En entrevista con Proceso, Ingrid Tapia, vocera del colectivo “Caso 992” explicó que el caso que están solicitando que la Corte atraiga es el de su divorcio, conflicto que inició en el año 2006 cuando tuvo que salir huyendo de su casa con sus hijos derivado de la violencia de la que eran víctimas por parte de su ahora exesposo.

En aquella época aún existía el Divorcio Necesario, en el que se tenía que acreditar una causal establecida en la ley para que un juez autorizara la separación legal de los cónyuges, lo que desde 2008 fue eliminado con la creación de los llamados Divorcios Incausados.

Al ser un litigio que se rige por la ley vigente antes de 2008, Ingrid no sólo fue obligada a permanecer casada durante 31 años sino que fue condenada por “abandonar” su hogar.

Por ello, comentó que el colectivo decidió tomar su caso para visibilizar ante la Corte los múltiples tipos de violencia de los que aún son víctimas las mujeres y que, pese a los avances legislativos y de criterios jurisprudenciales, es necesario que las leyes y su interpretación otorguen mayor protección a las madres y sus hijos en casos de violencia familiar.

“Se está pidiendo la variación de más de cinco jurisprudencias de un solo golpe y esa variación solo puede hacerla pues quién hizo las jurisprudencias que es el pleno de la Suprema Corte”, explicó.

“Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que llegue a la Corte porque lo importante no es que gane o pierda una de las partes en el juicio, el problema es que si ganamos en los colegiados ya no habría esa posibilidad y la verdad es que los derechos implicados en esos criterios son fundamentales porque están vinculados con esta crisis silenciosa de derechos humanos que afecta de por sí a las mujeres, pero particularmente las mujeres madres de familia en México”.

Las mujeres del colectivo presentarán por escrito dos Amicus Curiae, uno elaborado por el Colegio Nacional de Tabajadores Sociales y otro, por un grupo de especialistas privados y un grupo de exalumnos del ITAM de un taller de análisis económico del Derecho que analizaron científicamente el impacto de la violencia familiar en México, así como los múltiples obstáculos a los que se enfrentan las víctimas.

“Este Amicus Curiae y las personas que realizaron la investigación, hacen un recuento puntual de cómo la legislación contra las madres de familia en México durante los pasados 20 años”, agregó.

Los análisis incluyen cifras poco conocidas como que el 33% de las madres solteras sufren denegación sistemática de justicia; más de 11.2 millones de mujeres en México son afectadas por la falta del pago de alimentos, pues solo 1 de cada 10 que demandan pensión alimenticia logran cobrar efectivamente, lo que termina afectando a un total de 28 millones de personas incluidos niños y adolescentes o que un 75% de las mujeres entre 25 y 34 años de edad han experimentado violencia.

Un 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de sus exparejas a pagar los alimentos; en 2022 el 40.5% de las sentencias emitidas en el país fueron en materia familiar, sin embargo, menos del 25% de los juicios ingresados en esta materia se resuelven por sentencia.

De acuerdo con Tapia, los cinco criterios que el colectivo solicita a la Corte modificar son que se reconozca a las madres el derecho de poner a salvo a sus hijos y a ellas mismas ante casos de violencia familiar.

“El saldo de la impertinencia del Estado mexicano ha producido entre 2000 y 2019, que es el único censo, la muerte de 88 mil niños en manos de sus padres y sus padrastros”, enfatizó.

“Mientras tú no reconozcas que una madre tiene, no solo el derecho, la obligación de poner a salvo a sus hijos y su propia persona, lo único que estás favoreciendo con ese criterio interpretativo ofensivo e inconstitucional es que esta década, la de 2019 en adelante, haya los mismos o más que estos 88 mil niños y niñas que han perdido la vida”.

Otro criterio que el colectivo solicitará modificar es el que impide a las mujeres que se casan por sociedad conyugal tener acceso a una acción compensatoria por haber cuidado a sus hijos durante el matrimonio, independientemente de si trabajaron o no fuera del hogar.

