El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará este 1 de septiembre al Congreso la iniciativa preferente para que la Guardia Nacional (GN) sea controlada operativa y administrativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La noticia fue dada a conocer por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco determinó que los mensajes amenazantes escritos en la pared del edificio donde vivía Luz Raquel Padilla no coinciden con la letra de Sergio “N“, quien actualmente está preso por los delitos de lesiones, amenazas y delitos contra la integridad de la joven.

Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita

Entre la multitud que se encontraba sentada frente al podio, una mujer vestida de colores claros y de cabello alborotado, que sostenía un cartel, se levantó de su lugar y gritó: “Perdone que lo interrumpa, mi único afán (es) encontrar a mi familia. Mi familia está desaparecida desde el 14 de agosto del 2012… los levantaron en Ciudad Mante, Tamaulipas”. 

Un enfrentamiento armado, posiblemente entre grupos internos rivales del cártel de La Familia Michoacana, terminó este miércoles con un saldo de ocho personas muertas —todas civiles— en el municipio de Tuzantla, Michoacán.

La cifra fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del estado, luego de una serie de tiroteos.

Integrantes del Colectivo Periodistas Unidos realizaron una protesta y clausura simbólica de la Fiscalía General de la República (FGR) para condenar los asesinatos de periodistas, el más reciente, el de Fredid Román, en Guerrero.

Los periodistas se concentraron en la Glorieta de Insurgentes y se dirigieron a las instalaciones de la FGR en cuya entrada colocaron fotografías de los colegas asesinados en lo que va del año.

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) advierte que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contrató a una empresa privada para utilizar el programa Pegasus con el propósito de intervenir los dispositivos móviles de los principales líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos de septiembre a octubre de 2014.

Incluso, revela que “hubo intentos” por espiar de forma ilegal las comunicaciones del exalcalde perredista de Iguala, Jose Luis Abarca Velázquez –actualmente preso junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa–, a partir del 17 de octubre, y “con los estudiantes” desde el 21 de octubre de 2014, refiere el documento oficial, sin especificar.

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue cuestionado por la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sobre dónde están sus hijos.

Este miércoles, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que el exfuncionario deberá permanecer en prisión preventiva justificada mientras dura su proceso penal por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por el caso Ayotzinapa, y decretó 90 días naturales para la investigación complementaria.

En México, la inflación general anual en la primera quincena de agosto fue de 8.62%, es decir, su nivel más alto desde la segunda quincena de diciembre del 2000, cuando se ubicó en 8.87%.

Asimismo, la inflación superó las expectativas del mercado ya que el Banco de México (Banxico) anunció un nuevo aumento a la tasa de interés, en otro intento por contener la inflación en el país. El incremento fue otra vez de 75 puntos base, con lo que la tasa se fijó en 8.50%.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles, según confirmaron a Animal Político representantes legales de las personas acusadas.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que el juez cívico calificador y tres policías municipales de Salina Cruz fueron detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión por el caso de Abigail Hay Urrutia, quien murió ahorcada en una celda.

Además, confirmó que se va a realizar una tercera autopsia a Abigail Hay Urrutia; estará a cargo de especialistas forenses propuestos por la propia familia de la víctima.

La policía de Tlajomulco de Zúñiga detuvo a un sujeto cuando enterraba el cadáver de una persona en el patio.

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles, en la calle Santa Lorena 193, cluster 7, en el fraccionamiento Santa Fe.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el gobierno federal analiza la estrategia para el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón de El Pinabete desde el pasado 3 de agosto, enfocada en dos nuevas formas para ingresar a los pozos colapsados.

Los resultados de los estudios geofísicos de la zona carbonífera proponen hacer “un tajo abierto” con obras de rampas de acceso inclinado.

A 12 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, aún están pendientes por identificar los restos de nueve personas; además, seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la exhumación de los restos que les entregaron.

“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos”, destacaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue uno de los funcionarios que participó en el presunta cónclave llevado a cabo el 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, que encabezó el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, para fraguar la creación de la falsa “verdad histórica” sobre el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que el jefe policiaco fue uno de los enlaces operativos para implementar  la estrategia que manipuló la realidad e impidió justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales, que plantea declarar inconstitucional la medida de prisión preventiva oficiosa por vulnerar presuntamente el principio de presunción de inocencia, es “en esencia” garantizar la impunidad para los delincuentes y fomentar la corrupción entre los miembros del Poder Judicial.

Por ello, dijo que pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, revisar el proyecto para fijar una postura clara y precisa sobre este tema.

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles,  acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) ara cumplir con el cambio de medida cautelar dictada por un juez federal.

Puntual a su cita, antes de las 12:00 del día, hora acordada, la exfuncionaria entró a la sede judicial por el estacionamiento por lo que no fue vista al entrar. Quince minutos después salió caminando y en breves declaraciones confirmó que acudió a firmar y entregar su pasaporte como lo mandado el juez.

Desde el arranque de la administración se anunció que la NEM acabaría por fin con la actual “educación neoliberal y colonialista” para dar paso a un modelo incluyente en el que participarían las “comunidades” del país, pues los “intereses populares” estarían por encima de cualquier otro. Pero todos estos planteamientos, a decir de los expertos, son hasta el momento sólo desplantes discursivos que no han aterrizado en nada concreto.

El asesinato del periodista Fredid Román Román a manos de sujetos armados en Chilpancingo, Guerrero, fue condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que reiteró la urgencia de que las autoridades actúen contra los crímenes a la prensa.

Román Román trabajó como reportero y columnista en varios medios de Guerrero, entre ellos el diario Pueblo, la revista Quehacer Político y el periódico Primero de Guerrero y Expresión Popular, además de que fue fundador del diario La Realidad. Su última publicación, dos horas antes de ser asesinado, fue una columna en la que analizó las últimas revelaciones sobre el Caso Ayotzinapa y el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la madrugada de este miércoles, los familiares de los niños instalaron 49 cruces blancas con los nombres de sus hijos frente a la puerta principal de la SCJN, donde enviaron un mensaje a Zaldívar: “Es para recordarte que 49 niños (que fallecieron en el incendio) y 106 lesionados exigen justicia”.

En un sistema ideal, sin corrupción en el Poder Judicial, con ética en las defensas privadas, investigación científica ministerial, y un contexto de certeza jurídica, por supuesto que la prisión preventiva oficiosa saldría sobrando. Por qué encarcelar de entrada a alguien que se presume inocente, por qué castigarlo con prisión antes de conocer si es culpable, por qué mantenerlo tras las rejas durante el proceso judicial. No tendría caso. Pero México está lejos de encuadrarse en esa situación.

Ciertamente la prisión preventiva oficiosa establecida en la Constitución Mexicana ha sido motivo de denuncias internacionales; por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han considerado los casos de personas que se presumen inocentes, y se prueba lo mismo, que han sido puestas en prisión preventiva oficiosa en lo que se investiga el supuesto delito cometido, con lo que se violó la presunción de inocencia, y se violentaron sus derechos humanos.