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“Ya se acostumbraron a que hagamos su trabajo”, el reclamo a Brugada de madres buscadoras

El operativo de búsqueda de los restos de Jael Monserrat en el Ajusco por parte de autoridades capitalinas sólo evidenció su improvisación y falta de compromiso, aseveran buscadoras que los acompañaron durante tres días.

Para la búsqueda de los restos de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en Iztapalapa en 2020, el gobierno de la Ciudad de México montó un despliegue de autoridades en el Ajusco que terminó por evidenciar la improvisación para atender el problema de las personas desaparecidas en la capital del país.

Durante tres días, entre el lunes 27 y el miércoles 29, el gobierno de la ciudad hizo un “operativo de búsqueda” por parte de autoridades administrativas y judiciales, acompañadas de un nutrido equipo de comunicación gubernamental, en el paraje conocido como Llano de Vidrio, ubicado entre las faldas del volcán Ajusco y el volcán Malacatepec.

Funcionarios del gobierno central, entre los que estuvieron empleados de la Secretaría de Gobierno, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas local, acudieron al lugar en donde la madre de Jael Montserrat encontró los primeros restos de su hija en noviembre pasado, después de cuatro años de indagatorias, rastreos y hurgar en esa zona del sur de la ciudad.

De no ser por la guía de los colectivos de buscadores, provenientes de diferentes estados, los funcionarios capitalinos, que tuvieron el cobijo de la seguridad proporcionada por el gobierno federal, habrían regresado sólo con los zapatos llenos de tierra.

Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no ha emitido una declaración en la que reconozca la existencia de una crisis por desaparición de personas en la capital, su administración ya tuvo que encarar a las víctimas indirectas de esta problemática.

Para abordarlo, la mandataria propuso la creación de un “gabinete especial”, pero los afectados se dicen inconformes con la respuesta e identifican una tendencia institucional a hacer frente a la situación con una estrategia política que no se refleja en acciones concretas.

“Ya se acostumbraron a que les hagamos su trabajo”, son las palabras de la madre buscadora. Tiene claro que los familiares no deberían asumir la tarea de buscar a sus desaparecidos, pero en México los colectivos de buscadores son un fenómeno que nace de la inconformidad que genera la actuación de las autoridades y la urgencia por localizarlos.

En la CDMX, Jaqueline Palmeros encabeza el colectivo Una Luz en el Camino, cuya consigna es: “¿Por qué los buscamos? Porque sólo nosotros los encontramos”.

El Estado queda debiendo

Cuando compartió con la prensa que habían sido identificados algunos de los restos de su hija, Palmeros también anunció su plan de regresar a Llano de Vidrio para encontrar la mayor cantidad posible de huesos y dar una digna sepultura a la joven desaparecida en Iztapalapa, desde 2020: “Hasta la última falange, el último diente”.

Con ese antecedente, el gobierno de la ciudad comenzó a abordar el tema de las desapariciones en su agenda, incluso Clara Brugada lo incluyó, aunque de manera superficial, en su discurso de rendición de cuentas por los primeros 100 días de su administración.

Entonces, el lunes 27 de enero comenzó la búsqueda dedicada a Uribe Palmeros y las autoridades capitalinas se hicieron presentes durante los tres días con un despliegue de servidores públicos que presumieron como importante.

El titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Enrique Camargo, acudió acompañado de representantes de la Secretaría de Gobierno (Segob), la FGJCDMX, la Comisión de Búsqueda Nacional (CBN), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), así como elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, se sumaron miembros de la Brigada de Paz Marabunta, activistas de la sociedad civil, periodistas y otras familias buscadoras.

Cada día, más de 100 personas participaron en las búsquedas, pero la mayor parte del esfuerzo recayó en las madres buscadoras que llegaron desde diversos estados como Sonora, Tampico, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas y el Estado de México. Estas mujeres utilizaban las líneas de vida instaladas por Marabunta para bajar por la ladera donde se habían localizado los primeros restos de la joven. Estuvieron mejor preparadas, organizaban el trabajo, aceleraban los procesos, supieron remover la hojarasca con más cuidado, eran más escrupulosas, mostraban una técnica y conocimientos superiores.

A su lado, Marabunta, los bomberos y Corena apoyaban el trabajo, mientras que los oficiales de la Policía de Investigación (PDI) y Enrique Camargo funcionaban principalmente como observadores. Así, se hizo evidente que aunque hubo una respuesta política activa, la actuación en el terreno dejó mucho que desear.

“Nos queda a deber mucho el Estado”, afirmó Jaqueline Palmeros sobre la actuación de las autoridades.

La ausencia de funcionarios en el terreno no sólo refleja su falta de disposición para ensuciarse las botas, sino que también es un indicativo de la falta de voluntad para mejorar las búsquedas. Según la madre buscadora, es necesario que se involucren directamente en las tareas para identificar las carencias en herramientas, personal, compromiso y humanización.

Enfrentan, además, la hostilidad del ambiente. En el Ajusco, las condiciones remarcan la urgencia que existe por aplicar otro tipo de tecnología que controle el depósito de cuerpos en la zona, como la instalación de arcos identificadores de placas.

Otro problema evidente es la cobertura limitada del terreno. En la búsqueda de Jael Monserrat, se abarcaron sólo 60 metros cuadrados, una extensión insuficiente considerando el tamaño del terreno boscoso que rodea la zona. Camargo reconoció que el Ajusco es vasto y que, a pesar de los esfuerzos, las capacidades de las autoridades no lograron abarcar más áreas de búsqueda.

Jaqueline Palmeros también se pronunció sobre la enorme extensión de tierra que queda sin registrarse: “Hoy sé que en este espacio que mis compañeros, solidarios e instituciones presentes trabajaron, no está un pedacito de mi hija, pero me voy incompleta, me voy incompleta porque hace falta mucho y en ese mucho puede estar cualquiera de los hijos o de los hermanos de mis compañeras. Necesitamos seguir trabajando en búsquedas generalizadas, que no sólo busquen a Monse, sino a todos los que nos hacen falta”.

La jornada de búsqueda no fue efectiva, únicamente se localizaron restos que, sin evidencia técnica de por medio, fueron catalogados por los peritos antropólogos como de animales, 17 casquillos de distinto calibre, ropa, juguetes y credenciales, entre ellas, la de un niño de primaria.

Enrique Camargo, quien asistió durante dos días y se negó a dar entrevistas, aseguró que "hicieron el mejor de los esfuerzos".

La valoración de Palmeros fue opuesta: “Si ustedes pudieron observar, quienes estaban trabajando abajo eran las familias y los solidarios. Los funcionarios estaban en lo que les resultaba más cómodo. Incluso Corena estaba allá arriba, y eso no se vale. El día que vea a un fiscal o un comisionado ensuciándose las botas, rascando la tierra, voy a decir, ‘se pusieron en nuestros zapatos’. Mientras eso no pase, nos siguen quedando a deber un montón”.

El Ajusco, sólo una de las fosas clandestinas

La organización del trabajo en la búsqueda no fue encabezada por un Camargo ni ningún otro funcionario. Fue la buscadora Yadira González la encargada de establecer la estructura con la que se trabajó los tres días de búsqueda.

