El equipo legal de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, logró mantener en el limbo la resolución de los litigios contra créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos.
Mediante la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra cuatro ministros, Elektra logró que la resolución de los litigios permanezca empantanada, lo que puede implicar que, finalmente, sean los nuevos ministros electos por voto popular quienes resuelvan los casos.
Durante 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió tres amparos tramitados por Grupo Elektra contra las intenciones del gobierno federal de cobrar un monto total por 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos por créditos fiscales de los años 2008, 2012 y 2013.
Se trata de los amparos directos en revisión números 6321/2024; 5654/2024 y 3842/2024, en los cuales los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Lenia Batres prevén resolver en contra de los intereses de la empresa.
En mayo pasado, la Corte recibió el expediente 3842/2024 mismo que turnó a la ministra Batres Guadarrama.
El caso se trata de un litigio contra una multa que le fue impuesta por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio 2012, pues Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable.
La Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la multa que asciende a 67 millones 165 mil 827 pesos, contra lo cual la empresa tramitó un amparo directo en el que afirmó que fue incorrecto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le requiriera porque en ese momento Grupo Elektra tenía calidad de sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en 2012, las únicas obligadas a pagar el impuesto consolidado eran las sociedades controladoras, es decir, Grupo Salinas.
El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo y declaró que Grupo Elektra tenía razón al afirmar que el SAT debía requerir el pago a Grupo Salinas.
Contra esta sentencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tramitó un recurso de revisión en el que afirmó que la interpretación del Colegiado es inconstitucional.
De acuerdo con las listas públicas de la SCJN, el 8 de enero próximo la ministra Batres Guadarrama prevé presentar el caso a sus compañeros en la Segunda Sala.
Conforme al proyecto, la ministra afirmó que no existe un fundamento constitucional o legal que exente a las sociedades controladas, como lo era Grupo Elektra en 2012, de la obligación de comprobar al SAT que ya pagó todos sus impuestos y obligaciones aduaneras, por lo que también puede ser sancionada en caso de que se determine que incurrió en omisiones.
“El legislador no estableció una orden de prelación para fiscalizar a las empresas controladoras en relación con las controladas, sino que refiere que tiene la facultad de llevar a cabo el escrutinio de cualquier contribuyente a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, claro está, conforme a las disposiciones legalmente previstas”, señala el proyecto.
“(Es) jurídicamente válido el que la autoridad esté en plena posibilidad de fiscalizar y, en su caso, determinar créditos fiscales directamente a una empresa controlada del grupo, con independencia de que, posteriormente, la empresa controladora lleve a cabo las adecuaciones y declaraciones complementarias que resulten necesarias”.
En consecuencia, si la propuesta es avalada por la Segunda Sala, la multa impuesta a Grupo Elektra quedaría confirmada definitivamente.
Impedimentos contra ministros
Sin embargo, es posible que el caso no pueda ser discutido, pues Grupo Elektra planteó un impedimento contra la ministra Batres, mismo que no ha sido resuelto.
En tanto, el expediente 5654/2024 llegó a la Corte en agosto del año pasado y fue enviado a la ponencia de Esquivel Mossa.
En él, Grupo Elektra reclama un crédito fiscal de 2008 por mil 431 millones 466 mil 606 pesos que fue impugnado ante el TFJA desde el año 2018.
Luego de una resolución que confirmaba que la empresa debía pagar al fisco, en el año 2021 tramitó un amparo ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México que le negó la protección federal solicitada, tomando como fundamento los precedentes de la Corte al considerar que, en este caso particular, Elektra no justificó el “criterio de interés excepcional”.
Contra esta determinación, la empresa de Salinas Pliego tramitó el recurso de revisión que deberá resolver la ministra Esquivel.
Sin embargo, la SHCP tramitó un recurso de reclamación que fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán en el que indicó que la Corte no debía admitir a trámite la revisión solicitada por Grupo Elektra. Este recurso está pendiente de resolución.
Proceso informó el pasado 14 de septiembre que la ministra Esquivel programó el expediente para ser discutido en la Segunda Sala y proponer desechar la demanda de Grupo Elektra, de este modo, quedaría confirmada la resolución que le ordena pagar el crédito fiscal.
Ese mes Grupo Elektra afirmó que las ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama están impedidas para conocer del amparo, dicha afirmación fue enviada a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la Primera Sala, misma que se encuentra pendiente de resolución.
Elektra intentó ampliar las causas por las cuales consideró que las ministras, cercanas al gobierno federal, están impedidas para conocer de este amparo, pero la Corte desestimó esta pretensión y contra esta decisión, la empresa tramitó un recurso de reclamación que fue enviado a la ministra Margarita Ríos Farjat.
Debido a que Ríos Farjat fue jefa del SAT designada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019, Grupo Elektra también afirmó que está impedida para resolver el recurso de reclamación.
Dicho impedimento fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore el proyecto en el que determine si Ríos Farjat está o no impedida.
Se prevé que el proyecto de González Alcántara Carrancá declare que la ministra no pueda resolver la reclamación, pues desde 2020 ya existe un precedente en otro litigio de Grupo Elektra en el que Ríos Farjat fue declarada impedida.
También desde agosto pasado en la ponencia del ministro Pérez Dayán se encuentra pendiente el amparo en revisión 6321/2024 con el que Grupo Elektra busca evitar el pago de un crédito fiscal de 2013 por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.
En enero de 2019 el TFJA confirmó la obligación de Grupo Elektra de pagar el millonario monto, por lo que la empresa solicitó un amparo ante el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México.
En marzo de 2021, dicho tribunal rechazó amparar a la empresa de Salinas Pliego bajo el argumento de que no reúne el criterio de interés excepcional.
De acuerdo con la información obtenida por Proceso, el ministro tenía previsto presentar en octubre pasado su proyecto para desechar el amparo de Grupo Elektra pero, tal como pasó con el amparo que se encuentra en la ponencia de Esquivel Mossa, la empresa tramitó diversos recursos para frenar la discusión.
En este caso los impedimentos no sólo fueron sobre las ministras Esquivel y Batres sino sobre el ponente, Alberto Pérez Dayán y también fueron turnados a Pardo Rebolledo para que la Primera Sala los resuelva.
Grupo Elektra pidió que la Primera Sala no resuelva esos impedimentos, lo que generó que existiera un conflicto competencial entre ambas salas de la Corte próximas a desaparecer con la implementación de la reforma judicial.
De este modo, si la actual conformación de la Corte no logra resolver los impedimentos y recursos de reclamación antes de agosto, es posible que los casos le correspondan a los nuevos ministros que serán electos por voto popular el próximo 1 de junio.
