Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se mantenían con el semblante serio y casi inmóviles cuando un sonoro “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” explotó a sus espaldas. El grito, que sonó al unísono y sirvió como señal de partida, provenía de las decenas de normalistas que los sucedían en la marcha por los ocho años de la desaparición de los jóvenes.

Ahí, frente al Ángel de la Independencia, comenzaron a marchar todos quienes desde hace ocho años han salido a las calles para buscar a sus hijos y exigir justicia. Todos menos Minerva Bello Guerrero, Tomás Ramírez Jiménez, Saúl Bruno García, Bernardo Campos Santos y Esequiel Mora Chora, quienes fallecieron “sin que hayan tenido respuesta alguna del paradero de sus hijos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien reveló hace unos días que hay una orden de aprehensión en su contra, y acusó que hay una persecución en su contra.

En conferencia de prensa, calificó al próximo mandatario como honesto, decente y apoyó el regreso de Villarreal al Senado, pues dijo, se “está protegiendo porque existe una persecución, situación extrema y presiones”.

En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional. 

Mineros del pozo de carbón El Pinabete, que trabajaban en un turno diferente a los que resultaron afectados por la inundación del 3 de agosto y que dejó atrapados a 10 de sus compañeros, fueron indemnizados con 5 mil 800 pesos de liquidación.

Así lo informó Sergio Guanajuato, quien es activista laboral en la región carbonífera y experto en pensiones.

De acuerdo con una carta dirigida a familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada “guerra sucia”, divulgada por el Museo Casa de la Memoria Indómita, García Aguirre presentó su renuncia formal al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas el pasado 22 de septiembre.

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, defendió el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y reiteró que el informe no se confronta con las Fuerzas Armadas. 

A través de redes sociales, el funcionario compartió una columna de opinión, en la que afirmó que se ha tratado de confrontar a la Comisión con las Fuerzas Armadas y descalificar sus hallazgos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones que han realizado algunos columnistas y articulistas, quienes lo acusaron de estar creando un “narcoestado” o “Estado narco-militar”, a lo que respondió que si presentaban pruebas, renunciaba, pero si no lo hacían, debían disculparse con él.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió presentar pruebas sobre relaciones de su Gobierno con el narcotráfico, más allá de la fotografía donde da la mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a quien saludó el 29 marzo del 2020, durante su visita a la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

El Gobierno federal ha intervenido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para “limpiarlo” de la corrupción en que se encuentra sumido desde administraciones anteriores.

Uno de los mayores temores de los narcotraficantes mexicanos es ser extraditados a Estados Unidos, pues eso implica pasar muchos años, o quizá el resto de su vida en una prisión federal, en donde su poder económico es incapaz de corromper a las autoridades

Esto precisamente es lo que le acaba de ocurrir a Nazario Cavazos de Luna, alias “Big Papa” o “El Mike”, un poderoso líder del Cártel del Golfo que operó durante dos décadas sin ser perseguido.

La alianza Va por México de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) continúa a la baja en las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con la encuesta nacional publicada este martes por El Financiero.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó, el 27 de septiembre del 2022, los detalles del “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”, mismo que se llevaría a cabo de las 08:00 a las 18:00 horas del domingo 22 de enero del 2023.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el funcionario federal destacó que en dicho ejercicio participativo podrán participar todos los ciudadanos con Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación con fotografía.

El comando armado fue captado en video mientras golpeaban a policías municipales en pleno centro de Ciudad Constitución, luego de que fueran reportados por alterar el orden al interior de el Bar “Michelatos”.

A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) lanzó un pronunciamiento a razón de la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que el Gobierno “está recibiendo muchas presiones de todo tipo” con el fin de “descarrilar la investigación” sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció en las últimas horas a su cargo, justo cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes y cuando la Fiscalía General de República (FGR) se encuentra sometida a intensos torbellinos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó esta mañana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el “desplazamiento” de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), ante la cancelación de 21 órdenes de aprehensión por un juez federal, a solicitud de oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ajenas a la investigación y a sus medios probatorios”, como lo reveló la revista Proceso en su edición de esta semana.

A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, el organismo regional urgió al Estado mexicano “a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación”.

Américo Villarreal Anaya solicitó su reincorporación al Senado a partir de este 26 de septiembre cuando faltan cinco días para su toma de protesta como gobernador de Tamaulipas.

Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se alista a pronunciarse por validar el triunfo del morenista y desechar lo impugnado por el PAN, el senador con licencia envió un oficio solicitando volver a su escaño.

En una defensa pro bono, los abogados Alejandro Robledo y César González Hernández, integrantes del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, coordinarán la estrategia jurídica junto con la Defensoría Pública Militar, que representa a los militares involucrados en este asunto.

“El Gobierno se está burlando de nosotras como madres, como familias”, reclamó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido hace ocho años en Iguala, Guerrero.

Como ella, el Comité de padres y madres de los 43 desaparecidos denunciaron esta tarde que el Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador les ha mentido, pese a que se comprometió a esclarecer qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

Otra vez el mismo clamor, con la misma fuerza: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Han pasado ocho años de que 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran desaparecidos. Ocho años de aquélla noche, 26 de septiembre de 2014, cuando fuerzas del crimen organizado, civiles, policías y militares, se unieron para atraparlos por protestar, desaparecerlos y muy probablemente asesinarlos con extrema crueldad, según la última evidencia. Pero el paso del tiempo no opaca el reclamo. El grito es el mismo y retumba en las calles.