En menos de 24 horas de iniciado su segundo mandato como presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas con las que las fuerzas del Pentágono se conjugarán con las agencias civiles de la aplicación de la ley para llevar a cabo acciones solamente diseñadas para los momentos de guerra.
El mandatario firmó la orden ejecutiva que invoca al Acta de Enemigos Extranjeros establecida en 1798, que se utilizó por última vez en la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno de Estados Unidos arrestó y metió en campos de detención a unos 120 mil japoneses-americanos.
Con la rúbrica de Trump, se emitió la orden para “desplegar todo el inmenso poder federal y estatal de la aplicación de las leyes”, para combatir, desmantelar y arrestar a todas las “pandillas extranjeras” que operan y se encuentran en el territorio de los Estados Unidos.
Al firmar esta orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump declaró a la prensa que su decisión se instrumentará “a un nivel que nadie ha visto antes”, en referencia a detener la invasión y amenazas de inmigrantes indocumentados y de aquellos con antecedentes penales.
En este sentido se entiende que Trump quiere que directamente se arresten y deporten a pandilleros extranjeros que operan en Estados Unidos para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, como las que realiza la Mara Salvatrucha o MS-13.
En esta pandilla, por ejemplo, y en otras de ascendencia rusa, asiática, afroamericanas, irlandesa y de otras nacionalidades que sí están metidas en el trasiego de drogas, operan ciudadanos estadunidenses que cuentan con largo historial de nexos con el crimen organizado transnacional.
Con la invocación del Acta de 1798, Trump puede ordenar a elementos del Pentágono y de la Guardia Nacional a que ubiquen, arresten, encierren y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y criminales dentro de los territorios de los Estados Unidos.
En los próximos días el Congreso federal estadunidense, bajo el dominio representativo de los republicanos, podría incluso ampliar los poderes de guerra contra “la invasión” de inmigrantes indocumentados que clamó Trump al momento de firmar sus órdenes ejecutivas.
Este mismo lunes 20 de enero, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 64 votos a favor y 35 en contra, al Acta Laken Riley, la que ordena el arresto de inmigrantes indocumentados e inmigrantes residentes permanentes por cometer delitos menores como robo o hurto.
Esta ley aprobada por el Senado que Trump durante su primer mandato presidencial intentó infructuosamente que el Capitolio la avalara, ahora en su segundo mandato no habrá nada que impida que en unos días la Cámara de Representantes también le dé el visto bueno.
Con el Acta Laken Riley las autoridades de la aplicación de la ley podrán tratar como a un criminal de alta peligrosidad a un inmigrante indocumentado o a uno residente permanente que, por ejemplo, se robé un dulce o una bolsa de pan en una tienda.
El presidente estadunidense firmó, a su vez, la orden ejecutiva con la que declaró Estado de Emergencia en la frontera con México y bajo esta medida se tienen que desplegar a lo largo de la zona limítrofe del sur a un número indeterminado de fuerzas militares para vigilarla.
Bajo la declaratoria, la orden presidencial implica el restablecimiento y construcción de barreras fijas y móviles en la frontera (el muro fronterizo), y que el Pentágono contribuya con sus tropas acciones de arresto, transporte y vigilancia de inmigrantes indocumentados.
A su vez, los elementos militares de Estados Unidos desplegados en la frontera sur y en diferentes estados, tendrían que participar en el combate a grupos criminales que ingresan ilegalmente al territorio para trasegar drogas y traficar personas, entre otros ilícitos.
Utilizar a las fuerzas armadas estadunidenses en operaciones diseñadas para las autoridades civiles va en contra de mandatos constitucionales, sin embargo y pese a la declaratoria de emergencia en la frontera con México, Trump si ve algún impedimento legal a su decisión tendría la prerrogativa de invocar al Acta de Insurrección para hacerlo.
Fue en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles California, por el asesinato del afroamericano Rodney King a manos de policías, que el entonces presidente George H. W. Bush invocó al Acta de Insurrección.
La designación como grupos terroristas internacionales a los cárteles del narcotráfico de México que hizo Trump por medio de otra orden ejecutiva que firmó al regresar a la Casa Blanca, tiene implicaciones que van más allá del uso del Pentágono para combatirlos.
La Ley Patriota, instrumentada en octubre de 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en ese año, establece claramente que a cualquier grupo, entidad o institución que apoyé, financié y empoderé a grupos terroristas debe ser tratada como una organización igual.
El presidente Trump sostiene que con esta designación acabará con el tráfico y venta de drogas ilícitas que entran por México, especialmente las sintéticas que se manufacturan con fentanilo y causan la muerte de decenas de miles de personas por causa de sobredosis.
Conforme a lo que dice la Ley Patriota, la orden ejecutiva de Trump, al cumplirse al pie de la letra, tendría que tratar y combatir como grupos terrorista a los fabricantes estadunidenses de armas y los expendios que las venden, cuyos arsenales adquieren los cárteles mexicanos.
Por igual tendrían que ser tratadas las instituciones bancarias y financieras que indirecta o directamente contribuyen para que el narcotráfico internacional y el crimen organizado, laven en Estados Unidos los activos procedentes de la venta de los estupefacientes.
En paralelo, Trump tendría que ordenar al Pentágono combatir como a terroristas a ciudadanos estadunidenses y grupos criminales de la misma nacionalidad que están inmersamente inmiscuidos en el tráfico, transporte y venta de drogas en colusión con los cárteles mexicanos.
Con esta orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos puede ordenar al Pentágono que, con sus fuerzas especiales, lleve a cabo operaciones encubiertas para asesinar o eliminar a terroristas en el extranjero, como lo hizo con Osama bin-Laden el 2 de mayo de 2011 en Pakistán.
Con las ordenes firmadas y emitidas este 20 de enero de 2025 para el combate a la invasión de inmigrantes y a los narcoterroristas, Trump dio un plazo de 10 días al Pentágono para que le entregue un plan de acción que estaría a cargo del Comando Norte.
