El exgobernador de Morelos fue denunciado por violación en grado de tentativa; cuenta con al menos 10 carpetas de investigación en su contra, afirma fiscal de Morelos.
Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos, reveló este jueves, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.
"Es requisito constitucional, para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra el servidor público federal, que la propia Cámara le retire el fuero para que las investigaciones judiciales continúen. Eso se presentó hoy. Ya se enviaron las comunicaciones oficiales donde se solicita que, con este motivo, se le aplique el procedimiento constitucional al exgobernador para que pueda responder ante un Juez penal acá en Morelos", informó durante el noticiero de la periodista para Grupo Fórmula.
El Fiscal detalló al medio que la denuncia fue interpuesta por la media hermana del ahora Diputado federal, identificada como Fabiola "N", por un presunto ataque sexual cometido en diciembre de 2023 y descartó que se trate de un tema político.
"No se trata de un tema político, se trata de un familiar, de una media hermana. Nosotros desde el principio vimos esto con todo cuidado, con toda cautela para no proceder de manera ilícita y menos injusta", precisó ante los micrófonos de la emisión y añadió que existen al menos 10 carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco.
Durante la entrevista, Uriel Carmona pidió que no haya represalias ni ataques políticos o mediáticos en su contra, como titular de la Fiscalía, ni de la institución en su conjunto.
"Lo que esperamos en la Fiscalía de Morelos es que no haya ninguna represalia a nivel político en contra del Ministerio Publico, ni en contra del titular de la institución, que en este caso soy yo, porque tenemos la presión institucional de proceder en contra de toda aquella persona que atente en contra de la integridad de las mujeres, siempre lo hemos hecho", aseveró en la conversación con Uresti.
El rescate fue realizado según lo estipulado en el Protocolo de Recuperación de Hallazgos Biológicos que implementa el comando de la CNPC, CFE, Sedena y la FGE de Coahuila.
Los restos del décimo y último minero que falleció en la mina "El Pinabete", en Coahuila, tras un derrumbe, ya fueron rescatados, luego de que el Comando Unificado que trabaja en la zona logró su localización a 918 días de búsqueda.
A través de un comunicado, las autoridades estatales informaron que la recuperación de los restos del minero se llevó a cabo en punto de las 09:15 horas de este 6 de febrero, como parte de la recuperación de los trabajadores que se vieron involucrados en el incidente.
En el comunicado se detalló que el rescate fue realizado según lo estipulado en el Protocolo de Recuperación de Hallazgos Biológicos que implementa el comando integrado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.
— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 6, 2025
"Gracias al arduo trabajo de los equipos de búsqueda, se ha logrado observar un calzado con restos óseos en su interior, por lo que se procederá a implementar los trabajos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y continuar con la búsqueda", se lee en el boletín.
Fue el 3 de agosto de 2022, cuando 10 mineros quedaron atrapados en “El Pinabete”, que se inundó por completo cuando los trabajadores se toparon con un área contigua de una vieja mina, que estaba llena de agua, lo que provocó una inundación de tres pozos de unos 60 metros de profundidad.
Por varias semanas las autoridades intentaron infructuosamente rescatar a los mineros, pero la gran inundación del socavón complicó los trabajos de búsqueda. El caso desató polémica en el país debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos trabajan sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.
Sin embargo, en noviembre de 2024, las autoridades localizaron los restos del noveno trabajador, mientras que en octubre del mimo años fue encontrado el octavo minero del incidente.
Con estas acciones y en seguimiento a las instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México completó con el compromiso hecho con las familias de los mineros que quedaron atrapados en la mina “El Pinabete”.
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsará la prohibición del maíz transgénico y la protección de las especies mexicanas a través de una reforma constitucional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que su Gobierno no buscará apelar el fallo del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que eliminó las restricciones al maíz transgénico en el país, y dio a conocer que secretarios federales se reunirán hoy con el colectivo "Sin maíz no hay país" para revisar la reforma que envió al Congreso para prohibir la siembra y proteger las especies endémicas de dicha planta mexicana.
La propuesta de un nuevo Plan Eléctrico Nacional definirá con mayor claridad el reparto del mercado energético entre entes públicos y privados, según el IMCO.
El director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Jesús Carrillo, señaló que el nuevo Plan Eléctrico Nacional debe entenderse dentro de un marco legal adecuado que incentive la participación tanto del Estado como del sector privado.
En entrevista en Aristegui en Vivo, explicó que la iniciativa de ley para el sector eléctrico sustituirá la actual Ley de la Industria Eléctrica y definirá con mayor claridad el reparto del mercado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los privados.
“Una primera cosa que creo que es muy rescatable de esta nueva iniciativa de ley es que define mejor esta idea del 54% del Estado y 46% de los privados. Define específicamente que es por la energía entregada en el sistema, por la energía inyectada, y que en ella la energía del Estado incluiría los contratos legados de largo plazo”, explicó Carrillo.
El especialista destacó que, al incluir en el porcentaje estatal la producción de los llamados productores independientes de energía que operan como “maquiladoras” de electricidad para la CFE, la participación real de la empresa estatal superaría el 65%.
Además, resaltó que el nuevo marco legal establecerá una definición clara del concepto de lucro en la CFE.
Se dice que el lucro es eso que sería por encima de las necesidades que tenga la empresa para operar y para poder hacer sus inversiones necesarias para fortalecer el sistema.