“Dice la Suprema Corte que cuando tú te casas por sociedad conyugal, esto ya garantiza que va a haber paridad en la distribución patrimonial, que va a haber equilibrio. Esto es un acto de profunda ignorancia, gravemente lesivo y discriminador de las mujeres porque el hecho de que tú te cases en México por este régimen patrimonial no quiere decir que cuando se liquide la sociedad conyugal vas a tener algo de eso, el 3% de las mujeres nunca van a tener nada”, comentó Ingrid Tapia.

“Esta idea absurda de la Suprema Corte de que el régimen patrimonial de sociedad conyugal es por sí mismo protector y que por tal razón las mujeres abandonadas que se casaron bajo ese régimen, no tienen derecho a reclamar una compensación es gravísimo porque constituye dejar a las mujeres solas a cargo de sus hijos sin la posibilidad a la que tiene derecho toda víctima de obtener restitución, reparación y garantías de no repetición”.

Asimismo, que se erradique la exigencia a las mujeres de acreditar que durante el matrimonio no tuvieron las mismas oportunidades laborales por ser madres trabajadoras para tener acceso también a una compensación.

“Recientemente los ministros introdujeron en una jurisprudencia el término de costo de oportunidad, es decir, que las mujeres debían ser compensadas por las pérdidas que resintieron por haberse dedicado al hogar, el problema es que la jurisprudencia te pide que la víctima pruebe que realmente perdió oportunidades laborales, ¿cómo te atreves a pedirle a la víctima que pruebe su daño?”, cuestionó.

Tapia detalló que el Amicus Curiae que presentarán ante la Corte está acompañado de una recopilación de investigaciones a nivel mundial que demuestran que no existe abandono sin daño, por lo que esto refuerza el argumento de que no se puede exigir a las mujeres acreditar ese desequilibrio para ser resarcidas.

En el año 2006 cuando Ingrid decidió separarse del padre de sus hijos lo hizo para protegerlos pues su entonces esposo agredió físicamente al mayor de ellos, quien en su momento tenía 10 años de edad y es neurodivergente con TDAH y epilepsia.

Por ello, aunque su hijo fue víctima directa y testigo de la violencia que Ingrid sufría, su testimonio fue descalificado por impreciso.

“Queremos utilizar mi caso para visibilizar la necesidad de que se respeten los derechos de las personas que tienen una incapacidad o discapacidad no visible, porque si una persona es autista o tiene asperger puede ser víctima pero su testimonio no va a servir porque su condición le impide declarar como lo haría una persona que no es neurodivergente”, explicó.

Y, finalmente, también buscarán que la Corte establezca un criterio para garantizar que todas las mujeres que sean víctimas de violencia patrimonial, puedan preservar su identidad y sus agresores sean obligados a permitirles recuperar los documentos que, por salir de emergencia de sus domicilios, tuvieron que dejar atrás.

Para que la Corte atraiga el caso con el que el colectivo busca marcar una diferencia a favor de las víctimas de violencia familiar, un ministro deberá hacer suya la petición y plantearlo a sus compañeros en la sala que corresponda.

Si los ministros aceptan atraer el caso, el expediente será turnado a otro ministro para que elabore un proyecto de resolución y pueda sentar precedentes.

Debido a que la Corte no tiene términos fijos para resolver estos casos, es posible que la actual conformación del Máximo Tribunal no se encargue de emitir la resolución final del asunto sino que lo hagan los nuevos ministros electos por voto popular, mismos que tomarán posesión en septiembre próximo.

Por ello, en su proyecto, Gutiérrez Ortiz Mena propondrá a sus compañeros en el Pleno exhortar a todas las autoridades a cumplir con las suspensiones, ordenar a los jueces de Distrito revisar de oficio si las mismas fueron emitidas adecuadamente y conforme a los precedentes de la Corte y mantener vigente la suspensión que protege a los exintegrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) de cualquier sanción que le intente aplicar el TEPJF.

“A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes, la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, indica el proyecto.

Reproche al Tribunal Electoral

Gutiérrez Ortiz Mena precisa que el TEPJF no tiene competencia para revisar las suspensiones de los jueces de Distrito porque no es una autoridad jerárquicamente superior a ellos y que, a través de las tres sentencias que ha emitido respecto al tema, menoscabó la independencia judicial.

