El hackeo de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hecho por el grupo de hacktivistas Guacamaya ha revelado nexos entre expilotos de la Sedena y el narco, que al menos 70 bandas dominan el sur del país y que el gobierno destina 7 veces más soldados a detener migrantes que a combatir huachicol.

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los congresos de los estados a aprobar la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

En conferencia de prensa, señaló que se necesita la mitad más uno para que sea una reforma constitucional.

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) mantienen un doble discurso ante sus estudiantes en paro, quienes exigen frenar el acoso y la violencia de género en la institución.

“La comunidad estudiantil que conforma esta lucha ha sido objeto de una guerra sucia por parte de las autoridades universitarias”, se han quejado desde hace días las estudiantes.

Alan “N”, quien fue subdirector operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste y director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, fue detenido el miércoles como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas en agravio de su compañero Juan Alan Cuetero Meza, quien era director de la Policía Vial y desapareció el pasado 29 de mayo.

Alan “N” será presentado ante el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 363/2022.

“Kuaricha” es un vocablo purépecha que significa “aquel que cuida, resguarda, protege o que cubre”, y en el presente es usado por algunos pueblos originarios de Michoacán para denominar a los cuerpos de seguridad creados por la propia ciudadanía en las 24 comunidades que se rigen bajo el sistema de autogobierno.

El pasado 7 de julio, a 17 años de que fuera creado el primer autogobierno indígena en Michoacán, estos cuerpos de seguridad finalmente fueron reconocidos por el Congreso local, mediante una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. María Guadalupe Jiménez Galván, integrante del primer consejo indígena que gobernó el poblado de Arantepacua, de 2017 a 2019, señala que ese reconocimiento “es algo fundamental”, pues significa que las kuarichas “ya no son clandestinas, nuestra seguridad comunal ya no es ilegal”.

Los correos electrónicos, obtenidos por el grupo de hackers “Guacamaya”, contienen diversos reportes sobre la imagen del Ejército Nacional. Se trata de informes que indican cuántos comentarios, clasificados en positivos y negativos, se emitieron en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a raíz de la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda a finales de 2020 y su exoneración en enero de 2021.

Los informes enviados vía correo electrónico muestran los monitoreos realizados cada hora sobre las publicaciones de medios de comunicación y algunos análisis sobre la durabilidad del “enojo” en contra del Ejército.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, le adjudicó, el 13 de octubre del 2022, a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el aval, en el Congreso de la Unión, para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, con cambios a la redacción del artículo Quinto transitorio de la Constitución.

“Aquí [en Ciudad de México] siento que está bien atendida la gente, es buena como Jefa de Gobierno, Claudia [Sheinbaum Pardo], para que no se vaya a malinterpretar, es igual de buena como Adán haciendo su trabajo como secretario de Gobernación”, indicó, el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Dos jueces federales se declararon incompetentes para proceder con la demanda de amparo solicitada por Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manue López Obrador, quien interpuso contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la que ordenaba una investigación en su contra.

A finales de septiembre, el familiar del mandatario inició un juicio de amparo donde estableció la información miniestarial del caso en su contra por presuntos delitos electorales requerida por un particular a través de un recurso de revisión ante el INAI.

La Secretaría de Economía confirmó esta tarde que Luz María de la Mora dejó la subsecretaría de Comercio Exterior. Su salida es clave, pues era representante de México en las negociaciones del T-MEC en materia energética, ante las procesos de consulta abiertos por Estados Unidos y Canadá.

Las familias de los 27 tseltales detenidos en agosto por exigir respeto a sus usos y costumbres para eligir a sus autoridades en Oxchuc, Chiapas, exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga para recuperar su libertad.

Los familiares señalaron que los 27 tseltaltes “fueron reprimidos y arrestados por los delitos de motín y atentados contra la paz e integridad corporal y patrimonial del Estado” y aseguraron que su situación “tiene tintes políticos”, pues Oxchuc tiene pendiente la reposición de sus elecciones bajo sistemas normativos internos propios.

El gobierno federal destina siete veces más militares para detener a migrantes en México que para tareas de seguridad interna, como el tráfico de drogas o el huachicol, y emplea casi el mismo número de soldados para operaciones contra el crimen organizado, revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Los documentos, tomados por el colectivo de hackers Guacamaya, indican que en 2021 fueron desplegados 82 mil 393 militares en todo el país para labores de seguridad, de los cuales 13 mil 663 estaban dedicados exclusivamente al ‘Plan de Migración y Desarrollo’, mientras que para la ‘Erradicación e interceptación’ de drogas, la Sedena destinó 3 mil 887 soldados, tres veces menos.

Funcionarios de Seguridad de México sostuvieron este jueves un encuentro con personajes de alto nivel de Estados Unidos, en donde abordaron temas del tráfico de droga y de armas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció esta mañana a legisladores que aprobaron ayer en la Cámara de Diputados el decreto que modifica el Artículo Quinto Transitorio para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), tendría una fortuna, la cual asciende por lo menos a los 224 millones de dólares, reveló este jueves el diario El País.

En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil se dio a conocer que el patrimonio del abogado, quien está preso en México, se desglosa en cobros en especie de propiedades por 43.7 millones, fondos en Estados Unidos en el banco Morgan Stanley por 50, ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro por una cantidad de 104 y honorarios como abogado de 26.2 millones.

Un juez penal en la Ciudad de México difirió la audiencia del caso de Ingrid Escamilla, joven asesinada el 9 de febrero de 2020, por lo que mañana dará a conocer si declarará o no culpable a Erick Francisco “N” de su feminicidio.

El juez, constituido en tribunal de enjuiciamiento, escuchó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a la familia de Ingrid y a la defensa del imputado emitir sus alegatos de conclusión.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, prolongar hasta el 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) impulsaron una reforma para castigar con cárcel a personas que, sin autorización previa, accedan, conozcan, posean o manipulen información catalogada como de seguridad nacional.

Según correos electrónicos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya, el 9 de septiembre de 2020 un representante del CNI envió al área jurídica de la Sedena una propuesta para reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mentido este sexenio en las cifras de personas muertas y lesionadas en hechos en los que soldados han reportado agresiones por parte de presuntos delincuentes, de acuerdo con lo que muestran reportes internos de la dependencia cotejados con información que el propio Ejército entregó a Animal Político en respuesta a una solicitud por transparencia.

Estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública. En todos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, decidió no acudir a la Cámara de Diputados a la reunión a la que lo había citado la Comisión de la Defensa Nacional para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar.

En vísperas del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden acordaron un esquema a través del cual el gobierno mexicano recibirá a migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos mediante el Título 42, a cambio de lo cual Washington emitirá 65 mil visas de trabajo temporal, bajo la condición que sus beneficiarios viajen al vecino país por vía aérea sin pasar por la frontera norte de México.

Según el acuerdo, dado a conocer hoy por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de Migración (INM), “México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte”, y ello en continuación con “su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias”.