El Poder Judicial de la Federación (PJF) llegará a la primera elección de jueces, magistrados y ministros completamente desarmado y sin candidatos propios, escenario en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido pieza clave.
En las últimas semanas el TEPJF se ha dedicado a allanar el camino a Morena para materializar la reforma judicial a costa de que el propio PJF quede fuera de cualquier decisión.
Desde la aprobación de la reforma judicial, en septiembre de 2024, diversos integrantes del PJF tramitaron más de mil 600 demandas de amparo en las que fueron concedidas suspensiones provisionales que trataron de frenar la ejecución de dicha modificación constitucional.
Entre estas suspensiones se ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al Senado de la República, al Poder Ejecutivo federal y al Instituto Nacional Electoral (INE) no continuar con la organización de la elección judicial bajo advertencia de que serían aplicadas las sanciones previstas en la Ley de Amparo, como multas o el inicio de carpetas de investigación por el delito de desacato.
Fue a partir de estos mandatos que el TEPJF se erigió como la autoridad dentro del Poder Judicial capaz de “rescatar” la reforma judicial de Morena, pues aunque las autoridades tramitaron recursos de queja y de revisión contra las suspensiones, no tenían intención de esperar a que los tribunales Colegiados emitieran sus sentencias.
En octubre del año pasado el TEPJF emitió una primera opinión, cuyo cumplimiento no era obligatorio, en la que consideró que el INE no estaba impedido para continuar con la organización de la elección judicial.
“Es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del INE, en tanto exista norma que constitucionalmente le imponga dicha atribución y mandato”, señala el documento, cuyo proyecto estuvo a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y fue aprobado con los votos de Felipe Fuentes y de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto.
Extralimitación de funciones
Desde aquel momento los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón advirtieron que el Tribunal se estaba extralimitando en sus facultades, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía pendientes diversas consultas sobre quién es competente para revisar la reforma judicial.
Sin embargo, esta opinión del TEPJF bastó para que el INE y el resto del gobierno federal se escudaran para incumplir, sin consecuencia alguna, todas las suspensiones que fueron concedidas en los juicios de amparo.
Para noviembre de ese mismo año los magistrados Otálora y Rodríguez propusieron revocar la convocatoria emitida por el Senado de la República para la elección judicial y la tómbola que realizó para elegir los puestos del PJF que entrarían dentro de los comicios de este año.
Reyes Rodríguez indicó que con la tómbola que realizó el Senado no tomó en cuenta la especialización por materia de los juzgadores y, por el contrario, contabilizó el número de vacancias como si fueran cargos intercambiables.
“La reconfiguración judicial que resulta de esta insaculación tendrá efectos demoledores para el acceso a la justicia de las y los ciudadanos, pues de validarse la lista respectiva, no hay manera de garantizar que habrá suficientes personas juzgadoras en cada materia y en cada circuito para resolver las demandas de las y los mexicanos”, advirtió el magistrado electoral.
Ambos proyectos fueron rechazados por el bloque afín a Morena, conformado por la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
En uno de los amparos, el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, concedió una suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) para frenar cualquier acto tendiente a ejecutar la reforma judicial, es decir, la elección de junio próximo.
En el amparo la JUFED no impugnó normas electorales sino el procedimiento legislativo con el que fue avalada la reforma judicial.
Sin embargo, ante los constantes incumplimientos por parte de las autoridades señaladas como responsables, la Asociación solicitó al juez Santamaría Chamú vincular a otras autoridades al cumplimiento de la suspensión, entre ellas los tres comités de Evaluación de los poderes de la Unión.
Freno al proceso de selección
El 7 de enero de este año el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) emitió un acuerdo en el que, en cumplimiento de la suspensión del juez, decidió frenar el proceso de selección de candidatos para la elección judicial convirtiéndose en la primera autoridad que, desde la presentación de las primeras demandas de amparo contra la reforma judicial, decidió acatar una medida de este tipo.
Esto implicó que los aspirantes que buscaban obtener una candidatura por el PJF se quedaran sin posibilidad de ser evaluados y continuar en el proceso de elección a menos que se hubieran inscrito ante alguno de los otros poderes.
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres solicitaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar el acuerdo del CEPJF, sin embargo, por mayoría de votos los ministros decidieron rechazar tales peticiones. El único que votó a favor de las peticiones de las ministras fue Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Para el 22 de enero, a propuesta de la magistrada presidenta, Mónica Soto, la Sala Superior del TEPJF avaló, con mayoría de tres votos, revocar el acuerdo del CEPJF y le ordenó reanudar el proceso de selección de candidatos en un término de 24 horas.
