Información de la Sedena establece que el operativo fue solicitado por el Gobierno estatal de la panista María Eugenia Campos. Personas expertas y organizaciones condenan que se haya dejado a menores de edad a la deriva y no se hayan respetado los derechos humanos de personas migrantes. Además equiparan esas omisiones con las registradas el 27 de marzo del 2023 en una estación migratoria en ciudad Juárez, donde fallecieron más de 40 personas.
Así lo señalan varias organizaciones de la sociedad civil, instancias de derechos humanos, y personas expertas en el tema, las cuales condenaron la forma de actuar de las autoridades. En principio del Gobierno del Estado por solicitar el operativo contra un espacio en el que se concentraban las personas migrantes desde hace más de un año, pasando por la municipal y la federal por no seguir sus propios protocolos de actuación en ese tipo de casos.
La Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) confirmó que la competencia para dar información sobre el operativo es del Gobierno del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con fuentes al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) el día del operativo fueron detenidas 12 personas migrantes, de alrededor de 150 que se encontraban en ese momento. Sin embargo, durante las siguientes horas detuvieron a más en diferentes partes.
El mismo sábado a mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública informó que en total fueron “rescatadas” 39 personas: 20 hombres y 19 mujeres. De estos 17 son menores de edad, dos de ellos no acompañados. En total fueron 7 núcleos familiares.
De los 17 menores de edad asegurados por las corporaciones de seguridad pública, sólo 4 fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal.
De acuerdo con un par de migrantes venezolanos detenidos durante el operativo, fueron llevados hasta Villahermosa junto con otros menores de edad que viajaban con sus familias. Es decir, no fueron deportados a sus países de origen y no a todos los menores de edad los canalizaron a la Procuraduría de Protección de la niñez.
De los menores de edad, sólo fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección del DIF, los dos adolescentes no acompañados y dos más con sus respectivas familias.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó a Raíchali que los dos adolescentes no acompañados son una mujer de Honduras y un hombre de Venezuela, quienes fueron trasladados a centros de asistencia social o albergues, donde permanecerán hasta que se resuelva su situación migratoria.
Asimismo, los otros niños menores que fueron resguardados con sus papás, son originarios de Venezuela. Los dos hijos son hombres, uno tiene 5 años y el otro es un bebé. La familia fue puesta a disposición del DIF a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora se encuentran en un albergue destinado a familias en situación de movilidad.
Dos expertos en acompañamiento de personas migrantes coinciden en la preocupación de que en el operativo del sábado 18 de enero, no hubo garantías para resguardar los derechos de la niñez migrante.
Jorge Pérez Cobos, director de la organización Uno de Siete Migrando, destacó que llama la atención que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informara la detención o aseguramiento de menores durante el operativo, acompañados y no acompañados.
“Tuvieron que haber pedido el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la misma Procuraduría determinara el interés superior de la niñez, que seguramente no es el caso de estar detenidos o privados de su libertad o alojados, como le quieran llamar. Finalmente los niños no pueden moverse libremente con su familia”
A nombre de Uno de Siete Migrando pidió que la dependencia estatal haga las valoraciones y determine el interés de las y los menores, para restituir sus derechos, que no siempre tiene que desencadenar en la deportación de ellos y sus familias.
“Nos preocupa estas determinaciones de las autoridades locales, de decir que no va a haber albergues para niños y niñas migrantes, porque es una clara evasión de sus responsabilidades. El tema de la verificación migratoria lo que no tiene de manera exclusiva Migración, pero las autoridades locales tienen la obligación de la atención a grupos vulnerables y las personas migrantes son grupo vulnerables. Parece que las autoridades estatales y municipales están evadiendo esas responsabilidad y quieren politizar un tema que es de humanidad. Es la vulnerabilidad de personas donde están involucradas las familias”, sentenció el director de Uno de Siete Migrando.
Con él coincide Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“En el caso de niñez, tanto la no acompañada como la acompañada , el derecho de no detención se hace extensivo a padres, madres, hermanos mayores de edad, por lo tanto el INM debe dar por lo menos un oficio temporal con vigencia de 30 días con una estancia regular. En ese periodo la Procuraduríad e Menores a nivel estatal, debe generar la determinación del interés superior de niñas y niños”.
