Lejos de su natal Allende, Coahuila, desde hace 11 años, en un auto exilio forzado por la violencia criminal del cártel de Los Zetas, Silvia Garza Villarreal recordó a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Ángel Riquelme el incumplimiento de las reparaciones de daño a que están obligados por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre de Allende, en marzo de 2011, en la que se habría desaparecido a 300 personas y mantenida oculta ante la opinión pública durante al menos dos años.

Con 17 miembros de su familia desaparecidos, entre ellos su padre, su hermano, su medio hermano y la esposa de su padre, Garza Villarreal lamentó la falta de cumplimiento del compromiso que hizo en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atender a las víctimas de la masacre durante el acto de disculpa pública instruido por la recomendación 10VG/2018 de la CNDH.

A 200 kilómetros de ese enfrentamiento, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo, se encuentra la Ciudad de México, sede de las porras más grandes de México.

Los siete hombres que fueron calcinados en una camioneta en la comunidad San José el Nuevo de Celaya eran integrantes de una banda musical de la comunidad de Juan Martín, en el mismo municipio, confirmó el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

En una corta entrevista que otorgó en Irapuato durante la presentación del nuevo comandante de la XVI Zona Militar -el general brigadier Enrique García Jaramillo-, el fiscal Zamarripa dijo que las pruebas periciales y la información de familiares de los músicos permitieron corroborar que fueron ellos los asesinados y calcinados en una camioneta la noche del martes entre San José el Nuevo y Rincón de Tamayo.

El juez de enjuiciamiento Francisco Reyes Contreras, a petición expresa de la Fiscalía de Veracruz, decretó que las audiencias del juicio oral en el caso de July Raquel Flores se lleven a cabo a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación, activistas, ni de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que solicitaron acceder para observar y vigilar el debido proceso durante las mismas. 

July Raquel Flores fue detenida en noviembre de 2020 como presunta copartícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la mujer denunció que durante su traslado de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo, en la capital veracruzana, fue torturada sexualmente por elementos de la Fiscalía que ahora se opone a publicitar las audiencias. 

La tarde del jueves 24 de marzo, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal y un presunto narcomenudista a la altura del Hospital General de Tijuana; el saldo fue un civil abatido.

De acuerdo a información proporcionada a ZETA, refiere que alrededor de las 17:50 horas, elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido sobre la calle Salvatierra y Cuauhtémoc, en la colonia Ruiz Cortines, cuando un sujeto a bordo de una bicicleta comenzó a dispararles, los agentes repelieron la agresión abatiendo al individuo.

Tras la proliferación de narcomensajes en lugares públicos de esta entidad durante el último mes y medio, periodo en el que se agudizó una ola de violencia del crimen organizado, el Congreso del Estado reformó este jueves el Código Penal para tipificar como delito las amenazas mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o cualquier medio.

A través del artículo 128 Ter, la nueva disposición legal establece que se impondrán de dos a seis años de prisión, y multa por un importe equivalente de cuarenta a ciento veinte unidades de medida y actualización a quien realice amenazas públicamente, con la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico o electrónico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el caso de los dos jóvenes originarios de Huitzilac, Morelos, quienes fueron privados de su libertad y posteriormente los encontraron ejecutados en el bosque de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, está relacionado con la tala de bosque en el sur de la capital de la República.

Incluso, dijo que uno de los sobrevivientes declaró que, junto a las dos víctimas, fueron privados de su libertad por “una banda de maleantes”.

A pesar de que el exsubdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez Morteo, tiene aún cuatro procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la directora de la dependencia, Ana Guevara, intenta regresarlo a su cargo.

En septiembre de 2020, Benítez fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalado por un cúmulo de irregularidades y actos de corrupción. Sobre él fueron impuestas dos inhabilitaciones y dos amonestaciones y la SFP le exige que devuelva 2.4 millones de pesos que el exfuncionario malversó.

El preso yaqui político Fidencio Aldama hizo un llamado a la población a que ejerzan presión a las autoridades sonorenses para que emitan la sentencia de su libertad, de la que fue privado en 2016 por oponerse al gasoducto Sonora.

El mensaje de Aldama fue difundido en el marco del final de la campaña para enviar correos y cartas y hacer llamadas telefónicas a la magistrada Luz Elba De la Torre Orozco, quien desde el 12 de agosto de 2021 realiza el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la opinión 43/2001 en la que reconoce que la privación de la libertad de los presos tsotsiles Marcelino Ruíz Gómez (Marcelino), Abraham López Montejo (Abraham) y Germán López Montejo (Germán) fue arbitraria, y exigió una investigación exhaustiva e independiente y que se castigue a los responsables de la violación de sus derechos en Chiapas.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se sumó a la exigencia del Grupo de la ONU para que el Estado mexicano «repare integralmente el daño causado».

