En respuesta, Gertz Manero advirtió que la institución de procuración de justicia mexicana tendría que esperar a conocer la información que surgiera del proceso contra el ex líder y cofundador del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

“Está esperando el Gobierno [Federal], y en este caso la Fiscalía, la audiencia que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos, para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso”, dijo el titular de la FGR, quien también indicó que no se debería olvidar que “El Mayo” tenía varias órdenes de aprehensión vigentes en México.

“Y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar, vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas, desde el 26 de julio del año pasado. Si el retraso se acaba y se lleva a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que es la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento. En ese momento nosotros culminamos nuestra investigación, hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía”, explicó Gertz Manero.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto si Rocha Moya contaba con el respaldo del Gobierno Federal. Sin embargo, la mandataria nacional se limitó a responder que existía coordinación e insistió en que a ella no le correspondía quitar o colocar mandatarios estatales.

“Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos de antes, que nosotros quitamos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Porque, primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el Gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales municipales y ahí donde hay algún problema con algún gobierno municipal o algo, pues no nos corresponde al Gobierno Federal, le corresponde, en todo caso, a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República”, respondió Sheinbaum Pardo.

Además, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México agregó que, todos aquellos que le pedían “quitar y poner” a un mandatario estatal, lo que en realidad solicitaban era una actuación autoritaria. “Eso se llama autoritarismo, nosotros creemos en la democracia”, aseveró.

Un día antes, luego de las manifestaciones en su contra, en las cuales participaron miles de personas, en Culiacán de Rosales, el gobernador dijo que el pueblo es el que ponía y quitaba, no alguien que gritaba.

“Nosotros vamos a seguir respetando porque somos un gobierno que no reprime, vamos a seguir respetando la libertad constitucional que tienen las personas de manifestarse, de expresarse a través de la manifestación libre”, afirmó Rocha Moya.

“El pueblo pone y el pueblo quita […], el pueblo te dice te puse y ya, pero luego hay mecanismos para decir: te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo”, expresó el mandatario estatal, quien llamó a la unidad contra la delincuencia organizada, y señaló que el Gobierno sinaloense no era el enemigo.

Durante una conferencia de prensa, Rocha Moya reconoció la solidaridad de la sociedad sinaloense ante el complejo escenario por el que atravesaba el estado, además de que dijo compartir la indignación y agravio que muchos habían expresado en días previos.

“Les pido que sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje, los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el Gobierno […] El enemigo común es la delincuencia, que son quienes no solo se enfrentan entre ellos sino que también lesionan a muchas personas de la sociedad que no tienen ninguna incumbencia en sus particulares conflictos”, expuso el mandatario estatal.

Asimismo, Rocha Moya afirmó que las autoridades estatales trabajaban para atender cada caso de violencia, con investigaciones abiertas para factores como bloqueos, asesinatos, robos de vehículos y secuestros. No obstante, reconoció que la ola de inseguridad era un problema complicado y difícil.

“Les pido mantengamos la firmeza con la que hemos venidos actuando y mantenernos también unidos y marchemos juntos con esa misma determinación que nos caracteriza y hagamos, todos, causa común con Sinaloa”, exhortó el gobernador.

Cuestionada por el caso de Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo, el 27 de enero de 2025, que no era labor del Gobierno Federal poner o quitar gobernadores.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que la labor de su Administración era proteger a las familias sinaloenses y construir la paz.

“Nosotros, nuestra labor es ayudar, como Gobierno Federal, para proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor, había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba, esa no es la labor del Gobierno Federal. La labor del Gobierno Federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz”, enfatizó la mandataria nacional.

El domingo 26 de enero de 2025, al menos 10 mil personas marcharon en Culiacán de Rosales, para exigir la renuncia de Rubén Rocha. “Narcogobernador”, “El pueblo da, el pueblo quita”, fueron parte de las consignas que se gritaron.