Navarrete detalló que además la dependencia eventualmente debe externder una Tarjeta de VIsitante por Razones Humanitarias (TVRH), que tiene vigencia de un año y se renueva mientras subsistan las condiciones, es decir, esto es, mientras niñas y niños tengan menos de 18 años. La TVRH genera una CURP, con la que niñas y niños tienen acceso a educación y las personas adultas a atención médica y empleo.
“Lo que hemos visto como una práctica desde el año pasado a nivel nacional, es la falta de expedición de las tarjetas, lo que vuelve más vulnerables a las personas migrantes. En el caso de Juárez sí han dado tarjetas, hay una mesa de inclusión educativa liderada por UNICEF, una de salud que lidera jurisdicción sanitaria zona norte en la que varias organizaciones participan, se busca solventar la atención médica”.
En el caso de la ciudad de Chihuahua se han registrado casos preocupantes de menores de edad migrantes que se han escapado de albergues cuando estaban a cargo del DIF estatal.
El 11 de enero, Ana Paola Nájera López de 15 años, proveniente de Honduras, desapareció después de salir sin autorización del albergue San Vicente de Paúl, localizado en el Complejo Industrial Robinson. La adolescente fue localizada días después, aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni localización.
Y el 14 de enero, Mandy Lizbeth Reyes Ballesteros, de 14 años y originaria de Colombia, desapareció tras salir sin autorización del albergue denominado VITAE, ubicado en la colonia Francisco Villa. Mandy es de tez morena, complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y tiene un tatuaje de corazón detrás de la oreja derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalones con estampado militar, una chamarra negra con gorro de peluche y tenis blancos. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido.
El 20 de marzo del año pasado, cuatro adolescentes guatemaltecos fueron reportados como desaparecidos cuando huyeron de agentes de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adoelscentes (DIF), de acuerdo con pesquisas emitidas por la Fiscalía General del Estado
La FGE divulgó las fotografías y nombres de: Juan Yeferson Lux Barrera, Manuel Gabriel Chico Xlioj, Margarito Misael Vázquez Tomás y Vicent Anthony Ordoñes Ordoñez, todos de 17 años. Los jóvenes fueron puestos bajo la custodia de la Subprocuraduría, pero al descender del vehículo que los transportaba, lograron huir corriendo.
La competencia es del gobierno del estado de Chihuahua: Sedena
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (número de folio: 3300264150000243), se le solicitó a la Sedena “copia de todos y cada uno de los documentos físicos y digitales que den confianza de la solicitud realizada por el INM, para acudir al operativo en el campamento migrante ubicado en Industrial 10 y Juan Pablo II en la ciudad de Chihuahua, la madrugada de este sábado 18 de enero de 2025 (…)”.
La respuesta de la Sedena es la siguiente:
“Se le hace saber que la información que solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se le sugiere canalizar su solicitud a la unidad de transparencia del gobierno del estado de Chihuahua, por considerarlo un asunto de su competencia”.
En dicha respuesta, firmada ayer por Édgar Antonio Toledo Reyes, subjefe de la Unidad de Transferencia de la Defensa Nacional, la dependencia descarta que el operativo fue iniciativa del INM.
Autoridades no avisaron a organismos de derechos humanos para garantizar respeto a migrantes
El encargado del despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, dio a conocer que para el operativo no hubo presencia de ese organismo ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
“La autoridad federal lo que hizo fue acudir ahí, asistida de otras instituciones, al parecer para detener a las personas. Sin embargo, esta institución no cuenta todavía con elementos objetivos de cómo se llevó a cabo el operativo, debido a que no contó con nuestra presencia este evento. Sin embargo, nosotros ya pedimos información a las autoridades que nos competen como Comisión Estatal, que sería la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Estamos en espera de que nos brinden la información para saber en qué consistió este operativo”, informó Carrasco Talavera.
El encargado de la CEDH mostró preocupación porque observan que no existe “ningún método, ninguna forma, ningún documento, ninguna prueba que nos aporte algo como Comisión” para saber que respetaron los derechos de las personas migrantes porque se corre el riesgo de criminalizar la migración y migrar no es un delito sino una situación en todo caso administrativa.