Yadira, que lleva 19 años buscando a su hermano Juan González Hernández, quien desapareció el 15 de julio de 2006, en una localidad del municipio de Corregidora, en Querétaro.

Yadira estuvo al pendiente del papel que desempeñaron todas las instituciones y tomaba decisiones de logística, por ejemplo, si una línea de vida se debía convertir en tirolesa para subir más rápido las cubetas de tierra que se cribaron. Constantemente subía y bajaba por la pendiente para preguntar a las madres qué hace falta, qué se puede mejorar.

En entrevista, lamentó la falta de recurso humano y material que se destina a las búsquedas de personas: “En un país como México, si las familias no salimos a buscarlos, no los vamos a encontrar jamás (...) nosotros deberíamos de ser observadores de los procesos, pero como no confiamos en el proceso institucional, por este letargo que tienen, pues entonces le entramos”.

Compartió que para profesionalizarse tomó talleres de rapel, nudos, primeros auxilios, antropología, arqueología, seguridad y hasta aprendió a “hablar el lenguaje de las instituciones”.

Yadira González no duda en confirmar la gravedad de la situación en el Ajusco: “Es una de las fosas clandestinas de la Ciudad de México, es uno de los focos rojos donde tiene que poner atención el Gobierno de la Ciudad de México para poder disminuir o erradicar la violencia en la ciudad, pero solamente es uno, hay más zonas de riesgo, de depósitos clandestinos”.

Y agregó: “Tiene muy poco tiempo que se hacen búsquedas en el Ajusco, yo esperaría que fuera una constante, es un lugar interminable, por las mismas condiciones climáticas, por la misma vegetación”.

González fue discreta y no mencionó qué otras zonas de la ciudad son utilizadas como depósitos ilegales de restos humanos: “Un chorro, al final, eso es parte de nuestro análisis de contexto, es un trabajo que hacemos las familias y si comparto esas zonas vulnera temas de seguridad para nosotros”.

El Llano de Vidrio, un lugar conocido por ciclistas y senderistas por sus hermosas vistas, nunca volverá a ser visto de la misma manera por Jaqueline Palmeros, pues no dejará de ser el lugar en el que removió la tierra para separar los huesos de su hija de la basura: “Se ha convertido en una zona de muerte, de terror, de hallazgos constantes; parece que las autoridades no nos escuchan”.

El 31 de enero, al grito de “¡Monse, escucha, tu madre esta en la lucha!” fueron despedidos los restos de Jael Monserrat Uribe Palmeros, durante una ceremonia frente a la Glorieta de la Mujeres que Luchan, sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde se presentaron decenas de personas vestidas de blanco.

El féretro, cubierto de pétalos de rosa, fue sostenido por madres buscadoras mientras la cantante Vivir Quintana interpretó la “Canción sin miedo”.

Los asistentes colocaron una ofrenda con flores y cartas. Jaqueline Palmeros dio un mensaje en el que recordó la revictimización que sufrió en el proceso para localizar a su hija.

El 24 de julio de 2020 Monserrat Uribe Palmeros salió de su casa para dirigirse a una supuesta entrevista de trabajo, nunca regresó. Aunque su madre ya localizó sus restos, advierte que su lucha por la justicia continuará hasta que los culpables del feminicidio sean castigados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Trump impone aranceles a México; acusa una alianza del gobierno con el narco

El presidente de EU aseguró que los aranceles de 25% a todos los productos mexicanos estarán vigentes hasta que se detenga el flujo de drogas, en particular el fentanilo, y de todos los inmigrantes ilegales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la imposición del arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá así como un arancel adicional del 10% a China como represalia por la migración ilegal y el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el presidente estadunidense afirmó que tomó la medida para proteger a sus ciudadanos de los inmigrantes ilegales y las drogas que llegan a dicho país.

“Hoy he implementado un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá (10% a la energía canadiense) y un arancel adicional del 10% a China. Esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) debido a la gran amenaza que representan los inmigrantes ilegales y las drogas letales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo.

“Necesitamos proteger a los estadunidenses, y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. Hice una promesa durante mi campaña de detener la avalancha de inmigrantes ilegales y drogas que cruzaban nuestras fronteras, y los estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de ello”, señaló en la red social.

Proceso informó que, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, Canadá fue notificado de la imposición del arancel.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se asegura que los aranceles estarán vigentes hasta que se detenga el fujo de drogas, en particular el fentanilo, y de todos los inmigrantes ilegales.

Denuncia alianza del gobierno mexicano con el crimen organizado

En el comunicado emitido por la Casa Blanca, se asegura, sin dar pruebas o detalles, que "las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”.

“El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadunidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles", agrega.

Ebrard se reunió con la IP antes del anuncio

En el marco de las amenazas de Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con la iniciativa privada.

“Reunión en la que el sector privado de México cierra filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y su defensa del interés nacional frente a cualquier arbitrariedad comercial o de otra índole que debamos encarar en las próximas horas”, indicó el funcionario.

Sin embargo, hasta el momento el gobierno federal no ha informado lo ocurrido durante la reunión ni las medidas que se tomarán para hacer frente al nuevo arancel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Rommel Pacheco revela que Ana Guevara no ha aclarado observaciones por 437.8 mdp

El director de la Conade aclaró que su administración recibió 10 auditorías en curso correspondientes a las cuentas públicas de 2018 a 2023.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, emitió un comunicado en el que dio a conocer que su administración recibió 10 auditorías en curso correspondientes a las cuentas públicas de 2018 a 2023 con 43 pliegos de observaciones por un monto de 437.8 millones de pesos por aclarar, recursos que ejerció su antecesora Ana Guevara. 

Lo anterior forma parte de la aclaración que el funcionario hizo luego de que, en el transcurso de la semana, dijo que hasta el momento no había encontrado irregularidades en la entrega-recepción, y que las “dudas que habían surgido” habían sido aclaradas por la administración anterior. 

"Este proceso (la entrega-recepción) no ha terminado, aún se encuentra en curso, ya que se realizaron observaciones al acta de entrega de la administración saliente y respecto a las respuestas de esas observaciones se ha dado vista a la representación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la cual corresponden los siguientes pasos a seguir”, señaló Pacheco en un comunicado publicado en sus redes sociales. 

Asimismo, precisó que las 10 auditorías mencionadas siguen abiertas y durante los cuatro meses que él ha dirigido la Conade se ha entregado toda la información solicitada por la Auditoría Superior de la Federación. 

“Es a esa instancia de vigilancia y no a su servidor a quien corresponde el pronunciamiento final sobre ese tema”, añadió. 

Pacheco insistió en que tiene "el compromiso de trabajar con transparencia, puertas abiertas y total honestidad”, no obstante, conservó a personal que trabajó con Ana Guevara y que fue señalado por malversar recursos; uno de ellos es Alejandro Gutiérrez, brazo derecho de Israel Benítez, el exsubdirector de Calidad para el Deporte, y quien es el responsable de tratar con los presidentes de las federaciones para la operación de los eventos internacionales. 

