El exprocurador Jesús Murillo Karam presenció y autorizó actos de tortura en contra de maestros de la sección 22 de Oaxaca dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), afirmó David Vargas Araujo, expreso político.

Desde las 13:00 horas de este lunes, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada en el Casco de Santo Tomás, está en paro indefinido pues los estudiantes acusan presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades académicas.

Para las 16:00 horas, también de ayer, y luego de llevar a cabo una asamblea estudiantil, al paro de labores también se sumó la ENCB que se ubica en Zacatenco. En ambas sedes “no hay actividades administrativas ni académicas; únicamente tesistas, posgrado y sus asesores, UDIBI y Transferon pueden entrar”, informan los estudiantes a través de sus redes sociales.

Tras el homicidio del periodista Fredid Román, reporteros e integrantes de medios de comunicación de Chilpancingo, Guerrero realizaron una marcha para exigir justicia.

De acuerdo con Amapola Periodismo, periodistas exigen a los gobiernos federal y estatal el esclareciniento y castigo a los asesinos del fundador del diario La Realidad.

La empresa Construcciones Industriales Tapia (CITapia) es objeto de una nueva investigación que incluye a funcionarios de Pemex. La razón: un desistimiento de la petrolera sobre un caso de huachicol registrado en sus instalaciones.

La empresa, propiedad del magnate hidalguense Juan Carlos Tapia, se ha visto envuelta en diferentes investigaciones en los últimos años, primero por su implicación en el caso Odebrecht, así como en la creación de empresas fachada para obtener contratos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ambas judicializadas y en curso.

La Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGE) contempla como una línea de investigación en el caso del asesinato del periodista Fredid Román Román la confrontación que mantienen los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Ardillos por el control de la producción y venta de pollo desde junio pasado en el municipio de Chilpancingo, ubicado en la región Centro del estado.

Pese a que en marzo pasado Fonatur denunció a su anterior director, Rogelio Jiménez Pons, por ejercicio indebido del servicio público tras haber autorizado adjudicaciones directas en el Tren Maya, con posibles daños patrimoniales, según el diario Reforma, las cosas poco han cambiado en materia de adjudicaciones.

“Soy la mamá de tu hijo…”. Esta frase, repetida con insistencia entre jaloneos, es lo último de lo que se tiene registro que dijo Abigail Hay Urrutia, de 30 años recién cumplidos el pasado mes de julio, antes de que a las cinco de la tarde del pasado viernes fuera trasladada por elementos de policía municipal a los separos de la comandancia de Salina Cruz, Oaxaca, en donde apareció muerta apenas unas horas después. 

Esa tarde, Abigail mantenía una fuerte discusión en la vía pública con su expareja de la que se había separado recientemente, cuando apareció una patrulla de la policía municipal. Tal y como se aprecia en un video tomado por la propia policía local, ante la discusión una agente jaló por la cintura a Abigail para tratar de separarla del hombre, al que rodeaba utilizando brazos y piernas.

Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de EE.UU. visitará México el 11 o 12 de septiembre del presente año, para sostener una reunión en torno al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre los dos países, según lo informó, el 23 de agosto del 2022, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En esas fechas se informará respecto a los avances que ha tenido el DEAN en los distintos sectores en los que se está trabajando. Sin embargo, el canciller mexicano -quien fue entrevistado tras la firma del Convenio entre México y Georgia sobre Cooperación Educativa y Cultural- dijo que aún no está confirmado si el funcionario estadounidense se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León informó que ejecutó una orden de cateo en el domicilio de una empleada del motel Nueva Castilla en Escobedo, donde se encontró el cuerpo de la joven Debanhi Escobar el pasado 21 de abril, por la presunta obstrucción en las investigaciones del feminicidio.

Aunque hasta ahora se informó sobre el acto, el cateo se realizó el pasado 19 de agosto en un domicilio ubicado en la calle John F. Kennedy, en la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca (Nuevo León), alrededor de las 13:00 horas.

Un Juez pidió el martes a fiscales en Nueva York que piensen detenidamente si quieren incluir en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas de que intentó averiguar sobre la manipulación o el asesinato de testigos que hablen contra él.

La extradición de Tomás Zerón de Lucio, señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, va “por buen camino”, declaró el Canciller Marcelo Ebrard, aunque la decisión final depende del Gobierno de Israel.

A petición de los familiares, el cuerpo de Abigail Hay Urrutia fue sometido a un segundo examen forense, tras cinco días de haber fallecido en la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

“No fue un suicidio, sino un feminicidio”, recalcaron los familiares, quienes llevaron el féretro de la joven a una funeraria de Salina Cruz, en donde peritos de la Fiscalía de Oaxaca y particulares realizan una segunda autopsia al cuerpo.

El fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, no acudió al llamado de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados para comparecer por el presunto robo de un equipo de espionaje, con valor de 807 millones de pesos.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, dijo que la reunión en la que se acordó citar a comparecer al fiscal fue ilegal, toda vez que no alcanzó el quórum para su realización y además no tiene la facultad para convocar a un funcionario estatal.

El General Alejandro Saavedra Hernández se encuentra entre los 20 integrantes del Ejército mexicano que la Fiscalía General de la República (FGR) señala por estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Es el militar de más alto rango de esa lista.

La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.

El exprocurador Jesús Murillo Karam no debe ser el único personaje juzgado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se debe investigar a la cadena de mando que gobernaba en ese momento, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos hace casi 8 años.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos, posiblemente implicados en el Caso Ayotzinapa.

Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.

El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo los 20 militares.

La Fiscalía de Guanajuato informó que capturó al presunto asesino de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya.

A través de un video compartido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato muestra a dos elementos de seguridad llevar esposado a otro hombre.

Tras 12 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a 164 presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos detenidos el pasado 13 de agosto, cuando intentaban irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro, Michoacán.

Los implicados fueron vinculados a proceso a una semana de que personal de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional los detuvieran en la comunidad de Tiamba, en Uruapan.

El 30 de septiembre de 2014, mandos del Ejército mexicano registraron una llamada anónima que se recibió en el número de emergencia 089 que coordina el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), donde se informó acerca de la ubicación de un grupo de normalistas de Ayotzinapa que habían sido trasladados a una bodega ubicada en la colonia Pueblo Viejo, al poniente de la ciudad de Iguala. 

No obstante, fue hasta el 2 de octubre de ese entonces cuando la información fue considerada como “urgente” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, dos días después de haber recibido los datos sobre la posible ubicación de seis normalistas que presuntamente estaban con vida, advierte el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).