“Estos pronunciamientos provocaron una irrupción en el sistema de impugnación de las suspensiones de amparo, una autoafirmación jurisdiccional sobre una supuesta facultad de juzgar las competencias de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, y un menoscabo a la independencia judicial”, indicó.

Desde octubre pasado, la Sala Superior del TEPJF emitió tres resoluciones relacionadas con las suspensiones concedidas en amparo contra la reforma judicial.

Los asuntos fueron impulsados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República, a los que los jueces de Distrito ordenaron frenar el proceso de la elección judicial, en los que consultaron a la Sala Superior si estaban o no obligados a cumplir con las suspensiones de amparo.

En las primeras dos sentencias, el Tribunal consideró inviable la suspensión del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, lo que fue utilizado por el INE y el Senado para justificar el incumplimiento a los requerimientos de los jueces de amparo.

La tercera resolución fue emitida este año luego de que el CEPJF, en cumplimiento a una suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, frenó el proceso de selección de candidatos.

En este caso, el TEPJF ordenó al Comité reanudar el proceso y una vez que dicho cuerpo colegiado llevó el conflicto a la Corte, los magistrados electorales determinaron que el Senado de la República podía sustituir al CEPJF y continuar con el proceso para que, de manera obligada, el PJF tenga candidatos, pese a que la reforma judicial no establece que si uno de los poderes se queda sin candidatos la elección no pueda continuar.

Por ello, el ministro recordó que la Ley de Amparo prevé dos recursos contra las suspensiones de amparo: queja o revisión, en los que el TEPJF no tiene competencia.

“No hay ninguna norma, constitucional ni legal, que habilite a la Sala Superior para estos propósitos. Sólo puede hacerlo si se arroga una facultad extra-legal para juzgar la autoridad de los juzgadores de amparo, que es precisamente lo que ocurrió en el caso presente.

“Con independencia de si los jueces de distrito efectivamente tienen o no competencia para sustanciar sus juicios de amparo y emitir suspensiones, lo que es más que claro para esta Corte es que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos y, a partir de ellos, irrumpir en el sistema de impugnaciones de los incidentes de suspensión. Hacerlo no sólo implica concebirse como un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de amparo (cosa que no es), sino excepcionales del Estado de derecho y crear una competencia ad hoc que le permite determinar qué sentencias cuentan como derecho. Paradójicamente, esta competencia metaconstitucional termina violando la propia Constitución que dice defender en sus sentencias, pues no tienen ninguna base constitucional y, de hecho, contraría cualquier pretensión de una vida institucional organizada”, afirmó el ministro.

Indicó que la relación entre la Sala Superior y los jueces de amparo no es una de jerarquía sino de división material de trabajo y reprochó que con sus resoluciones los magistrados electorales vulneraron la independencia de los juzgadores.

“La Sala Superior pretendió combatir una alegada invasión de atribuciones con una determinación que adolece del mismo defecto. Añadimos, únicamente, que esta segunda invasión competencial puso en entredicho la estructura institucional de la Ley de Amparo, la independencia judicial y el Estado de Derecho”, precisó.

Las suspensiones pueden ser revisadas

El ministro recalcó que el hecho de que la Sala Superior hubiera actuado incorrectamente no significa que las suspensiones concedidas contra la reforma judicial estén bien.

Por ello, detalló que aunque los amparos en materia electoral son improcedentes, en 2005 la Corte emitió un criterio en el que, de manera excepcional, proceden cuando se vinculen en estricto sentido con la posible violación a los derechos humanos.

Gutiérrez Ortiz Mena explicó que en la acción de inconstitucionalidad en la que la Corte analizó la reforma judicial, se resolvió por mayoría de ocho votos que las normas de dicha modificación son de materia electoral y que, por ello, no hay dudas de que no pueden ser suspendidas mediante amparo.

Precisó, sin embargo, que existen normas de la reforma judicial que tienen componentes no electorales respecto de los cuales es posible que los jueces de amparo concedan suspensiones.

Por ello, prevé ordenar a los jueces que concedieron suspensiones revisar de oficio sus determinaciones en un término de 24 horas para ver si realmente se concedieron contra actos que no son materia electoral o, en su caso, revocarlas.