Gutiérrez es un exempleado de la empresa Moveo Lab, del empresario Gabriel Ramos, quien fue el más favorecido para la organización de eventos internacionales, entre ellos beisbol, tiro con arco, voleibol de playa y Juegos Nacionales Conade.  

Las empresas que opera Ramos han sido señalas por la Auditoría Superior de la Federación porque no se comprobaron los recursos federales de manera correcta durante el Mundial de Taekwondo 2022 realizado en Guadalajara y los eventos del voleibol de playa que tuvieron lugar el mismo año en Tlaxcala, lugar de origen de Gabriel Ramos.  

Ramos, quien ahora también es el presidente de la nueva Federación Mexicana de Tiro con Arco, ya gestionó que tres eventos internacionales de este deporte se realicen en México en 2026, 2027 y 2028. Pacheco sigue trabajando de la mano de este empresario. 

Finalmente, pese a que fue el director de la Conade quien erró al hacer las mencionadas declaraciones, invitó a los medios de comunicación a “evitar generar dudas o desinformación” que afecten el crecimiento del deporte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PERAYRA.

BC, una bomba de tiempo

Esta última semana, Baja California ha sido escenario de horrendos crímenes con autoría de los cárteles de la droga que, por la fuerza, la violencia y el plomo, poco a poco han ido tomando territorios en detrimento de la sociedad, y en algunos casos, con la complicidad de elementos de corporaciones policiacas.

La cruenta guerra criminal que sostienen los grupos del Cártel de Sinaloa en Culiacán, con Los Mayos indignados porque Los Chapos entregaron a las autoridades de Estados Unidos a su padre, suma cientos de asesinatos y desapariciones, y ha comenzado a expandirse a otros estados, entre éstos Baja California.

En el Valle de Mexicali, como se consigna en un reportaje publicado en esta edición de ZETA, Los Chapitos han logrado lo que por muchos años intentaron: asentarse en esa zona limítrofe con el Estado de Sonora, para desde ahí controlar la criminalidad en el Noroeste de México. Como puede resultar evidente, no lo hicieron por las buenas, dejando muchos muertos en el camino y una estela de sangre y casquillos a su paso.

En tres años de gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha logrado ni combatir la inseguridad, ni disminuir los índices de violencia en la entidad. En unos días tomará posesión del cargo su tercer secretario de Seguridad, otro General del Ejército Mexicano comisionado a la zona.

El primero fue el General Gilberto Landeros, quien no logró coordinarse con la Fiscalía General del Estado y fue cambiado ante la falta de resultados, debido a esa descoordinación. El segundo fue el General Leopoldo Aguilar Durán, quien logró enemistarse con mandos municipales, tomar policías en los ayuntamientos y relevarlos de sus funciones para investigarlos, pero tampoco consiguió la depuración ni la baja en los índices delictivos en el Estado.

El tercero en el cargo llegará los primeros días de febrero: General Laureano Carrillo Rodríguez, pero no con buenos antecedentes, al menos no de resultados; su última encomienda previa a la bajacaliforniana, fue en Celaya, Guanajuato, ciudad tan insegura que le ha quitado a Tijuana los primeros sitios entre las más violentas del país. Sin embargo, el Ejército, que no la gobernadora, le ha confiado otra de las zonas más golpeadas por la criminalidad organizada, Baja California.

Aparte de a punta de balazos, amenazas y sangre, asentarse Los Chapitos en el Valle de Mexicali para desde ahí dirigir su ilícito negocio hacia el resto de BC, el Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene una extensa guerra contra Sinaloa en otros tres municipios: Tecate, Ensenada y Tijuana.

En el exceso del terror que les da la impunidad, el domingo 26 de enero, los del CJNG secuestraron a un comerciante de alimentos de Tecate. A las horas abandonaron su cuerpo cercenado en una zona agreste de ese municipio, y después, su cabeza fue dejada en una hielera en otro municipio, en Ensenada. En ambos casos, con mensajes amenazantes del CJNG hacia elementos del CDS, y en medio, policías coludidos con estos últimos.

A esta guerra insana entre cárteles se suma el hecho que las policías municipales de Baja California no han sido debidamente acreditadas en los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza, lo cual es evidente con el señalamiento de policías de cómplices de células del narcotráfico, o con la aprehensión de elementos en la comisión de delitos que deberían impedir, o por los resultados de los exámenes, como el caso de Tecate, donde prácticamente el 50 por ciento de la corporación no los aprobó.

Baja California está siendo tomada por los cárteles y los crímenes ya están afectando a ciudadanos que nada tienen que ver ni están relacionados con los mismos o con sus células delincuenciales. Un investigador explicó a ZETA sobre el caso del secuestrado y asesinado en Tecate, que la hipótesis de que los privan de la libertad porque están involucrados en el negocio ilícito, en esta ocasión no tenía cabida, dado que el hombre era una persona honesta, trabajadora y dedicada a la venta de marisco, pero sospechaban que algunos de sus clientes pertenecen al Cártel de Sinaloa, lo cual fue percibido por los criminales Jalisco y arremetieron contra un inocente.

A pesar de aparatosos retenes de los tres órdenes de gobierno, los cárteles de la droga en Baja California tienen libre tránsito entre un municipio y otro. Ahí está el caso del domingo 26 de enero, cuando asesinaron al restaurantero en Tecate, tiraron su cuerpo cercenado, pero la cabeza la trasladaron en vehículos por 106 kilómetros, atravesando incluso la Ruta del Vino, para ir a dejarla al puerto de Ensenada. Esto resulta en una bomba que en cualquier momento estallará, como ha sucedido en Sinaloa, ante la colusión de gobiernos locales, de la mano del nacional, con las estructuras del tráfico de drogas.

Según números oficiales, el año 2024 cerró en Baja California con 2 mil 401 personas asesinadas de manera violenta. En 30 días de enero de 2025, van 180 ejecutados en el Estado 29, entre ellos inocentes, mujeres, niños, trabajadores honestos.

La escalada de violencia va de la mano con la actitud omisa de una Fiscalía General del Estado que desde la cabeza arguye que su responsabilidad no es perseguir al crimen organizado y el narcotráfico, donde se originan la mayoría de los homicidios dolosos, pero tampoco es capaz de combatir el narcomenudeo, base de los cárteles de la droga y que legalmente sí está en su facultad perseguir. Lo mismo que los cárteles impunes amplían poderíos territoriales ante una evidentemente fracasada estrategia desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya va por su tercer titular y cero continuidad.

La creciente violencia de los cárteles, los actos de terror con narcomantas y asesinatos, requieren una pronta estrategia integral que funcione. De lo contrario, el estallido criminal será imparable en esta frontera norte.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

El INE recibirá 800 millones de pesos de Hacienda en los próximos días para seguir con elección judicial

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el trámite para la ampliación presupuestal está listo ante la Secretaría de Hacienda y solo falta se realicen los depósitos.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que en los próximos días recibirán 800 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, como parte de la ampliación presupuestal que se les avaló para la elección judicial.