El Frayba denunció que los procedimientos de los tsotsiles detenidos «están cubiertos de violaciones al debido proceso» y que ha documentado «las lamentables diligencias judiciales, que van desde la falta de traductor, presunción de inocencia y defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura y discriminación», además de un retardo judicial injustificable.

Un tribunal federal negó un amparo a Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora (2009-2015), quien buscaba evitar sentencia por el cargo de defraudación fiscal.

El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal rechazó el recurso legal de la defensa de Padrés Elías, con el cual buscaba destruir la evidencia con la que el tribunal dictó auto de formal prisión en su contra en septiembre de 2018.

La Ciudad de México sigue en Semáforo Epidemiológico Verde una semana más, informaron las autoridades capitalinas este viernes, luego de que se registrara otra semana a la baja de contagios y hospitalizaciones, los cuales han alcanzado niveles mínimos históricos en toda la pandemia.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, concedió un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, al concluir que se violaron sus derechos al debido proceso y de defensa.

El tribunal ordenó resolver la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito, el de fraude específico, que requería querella, misma que no existió en el momento de su vincularon al proceso.

El colectivo Mujeres haciendo la Defensa del Territorio-Cuerpo-Tierra señaló que el Tren Maya recuerda el despojo y las violencias que vivió el pueblo maya «a partir de la imposición para la pacificación» en Noh kaj Santa Cruz Balam Naj Kampokolche, a través de «las mismas formas que en ese entonces utilizaba el gobierno federal que encabezaba Porfirio Díaz, que fue el uso de la fuerza de los militares».

Las mujeres defensoras manifestaron su preocupación frente a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúe el megaproyecto del tren a pesar de que los múltiples cambios de las rutas «sólo dejan ver los pocos estudios realizados».

El estado de Morelos reportó una tendencia a la alta en el robo de autos, homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, afirmó Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).En contraste, el secuestro registró una tendencia hacia la baja. No obstante, aún ocupa el primer lugar en el país.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Cuernavaca, Morelos, el titular informó sobre la situación de seguridad pública en el estado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien le comunicó de manera adelantada que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) había optado por aumentar su tasa de interés de seis a 6.5 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo señaló que fue un error el haber expuesto el anuncio del incremento de la tasa de interés en 50 puntos porcentuales antes que Banxico, sin embargo, reafirmó su compromiso por respetar la autonomía del banco central.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes en conferencia de prensa que respeta pero no comparte la opinión del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la necesidad de mantener contratos con empresas energéticas a pesar de la reforma en el sector eléctrico propuesta por el mandatario.

La moneda mexicana acumuló una racha positiva de 11 sesiones consecutivas de apreciación frente al dólar estadounidense y al inicio de la jornada de este viernes logró posicionarse hasta en 19.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.0964 y un mínimo de 19.9646 pesos, un nivel no visto desde el 23 de septiembre del 2021.

Hasta esta mañana, el peso sumó una apreciación de 4.64 por ciento o 97.2 centavos.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, negó que elementos de la dependencia a su cargo hayan participado en la desaparición de tres habitantes del municipio de Huitzilac, Morelos, y el homicidio de dos de ellos, cuyos cuerpos fueron hallados en una cueva en la zona de Parres, alcaldía Tlalpan, el fin de semana pasado.

“Nosotros no tenemos registrado, ni en nuestras bitácoras ni en archivos ni en ningún informe policial, que hayan sido entregado ningún detenido a personal de SSC”, aseguró en conferencia.

Los agentes del Ministerio Público que fueron denunciados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por presuntamente haber incurrido en negligencias al indagar el caso de la muerte de su hermano, y que terminaron perdiendo su trabajo y siendo perseguidos penalmente, buscarán —tras la votación de la Suprema Corte del 28 de marzo, respecto de Alejandra Cuevas y Laura Morán— que la carpeta de investigación iniciada en su contra se cierre y, además, demandarán una reparación del daño por lo que consideran que fueron acusaciones sin fundamento legal.

Se trata de los agentes del Ministerio Público José Luis “N” y Jorge Octavio “N”, quienes, en mayo de 2016, fueron denunciados por el delito de “denegación de justicia”, por supuestamente haber hecho “diligencias parciales” encaminadas a no investigar la muerte de Federico Gertz Manero sino, por el contrario, a librar de culpabilidad a Laura Morán Servín, su pareja, a la que el hoy fiscal general ya acusaba del homicidio de su hermano.