Asimismo, los manifestantes quemaron una piñata con la imagen de Rocha Moya. Sin embargo, en las cuentas de las diversas redes oficiales de funcionarios estatales y municipales, se colocaron imágenes en apoyo al mandatario estatal.

El 23 de enero, en una primera protesta, más de 5 mil personas marcharon en Culiacán de Rosales, para exigir la renuncia de Rocha Moya. Ello tras el asesinato de los hermanos Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, de 12 y 9 años de edad, respectivamente, y del padre ambos niños, ocurrido el día del mismo mes y año, también en la capital sinaloense.

El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 15 de enero de 2025, que Frank Pérez se quedaría como abogado del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, que el caso era susceptible de pena de muerte y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.

El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EE. UU. considera que por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.

Asimismo, Pérez seguirá al frente de la defensa de “El Mayo”, a pesar del conflicto de interés que representaba, al ser también abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense, quien es también testigo colaborador de Washington y potencial testigo en caso de un juicio en contra de su padre.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos […] no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, dijo Zambada García, en español, al juez Cogan, durante la audiencia llevada a cabo en sala 10-A Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien convocó a las partes dentro de 90 días, a las 09:30 horas del 22 de abril de 2025 (tiempo local).

Zambada García confirmó, el 10 de agosto de 2024, a versión difundida, un día antes, por Keneth Lee Salazar -titular de la Embajada de México en Estados Unidos, desde el 2 de septiembre de 2021-, de que fue emboscado en Culiacán de Rosales, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.

A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfatizó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de EE. UU., con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.

El capo sinaloense narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”

“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.

Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió, según la primera versión difundida por la Fiscalía estatal -que luego resultó falsa-, tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio de 2024, mientras circulaba en su vehículo particular, por la carretera Internacional México 15, a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el supuesto atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años de edad.

“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”, explicó el capo sinaloense.

“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”, finalizó su carta “El Mayo”.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reportó inicialmente dos vehículos y una casa, indicando que el siniestro se habría registrado cerca de la Universidad Durango, que se encuentra a escasos metros. En respuesta, se solicitó la intervención urgente de Bomberos para sofocar las llamas.

A su llegada, las autoridades encontraron un vehículo marca GMC Yukon, modelo 2000. El incendio también alcanzó la parte posterior de la cochera de la vivienda. Bomberos a bordo de la unidad M25, dirigida por el capitán Armando Valenzuela Peralta, se encargaron de controlar el fuego.

A unos cuatro metros del GMC, se localizó otro vehículo afectado, un Mercury Milan Premier color gris, modelo 2006, que sufrió daños en su costado derecho por el incendio.

En la casa había dos personas que cuando intentaron escapar por la cochera, esta no funcionó, por lo que optaron por salir por la puerta de acceso. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe destacar que ayer en la Plaza Cívica fueron localizadas dos cabezas humanas y un  narcomensaje.

Ensenada suma 9 homicidios en lo que va del 2025.

249 mil personas perdieron su vivienda Infonavit

De acuerdo con el titular del Infonavit, de los 373 mil derechohabientes afectados por los juicios masivos, 249 mil perdieron su vivienda; 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por las irregularidades del proceso; y 42 mil fueron vendidas por el Instituto en subastas masivas.

En tanto, 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.

Ante estos casos de presunta corrupción, Romero Oropeza dijo que la presidenta la dio la instrucción para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales que participaron en los juicios masivos.

Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit entre 2012 y 2015, por lo que los supuestos fraudes ocurrieron en parte de la administración que él encabezó.

Despachos involucrados en los juicios masivos

Asimismo, Romero Oropeza señaló que está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil 263 millones de pesos a una veintena de despachos de abogados, casi el equivale al presupuesto de Tlaxcala (28 mil 033 mdp).

GABSSA, BEAMBER, ECD, AGUILAR, ILS, están entre los cinco despachos que más recursos recibieron. La mayoría de ellos tienen contratos vigentes y están en proceso de ser cancelados.