En entrevista al concluir un evento  del Instituto, la consejera presidenta dijo que el trámite de la ampliación presupuestal ya está listo y solo esperan el depósito de los recursos.

“Ya está todo en Hacienda, está el trámite listo (…) 800 millones. Nada más están generando la estructura que se tiene que generar por disposición de Hacienda. Se abre un portal, tú entras, capturas, y cuando eso está concluido ya te dicen los datos”, dijo.

Taddei también señaló que con esta cantidad podrán instalar 84 mil casillas seccionales, más de las poco más de 70 mil que se habían proyectado.

El INE pidió 1,511 millones de pesos

El pasado 16 de enero, el INE avaló la solicitud de ampliación de presupuesto por 1,511 millones 757 mil 665 pesos a la Secretaría de Hacienda, para la organización de la elección judicial.

Ese mismo día por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que no había recursos adicionales, solo los 800 millones provenientes de un fideicomiso de la Corte.

En las primeras horas del 31 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó un ajuste presupuestal interno, reduciendo a más de la mitad los recursos que se habían proyectado para la primera elección judicial, quedando en 6,219 millones de pesos.

Desde ese momento, la presidenta del INE confió en que habría una ampliación de recursos tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas de seguridad detienen a 67 policías municipales de Chiapa de Corzo, incluido su director

También fueron asegurados 20 elementos de Tránsito Municipal, un vehículo Chevrolet Silverado Pickup y 16 armas, entre ellas 12 largas y cuatro cortas.

Fuerzas federales y estatales detuvieron la mañana de este viernes a 67 elementos de la Policía Municipal del ayuntamiento de Chiapa de Corzo, incluido el director Jesús “N”, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). 

La operación policiaca se realizó “derivado de una orden de cateo y presentación”, como parte de la estrategia de seguridad de “cero corrupción y cero impunidad”, señaló la dependencia.

En el lugar también fueron asegurados 20 elementos de Tránsito Municipal, un vehículo Chevrolet Silverado Pickup y 16 armas, entre ellas 12 largas y cuatro cortas. 

“Esta acción forma parte de los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad para garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los chiapanecos”, manifestó. 

Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, entre ellos: la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP); la Policía De Investigación (PDI); la Fiscalía General del Estado (FGE); del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal. 

La dependencia aseguró que “continúa trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado para garantizar la Cero Corrupción en todo el estado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Comando armado ataca a motociclistas en Villahermosa y deja tres muertos

El ataque ocurrió cuando un grupo de motociclistas hacía competencias en esa zona. Los jóvenes ejecutados quedaron a la orilla de la carretera junto a sus motocicletas.

Tres jóvenes muertos, entre ellos una mujer, es el saldo de un ataque armado ocurrido esta madrugada a un grupo de motociclistas que hacían "arrancones" en una zona de alta plusvalía.  

Los primeros informes indican que la agresión ocurrió alrededor de las dos de la mañana, en el boulevard Bicentenario, a la altura del exclusivo fraccionamiento El Country, y fue perpetrado por hombres que viajaban en un taxi, que era escoltado por otro vehículo particular tipo Versa.

En lugar murieron dos hombres y una mujer, y otra persona más resultó herida. El ataque ocurrió cuando un grupo de motociclistas hacía competencias en esa zona. 

Los jóvenes ejecutados quedaron a la orilla de la carretera junto a sus motocicletas. El taxi con número económico 1672 utilizado por los sicarios fue encontrado chocado y abandonado más adelante del lugar del crimen. 

Esta mañana también fue localizado el cadáver de un hombre entre las calles José Moreno Irabien y Plutarco Elías Calles, de la colonia Primero de Mayo. El sujeto presenta un impacto de bala a la altura del pecho.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.

Sheinbaum en desacuerdo que masacre a la familia LeBaron se investigue como terrorismo

Sheinbaum pidió que el gabinete de seguridad y al fiscal general de la República expliquen por qué el gobierno mexicano no considerará a los grupos criminales como terroristas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no coincide con un juez que ordenó a la Fiscalía General de la República investigar la masacre de la familia Lebarón y Langford como terrorismo, aunque considera que se le ha dado justicia integral a las familias de las víctimas.  

“No coincidimos con el juez, por supuesto que hay que trabajar permanentemente en contra de los grupos criminales, pero como bien lo ha explicado aquí el secretario de Seguridad de la Defensa, la connotación de terrorismo es distinta”, afirmó.

La mandataria federal pidió que sea el gabinete de seguridad y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes expliquen por qué el gobierno mexicano no considerará a los grupos criminales como terroristas.  

“Son grupos criminales a los que combatimos permanentemente”, aseguró ante la masacre que se cometió en el anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador y luego de la resolución de un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano.  

En torno a si esa orden del juez daría justicia a las familias, reiteró: “Que lo contesten en particular por qué las características de esta denominación y las implicaciones que tiene, pero la justicia a las familias se está haciendo porque es independiente, hay muchísimos detenidos respecto a este acto delictivo y la justicia integral a las familias”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

INAI dio “pretextos” para hacer respaldo de 15 mil millones de archivos de la Plataforma de Transparencia, dicen organizaciones

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, aseguró que las organizaciones podrían respaldar los archivos de la PNT si los solicitan por transparencia.

Luego de dos meses de comunicación entre Artículo 19 y el INAI, y un llamado público emitido por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar el respaldo ciudadano de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las organizaciones reclaman que los “han hecho a  un lado” y durante este tiempo solo hubo “pretextos” para no concretar el respaldo de la información.

Además, cuestionan que el INAI esté ya en el proceso de entrega de la información a la Secretaría Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, sin que exista una ley, en este momento que lo permita, ni que hayan informado los parámetros legales de ello.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, aseguró que hay muchas dudas de este proceso. “Se tiene que hacer público ese protocolo. Además, no sabemos por qué le van a dar toda la plataforma al Poder Ejecutivo Federal si todavía no está la Ley Secundaria. ¿Por qué se asume que el Poder Ejecutivo Federal va a tener la información de 7 mil 500 sujetos obligados? ¿Dónde está esa competencia? Hay muchos vacíos legales y técnicos que se tienen que transparentar”.

En tanto, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia, dijo que les entregará la información si lo solicitan vía transparencia.

“Vamos a hacer unas cintas magnéticas con el respaldo de la información, y las organizaciones tienen el derecho de petición, además el Artículo 6to constitucional sigue, y como organizaciones civiles pueden pedir una copia de las cintas magnéticas en una solicitud de información”, dijo Del Río en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, desde noviembre pasado, Artículo 19 se acercó con la comisionada Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma, y el resto de comisionados del INAI para establecer un procedimiento de resguardo de los más de 15 mil millones de archivos públicos y asegurar que siga siendo accesible para los ciudadanos. 

La comunicación continuó en los meses siguientes, pero no hubo concreción de un acuerdo formal para que Artículo 19 estuviera a cargo de un repositorio de la información. En cambio, el proceso de traspaso de información de la PNT está desarrollándose entre el INAI y la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, sin que exista una ley que así lo establezca, toda vez que no han reformado las legislaciones en materia de Transparencia que norme este traspaso de información. 