Desobediencia de las autoridades

Al analizar cómo y por qué las autoridades han incumplido con las suspensiones concedidas contra la reforma judicial, el ministro volvió a referirse al actuar de la Sala Superior del TEPJF e indicó que el mismo se equipara a un abierto desacato de órdenes judiciales, lo que representa algo más que una simple desobediencia.

“Es un acto de soberbia institucional que corroe los cimientos mismos del Estado de derecho. Cuando una autoridad se arroga el derecho de decidir qué resoluciones judiciales merece cumplir, no sólo viola la ley: proclama su propia infalibilidad y se coloca por encima del orden jurídico que dice defender”, reprochó.

“Lo que une a todos los actores en esta controversia es su pretensión de soberanía y superioridad frente al Derecho. Su ambición de salirse del Derecho para decidir sobre el contenido mismo del Derecho. En otras palabras, su búsqueda de ser aquel que decide cuándo se le aplica una excepción al Derecho”.

Por ello, consideró que el problema central en el caso radica en la forma tan simple con la que las autoridades ignoraron las resoluciones de amparo cuando éstas no convenían a sus intereses y normalizaron la idea de que “el fin justifica ignorar los medios institucionales establecidos”.

“Cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, por nobles que sean sus intenciones, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar”, agregó.

Indicó que las sentencias de la Sala Superior no pueden tomarse como resoluciones que puedan anular las suspensiones concedidas en amparo, deben leerse como la opinión de la mayoría de los miembros de este cuerpo colegiado.

Sin embargo, el ministro propondrá invitar a las autoridades responsables a cumplir con las suspensiones contra la reforma judicial o, si así lo desean, impugnarlas a través de quejas o recursos de revisión, no ignorarlas.

El TEPJF contraataca

Luego de darse a conocer el sentido del proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena el bloque mayoritario de magistrados del TEPJF, integrado por la presidenta Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, informaron que solicitaron a la Corte declarar impedidos a la ministra presidenta Norma Piña, al ponente y a los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo Rebolledo para que no participen en la discusión.

En conferencia de prensa, los magistrados acusaron a los ministros de ser parciales y emplear expresiones “irónicas” hacia la reforma judicial en entrevistas y declaraciones públicas.

“Me parece que sería una gran tragedia, ahí sí, al Estado de derecho, el que un proyecto del alto Tribunal fuera en esos términos, en donde parece que se escribe con letras y lágrimas, con mucho dolor”, indicó Soto.

De esta manera, el bloque mayoritario busca que las tres ministras afines al gobierno federal, Margarita Ríos y Juan Luis González Alcántara Carrancá sean los únicos que participen en el debate, garantizando así que el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena sea desestimado.

Agregó De la Mata:

Sin embargo, Soto Fregoso rechazó que exista confrontación alguna con la SCJN y afirmó que el TEPJF decidió solicitar el impedimento únicamente sobre cuatro ministros por ser quienes han señalado a la institución directamente de violar la constitución.

“En este caso estamos solicitando por quienes han hecho pronunciamientos que en algún momento creo que se han puesto en situación de parte, en señalar incluso directamente que este Tribunal Electoral violó la Constitución. Entonces, esos fueron pronunciamientos en medios de comunicación, no en sentencia y consideramos que hay un pronunciamiento previo abiertamente a la actuación de este Tribunal Electoral. Es básicamente enfocado a lo que se ha manifestado también en la actuación de este Tribunal Electoral”, precisó la magistrada presidenta.

Proceso planteó el tema en “la mañanera del pueblo” este lunes y la mandataria federal “conminó” a una investigación completa del caso. Pidió al fiscal Gertz Manero exponerlo esta mañana quien dijo que el caso comenzó con la detención, en 2020, del general secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde un inicio omitió las declaraciones y acción alguna del gobierno mexicano para interceder por el general.

“Durante varios meses estuvo en esa situación hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió, el juez federal aceptó ese desistimiento y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México.

Habló también de la decisión inédita del expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión de hacer público todo el expediente enviado por Estados Unidos. 