En el caso del despacho ACSER, hubo gestiones del dirigente sindical del Infonavit Rafael “N” para que se le pagaran 103 millones de pesos por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora en sus créditos.

Según el funcionario, la primera alerta fue en el sexenio pasado, cuando se detectó que en Nayarit se iniciaron juicios contra miles de derechohabientes, después de esta alerta se hizo una investigación sobre todo el país.

En 2019, a petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de las familias. Un año después, el Instituto presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del Poder judicial local y notarios, por la afectación a 62 mil acreditados de todo el país.

Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, CDMX y Morelos concentraron el 82 % de las demandas de todo el país que no correspondían a esos estados, es decir las viviendas de los derechohabientes no estaba en donde se llevaba a cabo su juicio.

Según el titular del Infonavit, a pesar de que AMLO instruyó detener los juicios masivos, nueve despachos simularon juicios individuales y siguieron con la estrategia de juicios masivos en la Ciudad de México, afectando aproximadamente a 63 mil 444 derechohabientes.

De los 63 mil 444 acreditados demandados en el Juzgado 60 de la Ciudad de México, tan solo el 4 % son de CDMX.

“Por ello se iniciaron las demandas contra nueve despachos, destacando que el despacho Desnor fue una propuesta del representante de la Coparmex en la comisión de Vigilancia, “por cierto una organización empresarial que está muy preocupada por el dinero del Infonavit”, destacó Romero Oropeza.

El pasado 18 de diciembre, Octavio Romero Oropeza exhibió casos de presunta corrupción para justificar la reforma que, entre otras cosas, permite al gobierno usar los ahorros de trabajadores para construir viviendas., entre ellos, indemnizaciones injustificadas a empresas que incumplieron con contratos, triangulación de recursos y la reventa de una propiedad hasta 4 mil veces.

Aclaró que el instituto verifica la repatriación y los temas de mexicanos que viven en el extranjero, además de los procesos administrativos y legales.

“Nosotros queremos, incluso, agilizar todos los trámites en los aeropuertos de México para cuando llegan extranjeros y nacionales que son… quienes atienden es Migración, queremos que se agilicen esos procesos”, señaló.

Comentó que se está haciendo una revisión general del INM para ver de qué manera se podrán mejorar las áreas.

“Ahora, nos toca en este momento la relación con Estados Unidos, donde es uno de los temas centrales. Entonces, por eso queremos que haya una transición en este proceso y no se pierda la información muy importante que tiene en este momento el Instituto de Migración”, declaró Sheinbaum.

Francisco Garduño dice que es inocente

“Yo lo que venía reiterando, desde hace mucho tiempo, es que soy inocente porque me encontraba yo a 1,800 kilómetros de distancia de este lamentable suceso”, dijo.

Por su parte, la defensa de las víctimas, precisó que Garduño obtuvo la suspensión provisional, pues el juez le otorgó un año y seis meses para aplicar dicha medida. Después de ese tiempo se daría la sentencia, “posiblemente absolutoria”, añadió la abogada.

Incendio de la estación migratoria

Por el caso, un juez de control vinculó a proceso a un migrante y cuatro agentes de seguridad por el incendio.

El pasado miércoles 22 de enero, el INE aprobó los "distritos judiciales electorales", que no son iguales a los distritos electorales tradicionales, pues en este nuevo enfoque, varios distritos electorales se agrupan para formar un solo distrito judicial.  

En la Ciudad de México, por ejemplo, se han creado 11 distritos judiciales, cada uno formado por dos distritos electorales federales. Con esta estructura, se planea elegir a 104 magistrados y 64 jueces para una región específica. 

“Entonces se va a decir, oye, yo voté por que en el juzgado tal hubiera tal persona, dicen que ganó, ahora que vengo con mi demanda de amparo que quiero ir con mi juez resulta que no, me toca con otro. ¿Dónde está el respeto a la elección ciudadana del juez que le administra justicia?”. 