Sin embargo, Carrillo advirtió sobre algunos aspectos preocupantes del plan, como el carácter vinculante que tendrá la planeación del sistema eléctrico a cargo de la Secretaría de Energía (Sener).
“Si la Sener dice que todas las plantas de generación se tienen que instalar en el sur, aunque no haya industria en el sur del país, eso de alguna manera no resuelve los problemas ni del norte -que requiere más energía- ni del sur, que requieren también más industria y buena infraestructura”, comentó.
Otro punto relevante, dijo, es la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual, según Carrillo, mantiene ciertos elementos de colegialidad en la toma de decisiones técnicas, lo que considera positivo en términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Es muy importante tener un comité, un cuerpo colegiado que no sea únicamente el Poder Ejecutivo quien decida”, señaló.
Sobre la inversión requerida para fortalecer la infraestructura eléctrica del país, Carrillo mencionó que existe incertidumbre sobre la fuente de financiamiento.
“Hay quienes te van a decir que se requieren de 300 a 800 mil millones de pesos. Ahorita los proyectos que está estableciendo el gobierno parecen ser de hasta 65 mil millones. Creo que es un buen inicio, pero se necesita bastante más“, afirmó.
En cuanto al impacto del nearshoring y la necesidad de mayor capacidad energética, el especialista sostuvo que el país requiere inversiones significativas en generación eléctrica para aprovechar oportunidades de industrialización.
Sin duda se requiere en materia de generación por encima de los 200 o 300 mil millones de pesos. Yo diría que bastante por encima de eso.
Explicó la manera en que el nuevo marco legal reconfigura la participación de privados en la generación eléctrica para la CFE.
“Estos productores de largo plazo manufacturan electricidad con plantas de gas natural, eólicas o solares, pero toda esa energía es para la CFE, es marca CFE, por así decirlo”, expuso.
Asimismo, destacó que, a pesar de ciertos cambios y “algunos elementos que no son adecuados“, en el tema eléctrico hay un avance sustancial “en comparación “a la administración anterior”.
Sin embargo, subrayó que su mayor preocupación radica en el sector de hidrocarburos, al señalar que “los incentivos para la participación privada no están bien alineados o no son los suficientes”.
En particular, mencionó las asignaciones mixtas que se están definiendo en la nueva ley del sector de hidrocarburos, en las cuales Pemex podría participar en los beneficios de ciertos proyectos sin realizar aportaciones económicas, lo que, en su opinión, no parece ser un modelo atractivo para los socios privados.
En cuanto a la producción de petróleo, Carrillo comentó que, a pesar de los recientes datos que muestran un aumento en la producción, “están en su nivel más bajo desde 1978, con 1.3 millones de barriles diarios”.
Según su análisis, el enfoque en la producción sin un sentido claro de generar valor ha sido uno de los problemas persistentes en la política energética.
Carrillo consideró que no se ha logrado un sistema fiscal adecuado para Pemex, lo que no beneficia ni a las finanzas públicas ni a la empresa estatal.
Finalmente, el analista concluyó que, aunque existen avances en el ámbito eléctrico, todavía hay áreas en el sector energético que requieren ajustes importantes para lograr una participación efectiva del sector privado y una mejor gestión de los recursos.
Ante ello, invitó a las personas interesadas en conocer el análisis sobre el tema a través de las redes sociales del IMCO.
Durante el ataque, que era dirigido en contra de una persona, hubo dos 'víctimas colaterales', informó la FGE de Sonora.
Tras un ataque armado directo registrado en Cajeme, Sonora, un hombre resultó sin vida y dos personas lesionadas de “manera colateral“, entre ellas, un niño de 9 años y una mujer de 58 años de edad.
Según un comunicado la institución, los hechos ocurrieron en las calles Puerto Peñasco y Coahuila, en la colonia México de Ciudad Obregón.
Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un hombre, quien murió en el lugar y aún no ha sido identificado.
“Durante el incidente, dos personas resultaron lesionadas de forma colateral por esquirlas: un menor de 9 años con heridas superficiales en su brazo y María Cruz ‘N’, de 58 años, con lesión en la pierna derecha”.
Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica en un hospital de Cajeme, informó la Fiscalía.
Las autoridades señalaron que trabajan en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para esclarecer el crimen y dar con los responsables.
Las unidades desplegadas incluyen vehículos militares, elementos motorizados y equipos de vigilancia con drones.
El Ejército mexicano y la Guardia Nacional comenzaron este jueves su operativo conjunto en la línea divisoria fronteriza de Ciudad Juárez, en cumplimiento de la promesa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar las medidas contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo.
Durante el recorrido, los elementos de seguridad aseguraron, según pudo constatar EFE, más de 30 escaleras y sogas utilizadas por traficantes de personas, conocidos como ‘polleros‘, para facilitar el cruce de migrantes hacia territorio estadounidense.
Estas acciones forman parte del reforzamiento de la vigilancia anunciado recientemente tras la conversación del lunes entre la mandataria mexicana y el estadounidense, quien acordó aplazar la imposición de aranceles del 25% a México y que ha insistido en la necesidad de incrementar la seguridad en la frontera.
Sheinbaum defendió como un “buen acuerdo” para México el despliegue de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Estados Unidos, donde Trump aseguró en una publicación en Truth Social que estos “soldados específicamente estarán designados para detener el flujo de fentanilo y migrantes”.