Aunque en la conferencia presidencial del exmandatario López Obrador, del 19 de noviembre de 2020, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, hoy de Economía, Marcelo Ebrard -a quien hoy también se solicitó una respuesta ante lo cual la presidenta Sheinbaum negó con la cabeza- declaró que México no defendía a una persona sino un principio, además de hablar de una conversación con el gobierno de Estados Unidos y “lograr que se desestimen por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México”.

Este martes, Gertz Manero afirmó que en la evidencia enviada por Estados Unidos, con la revisión que hizo la FGR, “lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es por su altura, sus características, por los lugares que dicen que estuvo, que nunca estuvo, era un catálogo de falsedades”.

“Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021 en dos comunicados de la Fiscalía que quien los quiera tener están a su disposición aquí donde hicimos una explicación muy clara de por qué se había determinado el no ejercicio de acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba algún”, afirmó el titular de la FGR.

México, dijo, también de forma inédita comunicó al gobierno de Estados Unidos por escrito en un documento, presentado primero en la embajada en México y después ante el Departamento de Justicia de ese país, sobre la determinación del no ejercicio de la acción penal, dado que es una obligación procesal en las leyes mexicanas.

Esto con la finalidad de que “las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se ha generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir a eso, ir ante los jueces y determinar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto. Se le envió al Departamento de Justicia esperamos los días; ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y cuatro años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México”.

El fiscal general Gertz afirmó: “Todo esto está documentado con lo presentado y con todas las pruebas que se han dado a conocer”.

Ante la exposición, Proceso hizo preguntas basadas en la investigación de periodistas que siguieron el caso, incluso antes de que México tuviera información de Estados Unidos, como fue Jesús J. Esquivel, corresponsal de este medio en Washington.

Gertz Manero negó que México pidiera el desistimiento de pruebas al gobierno de Estados Unidos, cuando la jueza federal Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, concedió la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, en efecto, a solitud del Departamento de Justicia.

Como lo informó Proceso el 18 de noviembre de 2020, “el fiscal federal Seth DuCharme, a nombre del gobierno de Estados Unidos, explicó a la juez que la decisión del retiro de los cargos al general Cienfuegos se tomó por interés nacional en política exterior y en la continuidad de la cooperación antidrogas y corrupción con México”.

“La aplicación del retiro de los cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior… y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción”, dijo el fiscal DuCharme a la jueza.

Este día la FGR únicamente se enfocó en la petición del Departamento de Justicia estadounidense pero no abordó la explicación del fiscal.

“El gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México, eso no es cierto, no hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos y toda la documentación, toda sin excepción sin un solo documento que faltara fue hecho público, así que esa afirmación es falsa”, dijo.

-¿México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación?

-Esa afirmación es falsa, no sé si esté claro.

Reiteró en desmarcar al gobierno mexicano de la solicitud que hizo el Departamento de Justicia estadounidense a la jueza Amon: “La investigación se hizo con las pruebas que mandaron y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos, la juez dio y está por escrito que ella se desistía a petición del gobierno de Estados Unidos, fue una solicitud”.

Se le insistió, entonces sobre el retiro de los cargos que se centró en equilibrar los intereses de política exterior y respondió:

“Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México e hizo la investigación y le demostró al gobierno de Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes”, insistió.

Sobre en qué momento se enteró de que estaban investigando a Cienfuegos en Estados Unidos dijo que la Fiscalía solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas.

La FGR notificó oficialmente al gobierno estadunidense para darles la oportunidad de que impugnaran la determinación de la Fiscalía mexicana y no impugnaron, pero tampoco dieron respuesta.

Este hecho para el fiscal “¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima: no tenían pruebas, si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de cuando les estaban demostrando que no eran suficientes poder llevar a cabo ese procedimiento, no lo llevaron”.

Aunque el fiscal en ningún momento determinó que por parte de Estados Unidos hubiera una comunicación oficial y determinante de señalar que Cienfuegos es inocente de los cargos por los que se le detuvo en Los Ángeles.

-Pero tampoco hubo una declaración oficial de que consideraran retirar los cargos porque eran falsos o como decía el expresidente eran fabricados. ¿Hubo una comunicación formalmente donde dijeran pues sí nos desistimos porque no hubo pruebas?, se le preguntó.