“Esa es la consecuencia de dividir el mapa electoral de esta manera, y se reconoce en el documento, se hace deliberadamente, se tiene consciencia de que la constitución manda a hacer por circuito, pero se reconoce la incapacidad para cumplirlo, y en lugar de no hacerlo por que no se puede cumplir, se dice hacer contrario a lo que manda la constitución” puntualizó Olvera. 

También recordó que el INE, en su momento, expresó que no podía cumplir con lo ordenado debido a limitaciones de tiempo y recursos; sin embargo, el Senado de la República le reiteró que debía proceder exactamente como lo dispuso el constituyente. 

Añadió que, además de estar violando las suspensiones derivadas de los juicios de amparo, también están cometiendo un error al no cumplir con el objetivo de la reforma, que supuestamente buscaba permitir que la población eligiera a quienes impartirían justicia. 

“Cumplir sin observar el mandato constitucional, por qué a los ciudadanos no les va a honrar en su derecho fundamental de votar por sus jueces, las personas no van a votar por todos los jueces que tienen jurisdicción donde radican, van a poder votar si quieren, por una partecita”, recalcó el magistrado.

“Originalmente les había dicho que el jueves, pero los compañeros, compañeras de la Mesa Directiva me han pedido que, como el primero vamos a estar aquí para la instalación de Congreso General, que hiciéramos la insaculación el viernes, y hemos accedido. El acuerdo que hay de la Mesa Directiva es el viernes 31 a las 12 del día, en el Pleno de la Cámara de Senadores”, detalló.

“A más tardar el martes 4 de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Senado de la República remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero. Incluso, por conducto del Pleno de la Suprema Corte.

“Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, o no los someta a trámite, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta ¿qué quiere decir eso? Que quedan aprobados, los aprueben o no.

“Por lo que la Mesa Directiva del Senado podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el proceso electivo”, explicó.

El legislador detalló que la resolución del tribunal les pide que la insaculación sea pública, por lo que será transmitida en el Senado y habrá notario público.

Además explicó que serán mil 50 aspirantes, ya que fueron los registrados que tendría que haber entrevistado el Comité del Poder Judicial para posteriormente insacularlos y sacar un número menor. Pero, tras la orden del tribunal, todos estarán en la tómbola del Senado.   

“La Corte determinó mil 50 como elegibles para ir a las entrevistas. Esos mil 50 es los que el tribunal nos está diciendo: ‘Todos van a insaculación’ en el área donde se inscribieron, penal en penal, civil en civil, administrativo, competencia, Tribunal de Disciplina, electoral, ministros, ministras de la Corte. Cada uno en su parte vamos a ir haciendo la insaculación el viernes 31, que es el plazo máximo que tenemos para hacerla”, detalló.

“A todas y todos les pido que sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje, los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el gobierno. Así que, por sobre todas las cosas, privilegiemos el bienestar y la paz de nuestras familias y hagamos juntos causa común por la grandeza de Sinaloa”, declaró tras hablar sobre el asesinato de los niños Alexander y Gael y su padre Antonio en Culiacán, el pasado 19 de enero.

“No tengo pensado renunciar”: Rocha Moya

Sobre las exigencias de que renuncie ante la inseguridad que prevalece en el estado, Rocha Moya declaró que el pueblo tiene derecho a manifestarse y que su gobierno no reprime.

“El pueblo pone y el pueblo quita (…), el pueblo te dice te puse y ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita. No, es el pueblo”.

“No tengo pensado renunciar. No hay razones para eso. ¿Cuántos pidieron en esa marcha ciudadana el ‘Fuera Rocha’? Ponle que todos los que iban ahí, entonces tienes que valorar, esta sociedad está compuesta por más de 3 millones de personas”, declaró.

Insistió que los tres órdenes de gobierno actúan determinación, coordinación y estrategia para recuperar lo antes posible la armonía y tranquilidad social y dar un nuevo rumbo a Sinaloa.

