La defensa de Genaro García Luna ha tenido tres triunfos importantes durante el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en medio de una batalla judicial con los fiscales para acotar testimonios, principalmente de cooperantes.

Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), no sólo enfrenta las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que lo tienen en un juicio en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, además tiene otros procesos en México ​​por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.

El número de episodios de desplazamiento forzado causado por la violencia y de personas afectadas por este fenómeno en México rompió récords en 2021, advierte un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dado a conocer este martes.

La organización civil —que documenta el problema desde 2016— alerta que en 2021 registró 42 episodios de desplazamiento, casi el doble de los que hubo en 2020, cuando fueron 24. Igualmente, la cifra supera las de 2016 (28), 2017 (25), 2018 (25) y 2019 (28).

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera ‘cantaleta’ y ‘politiquería’ las críticas sobre la militarización de las funciones de seguridad pública y la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura pública, entre otras labores. Pero es real el aumento de asignaciones al Ejército durante su mandato, y que en la principal corporación de seguridad federal, la Guardia Nacional, predominan mandos y estructura militar.

Informes como ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 - 2020’ de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), contabilizan al menos 80 actividades de índole civil que se transfirieron a las Fuerzas Armadas tan sólo en los dos primeros años de gobierno de López Obrador.

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, dijo que en la primera semana del periodo ordinario de sesiones se votará la eliminación de la cláusula de vida eterna que forma parte del plan B de la reforma electoral.

“Estuve en la reunión de la Junta de Coordinación Política y, se acordó someter en la primera semana, revisar esta parte que nos regresan las y los diputados, y que tiene que ver con la reforma electoral”, dijo Armenta Mier en conferencia de prensa.

Dos agentes de la DEA, un expolicía de Chicago, dos agentes federales de Aduanas y un exvendedor de drogas callejero de origen dominicano fueron los seis testigos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la tercera audiencia de esta semana en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna.

De este menú de testigos incriminadores que testificaron ante el jurado calificador y el juez Brian Cogan, ninguno, con su palabras, fotografías o videos, mostraron la conexión que se esperaba con García Luna.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que revele el contrato por "servicio de monitoreo remoto de información" celebrado en abril de 2019 con la empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de la compañía israelí NSO Group, que desarrolló el spyware Pegasus.

Se trata del mismo contrato –número DN-10 SAIT-1075/P/2019– que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a transparentar el pasado 5 de octubre, bajo el argumento de que su administración no tiene “nada que ocultar” en materia de inteligencia. Ya han transcurrido cerca de cuatro meses y la Sedena ha hecho caso omiso a las instrucciones del mandatario.

Genaro García Luna, operó a favor de fracciones del Cártel de Sinaloa que se encontraban en disputa durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal, señaló el periodista José Reveles.

Personal de la Guardia Nacional fue agredido por pistoleros la noche del martes, en la colonia Miguel Alemán, de Culiacán, Sinaloa, confirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Explicó que durante el ataque una camioneta Frontier fue impactada por civiles armados.

Una mujer policía fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles 25 en la ciudad de Guadalupe, conurbada a la capital zacatecana.

Se trata del tercer agente de seguridad asesinado en menos de 72 horas en la entidad.

Una pareja fue detenida por la muerte de su hijo de ocho años, a quien el padre golpeó hasta privarlo de la vida, el martes en el municipio Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La dependencia dio a conocer que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Antonio Abrajam de 29 años, y a Rosa Marina, de 25, por haber dado muerte a B. O., en la casa familiar, en la calle Orvija, de la Colonia Valle de Santa Isabel.

La violencia no da tregua en la entidad, civiles armados irrumpieron la noche del martes 24 en un domicilio, ubicado en el centro histórico de la capital zacatecana, y masacraron a una mujer y tres varones.

Por la mañana, un policía de investigación fue asesinado la mañana del martes en el municipio de Fresnillo.

En su tercer informe de labores, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, adelantó que pronto solicitará a un juez de control que gire órdenes de aprehensión contra más exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera por presuntos actos de corrupción, asociación delictuosa o daño al erario.

Respaldada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, la fiscal capitalina agregó que la institución que dirige ya inició y judicializó distintas carpetas de investigación relacionadas con denuncias contra exfuncionarios manceristas por irregularidades en el uso de recursos públicos.

Una Jueza federal suspendió este miércoles la medida de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista María Elena Ríos, originaria de Oaxaca, por lo que deberá continuar su proceso penal en la cárcel.

Tirso Martínez Sánchez, alias “El Futbolista”, recibirá una visa S por parte del Gobierno de los Estados Unidos por colaborar en el juicio contra Genaro García Luna, se reveló en la Corte del Distrito Este en Nueva York al final de su testimonio.

El asistente del fiscal Phillip Pilmar fue el primero en revelar la información, para establecer que el segundo cooperante en este juicio recibiría un beneficio adicional de las autoridades.

Desde hace cuatro meses el proyecto minero San José de la minera Cuzcatlán «opera en completa ilegalidad» en los Valles Centrales de Oaxaca, pues continúa con sus actividades a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le retiró los permisos ambientales hasta 2023, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Las autoridades comunitarias que integran el Frente recordaron que la Semarnat decidió retirar los permisos con los que se extendía por doce años la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que fueron resultado del «tráfico de influencias y la corrupción» entre diputados federales y funcionarios de la dependencia.

Mujeres sobrevivientes de ataques con ácido exigieron que el caso de María Elena Ríos Ortíz, saxofonista y también sobreviviente de tentativa de feminicidio, sea juzgado con imparcialidad y con perspectiva de género, esto luego de que a Juan Antonio Vera Carrizal -presunto autor intelectual del ataque- le fueran modificadas las medidas cautelares para que su proceso sea llevado en libertad.

A través de un comunicado, 13 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido externaron su preocupación ante la decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco, en la que se permite a Vera Carrizal acceder a prisión domiciliaria aún con el riesgo que ello representa para la seguridad de María Elena Ríos.

Genaro García Luna no fue detenido en México porque ni el gobierno de la República encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así lo quisieron. Aprehendido en diciembre de 2019 en los Estados Unidos, por lo menos durante un año, entre diciembre del 2018 que tomó posesión el titular del Ejecutivo Federal y cuando cayó ante la justicia norteamericana, lo tuvieron a su alcance las instituciones mexicanas, y le permitieron vivir en la impunidad.

Salvo el tráfico de droga o las declaraciones falsas, los delitos de corrupción a través de sobornos, asociación delictuosa y eso de “traicionar a México…”, que aseveró el fiscal en Nueva York el 23 de enero de 2022, los delitos los cometió, supuestamente, García Luna en México.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, obtuvo la suspensión definitiva para frenar su extradición a Estados Unidos, hasta que se resuelva el amparo que promovió para evitar ser entregado a las autoridades estadounidenses.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió la suspensión, sin embargo, señaló que la resolución no paraliza el procedimiento de extradición iniciado contra del hijo de “El Chapo” Guzmán.

Tras darse a conocer la resolución judicial a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista originaria de Oaxaca, María Elena Ríos, para que pueda continuar su proceso en libertad, Diana Cristal González, abogada de la víctima, alertó que su representante podría estar en peligro de muerte.