-A ver compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral y en este caso a un Estado que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese ejercicio no era jurídico válido, lo aceptó.

La presidenta Sheinbaum intervino en los planteamientos al fiscal mexicano y afirmó que se estaba contestando “la verdad, nosotros mentimos, es la verdad”.

Gertz Manero también reaccionó ante el hecho de que en Estados Unidos nunca hubo un juicio que declarara inocente o culpable a Cienfuegos.

“Cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio esa persona está total y absolutamente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso específico.

 -¿El expediente que recibieron (de Estados Unidos) considera que estuvo completo?

-Eso fue lo que ellos mandaron, ellos fueron los que iniciaron esto, mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se lo dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron, más claro ya no puede estar.

En conferencia conjunta en la capital del país, alertaron que están en riesgo alrededor de 800 mil millones de pesos “líquidos” de los 2 billones de pesos que tiene el Instituto, que fueron aportados por los patrones y que pertenecen a los trabajadores.

El dictamen aprobado el sábado no incluyó los puntos “irreductibles” que se habían acordado en una reunión previa celebrada con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunciaron.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez dijo que el dictamen “vulnera” el principio de tripartismo del Infonavit, ya que se designará al director general directamente por el Ejecutivo eliminando el requisito de que sea aprobado por la Asamblea General.

También designa al director general como presidente de los órganos colegiados favoreciendo a uno de los sectores, por lo que se propone continuar con una presidencia rotativa (trabajadores, patrones y gobierno). “En caso de que no se acepte, el encargo debe caer en otro representante del gobierno que no sea el director general, para evitar un conflicto de interés”, aseveró.

La empresa constructora filial que se creará para construir y rentar viviendas debe tener “reglas claras” para saber cómo y en qué se va a invertir.  Que esa empresa y el Infonavit tengan supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo los lineamientos de la primera, demandaron tanto el sector patronal como el obrero.

Advirtieron que la empresa filial tendrá la facultad de contratar a otras personas morales (empresas) con el mismo objeto social, “lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral”.

Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos (Concamín), señaló que el gobierno no ha consultado a las cámaras empresariales ni los colegios de profesionistas sobre los proyectos para construir vivienda asequible.

Sobre los predios que, según Romero Oropeza, ya existen para desarrollar vivienda, Ramírez Leal indicó que estos tendrían que reunir condiciones para poder desarrollar vivienda y que tendrán que ser revisados. Si los predios no cuentan con las condiciones para ser desarrollos habitacionales tendrían que desecharse, aunque sean donaciones de los municipios y los estados, añadió.

González Guzmán agregó que se está a la espera de que concluya el proceso legislativo, para poder presentar una queja por violación de diversos convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en caso de que sus demandas escuchadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eludió referirse directamente a la acción internacional anunciada y se dijo “extrañada” del pronunciamiento de los dos sectores, ya que aseguró ha habido “varias” reuniones, una de ellas con SEGOB, en la que todos han estado de acuerdo.

“Es falso este planteamiento de que como dice el PAN que se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe qué cosas. Los fondos están ahí, se va a construir vivienda. Va a haber transparencia y no va a haber corrupción, ése es el objetivo de esa ley”.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que no se considera una invasión de México el hecho de que las fuerzas estadounidenses cooperen con las mexicanas, por lo que cuestionó: “¿por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal?”.

El propósito del ejercicio es que elementos de las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América y el personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina lleven a cabo actividades de capacitación y adiestramiento, como son la ejecución de tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional y no convencional, en operaciones anfibias, en ambiente marítimo, terrestre y aéreo.

El funcionario se refirió en la conferencia diaria del Gobierno a la dispersión de elementos de la Guardia Nacional (GN) en los estados fronterizos de México tras el acuerdo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en una llamada el 3 de febrero con Trump para que él pausara por un mes la imposición de aranceles del 25%.

Como resultados destacados, el secretario enunció la incautación de 537 kilogramos de metanfetaminas y 60 kilogramos de cocaína en un vehículo en Tijuana, Baja California, el 8 de febrero, y el desmantelamiento de un laboratorio el 10 de febrero con 190 costales con precursores químicos de drogas sintéticas en García, Nuevo León.