Organizaciones e INAI acordaron descarga de información de la PNT

En noviembre, las organizaciones sociales y el INAI  habían acordado establecer el camino jurídico y técnico para descargar la información pública y publicada del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), con al menos 16 teras de información para hacer un respaldo ciudadano junto con organizaciones sociales, academia y periodistas, explicó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, en entrevista con Animal Político. 

“Nos desconcierta que después de dos meses de trabajo no hayamos podido llegar a nada, pero ojalá ahora sí se cumplan con los compromisos asumidos desde el 23 de noviembre cuando nos reunimos con la comisionada Norma Julieta, con el presidente Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, y el equipo de tecnologías, porque han puesto muchos pretextos para que no logremos avanzar en el respaldo ciudadano de la Plataforma. Estábamos sobre la mesa con la mejor disposición y básicamente nos han hecho a un lado.”

Este jueves, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicaron un comunicado para llamar al INAI a que garantice el resguardo, acceso público y la transferencia de los datos y la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“La desaparición del INAI ha generado una grave incertidumbre sobre el futuro de la PNT, ya que la falta de claridad sobre su resguardo y transferencia plantea una profunda preocupación”, advierte la publicación.

Por ello, “urgimos que establezca un mecanismo de acceso y descarga de la información contenida en la PNT mientras la nueva institución encargada asuma las funciones, asegurando así la continuidad en el acceso a esta herramienta esencial”.

Norma Julieta del Río afirmó que durante las reuniones con las organizaciones sociales hicieron pruebas para la descarga de la información, pero “afecta la base de datos de la Plataforma”. 

“Cuando tuvimos la reunión con la secretaria, le comenté del interés y la preocupación de las organizaciones civiles y ella dijo que la Plataforma iba a continuar y que incluso proponía hacer una validación criptográfica, que en términos llanos es como ‘poner una huella digital única’ de las cintas magnéticas de información, de tal manera que nadie pueda alterar la información que se entregue en la transición”.

Del Río ofreció retomar las reuniones con las organizaciones sociales y buscar una reunión con la secretaria Buenrostro. 

En el comunicado de las organizaciones sociales, también hicieron un llamado a “dialogar con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien será la encargada de la transparencia desde el poder Ejecutivo, para colaborar en la preservación de la PNT y garantizar que siga siendo una herramienta accesible, eficiente y orientada a fortalecer la democracia en el país”.

Animal Político preguntó a la Secretaría Anticorrupción cuál sería su respuesta ante este llamado, pero no hubo respuesta.

Artículo 19 propuso ser el responsable del resguardo de la información, toda vez que tiene una experiencia previa con el “Proyecto Archivos de la Represión”, una plataforma que contiene las fichas de la Dirección General de Seguridad relativas al espionaje durante la Guerra Sucia, pues se trata de información de interés público. 

Bajo esa misma premisa es que Artículo 19 quería replicar el ejercicio con la PNT, para que los ciudadanos no pierdan su derecho a la información si es que la Plataforma dejara de funcionar, tras la extinción del INAI. 

¿Qué hay en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)?

Desde mayo de 2016, la PNT ha sido una herramienta mediante la cual cualquier ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información, toda vez que puede consultar datos personales, y todo lo referente al actuar de gobiernos estatales, municipales y Federal, además de partidos políticos, fideicomisos o sindicatos y de cualquier ente que reciba recursos públicos.  

Hasta el momento suma más de 14 mil millones de archivos, lo que equivale a 40 veces lo contenido en el Archivo General de la Nación. La PNT es resultado del cumplimiento durante más de diez años de obligaciones por parte de más de 7 mil sujetos obligados en todo el país y está estructurada en cuatro rubros diseñados para garantizar el ejercicio del derecho a saber. Se trata de lo siguiente:
  • El Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el cual recopila la información que las autoridades están obligadas a publicar de manera proactiva.
  • El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), que facilita la presentación de solicitudes y resguarda las respuestas emitidas por los sujetos obligados.
  • El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), donde se ubican los recursos de revisión ante respuestas inadecuadas o negativas a  solicitudes de información.
  • Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM), diseñado para organismos garantes y sujetos obligados, que permite gestionar de manera electrónica los recursos de revisión originados por las inconformidades de la ciudadanía.
“La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para garantizar que actualmente la información pública sea accesible, lo cual promueve una cultura de transparencia y apertura gubernamental que fortalece a la democracia y permite la protección de otros derechos humanos”, advierte el comunicado de Artículo 19.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Espionaje sin control: desde fiscalías hasta gobiernos estatales, Pemex, Guardia Nacional usaron herramientas de vigilancia

Un informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) revela que autoridades, gobiernos e instituciones utilizan las herramientas de vigilancia para espiar a ciudadanos aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.

En México, desde las fiscalías hasta gobiernos estatales e incluso instituciones como Petróleos Mexicanos y la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional han adquirido y utilizado herramientas de intervención de comunicaciones, extracción de información de dispositivos, geolocalización, y hasta antenas falsas para espiar a ciudadanos, pese a que no tienen facultades legales o no contaron con orden judicial para ello. 

Así lo revela el informe “El Estado de la Vigilancia” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que incluye el diagnóstico de la vigilancia en las comunicaciones en el país realizada desde 2012 y hasta 2023, de acuerdo con registros oficiales de las adquisiciones y hallazgos de equipos intervenidos, sobre todo de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.

De acuerdo con datos publicados por el Poder Judicial de la Federación, existe una clara tendencia al alza en la resolución de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas por parte de jueces federales en los últimos años. 

Mientras en 2017, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los jueces recibieron mil 756 solicitudes para intervenir comunicaciones, en 2018, el año de la transición, hubo 5 mil 881  y para 2023 registraron 10 mil 626, lo que representa un crecimiento de 80% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, existe evidencia de que las autoridades utilizan las herramientas de vigilancia aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.

Por ejemplo, si bien la Guardia Nacional reportó haber solicitado la autorización para la intervención de comunicaciones privadas 92 veces en el año 2020, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por R3D, la Guardia Nacional reportó haber intervenido las comunicaciones privadas de 289 líneas telefónicas (3.14 líneas por solicitud).

Además, aunque instituciones como las Fiscalías tienen la obligación de reportar las solicitudes de intervención de las comunicaciones, en 2020, la Fiscalía General de Chihuahua reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber realizado 524 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. Pero en respuesta a solicitudes de información, dijo haber realizado 601. 

Sobre el acceso a datos conservados y geolocalización a empresas de telecomunicaciones, R3D advierte que “existen otros indicios de un mayor subregistro derivado del abuso del mecanismo excepcional contemplado en el artículo 303 del CNPP, para solicitar directamente el acceso a datos conservados a las empresas de telecomunicaciones sin control judicial previo y sujeto a la ratificación posterior por parte de la autoridad judicial federal”.

A partir de los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, entre 2016 y 2019, las autoridades admiten que al menos el 57.3% de las solicitudes reportadas fueron realizadas sin control judicial previo, de las cuales el 76.7% fueron realizadas invocando las causales de excepción a las que se refiere el artículo 303 del CNPP y de ellas, el 39.5% no fueron ratificadas total o parcialmente.

