Al entrar al Campo Militar Número Uno, Antonia Morales Serafín cargaba en la bolsa un vestido rosa tejido del tamaño de una muñeca. Lo llevó por si encuentra a su papá, a quien desaparecieron ahí cuando ella tenía ocho meses, para que él la reconozca ahora que tiene 49 años. Al ex detenido Juan Manuel Hernández la misma visita le revivió el tiempo que estuvo “muerto en vida: en un sótano, un año de torturas”. El ex guerrillero Armando Otto Gaytán reconoció el paisaje que veía desde una ventana los 10 meses de 1979 que vivió en ese sitio, junto a personas que nunca volvieron a ser vistas con vida.

Durante los tres días que, por orden presidencial, fueron admitidos al campo militar -que es emblema de la represión, la tortura y la desaparición forzada-, y acompañados de militares recorrieron sus instalaciones, al grupo de 61 personas invitadas a la inspección, familiares de personas ahí desaparecidas y sobrevivientes de las detenciones, se les atragantaron los recuerdos.

Defensores del territorio yoreme en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, recibieron amenazas anónimas por oponerse a la construcción de una planta capaz de producir 2200 toneladas métricas por día de amoniaco anhidro, denunció Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira.

Montaño explicó que las amenazas fueron recibidas el pasado 11 de septiembre, cuando se llevó a cabo una consulta sobre las actividades de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). El secuestro de una de las mujeres defensoras de Topolobampo formó parte de las amenazas, señaló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que hoy es un día de luto nacional, ya que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como cada año, se tienen programadas diversas marchas para exigir justicia en el caso, por lo que pidió protestar de manera pacífica y estar alerta por los provocadores que suelen aparecer en las movilizaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quizás se filtró el informe de la Comisión sobre Ayotzinapa para invalidarlo, pero dijo que él prefería que no se escondiera nada porque aunque “la verdad es mucho muy dolorosa” es mejor, y libera.

8 años. 96 meses. 417 semanas.

Durante ese tiempo, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han tocado muchas puertas; se han sentado en muchas reuniones; han recibido distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Escucharon la frase dolorosa a la que se rehusaban: “no hay posibilidad de que los normalistas se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que hay una inusual y desaseada cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa.

El centro de litigio que es parte de la defensa legal de familiares de 43 estudiantes de Ayotzinapa afirma que los hechos revelados por la prensa este fin de semana atentan contra la independencia de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República detuvo a Cristian “S”, presunto dueño de la mina El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros.

De acuerdo con la FGR, el inculpado explotaba de manera ilícita la mina.

La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y el Gobierno del estado no atienden de manera correcta los casos de feminicidios que se registran en la entidad, pues revictimizan a las personas afectadas y no aborda los sucesos desde una perspectiva de género, afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en la entidad en octubre de 2012.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” sobre el caso Ayotzinapa publicada este sábado en el diario Reforma.

El gobierno federal presentó este viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado sentencias absolutorias a favor de 120 personas implicadas en el caso Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la denuncia fue presentada previo acuerdo del Gabinete de Seguridad, y el juez fue señalado por delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este viernes que, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal pedirá al Poder Judicial su autorización para revelar los nombres de los presuntos responsables del caso Ayotzinapa. 

“Ya me instruyó que le solicite al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo cuál va a ser la respuesta”, dijo Encinas, mientras con la cabeza hacía una señal de “no”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa durante 2019 y 2020. 

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que ambas denuncias se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el pasado 11 de agosto, y que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos.

A dos días de la emboscada que integrantes del crimen organizado emprendieron contra agentes municipales de la ciudad de San Felipe y donde mataron al subdirector y a un comandante policíacos, este día apareció una manta en contra de elementos de Mexicali.

“Andres Roberto Soto Games 85 Palomo Nieblas Martín Pereda Felix Veloz Quintana Crespo Sigan desapareciendo gente y matando inocentes y apoyando al Ruso se los Ba a cargar la verga”, reza la manta.

Con estos, suman ya mil 300 elementos castrenses para la vigilancia de uno de los principales destinos turísticos del país.

A unos días de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló a los jueces como responsables de atorar las investigaciones en el caso.

“Las resoluciones que han adoptado distintos jueces, no solamente el juez Samuel Ventura Ramos, de Matamoros, allá en el estado de Tamaulipas, sino de otras autoridades judiciales, en donde, por ejemplo, en el caso de este juez en Tamaulipas, con las resoluciones que ha adoptado esta semana suman ya 121 resoluciones absolutorias de responsabilidad a las personas acusadas de haber perpetrado los hechos de la desaparición”, dijo.

La enfermera Nancy Hernández Fuentes, quien fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México desde el 17 de septiembre, fue hallada muerta en San Miguel Tequixtepe, en la región mixteca de Oaxaca, confirmó la fiscalía del estado.

Nancy viajaría a Guerrero y la última vez que se supo de ella se encontraba en la termina de Taxqueña, en la Ciudad de México.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, estimó que en menos de 10 días los senadores podrán alcanzar un acuerdo sobre la reforma que busca extender la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El miércoles, el tema subió al pleno del Senado, pero Morena pidió retirarlo de la discusión. Hoy, Monreal reconoció que a su bancada y sus aliados no les alcanzaban los votos para aprobar el dictamen, por lo que prefirieron seguir con las negociaciones.

La consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028 está prohibida por la Constitución.

Durante su conferencia de prensa matutitna, el presidente López Obrador señaló que no desea que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta sino que buscará que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) quien lo haga aunque no sea vinculante, es decir, aunque el resultado de la votación no influya en la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.