El operativo, realizado por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, se concentró en áreas identificadas como vulnerables, donde se han registrado cruces constantes de migrantes y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Las unidades desplegadas incluyen vehículos militares, elementos motorizados y equipos de vigilancia con drones para detectar intentos de cruce ilegal y desarticular redes de tráfico de personas.
Las autoridades mexicanas han intensificado las inspecciones en la región ante la creciente presión de Washington para contener la crisis migratoria y frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos.
Este opioide sintético, considerado una de las principales causas de muertes por sobredosis en territorio estadounidense, ha sido señalado por el Gobierno de ese país como un problema de seguridad nacional.
El presidente Trump ha insistido en la necesidad de que México tome un papel más activo en la contención del flujo migratorio y en el combate contra los carteles de la droga.
El Gobierno mexicano, por su parte, no ha proporcionado cifras oficiales sobre detenciones o aseguramientos adicionales derivados de este nuevo despliegue de 10.000 efectivos.
Reacciones encontradas
No obstante, la presencia de militares y elementos de la Guardia Nacional en la zona ha generado reacciones encontradas.
Mientras algunos sectores consideran que estas acciones pueden contribuir a la seguridad en la región, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas puedan tener en los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
Expertos en política migratoria advierten que el refuerzo de la vigilancia en la frontera podría generar un aumento en los riesgos para los migrantes, quienes podrían recurrir a rutas más peligrosas para evitar los operativos militares.
Además, señalan que la militarización de la frontera no resuelve las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen.
Las autoridades mexicanas han asegurado que los operativos continuarán en los próximos días y que se evaluará su efectividad en coordinación con las autoridades estadounidenses.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, con las modificaciones realizadas en comisiones el pasado 24 de enero, fue devuelto al Senado de la República para su revisión, discusión y, en su caso, aprobación.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a sus opositores y adversarios políticos que han difundido la información de que, con la nueva ley al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los ahorros de los trabajadores serán tomados por el Gobierno.
Durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves, la mandataria reiteró que se trata de falsedades, negando que los fondo de los trabajadores, por aproximadamente 350 mil millones de pesos, serán tomados por el gobierno a expensas de los derechohabientes.
Según reafirmó Sheinbaum Pardo, toda la parte de los créditos no verá afectaciones, y el propósito de la reforma a su ley es para terminar con la falta de transparencia y corrupción, ambos problemas que ha destacado a lo largo de su sexenio como “prevalentes” dentro del Infonavit.
El planteamiento general incluye que el consejo tripartita sea parejo y transparente, con los fondos siendo auditables.
Es falso este planteamiento que, como dice el PAN, se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe. Los fondos están ahí, permanecen ahí.
La aprobación en Cámara de Diputados
La polémica entre el Ejecutivo y sus opositores comenzó desde el pesado 02 de febrero, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Infonavit, permitiendo a la institución construir y arrendar viviendas mediante la creación de una empresa filial.
Después de ocho horas de discusión, las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo fueron aprobadas por la mayoría de Morena y aliados, con el apoyo de Movimiento Ciudadano por 322 votos a favor y 107 en contra, del PAN y el PRI.
El dictamen aprobado, con las modificaciones realizadas en comisiones el pasado 24 de enero, fue devuelto al Senado de la República para su revisión, discusión y, en su caso, aprobación.
El dictamen señala que los recursos del Infonavit, o bajo su administración, se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Además, de forma periódica, el Infonavit informará en su página de internet sobre la “situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente”.
La presidenta Claudia Sheinbaum había enviado el pasado 23 de enero, una iniciativa de reforma para prohibir el maíz transgénico en los cultivos en territorio nacional con el objetivo de conservar y proteger los maíces nativos.
Tras haber perdido el fallo en contra en el Panel comercial sobre el maíz transgénico con Estados Unidos por un acuerdo para cumplimentar una resolución del T-MEC, el gobierno de México mediante la Secretaría de Economía, publicó en Diario Oficial de la Federación que retira la prohibición a la importación de maíz transgénico.
“Se deja sin efectos la aplicación de los artículos Sexto, fracción II, Séptimo y Octavo, del Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023”, señaló el documento.
El acuerdo entró en vigor este miércoles.
“A la entrada en vigor del presente instrumento, las referencias y limitaciones contenidas en cualquier acto administrativo respecto de los artículos señalados por el presente Acuerdo, quedarán sin efecto.
Dichos cambios ser realizaron tras el acuerdo que firmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Buscaba México prohibir maíz transgénico
La presidenta Claudia Sheinbaum había enviado el pasado 23 de enero, una iniciativa de reforma para prohibir el maíz transgénico en los cultivos en territorio nacional con el objetivo de conservar y proteger los maíces nativos.
“La presente iniciativa tiene por objeto declarar al maíz como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio Nacional”, dice en su exposición de motivos.
La propuesta de Sheinbaum busca reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución mexicana en materia de conservación y protección de los maíces nativos.
México asegura que “no hay evaluación de riesgo”
El pasado 20 de diciembre, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía indicó que el Panel consideró que algunos elementos del Decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.
“El Gobierno de México no comparte la determinación del Panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es parte”, señaló.
Indicó que el gobierno de México respetará la determinación, pues el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México.