Entre los abusos que se han documentado, se encuentra evidencia revelada por The New York Times en noviembre de 2023 sobre cómo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.

La Fiscalía solicitó esta información a la empresa de telecomunicaciones Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones e invocando las causales de excepción de la autorización judicial previa a las que se refiere el artículo 303 del CNPP.

Sin embargo, R3D sostiene que se trata de un “modus operandi”, toda vez que también le ocurrió a la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.

“A partir de estos casos se ha apreciado un modus operandi en el que las fiscalías abren una investigación o usan una existente y, con base en ‘información anónima’, solicitan a las empresas de telecomunicaciones que les den información de números que no guardan relación con algún delito. De esta forma se utilizan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves con la intención de eludir la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, señala el informe.

La organización R3D documentó en “El estado de la Vigilancia” que en México se han usado herramientas como FinFisher de Gamma International, Galileo de Hacking Team, Pegasus de NSO Group y Reign de Quadream para infectar equipos y acceder a toda la información del usuario. 

También han utilizado herramientas de extracción forense e incluso antenas falsas y geolocalización basada en la explotación de vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones. 

En 2013 y 2015, una investigación de Citizen Lab –laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto– reveló evidencia sobre la presencia de servidores de comando y control de FinFisher en 32 países, incluyendo en México.

Sobre Galileo de Hacking Team, gracias a una gran cantidad de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team fueron filtrados al público el 5 de julio de 2015, se demostró que la empresa de software de espionaje había vendido sus productos a gobiernos de países bajo graves crisis de derechos humanos, tales como Baréin, Sudán o Uzbekistán. De un total de 35 naciones. 

En México, los gobiernos locales mencionados con relaciones comerciales con Hacking Team se encuentran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero,  Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán; así como dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Otro ejemplo es Pegasus de NSO Group, una compañía israelí que asegura dedicarse a “proveer a gobiernos autorizados con tecnología que los ayude a combatir el terror y el crimen; la compañía vende solo a agencias gubernamentales autorizadas, y cumple cabalmente con estrictas leyes y regulaciones de control de exportaciones”

El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.

El espionaje continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 y 2022, toda vez que existe evidencia de que la Sedena adquirió un software a la empresa autorizada para la venta del software en México, con el que accedió a la comunicación celular del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.

También se realiza vigilancia masiva con antenas falsas, aunque México no tenga un marco legal de regulación. Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información pública realizadas por R3D, se ha documentado la compra de antenas falsas por parte de diversas autoridades como las Procuradurías de Baja California, de la Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Puebla. 

Además, documentos internos de la SEDENA revelan la adquisición y uso de antenas falsas de marca Verint, Modelo Engage Pi2, también denominado por el Ejército como “Sistema GSM Pasivo”.

Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita. en 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por el spyware Pegasus, principalmente personas defensoras de derechos humanos y periodistas, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable. 

“La Fiscalía, entre otras deficiencias, se ha negado a realizar actos esenciales de investigación, ha obstruido y fragmentado las investigaciones, ha hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas y les ha negado copia de los expedientes”, afirma el informe.

Respecto a la más reciente investigación sobre el abuso de Pegasus por parte del Ejército entre 2019 y 2022, la Fiscalía no ha logrado ningún avance en más de dos años. Ni siquiera ha podido obtener los contratos en los que el Ejército obtuvo licencias para operar Pegasus. 

Esto porque la Sedena se ha negado a hacer públicos los contratos con NSO Group para la adquisición de Pegasus u otros sistemas de vigilancia, como prometió públicamente el presidente López Obrador,  a pesar de las numerosas pruebas y documentos que muestran el número y las fechas de los contratos, así como los pagos realizados por la institución.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rommel Pacheco aclara que aún se revisa la administración de Ana Guevara en la Conade

Desde que Guevara asumió la dirección de la Conade, cada año la ASF, el máximo órgano fiscalizador del país, ha hecho observaciones y denunciado las irregularidades encontradas.

Luego de las declaraciones en las que exoneró a Ana Guevara, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, dio a conocer que “algunos medios de comunicación no entendieron bien el mensaje”, por lo que precisó que apenas se está realizando el proceso de entrega-recepción, por lo que si encuentra irregularidades serán atendidas. 

“Lo que a Conade está haciendo en la entrega-recepción estos primeros días, y todo lo que se llegara a encontrar tendría que pasar a las instancias acordes a su materia. En un inicio sería el Órgano Interno de Control que, por cierto, se hicieron algunos señalamientos o preguntas, el cual (sic) la antigua titular tendría que contestar y ese proceso está arrancando”, declaró el funcionario durante su visita a Tijuana, Baja California, el jueves 30 de enero.

Asimismo, indicó que cuando declaró que no ha encontrado irregularidades en la gestión de Ana Guevara como titular de la Conade, pese a que fue la servidora pública más desaseada y señalada de la Cuarta Transformación, omitió mencionar la investigación que sigue abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque “eso está desde antes que yo llegara”. 

“Conforme a los adeudos de la administración pasada que ya hay una carpeta, una investigación que se está haciendo a través de la ASF y la Fiscalía esa está en proceso desde antes de que yo llegara, por eso no la mencioné ayer, esa sigue su curso. Yo soy, y la instrucción que tengo es ser transparente, es una administración que si surgiera algo hay que dar el material necesario, pero trato de no desgastarme en eso y me enfoco en lo que es verdaderamente importante que es atender a los atletas”, añadió. 

El próximo 20 de febrero, la ASF dará a conocer su informe correspondiente al análisis del uso de los recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2023. Desde que Guevara asumió la dirección de la Conade cada año el máximo órgano fiscalizador del país ha hecho observaciones y denunciado las irregularidades encontradas. 

De igual manera, en 2019 la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el Primer Informe de Fiscalización en donde reveló el desvío de recursos que ya existía en el fideicomiso llamado Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el cual, justamente por las irregularidades detectadas, fue extinguido en junio de 2021 como para parte de las acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

Retrasos, confusión y errores en la tómbola de aspirantes a la elección judicial

El Senado de la República realizó 68 sorteos en total, aunque debió repetir algunos tras confusiones con el género de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros.

Sin la oposición, con retrasos, confusión y con repetición de sorteos, el Senado de la República realizó 68 procesos de insaculación de mil 239 aspirantes inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ) para las listas finales para el Instituto Nacional Electoral (INE) que irán a la elección del próximo 1 de junio.  

Al filo de las 13:30 horas, con un retraso de una hora y media, el Senado de la República inició la insaculación de los juzgadores registrados en el Poder Judicial ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La demora, explicó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue porque en la madrugada del 30 de enero el Tribunal Electoral les envió la lista de los juzgadores que impugnaron, además de tres más que envió la Suprema Corte, por lo que la lista de mil 46 aspirantes se incrementó a mil 239, lo que implicó ajustes en el proceso.  

