Esta semana se mostró la cara de un Estado que persigue y vigila a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nos referrimos a dos casos que demuestran que la labor de informar y defender los derechos humanos son un facto de alto riesgo. Los gobiernos, lejos de proteger a personas y colectivos que se encargan de promover y ejercer estos derechos fundamentales en todo sistema democrático, buscan amedrentar y corroer su espacio de acción.

En el primer caso, el periodista Arnoldo Cuéllar director del medio digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab), fue víctima de hostigamiento por parte de las fiscalías de Nuevo León y Guanajuato como represalia por su labor.

Un tribunal federal desechó el amparo tramitado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa con el que pretendía evitar que la UNAM analizara el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura presentada desde 1987.

Con esta resolución emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ya no existe ningún impedimento legal para que la UNAM emita su dictamen en el caso del plagio de la tesis de Esquivel Mossa y otro ex alumno de la Facultad de Derecho.

El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció este viernes que hubo omisiones importantes en el caso del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos.

El funcionario aseguró que después de esta tragedia se está haciendo una revisión total e integral del INM, para revisar protocolos y otros cambios que se darán a conocer en los próximos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que se depreció el polémico avión presidencial que vendió el jueves al Gobierno de Tayikistán tras más de cuatro años de ofertarlo como una de sus mayores promesas de campaña.

Aunque en un principio el mandatario no aceptaba venderlo por 130 millones de dólares, López Obrador reportó que la operación fue de unos 1.658 millones de pesos (cerca de 92 millones de dólares), según un último avalúo del Gobierno.

Al menos dos mandos del Instituto Nacional de Migración (INM) imputados por la muerte de 40 personas en situación de movilidad en la estación migratoria de Ciudad Juárez lograron librar la cárcel, mientras que este viernes se aplazó la audiencia de imputación contra el Comisionado de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Otras dos audiencias contra altos funcionarios, se van a celebrar este día.

La audiencia de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), —en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarlo tras el incendio ocurrido en el centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua— ha sido diferida para el próximo martes.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la celebración de la audiencia del día de hoy, realizado en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, la defensa solicitó imponerse de la carpeta de investigación entregada ese día por agentes de la FGR, ya que esta consistía de 10 tomos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que rompió comunicaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que la Ministra presidenta, Norma Piña, buscara negociar las fechas para la entrada en vigor del traspaso de regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, un hecho sin precedentes en la política mexicana moderna.

El exalcalde panista de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, ingresó esta tarde al Reclusorio Norte, a unas horas de haber llegado a la Ciudad de México bajo custodia y de que fuera detenido en Reynosa, Tamaulipas, por delitos de corrupción vinculados al Cártel Inmobiliario en la demarcación.

El exlegislador, que intentaba entrar a Estados Unidos pero fue deportado, quedó a disposición del Juez al ser requerido por su presunta participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH o OHCHR), urgió, el 20 de abril de 2023, al Senado de la República, a designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.

En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta del Congreso de la Unión, Peña Palacios indicó que el INAI tiene un rol destacado en la protección y garantía de dos derechos humanos, que son fundamentales para contar con sociedades democráticas, abiertas y transparentes, así como el acceso a la información y la protección de datos personales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 20 de abril de 2023, que existía un acuerdo para vender el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 “José María Morelos y Pavón”. Sin precisar detalles, el mandatario nacional indicó que el dinero de la venta se destinará a dos hospitales del IMSS-Bienestar, en Guerrero y Oaxaca.

“Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso, se va destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración (INM), compareció a audiencia inicial en la que no pudo ser imputado porque su defensa solicitó tiempo para revisar la carpeta de investigación iniciada por la muerte de 40 migrantes durante el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este jueves, el juez de control José Avelino Orozco Córdova, del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, inició la diligencia en la que se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera formular su imputación contra Molina Díaz por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por no dar condiciones de seguridad en los centros migratorios.

Un tribunal federal rechazó amparar al exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF), Luis Cárdenas Palomino, contra el auto de formal prisión que le fue dictado por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y otras personas para que confesaran que formaban parte de la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la Ciudad de México negó amparar a Cárdenas Palomino al considerar que para esa etapa del proceso penal no se requerían mayores pruebas para acreditar que existió un delito y que probablemente él tuvo participación en el mismo.

Estudiantes de distintas facultades de la UNAM y el IPN realizaron una marcha del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados en defensa de las becas Elisa Acuña y en demanda de la fiscalización de los recursos de la máxima casa de estudios del país.

La principal consigna es “¡Fiscalización a la educación!”. Le siguen otras como “¡Educación primero al hijo del obrero, educación después, al hijo del burgués!”.

Francisco de 22 años de edad, fue ejecutado en el patio de una vivienda ubicada en la colonia Alfonso Garzón, también conocida con el Nido de las Águilas en Tecate; un sujeto que aún no es identificado por las autoridades, le disparó en diversas ocasiones con al parecer una escopeta, y antes de huir, le propinó un tiro a la altura de la cabeza.

Las autoridades fueron alertadas por el hermano de la víctima, por lo que se trasladaron hasta la calle Pirules en donde familiares y vecinos señalaron la ubicación del cuerpo. Francisco o “El Panchito” como lo identifican residentes de la zona, se mostraba de manera constante usando armas largas de diversos calibres, desde hace ya algunos años.

Pío López Obrador demandó al periodista Carlos Loret de Mola Álvarez y al medio digital Latinus, por la publicación de los videos en donde aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo por parte de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

A cada uno les exige el pago de 200 millones de pesos, 400 mdp en total, como “reparación del daño”, argumentando que su reputación fue afectada, así como la posibilidad de hacer negocios en el presente.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Rogelio Cabrera, aseguró hoy que la “ley canónica” le prohíbe al  padre Alejandro Solalinde ser funcionario de gobierno, debido a su condición de sacerdote.

“Si alguien quisiera andarse atreviendo a estas cosas, pues ya sabemos; es o melón o sandía”, advirtió Cabrera.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida PGR, ordenó la tortura de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, para que declarara conforme a la llamada “verdad histórica” del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam comparecerá este viernes ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para que resuelva si lo vinculará o no a proceso por el delito de tortura en agravio de Rodríguez Salgado, pues durante la diligencia se espera que la defensa del ex procurador presente datos de prueba que acrediten los dichos de la FGR.

Pistas clandestinas que se multiplican, aeronaves que aterrizan y despegan rápidamente, aseguramiento de cargamentos de drogas, militares sometidos por civiles que les arrebatan lo decomisado, asesinatos y desaparición de personas, desplazamiento forzado masivo de comunidades y convoyes de camionetas con hombres armados que siembran el terror. Es la nueva realidad en la Lacandona.

Un Juzgado de ejecución en Puebla declaró cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Tecoltemi. Con ello se establece que no es factible volver a otorgar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, no es necesaria realizar una consulta y se cierra un proceso legal de ocho años.

El Juzgado, al revisar que desde el 9 de febrero la Secretaría de Economía había declarado no factible otorgar títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 por no ajustarse a la Ley Minera y su reglamento, concluyó cumplida la sentencia de la SCJN.

Policías de Guerrero lanzaron gases lacrimógenos contra normalistas de Ayotzinapa que bloquearon la Autopista del Sol para reclamar que las autoridades estatales atiendan sus demandas de mejora de instalaciones, entrega de equipo de cómputo, materiales didácticos, uniformes y autobuses para salidas de campo, entre otras.

Los policías lanzaron gases y piedras contra los estudiantes para evitar el bloqueo carretero, y los normalistas se defendieron con piedras.