México se estremeció en 2008 cuando un comando del Cártel de Juárez irrumpió en un festejo y asesinó a 13 personas, entre ellas a un bebé, en el poblado de Creel. Desde entonces no sólo opera la impunidad por ese caso, sino que la violencia, sobre todo en la zona serrana, se ha recrudecido generando situaciones como el homicidio de los sacerdotes jesuitas y dos personas más, ocurrido hace un año en Cerocachui, y más recientemente desplazamientos forzados internos. En todo este tiempo el narco también ha extendido sus tentáculos hacia actividades como la tala ilegal y la venta ilegal de cerveza. Ninguna autoridad de ningún partido ha podido con ellos.
Los índices de violencia que ha alcanzado la Sierra Tarahumara han obligado a un sinnúmero de comunidades completas al desplazamiento forzado interno, en su mayoría de población indígena, y la impunidad ha permitido la diversificación de negocios para los grupos delictivos que operan y controlan los municipios serranos.
El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, mostró sin simulación el control del territorio por proyectos empresariales, autoridades omisas y la impunidad en la que trabajan los grupos delictivos, que ahora no sólo se dedican al narcotráfico.
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