Pese a la experiencia previa, en la reciente insaculación también se cometieron algunos errores, como en la primera ronda de insaculación, en donde en el listado del TEPJ aparecía el nombre de Marisol Herrera con género indistinto, por lo que tuvieron que modificar el número de género de participantes en la tómbola. 

En la segunda ronda de insaculación también hubo un error al confundir un nombre de un hombre con una mujer, por lo que Gerardo Fernández Noroña pidió repetir esa insaculación.  

“A ver, producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera, una mujer. Ya está resuelto. No tiene por qué excluirse el número 10, porque allá aparece un nombre, José Isabel, con el número 10. Si se hace la insaculación sin el número 10, estarían excluyendo a esa persona. Bueno, pues es equivocado. Ofrecemos una disculpa. Retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser, incluido el número 10”, ordenó.  

Los 68 procesos de insaculación se repartieron de la siguiente manera: 46 para jueces de distrito, 17 para magistraturas de Distrito, una para el Tribunal de Disciplina Judicial, tres para el TEPJF y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

La última insaculación fue la de los ministros de la SCJN, en la lista enviada por el PJ fueron nueve mujeres, mismas que pasaron de manera automática al listado final, ya que sus postulantes tendrían que ser 15, pero sólo se registraron 12; las juzgadoras que pasaron de manera automática fueron:
  • Ana María Ibarra Olguín 
  • Dora Alicia Martínez Valero 
  • Yasmín Bonilla García 
  • Ludgarda Madrigal Valdés 
  • Magda Zulema Modri Gutiérrez 
  • Marisela Morales Ibáñez 
  • Olivia Aguirre Bonilla 
  • Paula María García Villegas Sánchez Cordero 
  • Rosa Elena González Tirado
Para los hombres sí hubo insaculación, ya que fueron 21 aspirantes, de los cuales sólo 12 de ellos podrían estar en la lista final; los juzgadores elegidos fueron:
  • Edgar Corzo Sosa 
  • Guillermo Pablo López Andrade 
  • Sergio Javier Molina Martínez 
  • Ángel Mario García Guerra 
  • Carlos Enrique Odriozola Mariscal 
  • Jaime Salvador García González 
  • César Enrique Olmedo Piña 
  • Ulises Carlin de la Fuente 
  • Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano 
  • Jaime Ariel Campuzano 
  • Ricardo Alfredo Sido Cuellar  
  • Ricardo Garduño Pastel
Con más de siete horas, la Mesa Directiva del Senado terminó los 68 procesos de insaculación, ejercicio que Gerardo Fernández Noroña calificó como “histórico” y un paso importantísimo en la elección de las personas juzgadoras el 1 de junio, abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. 

Con ello, las listas de las aspirantes del Poder Judicial de Federación serán publicadas en el Senado y enviadas al INE, salvó las listas de aspirantes a la SCJN, que tendrá que ser enviadas a los ministros de la Corte para su aprobación, sin embargo, si no aprueban la lista pasará de facto al instituto electoral, como lo ordenó el TEPJF.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

El bloqueo migratorio de Trump deja a miles de migrantes atrapados en México

El responsable de un albergue para migrantes en Tapachula, en la frontera con Guatemala, indica que ha habido algunos retornos a países centroamericanos, pero para muchos otros no hay opción de volver atrás y pedir asilo en México empieza a ser una alternativa tangible.

El retorno a la Casa Blanca del magnate republicano Donald Trump ha dejado al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos, en México, a miles de personas con la incertidumbre de no saber si en algún momento podrán dar el salto hacia territorio estadunidense y, en gran parte de los casos, sin posibilidad de dar marcha atrás en el camino emprendido en busca de una vida mejor.

Es el caso de Natasha, una hondureña de 30 años que desde un albergue de Tapachula, en el sur de México, espera en una especie de limbo junto a sus tres hijos. Su marido huyó de Honduras antes que ella para escapar de las pandillas y lleva un año sin saber de su paradero --"no sé nada de él, si está vivo", lamenta--.

Tras un periplo en el que perdió dinero y corrió riesgos, Natasha comenzó los trámites para quedarse en México y para pedir cita en el CBP One, la aplicación que teóricamente debía abrirle las puertas de Estados Unidos y que quedó bloqueada en el instante en que Trump tomó posesión como presidente el pasado 20 de enero.

"Me metieron mal mis datos y nunca me salió la cita", relata a la ONG Médicos Sin Fronteras (NSF) Natasha, que ahora vive con "angustia" a que le encuentren las personas de quienes huyó el pasado octubre. "Sólo quiero un lugar donde establecernos, que los niños vayan a la escuela y yo poder trabajar", plantea.

Ya desde el último trimestre de 2024, MSF reforzó la asistencia con clínicas móviles en el sur de México y en apenas cuatro meses asistió a la llegada de 12 caravanas con 10 mil migrantes. En enero de 2024, ha brindado ayuda a tres de estos grupos, formados por unas mil 400 personas.

El responsable de un albergue para migrantes en Tapachula, en la frontera con Guatemala, indica que ha habido algunos retornos a países centroamericanos, pero para muchos otros no hay opción de volver atrás y pedir asilo en México empieza a ser una alternativa tangible.

Kevin, de 22 años, huyó de la violencia que asolaba la zona donde vivía, en el suroeste de Colombia. Tenía "una vida normal", pero un grupo armado comenzó a buscar nuevos reclutas y se planteó tomar la misma ruta de su hermano, que desde hace un año reside en Utah, Estados Unidos.

Lleva cinco meses en México y sigue esperando subirse al tren para llegar en algún momento en la frontera, aunque confiesa que tanto él como otros migrantes buscaban alcanzar la zona "antes de que Trump asumiera el poder". "Lo único que me queda es ir a la frontera, ingresar en Estados Unidos y entregarme", cuenta Kevin, que en ningún caso se plantea volver a Colombia, por "miedo" y porque no le queda "nada" ni "nadie".

Ecos africanos

No todas historias se originan en países de América Latina, ya que también hay voces africanas dentro de esta amalgama migratoria. Salma, de 26 años y procedente de República del Congo, viaja junto a su hija de cuatro años y recaló en primer lugar en Brasil, país para el que consiguió en un principio el visado y donde estuvo trabajando medio año.

"Consulté TikTok para informarme sobre la ruta y prepararme moralmente", y a partir de ahí emprender un largo camino que tuvo entre sus etapas más peligrosas el conocido como Tapón del Darién, la zona selvática que separa Colombia de Panamá y donde vio cadáveres.

Por el camino, se vio forzada también a pagar a las mafias --"en cada parada hay que dar algo"-- y, aunque está en Tapachula, quiere intentar moverse a la capital mexicana o a la frontera estadounidense. "Sólo busco una vida mejor", asevera.

Mamadou es de Guinea y viaja junto a su mujer y su hija de menos de dos años. Vivió en Guinea Ecuatorial y también en España, en Málaga, antes de regresar a su país natal e intentar emprender una carrera que se vio truncada por el golpe de Estado: en un principio intentó ir a Francia pero volar a Brasil le resultó "mucho más fácil".