“Las personas migrantes, como todas las personas, tienen derechos humanos, no hay personas que valgan menos y no hay personas que valgan más. Entonces, tienen derecho a una asistencia legal y no sabemos si el Instituto Nacional de Migración está dando asistencia legal a las personas detenidas que al parecer fueron 39 las que fueron remitidas al Polideportivo Sur de la ciudad de Chihuahua, a donde también acudimos y se levantó acta circunstanciada. Pero ya cuando acudimos nosotros a las 3:20 de la tarde, ya no se encontraba ninguna persona detenida ahí. Nos comentó el guardia del Polideportivo que habían sido llevadas las personas al estado de Chiapas, por parte del Instituto Nacional de Migración”
Entre otros derechos, detalló el encargado de la CEDH, no se sabe si hubo un traductor o si se les dio asistencia consular. Cualquier persona cuando es detenida por autoridades migratorias, se la da aviso a la embajada o consulado de su país de origen aquí en México, precisó.
“El derecho a la salud, no sabemos si se les está dando acceso a las medicinas que necesitan, sobre todo por niñas y niñas que se encontraban presentes. También necesitamos asegurarnos que estén en un alojamiento en condiciones dignas, la preservación del unidad familiar también es importantísima (…) y sobre todo tienen derecho a solicitar asilo y ver la manera en que se le puede apoyar a estas personas. Lo que pedimos como Comisión es que en este tipo de eventos se nos dé vista para estar presentes y dar fe que no se están violentando derechos humanos de estas personas en situación de movilidad”, añadió.
Autoridades dejan a migrantes a merced del crimen organizado por criminalización generalizada
Entre las primeras 12 personas detenidas el sábado pasado, se encontraba un presunto integrante del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua, que opera en Sudamérica y se habría extendido hasta Estados Unidos.
Según las fuentes consultadas al interior del INM, para el operativo tenían dos objetivos para su detención, pero decidieron hacerlo contra todas las personas migrantes, en la madrugada y con temperaturas bajo cero.
Aún así, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dijo a medios locales el lunes pasado, que el operativo se desarrolló de manera “limpia” y “en paz”, sin incidentes graves (…) “no hubo heridos ni hechos que lamentar”.
Las autoridades destacaron la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y el De la Peña aseveró que la intervención fue realizada “en pleno respeto de los derechos humanos”, aún cuando no fue observado por organismos derechohumanistas.
El secretario dijo que las demás personas detenidas fueron trasladadas a sus países de origen, pero se encuentran en Villahermosa, según el testimonio de dos de ellos.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, indicó que uno de los hombres detenidos en el operativo, identificado como Jesús N, es presunto integrante del Tren de Aragua y fue identificado como tal, por las autoridades de Estados Unidos.
Con otro hombre detenido por presuntos hechos delictivos, Jesús N fue trasladado a la Ciudad de México para procesarlo, según informó Santiago de la Peña, quien detalló que ambos incitaban “a la riña y alterar el orden público”.
Loya generalizó y aseveró que las dos personas venezolanas “que sabíamos que estaban liderando, probablemente liderando a las personas que se encontraban en el campamento, por fuentes de autoridades de los Estados Unidos, está directamente relacionado con la pandilla conocida como el Tren de Aragua”.
Raíchali documentó por lo menos tres casos previos, de migrantes que fueron víctimas de asalto de otros migrantes. Sin embargo, el miedo a denunciar los obligó a buscar otro lugar para evitar ser agredidos, pero siguieron llegando centenas de migrantes al campamento conforme transcurrían las semanas.
Jorge Pérez Cobos pidió también que no se criminalice a todas las personas migrantes por una persona, porque están en alta vulnerabilidad frente al crimen organizado y mientras más se cierren albergues y las posibilidades de las personas de estar en lugares adecuados, “simplemente más los están poniendo en manos del crimen organizado”.
“Creemos que si identificaron a personas vinculadas al crimen organizado, que bueno que se actúen, pero tendrían que hacerlo no criminalizando a toda la población completa. Era haber detenido a la persona, a lo mejor hubiera sido más exitoso (el operativo) si hubieran detenido a más personas involucradas con el crimen organizado y no a la cantidad de menores que detuvieron y sólo a dos personas relacionadas con actividades delictivas”, agregó el abogado activista.