“En esta lucha no hay espacio a la impunidad ni tolerancia alguna con quienes hayan lastimado a sus familias”, mencionó el gobernador, que arrancó su conferencia de prensa La Semanera con la lectura de un comunicado de tres minutos para hablar sobre las manifestaciones y la situación que vive Sinaloa.

Marchas en Sinaloa contra la violencia

Habitantes de Culiacán, Sinaloa, han marchado para exigir mayor seguridad, así como justicia el asesinato de Antonio Sarmiento, trabajador de una notaria, y sus dos hijos menores de edad, Gael de 12 años y Alexander de nueve, quienes fueron atacados a balazos.

Entre las consignas que más se escucharon están “¡Fuera Rocha!” y “¡Con los niños, no!”

Los manifestantes criticaron la falta de resultados de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la ola de violencia que azota al estado desde el pasado 9 de septiembre, la cual ha dejado, con corte al 15 de enero, al menos 719 asesinatos, 858 personas privadas de la libertad, casi 2 mil 500 vehículos robados, al menos 218 detenidos y 50 abatidos.

En Sinaloa, militantes de Morena desacreditaron las marchas ciudadanas en exigencia de paz y de la renuncia del gobernador y señalaron que la oposición busca politizarla, a la par de que funcionarios, tanto de la administración municipal de Culiacán como de la estatal, lanzaron una campaña en redes sociales a favor del mandatario.

De igual manera, funcionarios municipales, estatales, legisladores locales y trabajadores de diversas dependencias lanzaron en redes sociales una campaña de respaldo al gobernador.

Expresó también que “la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder judicial, pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México que se elija al Poder Judicial por voto popular”. 

La jefa del Ejecutivo Federal cuestionó qué pasaría si las 3 mil 805 personas que están en vilo por parte del Comité del Poder Judicial no pudieran avanzar en el proceso de selección, “pues de inicio hay personas afectadas por el proceso y seguiría con personas que no se garantizaron sus derechos de no participar en una elección”. 

La mandataria federal recordó que de acuerdo a lo que se contempla en la reforma constitucional de “los tres poderes a tiempo presentamos a nuestros comités, se hizo la apertura de las convocatorias, se inscribieron, los tres iban caminando muy bien, de pronto el Comité del Poder Judicial dijo yo ya no puedo porque según hay amparos que impiden que yo pueda continuar con esta selección, entonces pararon los trabajos”. 

Su postura pública fue que la última palabra de lo que deberá suceder es de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Me parece muy bien que el tribunal Electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que están participando, que decidieron participar e inscribirse en el Poder Judicial”, además de recordar que tienen hasta el 31 de enero para tener los nombres de las personas que van a participar en la elección.  

Reiteró: “Me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga: ´Bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o Ejecutivo y un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema”.  

Celebró que también el INE “va muy avanzado en el proceso organizativo, ahora quiso poner la Corte esto de que desde el principio no estuvo de acuerdo, pero qué bueno que el Tribunal esté dando una salida”, además de que son pocos días, pero a partir de la decisión del Tribunal Electoral, se le tiene que dar salida.

En el marco de la estrategia de recepción llamada “México te abraza” la STPS apoyará a incorporar a los migrantes al programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que permite a las personas capacitarse laboralmente en un centro de trabajo hasta por 12 meses, mientras reciben por ello un seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un apoyo de 8 mil 480 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo. 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” es un programa que opera en las 32 entidades del país desde 2019. Su objetivo es que jóvenes de todos los niveles educativos, que no trabajen ni estudien en el momento de aplicar al programa, puedan capacitarse laboralmente. Asimismo, permite a empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales capacitar a jóvenes con interés en desarrollar sus habilidades y obtener experiencia laboral.

La incorporación al programa únicamente aplicará para quienes tengan entre 18 y 29 años. Sin embargo, la institución también anunció que implementará estrategias de movilidad laboral para que las y los trabajadores repatriados mexicanos puedan desempeñarse en empleos que coincidan con su perfil laboral. 