"No pensaba que la ruta migratoria sería tan compleja", repasa ahora, al hacer balance para MSF de un recorrido similar al de Salma. "He visto muertos en la travesía por la selva. Si hubiera sabido que sería así, nunca me habría metido en esto", añade Mamadou, que lleva dos meses en Tapachula.

La victoria electoral de Trump le pilló en Perú y ya entonces se "desanimó", hasta el punto de que abandonó la idea de ir a Estados Unidos. Ahora, la familia ha pedido la residencia mexicana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EUROPA PRESS.

Gobierno Federal crea “Transparencia para el Pueblo”, para sustituir al INAI

Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó, el 31 de enero de 2025, reformas para dar cumplimiento a dichos derechos.

“La propuestas que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI, es que la parte del derecho al acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado y los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo”, expuso la funcionaria federal.

“En el caso de protección de datos […] van a corresponder al Ejecutivo […] la Constitución, la última reforma también de la esa facultad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, agregó Buenrostro Sánchez, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Lo más importante es que se mantiene el derecho al acceso a la información pública. ¿Qué es lo que cambia?, lo que cambia prácticamente son las autoridades encargadas de garantizar ese derecho”, detalló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Según lo explicó Buenrostro Sánchez, Transparencia para el Pueblo será un órgano autónomo descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero que en lugar de tener siete comisionados, como el INAI, sólo tendría un titular, además de que sólo funcionará para el acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal.

En cambio, agregó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, también tendrían, cada uno, un organismo garante de transparencia. Asimismo, habría otros organismos garantes, para otros sectores como los sindicatos, los partidos políticos, entre otras instituciones. En total serán 18 organismos de este tipo para la Administración Pública Federal.

“Por lo tanto no se restringe, ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informada a la ciudadanía”, consideró Buenrostro Sánchez.

Según lo indicó la funcionaria federal, para el caso de derecho a la protección de datos personales, también habría 18 organismos por cada sector del Gobierno de México, mientras que la defensa de los datos personales en posesión de particulares, la realizaría la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Asimismo, la funcionaria federal expresó que a nivel estatal y municipal, se pasaría de 32 organismos homólogos al INAI, a contar con entidades responsables en cada nivel de gobierno.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Acceso a la Información ahora estará compuesto por 40 instituciones y será presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos de sus integrantes serían el Poder Ejecutivo local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además, tal como lo indicó Buenrostro Sánchez, habría 32 subsistemas integrados por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales estatales, así como los órganos constitucionales autónomos de cada entidad y los municipios.

Según datos presentados por Buenrostro Sánchez, la Secretaría a su cargo absorbería 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura. Además, afirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguiría en funcionamiento, con al menos la información que mantenía hasta la actualidad. En esta página web, se concentran más de 15 mil millones de archivos públicos.

“La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información, todos los datos que ya se ha estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley”, expuso la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y se queden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información si no es que más, la plataforma va a estar regulada en la ley”, afirmó la funcionaria federal.

“Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI, y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, que cuando no las entreguen le vamos a poner un validador criptográfico”, una especie de huella digital para hacer auditorías forenses, comentó Buenrostro Sánchez.

“Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen”, apuntó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal mostró una lámina que decía: “Buen Gobierno absorbe 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura”. Sobre ese tema, la mandataria nacional destacó que se ampliaría la transparencia y se protegerán los datos personales, con “mucho menos presupuesto”.

“Como ven se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35 por ciento del presupuesto que tenía el INAI”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces se están enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI, como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Con los cambios se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reforman las siguientes leyes: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Se enfrentan policías y sicarios en Mexicali; detienen a 7 sicarios fuertemente armados

Un enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y un grupo de sicarios -presuntamente- de la Chapiza, causó gran terror entre ciudadanos residentes de la Condesa, ubicado al Oriente del Mexicali, cuyo saldo fue de un agente herido, siete sujetos armados y un arsenal decomisado.

Los hechos ocurrieron después de las 4 de la mañana de este viernes 31 de enero en un domicilio ubicado sobre la calle Mayorga, en la privada Aldaz, donde el grupo de narcomenudeo arribó al inmueble para realizar un cateo.

Cuando los agentes se preparaban para ingresar, los criminales comenzaron a disparar desde el interior del inmueble con armas de grueso calibre.

Ahí fue herido el agente de apellido Jiménez Jiménez, quien sufrió una herida de consideración en el hombro. Este hecho provocó el enfrentamiento entre el grupo de narcomenudeo y elementos de la SEDENA que se unieron a la balacera en contra de la agrupación criminal.

Durante más de 20 minutos, tanto policías como sicarios repartieron metralla, provocando que tanto el domicilio como las patrullas, quedaron severamente dañados.

Tras el enfrentamiento, los mismos sicarios optaron por entregarse.

Dentro del domicilio localizaron un gran número de armas de alto calibre, chalecos antibalas, además de la captura de seis hombres y una mujer, quienes fueron procesados por la autoridad investigadora.

Se presume que la célula delictiva forma parte de los Chapitos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Militares y un grupo armado se enfrentan en Culiacán; hay 7 muertos y 3 heridos

El choque entre militares y presuntos delincuentes en Culiacán dejó siete muertos, incluidos dos soldados. Una familia resultó herida en el fuego cruzado.

Dos militares y cinco presuntos integrantes de un grupo criminal murieron tras un enfrentamiento en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa. La balacera ocurrió tras una persecución en la carretera Culiacán-Eldorado.

Según información oficial, el conflicto inició cuando elementos del Ejército fueron atacados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Durante la persecución, un vehículo militar y la camioneta de los civiles armados se salieron del camino en el entronque de La 20. La patrulla castrense se incendió.

Tres hombres quedaron detenidos con armamento de alto calibre y equipo táctico. En la camioneta volcada quedaron los cuerpos de los cinco agresores abatidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el deceso de los soldados Carlos Antonio "N" y Juan Cristian "R".

El saldo de heridos incluye a tres militares, de los cuales uno se reporta en estado grave. También resultaron afectados una pareja y su hijo, a quienes alcanzaron las balas cuando subían a un camión de jornaleros en el Campo Paralelo 38.
Los paramédicos trasladaron a Javier y Geovana, ambos de 34 años, y a su hijo Iván, de un año siete meses, a un hospital de Culiacán.
"El infante resultó con una herida de bala en la mejilla, mientras que su mamá recibió un balazo en el brazo y el papá con una herida en la pierna", informó la Fiscalía de Sinaloa.
El Ejército aseguró una Dodge Ram color tinto, tres armas largas y cartuchos útiles. En la zona también aterrizó un helicóptero de la milicia para evacuar a los soldados caídos y a algunos heridos.
"Las fuerzas armadas acudieron al lugar y, cuando arribaron, un grupo armado los agredió", reportaron las autoridades. En respuesta, se desplegó un operativo para evitar nuevos incidentes.
El tiroteo se registró en un contexto de violencia en Sinaloa, donde el conflicto entre facciones del crimen organizado ha escalado en los últimos meses.
Una caravana militar se movilizó en la autopista Culiacán-Mazatlán como parte del operativo para restaurar la seguridad en la región. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si los detenidos tienen vínculos con alguna organización criminal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.