En total, desde el comienzo del Gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre, las autoridades mexicanas han desarticulado 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, ha confiscado 329 mil 431 litros y 109 mil 070 kilos de sustancias químicas.

Asimismo, notificó un total de mil 600 detenidos por delitos de alto impacto en estos cuatro meses, la confiscación de 102 toneladas de droga, incluyendo 1,210 kilogramos de fentanilo y 1.2 millones de pastillas de fentanilo, así como cinco mil 692 armas de fuego.

Defienden los resultados de Sheinbaum

Trump ha ligado los aranceles generales del 25% a México al tráfico de migrantes y drogas, al declarar terroristas a los carteles del narcotráfico, a los que acusa de matar entre 250 mil y 300 mil estadounidenses al año.

Pero los asesinatos han caído un 12% en el primer cuatrimestre de Sheinbaum, afirmó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Desde el inicio de la actual Administración, encabezada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de septiembre de 2024 a enero de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos ha tenido una reducción del 12% al pasar de 86.9 víctimas a 76.5“, sostuvo Figueroa.

Y destacó que, sobre los homicidios, “este enero de 2025 registró el promedio más bajo en los últimos años, en comparación con enero de 2019, la reducción es de 17.4%”.

El informe de seguridad se presenta después de que Trump dijo a Fox News este domingo que “no es lo suficientemente bueno” lo que han hecho México y Canadá para evitar los aranceles generalizados del 25%.

Sheinbaum asumió la presidencia después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1.2% anual en 2024 hasta los 30 mil 057, según datos del SESNSP.

“Trabajamos todos los días, ahora hay mucha coordinación entre la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, los gobiernos de los estados”, aseguró Sheinbaum.

Ante el hecho, la Fiscalía dijo que inició una carpeta de investigación correspondiente, aplicando “los protocolos de investigación de feminicidio y enfoque diferencial”.

La Fiscalía de Zacatecas dijo que los familiares, con asistencia de personal de la institución, identificaron y recibieron el cuerpo de la víctima este lunes.

“Han recibido atención integral y avances de la investigación” , señaló la institución.

Además, la Fiscalía destacó que la mujer había reportado el 11 de febrero de 2023 la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida ese mismo año, aunque antes encaró a las autoridades y cuestionó los protocolos de búsqueda.

“Se descarta que tenga relación alguna con el reporte detonado en 2023“, aclaró el comunicado.

Las investigaciones seguirán bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

“Avances que se darán a conocer en el momento procesal oportuno mediante los medios de comunicación institucionales”, concluyó el comunicado.

El también ex futbolista aseguró que cualquier hombre podría estar en una situación parecida a la suya, por lo que no se rendiría y promovería que la investigación llegara hasta sus últimas consecuencias. Además, enfatizó que la lucha para demostrar su inocencia era un proceso que enfrenta en soledad y que consideraba un asunto personal.

La iniciativa sería, según el actual diputado federal de Morena, para que “algunos hombres se defiendan de estas acusaciones, porque hay muchas falsedades de declaración, pero como te menciono, hay que esperar, no me puedo adelantar a los hechos porque nosotros nos tenemos que defender a como dé lugar”.

“No me escudo en ningún partido, ni de la fuerza política de Morena, ni de nadie”, afirmó el gobernador morelense, quien también sostuvo que, desde hacía tiempo atrás, había respaldado la petición de destituir a Uriel Carmona Gándara, como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), tras conocer que habría un índice de alrededor del 94 por ciento de impunidad en dicha entidad.

“Yo siempre, desde que estuve, lo quería destituir y nunca pude, porque no tenía la mayoría. Hasta los mismos de Morena me jugaron en contra”, recordó el actual diputado federal, quien también comentó que “en la calle, amigos, y se los digo, ustedes creen que voy a necesitar hacer esto, no, tengo dos hijas, y si tengo problemas más con gente que esto, el otro, la familia, sí pesa, el problema es que lo demuestren y donde tope, yo sé quién está detrás de todo esto y es el exfiscal”.

“Vamos a contrademandar porque no me voy a quedar callado; y al final de cuentas y les digo de una vez, no es mi media hermana, no tiene nada que ver conmigo”, insistió el ex futbolista, quien reiteró que sabía “quién está detrás de la señorita y me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política y sé que así es la política”.