No se ha emitido información sobre los requisitos para acceder al programa, más allá del límite de edad, pero se espera que el gobierno mexicano informe sobre los detalles próximamente.

Anuncian la instalación de nueve centros de atención para connacionales repatriados

Como parte de la estrategia “México te abraza” también se instalarán nueve centros de atención, que se ubicarán en seis estados fronterizos, en las ciudades que se indican a continuación: 

Sin embargo, la reforma judicial estableció tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, qué pasaría para el caso de que alguno de los tres poderes no envíe sus listas de candidatos a tiempo al Senado.

El artículo 96 fracción III de la Carta Magna establece que el Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá las listas de candidatos de los tres poderes al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el 12 de febrero del año de la elección.

En su convocatoria, el Senado precisó que los comités de los tres poderes deberán publicar la lista de personas elegibles para obtener una candidatura a más tardar el 31 de enero de este año y los depurarán mediante insaculación.

De este modo, remitirán sus listas finales a más tardar el 4 de febrero al poder que corresponda para aprobarlos a más tardar el 6 y remitirlos al Senado, para lo cual tienen hasta el 8 de febrero.

“Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria (emitida por el Senado) no podrán hacerlo posteriormente”, señala el segundo párrafo de dicha fracción.

Es decir, que si el CEPJF no envía sus listas de personas elegibles a la Corte a más tardar el 4 de febrero, para que esta pueda aprobarlos, el Poder Judicial ya no podrá remitir las listas después.

Incluso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que los listados estén aprobados y sean remitidos al Senado a más tardar el 1 de febrero.

“Las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva estarán impedidas para hacerlo posteriormente”, reitera dicha legislación.

Ambos escenarios fueron planteados por el Congreso de la Unión, en el que Morena y aliados tienen mayoría, en la reforma judicial y las secundarias que avalaron en el primer mes de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

JUZGADORES CRITICAN RESOLUCIÓN DEL TEPJF

Durante la conferencia matutina del PJF, la resolución del Tribunal Electoral fue criticada porque implica que los aspirantes a obtener las candidaturas que se inscribieron ante el CEPJF lleguen a la tómbola directamente sin ser evaluados.

El magistrado Juan José Olvera López explicó que no hay suficientes aspirantes para completar el proceso previo a la insaculación o tómbola prevista en la reforma judicial.

Cuestionó la intención del Senado de que estos aspirantes sean incorporados directamente a la tómbola porque si resultan seleccionados en este mecanismo aleatorio, los candidatos aún deberán ser aprobados por la SCJN.

“Violando flagrantemente la Constitución, el Tribunal Electoral, el Senado y presidencia pretenden que se modifique completamente la constitución como lo establecieron ellos, para que ahora por  cumplimiento sustituto sea el Senado el que elija”, señaló el magistrado. 

Olvera enfatizó en que los únicos facultados para conceder suspensiones son los jueces de amparo y acusó al TEPJF de que, con su resolución, asume atribuciones constitucionales que no tiene.

Advirtió que la resolución del TEPJF, al establecer que si la Corte no aprueba los perfiles enviados por el Senado estos se tendrán por avalados en automático, también es contraria a la Constitución.

“No olviden que por encima de la soberbia que están mostrando (el TEPJF), se deben precisamente a la población, les han vendido la idea a las personas de que esto les va a generar más poder a las personas que van a votar”, enfatizó la magistrada Julia María del Carmen García González.

“Es su afán de legitimar a toda costa y que a fuerza haya alguien de este lado, porque si la Constitución claramente prevé que si no hay candidatos pues se elige con las demás personas, ¿qué necedad de que haya necesariamente alguien de este lado?”

Actualmente ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, hay mil 47 aspirantes registrados y otros que mantienen recursos pendientes ante el propio TEPJF para llegar a los listados.