AMLO decretó prohibición del uso maíz transgénico
El expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano.
“Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en territorio nacional de semillas de maíz genéticamente modificado y autorizaciones para el uso del grano en la alimentación humana, que es la que se realiza en el sector conocido como de la masa y la tortilla”, precisó el decreto.
Sin embargo, este tipo de grano aún podrá usarse para alimentación de animales o en alimentación humana de tipo industrial.
La CFE plantea generar 21,846 mega watts a partir de energías limpias, entre 2025 y 2030, lo que aportaría 38 % de la energía que requiere el Sistema Eléctrico Nacional.
La iniciativa privada aportará 22 % de las energías limpias que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca generar entre 2025 y 2030, así lo destacó el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional que presentó el gobierno federal este miércoles.
En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destacó que la CFE planea aportar 38 % de la energía que requiere el Sistema Eléctrico Nacional a través de procesos limpios y renovables, para 2030.
Actualmente, según lo presentó Emilia Esther Calleja, directora de la CFE, aporta con energías limpias 16.4 % de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, así que el Plan de Fortalecimiento y Expansión plantea al menos elevarlo al doble en cinco años.
Para ello, la Comisión se planteó la generación de 29,074 mega watts entre 2025 y 2030, de los cuales, 6,400 mega watts serán aportados en cogeneración con empresas privadas.
La CFE planea generar 13,024 mega watts de energía por sí sola, a través de centrales térmicas y otras centrales de energía limpia, como la eólica y solar.
En el proyecto de cogeneración de energía se tiene contemplado que Petróleos Mexicanos (Pemex) aporte solamente 2,422 mega watts de energías renovables, es decir, el 11 % del total esperado.
Buscan brindar internet gratuito a 97.8 % del país en 2030
La directora de CFE también anunció que para el cierre del sexenio el plan de expansión contempla abastecer de internet gratuito a 97.8 % de la población del país.
Actualmente, CFE cuenta con 27,284 kilómetros de red de fibra óptica y 3,824 torres de telecomunicaciones, así como con 108,607 puntos de Wifi gratuito. Tan solo Telmex presume tener 280,000 kilómetros de red de fibra óptica en el país.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que el gobierno federal invertirá 46,611 millones de pesos en 65 proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).
Además, se invertirán 3,600 millones de dólares para ampliar y modernizar las Redes Generales de Distribución (RGD), con el propósito de mantenerlas en buenas condiciones.
“Es un programa que considera el desarrollo de infraestructura para expandir y reforzar las redes de transmisión y distribución en manos del Estado, con una inversión estatal de más de 46 mil millones de pesos y 3 mil 600 millones de dólares, respectivamente, para transmisión y distribución”, explicó Luz Elena González.
El secretario de Seguridad en Morelos minimizó el uso de la fuerza contra dos menores detenidos en Jiutepec, a pesar de que no portaban armas ni cometieron algún delito.
La detención violenta de dos adolescentes en Jiutepec, a manos de policías de Morelos, fue justificada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Argumentó que los jóvenes “podrían haber estado armados” y restó importancia a las agresiones, asegurando que “no presentaron lesiones de gravedad”.
El caso salió a la luz el 1 de febrero, cuando circuló un video en el que se observa cómo una patrulla intercepta a dos menores que viajaban en motocicleta. Una mujer policía, con pistola en mano, les ordena detenerse. Segundos después, los agentes los golpean, incluso con el arma.
Fueron trasladados a la comandancia, pero tras unas horas quedaron en libertad. No se les encontró nada ilícito.
“No quisieron detenerse”
Al ser cuestionado sobre los hechos, Urrutia Lozano insistió en que los policías actuaron conforme a los operativos implementados en la zona contra la Banda del Enjambre.
“Los compañeros de Jiutepec marcaron el alto. Ustedes, como medios de comunicación, nos pidieron acciones contundentes para el despliegue de motos de la denominada Banda del Enjambre. Nos dijeron que en Jiutepec había mucho temor y, en este sentido, a la 1:20 de la mañana se dio el alto a unas personas que no quisieron detenerse”, declaró.
Además, defendió el actuar de los agentes:
“Al día de hoy, también yo me pongo en la situación de los policías municipales de Jiutepec. Uno no sabe si esas personas vienen armadas; es la 1:20 de la mañana”.
—¿Fue legal la intervención?, se le cuestionó.
“Se llevó a cabo un procedimiento en el que las autoridades municipales atendieron el requerimiento y tenemos la constancia de que estas personas fueron puestas a disposición. Los padres de familia se acercaron y hubo un convenio con ellos en materia de responsabilidad”.
También exhortó a los padres a evitar que sus hijos circulen de noche en motocicleta:
“Se les está pidiendo que estos menores de edad, de 15 y 16 años, no realicen estas acciones, porque también ponen en riesgo su vida. Entonces, esta situación, al día de hoy, también hay que analizarla”.
—Secretario, ¿eso justifica los golpes y la violación a los derechos humanos?
“Eso va a ser tratado en un Consejo de Honor y Justicia y también en asuntos internos. No hay que demeritar el trabajo de la policía, porque mucha ciudadanía está pidiendo operativos reales para atender esta problemática”, respondió.
