“El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, sino que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, así como asistirles todos los derechos a las víctimas”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), tras el asesinato de once civiles en el ejido de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas, el pasado 13 de mayo en medio de los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico.
De acuerdo con un testimonio recogido por la agencia EFE, “las víctimas fueron sorprendidas en sus domicilios y que no estaban vinculadas a ningún grupo delictivo, que pertenecían a una de las religiones evangélicas que se oponían a los bloqueos y a las extorsiones”.