El abogado César de Casto, quien lidera la defensa de Genaro García Luna, solicitó al juez Brian Cogan una sentencia máxima para su cliente de 20 años de prisión, no la cadena perpetua solicitada por los fiscales la semana pasada.

Un reporte interno elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) demuestra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió en el informe que presentó el pasado 8 de julio a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos sobre la infiltración de la Normal de Ayotzinapa por personal militar.

Después de más de nueve horas de debate, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 25 de septiembre de 2024, en lo general y en lo particular, el dictamen que traslada el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Los votos a favor fueron emitidos por la llamada “cuarta transformación” -integrada por los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, además de un sufragio de Yunes Márquez, de la bancada del PAN, quien le dio la mayoría calificada a la “4t”.

En un vehículo abandonado en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas en Tijuana, fueron localizados los cadáveres de tres personas, las cuales presentaban visibles huellas de violencia.

De acuerdo con información proporcionada a ZETA, vecinos de la calle Cañón Rubén Amaya reportaron al 9-1-1, la tarde del martes 24 de septiembre, que días previos fue dejada una camioneta Chevrolet Equinox de color azul, placas de circulación 20780F2, de la cual se desprendían olores fétidos.

En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.

El exmilitar Ranulfo “N”, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de asesinar a un padre de familia y lesionar a tres hombres más durante un operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido y procesado después de haber permanecido prófugo desde hace más de dos años. 

El lunes 23 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra con motivo de la causa penal 37/2022 en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa.

La casa de Silvia Peraza Azueta, periodista y administradora del portal Código Rojo Quintana Roo, fue baleada luego de que presentara una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General del Estado.

A las 12:32 am de este martes 24 de septiembre, la comunicadora publicó un mensaje en la página de Facebook del portal reportando el ataque a su domicilio en Cozumel: “Acaban de balear mi casa”. 

La reformas legislativas para trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN), encendió las luces de alarma entre relatores especiales de Naciones Unidas, ante los riesgos de un posible incremento de “abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

El fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el cual prometió resolver cuando fue candidato, es una de las consecuencia del acelerado proceso de militarización que vivió México a lo largo del sexenio, asegura el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, realizó una simulación en las votaciones de jueces magistrados y ministros, ejercicio en el que afirmó que un ciudadano podrá tardar hasta cuatros horas en realizar el sufragio propuesto en la reforma a Poder Judicial.

En un comunicado, el diputado priista compartió un simulacro que realizó este fin de semana, en el que demostró la complejidad e imposibilidad de realizar este tipo de sufragio para determinar de entre 4 mil 182 nombres, a los 648 nuevos funcionarios.

El Senado aprobó por unanimidad la reforma que reconoce a pueblos indígenas y originarios, la segunda incluida en el llamado “Plan C”.

Esta reforma, que modifica el artículo 2 de la Constitución Política, establece la libre determinación y autonomía de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para decidir conforme a sus sistemas normativos y les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Javier Cruz trabajaba en una empresa que renta vehículos, y como parte de sus labores le pidieron acudir a recuperar una camioneta que no había sido devuelta, lo que le costó a él y a su hijo ser detenidos y condenados a 40 años de cárcel en el Estado de México, acusados de extorsión.

Cuando acudió al sitio en el que se encontraba la camioneta de acuerdo con un dispositivo de geolocalización, Javier se encontró con que esta había sido vendida a una persona que dijo desconocer que se trataba de un vehículo rentado.

De orden de arriba, me voy a llevar a los chavos, –indicó el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, el exmilitar César Nava González, al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, la noche del 26 de septiembre del 2014 y se llevó a 23 normalistas de la barandilla  (cárcel municipal). Esa fue la última vez que se vio a ese grupo de 23 estudiantes.

Minutos antes, a la salida de Iguala, en El Puente El Chipote, otro grupo de 20 normalistas fue extraído del autobús de la Estrella de Oro 1531 por policías municipales de Iguala, de Huitzuco y de Cocula.

«Ya no se cuenta con oficio que soporte jurídicamente alguna medida de protección», se lee en un mensaje de texto enviado a la familia de Mariana Lima Buendía, quienes evidencian la escueta protección que el sistema del Estado de México les ha brindado y preocupa la situación de vulnerabilidad y peligro que corren, esencialmente, la madre de Mariana, Irinea Buendía, quien ha desempeñado una lucha por más de una década en contra del sistema judicial mexiquense.

En los primeros 15 días de septiembre, el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 0.09 por ciento, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.66 por ciento, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la misma quincena de 2023, la inflación quincenal fue de 0.25 por ciento y la anual, de 4.44 por ciento.

De esta manera, la inflación ligó cuatro meses consecutivos de desaceleraciones, aunque continúa por arriba del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3 por ciento +/- 1 punto porcentual.

Se cumplen 10 años del ataque armado de fuerzas del Estado, desde locales hasta federales, en colusión con el crimen organizado, contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Ese viernes 26 de septiembre de 2014, en dos camiones, los normalistas salieron de su escuela rumbo a Iguala para tomar más camiones de pasajeros –una práctica común–, y utilizarlos para trasladarse, en días siguientes, a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre de ese año. 

Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, concedió, el 23 de septiembre de 2024, una suspensión definitiva a una trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF), contra la publicación de la reforma judicial, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La impartidora de justicia solicitó al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, “para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, notifique los oficios 17879/2024 y 17880/2024, y haga entrega de esta resolución a las autoridades responsables”.

Por mayoría calificada de 478 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, el 24 de septiembre de 2024, en lo general y en lo particular, reformas al artículo 123, apartados A y B, de la Constitución Política, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estaría por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.

La modificación al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A, y que adicionó un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del citado artículo, indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirían un salario mensual que no podría ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).