“Siempre hemos tenido carencias, pero ahora se cancelan cirugías, la enfermera o el enfermero tiene que salir a pedirle el medicamento al familiar para atenderlo, para hacerle una curación. Ahora sí está muy fuerte la crisis”, recalcó. Aunque la carencia es generalizada en los centros de salud, es en los Hospitales Generales donde el déficit se ha hecho más evidente en los últimos tiempos.

“Vamos a hacer una marcha porque en los hospitales no tenemos con qué trabajar, con qué brindarle atención a la ciudadanía. Estamos careciendo de todo, hasta un simple paracetamol se lo estamos pidiendo al paciente para poder atenderlo, y, además de eso, también estamos padeciendo la falta del aguinaldo a los trabajadores”, añadió.

Explicó que el aguinaldo se suele depositar en dos partes: la primera para el Buen Fin y la segunda, como máximo, el 15 de enero. Sin embargo, este último aún no ha sido realizado.

“El año pasado fuimos transferidos a IMSS Bienestar, por lo que todos los recursos se centralizaron y fueron a la federación. Ahora, nuestro pago está atorado justamente en la subsecretaría de egresos de la federación”, detalló.

Y añadió: “No se les ha pagado hasta este momento, 27 de enero, cuando es un derecho que debió haberse cubierto desde el año pasado, con un presupuesto también emitido el año pasado”.

La deuda estatal asciende a 17.5 millones de pesos, afectando a más de 2,400 trabajadores. De ellos, 1,099 corresponden a las secciones de Tijuana, Tecate y Rosarito.

A las 8:30 horas del lunes 27 de enero, salieron desde la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas hacia el Palacio Municipal y finalmente al Hospital General de Tijuana.

Van seis ataques contra figuras políticas en el oriente de Morelos

Este ataque contra Mares Mérida se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el oriente de Morelos en los últimos meses, afectando a diversas figuras políticas de la región.

El 25 de marzo de 2024, Jesús Corona Damián, candidato a la presidencia municipal de Cuautla, sufrió un atentado a balazos durante su campaña.

El 28 de mayo de 2024, Ricardo Arizmendi, suplente del edil de Cuautla, fue asesinado en un hecho violento.

El 7 de enero de 2025, la regidora Tania Martínez denunció amenazas previas a su toma de protesta.

El 8 de enero de 2025, la vivienda del regidor de Cuautla, Mauricio Rodríguez, también fue atacada a tiros.

El 19 de mayo, también se registró un ataque contra la casa de campaña de Marco Cuate Romero, en ese momento candidato a la alcaldía de Axochiapan y actual presidente municipal.

Tanto María del Rosario Matías, como su esposo, el alcalde electo Pedro Luis Hernández, son acusados de otorgar supuesta protección a La Familia Michoacana a cambio de un presunto desembolso de 15 millones de pesos para el financiamiento de su campaña.

Hernández, del Partido del Trabajo, debería haber tomado posesión de su cargo el 17 de diciembre del año pasado, pero se fugó durante el acto, al intentar ser aprehendido por las autoridades. Desde entonces se encuentra prófugo.

Las acusaciones forman parte de la llamada Operación Enjambre, de autoridades federales y estatales, que busca llevar a la justicia a los alcaldes y funcionarios municipales con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según las autoridades mexiquenses, la pareja encabezaba a un grupo dedicado, presuntamente, a intimidar y extorsionar a habitantes del lugar.

En el municipio, 15 personas, entre familiares y exfuncionarios, han sido detenidos por presuntos vínculos con la red que supuestamente operaba la pareja.

Alexander Becerril, abogado de la exalcaldesa, aseguró que las suspensiones concedidas a Matías le brindaban cobertura para no poder ser detenida, un argumento que ha rechazado la fiscalía mexiquense.

Este lunes 27 de enero se llevará a cabo la continuación de la audiencia por el primer cargo de extorsión, en la que se deberá determinar la situación jurídica de la exalcaldesa. El martes se realizará la audiencia inicial derivada de la segunda orden de aprehensión, aparentemente también por un presunto caso de extorsión.