hay al menos otras tres comunidades donde las mujeres sufren esta discriminación, un caso similar es el de Oaxaca, donde datos oficiales apuntan a que en 20 municipios no tienen derecho a votar, aunque la participación de las mujeres incrementó significativamente en los últimos años.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de corrupción cometidos durante su mandato.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo SinEmbargo.

Entre enero y noviembre de 2021, en todo el país se documentaron 2 mil 240 homicidios de menores de edad -994 dolosos y mil 246 culposos-. En 728 de ellos, es decir, el 32.5%, los menores perdieron la vida a causa de un arma de fuego.

“La violencia armada es una de las agendas que más nos preocupan y donde pensamos que el Ejecutivo federal y todos los estados deberían estar poniendo todo su interés y atención”, subraya Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de desclasificación de la carpeta de investigación iniciada por el caso Odebrecht, con la publicación en su página de internet de la lista de los funcionarios interrogados por su participación en dichos contratos, y de las declaraciones iniciales que rindieron ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

En dicha lista aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue el único de los que compareció que se negó a responder cualquier pregunta argumentando que no había hecho nada ilegal, aunque meses después se fugó. También figuran siete funcionarios que ya en el actual gobierno continúan laborando en altos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

En los últimos tres días, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró el hallazgo de los restos de al menos ocho personas, en predios ubicados en los municipios de Tecomán y Villa de Álvarez.

El titular de la FGE, Bryant Alejandro García Ramírez, confirmó la localización de fosas clandestinas en un terreno aledaño a la comunidad San Miguel de Ojo de Agua, en Tecomán, donde después de varios días fueron encontradas tres osamentas completas y otros restos pertenecientes a al menos dos personas más.

La Ciudad de México, que la última semana promedió 7 mil contagios de covid-19, se mantendrá en semáforo epidemiológico en color verde, informó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Indicó que hay mil 493 personas hospitalizadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, en hospitales públicos y privados. Particularmente en la capital, hay mil 239 pacientes relacionados con covid-19.

Un juez federal negó en definitiva una suspensión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para frenar la orden de aprehensión que un juez penal giró en su contra por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con el expediente del juicio de amparo 997/2021, la resolución dictada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Antonio González, echa atrás una suspensión provisional que se le había otorgado previamente y que impedía notificar a Duarte de la orden de aprehensión que existía en su contra por este delito.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que no hay dinero para otorgarle recursos adicionales del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la revocación de mandato.

“Presupuestalmente se tomaron previsiones para cumplir, sobre todo, con programas sociales, ni modo que vayamos a reducir o a detener la entrega de apoyos a adultos mayores (…) ni modo que recortemos el presupuesto de salud”, declaró.

A pesar de que el gobierno mexicano redobló en los últimos dos años el envío de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional a estados especialmente golpeados por la violencia, los asesinatos continuaron al alza en entidades como Sonora, Tamaulipas o Baja California, mientras que, en Veracruz, donde la presencia de soldados subió más de un 500%, se dispararon las denuncias por narcomenudeo.

El caso de Sonora es especialmente llamativo, puesto que es una de las entidades más ‘blindadas’ en los últimos años, sin que, hasta el momento, eso se haya visto reflejado en una mejora de las cifras delictivas, ni en la percepción de seguridad en la ciudadanía.

La política de izquierda Dolores Padierna Luna podría ser nombrada como nueva directora del Banco de Bienestar, en sustitución de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.

El banco maneja miles de millones de pesos anuales por ser el principal dispersor de recursos de los programas sociales federales. De acuerdo con su propia información, “en su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género y tomando en cuenta a comunidades indígenas”.

José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue condenado a 60 años de prisión por un tribunal del Poder Judicial de Guanajuato, al ser encontrado culpable de secuestro agravado.

La sentencia corresponde al proceso que se le siguió por el secuestro de una persona que mantenía cautiva cuando fue capturado en una casa del Rancho Tavera en Juventino Rosas, en agosto del 2020.

Abrimos 2022 bajo un signo inquietante: el crecimiento de la violencia y la ausencia de nombres, historias y sufrimientos de quienes las padecen. Enterradas bajo el anonimato de las cifras, de la nota roja, del relato y el ejercicio de la crueldad, las víctimas, a lo largo de este sexenio, han vuelto a desaparecer de la conciencia pública como en las épocas de Calderón y Peña Nieto.

Si aparecen son sólo como un síntoma del poder que se ejerce sobre ellas y no como los sujetos del horror. Son, por desgracia, los derrotados, los desechados, los desaparecidos, que sólo importan en la medida en que permiten mostrar y relatar el poder de la violencia. Ya sea ilegal –la que ejerce el crimen organizado– o legal –la que se ejerce desde los gobiernos y las redes sociales, como la que promueven las series de narcos, los narcocorridos y los videojuegos–, la violencia y no las víctimas es el actor principal de la narrativa en México.

La policía de la Ciudad de México desalojó con golpes y jaloneos a un grupo de alrededor de 50 migrantes haitianos que protestaban frente a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) para denunciar la falta de respuesta a sus solicitudes de asilo.

Los migrantes se reunieron el jueves por segundo día consecutivo frente a las oficinas de la Comar para exigir el avance de sus trámites de refugio y que de esa manera puedan buscar trabajo para mantener a sus familias. Sin embargo, fueron desalojados con violencia por la policía capitalina.

Derivado de distintos hechos violentos, en las últimas horas dos personas fueron encontradas muertas con huellas de violencia, así como el hallazgo de restos humanos acompañados de un narcomensaje.

El primer caso se documentó a las 02:05 horas del jueves 13 de enero en la avenida Paseo del Roble y calle de los Abetos en el fraccionamiento Residencial del Bosque. En el sitio fue localizado al interior de un vehículo el cadáver de masculino. La víctima no fue identificada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Acapulco, Guerrero, presuntamente relacionados con Julio César “N”, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera y excoordinador general de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México en la Administración pasada, quien fue vinculado a proceso por un Juez de Control debido a su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

A través de un comunicado, la FGJ dio a conocer que trabajó en conjunto con las autoridades del estado de Guerrero para llevar a cabo el proceso de cateo la noche del jueves 13 de enero.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en México denunciaron ante instancias internacionales la “naturaleza sistemática y generalizada” con la que se cometieron supuestos crímenes de lesa humanidad en México “al amparo de la impunidad” entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) informaron que presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, sobre “la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018”.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugirió que lo adecuado sería que el Banco Nacional de México (Banamex) pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar el crecimiento del oligopolio luego de que se dio a conocer el cierre de operaciones bancarias de consumo y empresariales en el país por parte de Citi.

A través de sus redes sociales, Gómez destacó que una gran oportunidad para la institución bancaria sería que se volviera mixto, pues estaría conformada muchos capitalistas asociados y el Estado.

Al momento de la detención de otro de los presuntos implicados en la desaparición y asesinato del dirigente indígena Tomás Rojo Valencia, las autoridades del gobierno de Sonora presumieron impartición de justicia a la tribu yaqui.

En su presunción omiten que Rojo Valencia dedicó su vida adulta a defender la tierra y el agua, y por lo mismo durante la última década se mantuvo firme en la lucha en contra de la construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia, con el que se despoja a la tribu de las aguas del Río Yaqui.