Al ser cuestionado sobre la violencia ejercida contra los adolescentes, reiteró que no presentaban lesiones de consideración, respondió:
“Yo pedí evidencia a las autoridades municipales de Jiutepec y tenemos la constancia física. Ellos tienen evidencia clara de la situación. Se documentó el momento en que los padres recogieron a los menores y también se constató que no presentan lesiones de gravedad, ni de primer ni de segundo grado”, afirmó.
También confirmó que la patrulla utilizada en la detención pertenece a la Secretaría de Protección Ciudadana de Morelos y que fue entregada al municipio de Jiutepec como parte de un convenio.
Las internas denunciaron que viven "un infierno" debido a la falta de medicamentos, la presencia de ratas y a los abusos de las vigilantes, quienes incluso les cobran 200 pesos por tener fotografías de sus hijos.
Internas del reclusorio femenil piden al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, atender "el infierno” en el que viven a causa de un grupo de celadoras y un comandante, quien incluso las amenazó con ingresar personas externas y armar un motín si se quejaban de los abusos, robos, vejaciones y maltrato del que son objeto.
Las reclusas hicieron llegar a esta reportera, a través de sus familiares y conocidos, cartas en las que denuncian a los funcionarios de uno de los turnos de vigilancia del Centro de Readaptación Femenil en Saltillo.
Este es el segundo ataque contra mujeres presidentas municipales de Puebla en sólo 24 horas, pues el lunes fue atacada a balazos la alcaldesa de Tepeyahualco, Abigail Hernández Huerta.
La alcaldesa de Tulcingo del Valle, Marubet Meza Rodríguez, fue víctima de un atentado la noche del martes, cuando sujetos trataron de prender fuego a su vehículo con ella adentro. Este es el segundo ataque contra mujeres presidentas municipales de Puebla en sólo 24 horas, pues el lunes fue atacada a balazos la alcaldesa de Tepeyahualco, Abigail Hernández Huerta.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuando la edil acababa de abordar su camioneta afuera de su domicilio, unos hombres lanzaron una botella con gasolina en llamas (lo que sería una bomba molotov) por debajo del motor, por lo que el vehículo empezó a incendiarse.
Meza Rodríguez pudo salir de la unidad sin sufrir ningún daño y con ayuda de personas que se encontraban en el lugar lograron controlar el fuego.
El ayuntamiento emitió un comunicado en el que confirmó estos hechos y aclaró que sólo hubo daños materiales, pues la edil se encuentra a salvo.
Apenas, la noche del lunes, la alcaldesa de Tepeyahualco, Abigail Hernández Huerta, igual salió ilesa después de que fue atacada a disparos cuando llegaba a su domicilio a bordo de una camioneta.
La Colectiva por las Mujeres de Puebla emitió un comunicado en el que exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobernación implementar, de manera inmediata, medidas de protección para la alcaldesa de Tulcingo del Valle, municipio que se localiza en la Mixteca poblana.
“Este ataque refleja la grave situación de violencia política de género que enfrenan las mujeres en cargos públicos en nuestro país”, advirtió la organización, que señala que este no es un hecho aislado, sino una alerta sobre los riesgos que viven mujeres que luchan por sus comunidades y por mejorar su entorno.
“Exigimos a las autoridades estatales que no minimicen esta grave situación y que actúen con la celeridad y seriedad que merece. La violencia hacia las mujeres en el ámbito político debe ser visibilizada, y los responsables de garantizar la seguridad de todas las mujeres, especialmente de las que ocupan cargos públicos, deben responder con eficacia y compromiso”, subrayó.
Una pelea en Mineral de la Reforma, Hidalgo, dejó tres personas muertas por arma blanca. Otras dos resultaron lesionadas.
Una riña en Mineral de la Reforma, Hidalgo, dejó como saldo tres muertos y dos heridos. El presunto agresor sería un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho municipio.
Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles 5 de febrero en la comunidad de Azoyatla.
Un reporte al número de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una confrontación entre varias personas, y al llegar los elementos de Seguridad encontraron los cuerpos de dos hombres y una mujer, todos con lesiones por arma blanca.
En el lugar también estaban otras dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.
Fuentes al interior de la alcaldía de Mineral de la Reforma informaron a Criterio que el atacante fue identificado como un expolicía de la Secretaría de Seguridad del municipio.
También señalaron que el exagente ya había sido remitido a las autoridades por violencia familiar, lo que habría causado su baja de la corporación.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las investigaciones correspondientes y hasta el momento no se reportan detenidos por estos hechos.
Homicidios en Hidalgo
Durante enero y los tres primeros días de febrero, en Hidalgo se registraron 23 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario que emite el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El año pasado se iniciaron 264 carpetas de investigación por asesinato en la entidad, de los cuales 140 fueron cometidos con arma de fuego y 22 con arma blanca.
Ese número de asesinatos representa un incremento de 2.72 % con respecto a 2023, cuando se ingresaron 257 querellas por homicidios de tipo doloso en la entidad.
Las entrevistas presenciales, conducidas principalmente por cinco comisionados y, en algunos casos, por integrantes de sus equipos, tenían una duración máxima de 12 minutos, mientras que las virtuales se limitaban a 6 minutos.
Los aspirantes a una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron evaluados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo en un proceso de solo 12 minutos y cuatro preguntas. Entre los temas abordados estuvieron su postura sobre la elección judicial y la suspensión concedida por un juez de Michoacán para frenar la reforma.