“En materia electoral no opera la figura de la suspensión, ya que la continuidad de los procesos electorales es un mandato de orden público, por ende, es inviable detener la implementación de los procedimientos electorales”, explicó el TEPJF.
Los magistrados electorales consideraron que el juez Santamaría Chamú carece de competencia para intentar obligar al TEPJF a cumplir con la suspensión que concedió y ordenó dar vista al CJF para que revise el actuar del juzgador y anunció la presentación de una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El CEPJF informó al Tribunal que no podía cumplir con su resolución ante la suspensión concedida por el juez Santamaría y pidió a la SCJN atraer el caso para que defina a qué autoridad debía hacer caso, si al TEPJF o a los jueces de amparo.
De este modo, la Corte estaría obligada a definir si las impugnaciones contra la reforma judicial son de materia electoral o pueden ser analizadas vía amparo.
El 24 de enero la ministra presidenta, Norma Piña, admitió a trámite la solicitud del CEPJF y envió el asunto a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Asimismo blindó al Comité contra cualquier intento del TEPJF de sancionarlo por no reanudar el proceso de selección de candidatos.
“Se impone conceder al Comité de Evaluación la medida cautelar solicitada consistente en mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran. Esto implica que no se actualice en la esfera jurídica de los integrantes de dicho órgano evaluador de este Poder Judicial de la Federación los supuestos que puedan dar lugar a la imposición de sanciones, ya sea de las previstas legalmente como medidas procesales de apremio, o bien como delitos en el Código Penal Federal ante el desacato de un mandato judicial proveniente de cualquier jurisdicción, con motivo de su actuación frente a condenas judiciales aparentemente contradictorias, hasta en tanto el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el procedimiento en el que se actúa”, señaló la ministra Piña.
El 27 de enero el TEPJF informó que en sesión privada y por mayoría de votos la Sala Superior avaló el proyecto de Mónica Soto en el que tuvo por incumplida la sentencia que emitió para que el CEPJF reanudara el proceso de selección de candidatos del Poder Judicial para la elección de junio próximo.
Pero que, ante la suspensión concedida por la ministra presidenta de la Corte, emitió medidas para el cumplimiento sustituto de su sentencia.
“Se vinculó a la Mesa Directiva del Senado de la República para que dé continuidad al proceso de selección de personas elegibles y lleve a cabo la insaculación pública correspondiente, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación del PJF estimó que cumplieron los requisitos, y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, conforme a cada Poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, a fin de que se sometan a consideración del Pleno de la SCJN.
“En caso de que ese órgano jurisdiccional no dé trámite o no apruebe los listados mencionados, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo”, señaló el TEPJF.
Se saltan a la Corte
Es decir, de manera unilateral y sin esperar la resolución de la Corte, el Tribunal ordenó sustituir al CEPJF por el Senado de la República, garantizando a Morena y aliados un campo extra para meter mano en la elección judicial.
Ante esta resolución, los integrantes del CEPF presentaron ante la Corte su renuncia irrevocable e inmediata a dicho cuerpo colegiado.
En entrevista con Proceso la magistrada María Emilia Molina, ahora exintegrante del Comité, explicó la decisión de ella y sus compañeros.
“No hay condiciones para que podamos hacer el trabajo con el que queríamos de alguna forma dejar evidencia de que, ante las condiciones incluso terribles que tiene la reforma constitucional, había maneras de buscar los mejores perfiles dentro de un contexto y una normativa que no permite demasiada exigencia, pero que había formas mejores de hacerlo, y bueno, entre una resolución por un lado y otra resolución por otro que son contradictorias y que además las dos tienen consecuencias jurídicas en las que nosotros no tenemos ninguna facultad para decir cuál es la que vale más”, refirió.
“Esto (la resolución del Tribunal), más allá de impugnaciones, la verdad es que lo que hacía era inviable en nuestro trabajo y por eso presentamos nuestra renuncia, porque lo que sigue vigente también es la solicitud ante la Suprema Corte y ojalá la resuelvan para dar certeza a la ciudadanía y salvar lo que podamos rescatar de nuestro Estado de derecho”.
Al ser cuestionada si con la disolución del CEPJF la petición a la Corte de intervenir en el conflicto queda o no sin materia, la magistrada explicó que eso depende únicamente del Máximo Tribunal, pero consideró importante que los ministros se pronuncien para dejar un precedente histórico para futuras elecciones judiciales en las que se definan las responsabilidades del propio Comité.
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