Explicó además que las mismas autoridades han inhibido las denuncias por parte de personas migrantes al pedirle la credencial del INE para poner denuncias, “no les quieren tomar la denuncia y luego les acusan de querer poner la denuncia únicamente para poder acceder a una visa humanitaria. Eso evidentemente no ayuda. Las opciones de personas que tuvieran esta conciencia, la inhibe la propia autoridad. Esto sucedió anteriormente, pero no hay este acercamiento de autoridades para poder tratar estos temas”.
Las alternativas de seguridad para las personas migrantes son nulas y más aún ahora, con el anuncio de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien dio antes del operativo que Chihuahua no será santuario de migrantes y que no habrá albergues porque la entidad no es un lugar para ellos, sólo habrá centros para recibirlos y ayudarles a regresar a sus estados o países.
“Las alternativas que tienen son pocas. Están diciendo que no va a haber albergues, no va a haber nada, los están poniendo más a merced del crimen y las alternativas se vuelven nulas, pareciera que estamos en un estado en el que se quiere negar la existencia de las personas migrantes y que la única alternativa es desaparecer, no ser visto, no caravanas, no campamentos, no nada que se visibilice a las personas migrantes porque eso les vuelve el problema. El problema no fue que hubiera personas migrantes en situación de calle, es que eran visibles”, denunció Pérez Cobos.
Blanca Navarrete, de DHIA, dijo que es preocupante el número de dependencias y agentes que participaron en el operativo contra el campamento migrante, porque para cualquier persona que viene de un contexto de violencia, de discriminación, de violaciones a sus derechos humanos desde sus países de origen hasta su tránsito por México, obviamente se predisponen al ver esa cantidad de elementos de las fuerzas de seguridad pública, en un horario de la madrugada y con frío extremo.
“Si bien siempre se va a querer poner esta imagen de las personas migrantes agresivas, violentas. En este caso se repite la historia del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, porque al igual que en Juárez el gobierno municipal colaboró de manera ilegal con el INM”.
Operativo tiene características al incendio de estación migratoria en Ciudad Juárez: Navarrete
Blanca Navarrete equiparó el operativo del sábado 18 de enero con el incendio ocurrido en marzo del 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde más de 40 personas migrantes fallecieron. La comparación la hizo relativa a la violación a derechos humanos por parte de la autoridad.
“Aquí igual, el gobierno de Chihuahua colabora de manera ilegal con el INM, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a tener que corroborar que hay un oficio de colaboración. Migración no puede solicitar colaboración a ninguna autoridad de manera verbal, tiene que haber una solicitud expresa indicando la hora del operativo, lugar, etcétera”.
Continuó: “Es otra vez usando el fuego como una herramienta de protección, de protesta, que puede leerse mal, pero finalmente nadie ha estado en las condiciones que están estas personas en movilidad, donde primero piensan en prender fuego como una manera de protestar, escapar, sobre todo pensando que había niños y niñas y mujeres embarazadas”.
Navarrete recordó que la verificación migratoria que realiza el INM la hacen en bares, en hoteles, pero esta es la primera ve que la hacen en un campamento, por lo que les resulta extraño por la forma en la que procedieron los tres órdenes de gobierno.
El mayor riesgo que corren los migrantes en su paso de Chihuahua a Juárez, es el número elevado de personas desaparecidas y/o secuestradas por grupos delictivos locales. Han secuestrado a familias completas para pedir rescate a sus familiares y dejarlos transitar hacia la frontera.
Raíchali ha documentado testimonios de personas migrantes que han sido secuestradas. Los tres últimos fueron de jóvenes nicaragüenses y venezolanos que lograron huir del operativo, pero que previamente estaban a punto de llegar a Juárez cuando los secuestraron en Villa Ahumada.
Bryan, un joven venezolano de 19 años, relató que los tuvieron detenidos alrededor de 30 días hasta que sus familias pudieron reunir parte del dinero que les pedían. De 50 mil pesos les aceptaron pagar sólo 25 mil y los dejaron en libertado.