Previo al proceso de insaculación para determinar qué candidatos y candidatas irán a la boleta de los primeros comicios de personas juzgadoras, magistradas y ministras del país, los Comités de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo realizaron entrevistas durante dos semanas a los aspirantes considerados elegibles para los cargos. En el caso de Legislativo se trató de entrevistas a puerta cerrada o en línea a 5 mil interesados.
“Me preguntaron sobre si era factible que en un momento dado se estudiara el procedimiento o el fondo de una reforma constitucional. Para mí la postura era que no era posible echar atrás una ley emitida por el Constituyente permanente, formulado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores”, relata una de las personas aspirantes, quien solicitó guardar el anonimato, en referencia al proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que votaron en la SCJN.
Otra persona aspirante relata que una de las dos preguntas que le hicieron fue en torno a la suspensión otorgada por el juez Sergio Santamaría Chamú contra la reforma judicial.
“Me preguntaron primero cómo haría yo para acercar la justicia a la ciudadanía, sobre todo la de la Suprema Corte, ya en el contexto de la reforma. La segunda pregunta era qué opinaba yo de la suspensión del juez de Michoacán. Así con esa ambigüedad me la preguntaron”, señala la otra persona, quien también pidió que su identidad no sea revelada.
Una semana antes del inicio de las comparecencias, que comenzaron el 14 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus trabajos para acatar la sentencia emitida por el juez Santamaría Chamú, a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para salvaguardar los derechos laborales de las personas juzgadoras del país, quienes perderían sus empleos ante la elección judicial.
Otro de los aspirantes a llegar a la Corte fue Roberto Gil Zuarth, quien se registró ante los Comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero solo compareció ante este último. En su entrevista, señala, el exlegislador por el PAN no recibió preguntas sobre su postura en torno a la reforma judicial, lo que atribuye a que su posición contra la reforma fue pública.
“Me imagino que no me lo preguntaron conociendo mi posición pública. Yo sí dije en respuesta a la pregunta sobre la imparcialidad que habría que tomar como un elemento las nuevas reglas y los incentivos que genera el método electivo”.
El político señala que le hicieron cinco preguntas técnicas: concepto de violaciones graves a derechos humanos, cómo garantizaría la imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales, en qué consiste la perspectiva de género, si recordaba algún criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que influyera en los criterios del Poder Judicial y la relación entre la jurisprudencia nacional e internacional.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo entrevistó de manera presencial a aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte; del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspirantes a magistrados del primer Circuito en materia administrativa, que se encuentra en Ciudad de México.
Mientras que a distancia comparecieron aspirantes a una plaza en las Salas Regionales del Tribunal Electoral; así como magistrados de circuito y jueces de distrito.
Los aspirantes recibieron un correo electrónico cinco días antes, con la fecha y hora de su comparecencia.
Al llegar a la sede de Xicoténcatl, con previa cita, esperaban en una sala para ingresar a otro espacio en grupos de cuatro personas, donde veían un video institucional que explica la mecánica del examen: tres minutos para preguntas del Comité de Evaluación y 12 para responder hasta cuatro preguntas. Después pasaban a otra sala, donde eran filmados.
Antes de las preguntas, las personas aspirantes podrían exponer por qué buscaban formar parte de la Suprema Corte.
La mayoría de las entrevistas presenciales fueron realizadas por las cinco personas comisionadas; sin embargo, hubo casos en los que estuvieron solo algunas integrantes para avanzar en el proceso. Las entrevistas presenciales tenían un límite de 12 minutos y las virtuales de 6 minutos.
Para poder abarcar las comparecencias, algunas de las entrevistas no fueron realizadas por las integrantes del Comité, sino por parte de los equipos que les apoyaron durante el proceso. Así lo explica en entrevista la comisionada Maribel Méndez de Lara.
“Firmamos un acuerdo delegatorio, el Comité, para que nos apoyaran nuestros equipos a realizarlo y nosotros la evaluación de ellas en conjunto los cinco, en sesiones extenuantes que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a la una de la madrugada”, dice.
La comisionada Maribel Méndez explica que cada una de las personas comisionadas determinaba su pregunta a realizar, y asegura que todas evaluaban aspectos de conocimiento técnico jurídico, experiencia, propuestas para mejorar el sistema de justicia y “liderazgo humanista”. Cada una expedía su calificación, que promediaron.
Para las entrevistas a distancia el Comité realizó un banco de preguntas, unas de opinión, ligadas a derechos humanos, y otras relativas a cuestiones técnicas o especializadas en materia jurídica. Éstas se definían al azar por las personas aplicadoras, asegura la comisionada.
Méndez de Lara dice que revisaron si en su trayectoria habían defendido los derechos humanos, ya sea en la academia o como representación. Y en caso de ser parte de la impartición de justicia, si han elaborado proyectos o sentencias relevantes en materia de protección y salvaguarda de los derechos humanos.
“También hicimos toda una investigación de anticorrupción en la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial, en algunos poderes judiciales, donde teníamos el mayor número de participantes para ver un requisito fundamental, porque no basta ser buen técnico, no basta tener mucha experiencia, no basta tener sensibilidad, hay que tener honestidad”.
Para definir a las personas, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo constituyó un equipo de casi medio centenar de personas para poder sacar adelante la selección entre más de 18 mil personas.
