Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y normalistas bloquearon Paseo de la Reforma y Bucareli, en la Ciudad de México, para exigir justicia en el caso, a un día de que se cumplan 10 años de la noche de Iguala, cuando desaparecieron los jóvenes.

La concentración contó con la participación en micrófono de algunos de los padres de los normalistas desaparecidos en 2014, entre ellos la señora Macedonia Torres, quien afirmó que fue el Ejército quien secuestró a los muchachos.

Ante la falta de certeza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido el informe “Fue el Estado”, relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990, comisionados responsables del documento entregaron un ejemplar en la Oficialía de Partes de Presidencia de la República.

Una manta colgada de forma anónima sobre la avenida Álvaro Obregón señala directamente a la Guardia Nacional (GN) y al Ejército de estar detrás de la creciente cifra de privaciones ilegales de la libertad, que durante el conflicto entre los Chapitos y Mayitos ha tenido un incremento con más de 80 casos en 15 días en Sinaloa.

La manta, colgada sobre el puente Hidalgo de la principal avenida de Culiacán hacia el norte, va dirigida al General de brigada Porfirio Fuentes Velez como comandante de la Novena Zona Militar y al general de brigada Héctor Jiménez Aldana, coordinador Estatal de la Guardia Nacional.

Por más de un año en que el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inspeccionó y revisó diversos documentos del archivo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó, mutiló y alteró un número aún indefinido de expedientes que podrían inculpar a esta institución en graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra sucia”.

Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, afirmó que la ONU reitera su ofrecimiento a México de asistencia técnica para que la reforma a la Guardia Nacional se alinee a los estándares internacionales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no va a permitir que se destruyan las áreas naturales del país y que no es cierto que se violaron los acuerdos comerciales de América del Norte con el decreto de Área Natural Protegida (ANP), como acusó ayer la minera estadounidense Calica, de Vulcan Materials.

“Ayer llegaron agentes del gobierno para entregarnos unos informes que en realidad no tienen nada. No hay respuesta alguna hasta el momento” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció Magdalena Maestros, madre del estudiante Antonio Santana, en el mitin frente al Antimonumento +43 que los padres y madres iniciaron desde la tarde de este miércoles en avenida Reforma, a un día de que se cumpla una década de la Noche de Iguala.

El territorio de Temixco, en Morelos, fue declarado por unanimidad territorio libre de minería, con lo que se prohíbe el cambio de uso de suelo y cualquier actividad minera para la extracción de metales y otros recursos.

“Esta declaratoria surge de la exigencia de los pueblos que luchan, mas NO de la voluntad de los gobiernos ni el municipio de Temixco”, aclararon en un comunicado la Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos y Cuentepec Tosepan.

La calificadora crediticia Moody’s prevé que el crecimiento económico de México en los próximos años sea entre uno y dos por ciento, dependiendo de la relocalización de empresas extranjeras en el país y de que las recientes reformas constitucionales den mayor incertidumbre local.

Renzo Merino, analista soberano para México en Moody’s, señaló, en el evento anual de la empresa “Dentro de LatAm: México 2024”, que la Reforma Judicial puede afectar directa e indirectamente en varias partes del perfil crediticio de México, pues podría afectar la inversión y el marco regulatorio.

El abogado César de Casto, quien lidera la defensa de Genaro García Luna, solicitó al juez Brian Cogan una sentencia máxima para su cliente de 20 años de prisión, no la cadena perpetua solicitada por los fiscales la semana pasada.

Un reporte interno elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) demuestra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió en el informe que presentó el pasado 8 de julio a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos sobre la infiltración de la Normal de Ayotzinapa por personal militar.

Después de más de nueve horas de debate, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 25 de septiembre de 2024, en lo general y en lo particular, el dictamen que traslada el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Los votos a favor fueron emitidos por la llamada “cuarta transformación” -integrada por los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, además de un sufragio de Yunes Márquez, de la bancada del PAN, quien le dio la mayoría calificada a la “4t”.

En un vehículo abandonado en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas en Tijuana, fueron localizados los cadáveres de tres personas, las cuales presentaban visibles huellas de violencia.

De acuerdo con información proporcionada a ZETA, vecinos de la calle Cañón Rubén Amaya reportaron al 9-1-1, la tarde del martes 24 de septiembre, que días previos fue dejada una camioneta Chevrolet Equinox de color azul, placas de circulación 20780F2, de la cual se desprendían olores fétidos.

En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.

El exmilitar Ranulfo “N”, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de asesinar a un padre de familia y lesionar a tres hombres más durante un operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido y procesado después de haber permanecido prófugo desde hace más de dos años. 

El lunes 23 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra con motivo de la causa penal 37/2022 en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa.

La casa de Silvia Peraza Azueta, periodista y administradora del portal Código Rojo Quintana Roo, fue baleada luego de que presentara una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General del Estado.

A las 12:32 am de este martes 24 de septiembre, la comunicadora publicó un mensaje en la página de Facebook del portal reportando el ataque a su domicilio en Cozumel: “Acaban de balear mi casa”. 

La reformas legislativas para trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN), encendió las luces de alarma entre relatores especiales de Naciones Unidas, ante los riesgos de un posible incremento de “abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.