Blanca Navarrete detalla que ya no acompañan ese tipo de casos porque los empezaron a atender como desapariciones pero se convertían en secuestros, por lo que resultó más complejo. Los grupos en Durango y Chihuahua dejaban de pasar unos 10 días para pedir rescate a personas, cortaban la comunicación con las familias para desesperarlas y que accedieran a pagar.
Actualmente se encuentra desaparecida una familia con dos niños de 1 y 3 años. Los padres son César Atencio, quien es venezolano, y Lina Isabel Arias, que es colombiana. Ellos recorrieron México en tren. Llegaron a la ciudad de Chihuahua justo el día que nevó, el 10 de enero. Pasaron unas noches bajo cero y avanzaron hacia Juárez. Sus compañeros denuncian que fueron secuestrados antes de llegar a la ciudad fronteriza.
Autoridades violaron derechos de migrantes y olvidan grave problema de desplazamiento forzado en la Tarahumara: ong’s
Alrededor de 60 organizaciones nacionales e internacionales, así como particulares, reprobaron las declaraciones de la gobernadora Campos Galván, quien unos días de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, insistió en que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que los posibles deportados no podrían permanecer
en él.
“Para quienes ya se encuentran en Chihuahua, la postura ha sido la misma, quedando clara con la petición al Instituto Nacional de Migración (INM) de un operativo el pasado 17 de enero, a todas luces violento y violatorio de derechos humanos. Incluso fueron trasladados agentes migratorios de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, quienes participaron en dicho operativo durante la madrugada, a sabiendas de la dificultad en la cobertura de medios de comunicación y respuesta de las organizaciones de la sociedad civil”.
En un comunicado, recordaron que había presencia de mujeres embarazadas, niñas y niños, utilizaron la fuerza pública para rodear el campamento ubicado al sur de la ciudad, “sin que autoridades civiles mediaran la reubicación de las personas o preguntaran si necesitaban ser reubicadas”.
“El uso de cuerpos de seguridad y fuerzas militares es un mensaje claro de la gobernadora, tal como lo han hecho en los últimos años, quien ha señalado que el estado no es responsable de las personas en movilidad, olvidándose del grave problema de desplazamiento forzado en las zonas serranas, que ella ha sido incapaz de atender, así como la existencia de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, donde los esfuerzos de reformas han sido prácticamente insignificantes”.
Le recordaron a María Eugenia Campos que la invisibilización del desplazamiento forzado y otras formas de la movilidad humana aunado al discurso de rechazo y criminalización, potencian situaciones de graves riesgos.
Y advierten que de nueva cuenta, el proceder del INM está fuera de todo seguimiento a protocolos, sin apego a un marco de derechos y protección, ya que obligan a las personas a tomar acciones desesperadas para salvaguardar su integridad y la de sus familias, huyen de quienes están obligados a brindarles protección.
A los gobiernos federal, estatal y municipal les cuestionaron las forma en la que han abordado el tema en Chihuahua, llevar más de 100 elementos del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes del INM, ya que eso no es proteger a las personas en movilidad sino acciones violentas y de intimidación que pueden terminar en una desgracia como el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023.
Les recordaron a las autoridades estatales y municipales sus obligaciones establecidas en la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua y destacan:
- El artículo 1 dice: “tiene como objeto proteger y apoyar a personas migrantes y sus familias que se encuentren o transiten por el territorio estatal, prohibiendo cualquier forma de presión sobre éstas para la renuncia de sus derechos, y sin que se les pueda restringir o limitar de modo alguno”.
- Artículo 2, fracción III: “Promover el respeto de los derechos humanos de migrantes y sus familias, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social, lugar de origen, nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otra condición, con independencia de su situación jurídica migratoria.
- Artículo 3: “[…]reconocerá, promoverá y garantizará a migrantes y sus familias, el ejercicio pleno de sus derechos”, donde aparte de enfatizar que deben recibir un trato respetuoso , oportuno y con calidad, información sobre los programas que les beneficien, destaca en la fracción VII que en el caso de la niñez y adolescencia se deberán garantizar sus derechos atendiendo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el principio de interés superior de la niñez
FUENTE: RAICHALI.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA, KARLA QUINTANA.