“Prácticamente desde el 30 de octubre al día de ayer hemos trabajado jornadas de 20 horas diarias”, señala la comisionada Maribel Méndez.
“Pero previamente a la entrevista nosotros ya habíamos visto los currículums, ya habíamos visto cuál era su ventaja comparativa de la persona aspirante, abordábamos en torno a ello, hablábamos, por ejemplo, también veíamos sobre qué hizo su tesis de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, veíamos su posición respecto de las víctimas, ese fue un tema que le dimos mucho peso”, añade la comisionada.
Pendientes y fallas
La comisionada califica el proceso como “histórico”, sin embargo, destaca las enseñanzas que les dejó: la necesidad de prepararlo con más tiempo, contar con un sistema robusto de informática y realizar más entrevistas presenciales.
“Sería conveniente al menos que durara dos meses más el proceso”.
Esta opción podría resolverse en las elecciones de 2027, cuyo proceso comienza desde septiembre de 2026. En el actual, la convocatoria fue lanzada el 4 de noviembre de 2024 y a más tardar el 31 de enero, el Comité tenía que tener lista la calificación de idoneidad de las personas elegibles para que pudieran pasar a la siguiente fase de insaculación por tómbola.
Para Gil Zuarth, sin embargo, se trató de un proceso desaseado en el que se “manipuló” para que solo algunos perfiles pudieran ser electos mediante sorteo.
“Redujeron el número de los preseleccionados para que salieran los que ya estaban designados por dedazo pudieran superar la tómbola”.
También asegura que pesaron criterios alternos a la trayectoria judicial.
“En el caso del Poder Legislativo que sí hubo un esfuerzo por lo menos de entrevistar a una gran parte de los aspirantes, hoy sabemos que pesaron elementos extrajurídicos que no están en el expediente, como fue mi caso”, dice en referencia a las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que fue debido a sus antecedentes penales que fue descalificado.
Un juez federal le concedió la libertad condicional a Rosalinda González, quien ya cumplió más de la mitad de su condena de cinco años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la orden de liberar a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que el caso será enviado a un Tribunal Colegiado de Apelación.
Víctor Beltrán García, abogado de Rosalinda González Valencia, informó que la defensa ya respondió los argumentos que la FGR presentó para impugnar.
“Ya se presentó la contestación a los agravios del ministerio público, es un beneficio que la señora ha obtenido en este momento, de que por el tiempo que ha compurgado con excelente desempeño en todas las actividades que se le han impuesto en este centro de reclusión”, señaló.
Añadió que su clienta no tiene otra denuncia, causa penal u orden de aprehensión pendiente en su contra y detalló que el Colegiado de Apelación tiene de tres a cinco días hábiles para resolver la impugnación.
De acuerdo con el abogado, si el Colegiado confirma la decisión del juez, Rosalinda González debería ser liberada de manera inmediata.
Proceso informó la semana pasada que un juez federal le concedió la libertad condicional a Rosalinda González, quien ya cumplió más de la mitad de su condena de cinco años de prisión, misma que le fue impuesta por el delito de lavado de dinero.
El presidente de la Jupoco en el Senado, Adán Augusto López, acusó que en la gestión pasada, a cargo de Ricardo Monreal, se encontraron irregularidades financieras, por lo que el senador señalado solicitó un informe detallado de su gestión.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en diputados, Ricardo Monreal, informó que solicitó un informe detallado a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al Senado de la República en su periodo, que dio como resultado que no existen observaciones que solventar.
El diputado detalló que el 13 de diciembre de 2024 solicitó formalmente a la ASF un informe detallado sobre las auditorías practicadas al Senado de la República en su periodo como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Por lo que la auditoria remitió un oficio en el que se informa que, entre 2018 y 2023, se realizaron un total de once auditorías, abarcando temas de gestión financiera, contrataciones y cumplimiento en tecnologías de la información.
El legislador morenista detalló que la ASF informó que de todas las observaciones derivadas de las auditorías realizadas entre 2018 y 2022 han sido solventadas y atendidas en su totalidad, salvo a la auditoría correspondiente al ejercicio 2023, que se encuentra en proceso y será publicada el 20 de febrero de 2025.
Esto luego de que el 12 de diciembre del año pasado, el presidente de la Jupoco en el Senado, Adán Augusto López, acusó que en la gestión pasada, a cargo de Ricardo Monreal, se encontraron irregularidades financieras por lo que advirtió que presentarían denuncias correspondientes, sin embargo, el día de ayer en el Senado el legislador morenista negó responder si ya las había realizado.
El operativo se llevó a cabo en la cárcel de Aguaruto en donde decomisaron armas blancas y licores.
Un dispositivo de internet satelital fue encontrado durante un cateo en el penal de Aguaruto, al poniente de la capital de Sinaloa, en donde también se aseguraron armas blancas y licores, junto a otros objetos ilícitos al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fue a través de un operativo conjunto de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar) y Guardia Nacional (GN) en que llevaron a cabo la revisión de rutina.
El dispositivo asegurado es un Starlink, desarrollado por Elon Musk y el cual brinda internet de alta velocidad a través de una red de satélites. Para su funcionamiento requiere un cielo despejado y sin obstrucciones, sin embargo, el aparato funcionaba al interior del penal.
