La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) reiteró que pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al cumplir con las resoluciones de amparo, pues la Constitución y la Ley de Amparo no son negociables.
“Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera a acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral, extremadamente perversa esta narrativa”, declaró.
En conferencia de prensa, comentó que “da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes”.
“Es como si llegamos al colmo de los absurdos por hacer tú trabajo y preguntar sobre la reforma electoral a ti misma te sancionara el Poder Judicial, porque estás hablando de la reforma electoral porque estás informando a la ciudadanía. Cada uno de los que están aquí, sería el colmo que se les sancionará, el colmo de los absurdos. (…) Es como pensar, que a todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados”, manifestó Taddei Zavala.
Vulnerabilidad jurídica a funcionarios de casilla
En tanto, la Jufed, reiteró que pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al cumplir con las resoluciones de amparo.
En un comunicado, declaró que la Constitución y la Ley de Amparo no son negociables.
“Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales. Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura ‘perversa’, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”, explicó la Jufed.
Recordó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye “una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia”.
“La Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia”, aclaró la Jufed.
Subrayó que su preocupación ha sido proteger a la ciudadanía.
“Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”, añadió.
“Calificar como ‘perversa’ esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales”, agregó.
Sanciones por ser funcionario de casilla
De acuerdo con la agrupación de abogados, las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma judicial han sido desestimadas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico.
“Esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) en todos sus niveles. Pero incluso, en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables”, explicó la Jufed.
Recordó la complejidad de la votación, pues contempla seis boletas con 60 candidatos por cargo, lo que podría confundir al electorado y provocar un sufragio mal informado.
“Consejeros electorales del propio INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos de 10 por ciento del padrón votante. Esto evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político”, detalló.
Depositan 800 millones de pesos al INE para elección judicial
Taddei precisó que recibieron los primeros 800 millones de pesos para fortalecer los trabajos para el proceso electoral, aunque todavía se desconoce la cifra final.
“La cifra final está en construcción (…) Yo les he de decir a todos ustedes que ese análisis está en construcción, y hay que ser muy respetuosos de los trabajos internos de las diferentes consejerías y todas las áreas. Hay análisis que nos hablan de entre 750 a mil 500 millones, pero todo eso está todavía en construcción y es la responsabilidad del Consejo General, la que tendrá que tomar este acuerdo de la cifra definitiva.
¿En qué se va a utilizar el recurso económico?
Detalló que cada una de las áreas ha ido aportando elementos necesarios para poder llegar a este momento de solicitud de ampliación presupuestal.
“Debo de decir, nos congratulamos de esta reunión porque es la primera vez en la historia del Instituto, que se obtiene una ampliación presupuestal y que hay un nivel de entendimiento técnico y operativo con las autoridades correspondientes para que esto pueda ser una realidad. ¿Cuándo vamos a tener esta cantidad establecida ya en el proyecto? En la siguiente, yo creo que es esta semana, mañana estará como tema en nuestra reunión privada, y ahí se va a especificar en qué se va a utilizar cada uno de los centavos que se están solicitando, centavos, pesos y miles y millones que se están solicitando”, recalcó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