La dirección del penal de Aguaruto es ocupada por Adrián Zapién Arenas, quien toma el cargo el 5 de diciembre de 2024 después de una riña días antes en donde hubo detonaciones de armas de fuego y algunos internos asesinados y otros heridos.
Entre las víctimas del enfrentamiento se encuentra Luis Octavio N, ingresado el 11 de febrero del año pasado y además era señalado de haber sido escolta de Lupe Tapia, integrante del Cártel de Sinaloa parte del círculo cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.
Respecto al actual director del penal, Zapién Arenas, el funcionario viene de Michoacán en donde enfrentó señalamientos en 2020 de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Antes de él el cargo había sido ocupado anteriormente por José Alfredo Martínez Álvarez.
Sheinbaum anunció que el anhelado Tren-México Querétaro busca disminuir la saturación de la principal carretera del estado; conectará con Nuevo Laredo, Nogales y Guadalajara.
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la ansiada construcción del Tren México-Querétaro, que conectará la capital del país con aquel estado, comenzará el próximo mes de abril y que estará listo para 2028.
"Aquí en Querétaro, el proyecto principal que estamos desarrollando conjuntamente es el Tren México-Querétaro que inicia su construcción en abril de este año. Esperamos tenga una duración para poderlo inaugurar de entre dos años y medio a tres años. Es un proyecto que desde hace mucho se quería desarrollar y que lo vamos a hacer una realidad", informó la mandataria.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que, actualmente, el proyecto para construir el ferrocarril se encuentra en la fase de estudios de ingeniería básica, impacto ambiental y en la definición de estaciones, por lo que está en diálogo con los concesionarios de la red de transporte ferroviario de carga para la utilización conjunta del derecho de vía.
La Jefa del Poder Ejecutivo adelantó que la construcción estará a cargo ingenieros militares y que una vez que terminen los estudios necesarios, regresará al estado para dar el banderazo de salida al inicio de las obras.
Tren México-Querétaro busca reducir saturación en carretera
La Presidenta agregó que también se contempla habilitar el tren para transporte de carga con el objetivo de reducir la saturación que se tiene en la carretera 57, una de las más transitadas del país.
“Nosotros pensamos que el tren va a ser una gran alternativa para el transporte de pasajeros. Va a ser más rápido, mucho más ágil y seguro viajar en tren que en carretera. También estamos trabajando con los concesionarios de carga para fortalecer el transporte de carga”, aseguró.
La mandataria recordó que el Tren México-Querétaro formará parte de la red ferroviaria nacional, y que conectará con Nuevo Laredo, Nogales, Guadalajara, Guanajuato y con el Golfo de México.
"Es la principal apuesta el transporte ferroviario", manifestó.
Un enfrentamiento entre civiles armados y policías ocurrió en Nuevo León, donde también resultó herido un oficial; aseguran armamento y vehículos.
Un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y agentes de la Policía de Nuevo León dejó como resultado el fallecimiento de cinco civiles armados y un elemento de las fuerzas de seguridad herido, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
La policía estatal confirmó los hechos, registrados en la localidad de General Bravo, Nuevo León, e informó del aseguramiento de cinco armas y un vehículo.
“Un oficial fue evacuado vía aérea y se encuentra recibiendo atención médica en un hospital del área metropolitana”, informó la autoridad en una ficha informativa en la que destaca que los civiles armados fueron “neutralizados”.
Este enfrentamiento se da el mismo día en que se realizó el hallazgo de cuatro bolsas plásticas con restos humanos en el ayuntamiento de Galeana, en Nuevo León.
Los hechos se registraron en la carretera Matehuala-Saltillo, kilómetro 118 a la altura del ejido San José de Raíces, en la mencionada localidad.
La propuesta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se debatirá este jueves en el máximo tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá este jueves un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que propone ordenar a todas las autoridades acatar las suspensiones provisionales dictadas contra la implementación de la Reforma Judicial.
El proyecto afirma que las suspensiones pueden estar o no bien concedidas, pero que deben obedecerse para respetar el Estado de derecho. Sostiene que quienes están en contra pueden acudir a un tribunal colegiado para presentar su impugnación.
El documento, adelantado por Milenio y confirmado por Aristegui Noticias, indica que el Tribunal Electoral no tiene facultades para eliminar los efectos de una suspensión girada por un juez de amparo.
Sin embargo, también apunta que los jueces de distrito no pueden frenar temas electorales, por lo que les ordena revisar las suspensiones emitidas para verificar que estén dentro del marco de la ley. También les llama a resolver los juicios de manera rápida.
Reforma adelanta que esta decisión “seguramente” revocará las suspensiones ya emitidas.
La ministra Yasmín Esquivel fue cuestionada sobre el proyecto en entrevista en Radio Fórmula. No quiso adelantar su criterio, pero consideró que no habrá bloqueos contra la elección judicial.
Milenio destaca este fragmento de la propuesta de sentencia:
Es más que claro para esta Corte que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos. Implica no sólo concebirse como un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de amparo (cosa que no es) y crear una competencia ad hoc (…) con lo que termina violando la propia Constitución que dice defender en sus sentencias.
Los pronunciamientos (del TEPJF) se emiten bajo una competencia extra-legal y no pueden afectar ninguna de las determinaciones de amparo, ni la admisión de demanda y las órdenes de suspensión.
El proyecto deberá recibir el aval de al menos seis de los 10 ministros para convertirse en sentencia.