“Hay guerra sucia, pero siempre gracias a Dios he tenido una fortaleza que no me dobla y voy a seguir luchando”, insistió Blanco Bravo, quien respecto a Nidia Fabiola “N”, reiteró que no era su familiar, sino “de mi hermano el mayor, yo no vivía en residencia”.

“Yo le dije ‘quédate’ [en la Residencia Oficial], porque la señorita trabajaba, se iba de Morelos hasta Satélite [Naucalpan, Estado de México], entonces era una friega ir y regresar, ir y regresar, y te lo vuelvo a repetir, siempre me he pesado de buena gente y abusan de mi buena gente, hay mucha gente que me ha traicionado”, aseguró el ex gobernador.

Sin embargo, la comparativa real de todo el periodo entre el 9 de septiembre de 2024 al 9 de febrero  de 2025 advierte que en Sinaloa asesinan a una persona cada seis horas.

Esta información fue dada a conocer por Feliciano Castro en reemplazo del gobernador Rubén Rocha, quien por motivos de agenda no la llevó a cabo, ya que acudió al evento de conmemoración del 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. En lo que va de 2025 se han acumulado 180 homicidios dolosos. 

La guerra intestina entre Chapitos y Mayos ha dejado además casi mil 300 personas desaparecidas, según datos de la FGE, únicamente en la zona centro del estado. 

Ambas cifras, tanto de homicidios como de desapariciones forzadas, son casos judicializados por la autoridad local, y en el caso de desapariciones, se habla de por lo menos un 60 por ciento de subregistro si se compara con fichas de colectivos de búsqueda.

Los primeros reportes indican que los agresores iban en una camioneta, y dispararon sin bajarse de la unidad a los individuos que habían salido de la cantina. 

Apenas la noche del sábado fueron acribillados tres sujetos en el bar Tenampa del muncipio de Paraíso, a 75 kilómetros de Villahermosa. 

Entre los asesinados en el bar, ubicado en la ranchería Nicolás Bravo, se encuentra un expolicía, un miembro de la comunidad lesbico-gay y un menor de edad, de acuerdo con usuarios de redes sociales que los identificaron.

Asimismo, padres de familia de la secundaria Técnica 28 de la colonia Gaviotas informaron que apareció hoy una cartulina en el plantel con un mensaje amenazador, en el cual dan de plazo hasta el 20 de febrero para que retiren las cámaras de seguridad de la escuela.

En Ciudad Pemex, del municipio de Macuspana, fue localizado el cadáver de un sujeto que presentaba impactos de bala.

También en las primeras horas de este día fue hallado un hombre sin vida en la comunidad de Oriente sexta sección, en la zona conocida como Los Mulatos, en el municipio de Comalcalco.

La víctima vestía un overol naranja y fue identificado como Gabriel de la Cruz, oriundo de La Chonita, en Cunduacán.

En Huimanguillo, en un puente peatonal de la carretera a Cárdenas, la Policía municipal encontró una manta con amenazas a la alcaldesa Mari Luz Velázquez Jiménez, por presuntamente proteger con agentes de Seguridad Pública a un grupo delictivo.

“La fecha se deriva del auto de apertura de juicio oral emitido por la Juez de Control, Lic. Miriam Huerta Lechuga, hace 15 meses. La demora para la celebración del juicio, desde la celebración de la audiencia de control celebrada en agosto de 2023, obedece principalmente a las solicitudes de amparo planteadas por la defensa de Javier N. -ya desechadas por los organismos competentes-, con la finalidad de dilatar el procedimiento”, explica. 

Reitera que tanto la familia como la Fiscalía General del Estado solicitarán que se condene a Javier N. y los otros dos imputados, identificados como Jaír N. y Silvestre N., a cumplir 60 años de prisión cada uno, que es la pena máxima por femicidio que fija el Código Penal del Estado vigente en el momento de la comisión del asesinato. 

“En este sentido, se hace un llamado al Poder Judicial del Estado de Puebla para actuar sin dilaciones a la vista de que en mayo de este año se cumplirán ya 3 años desde el feminicidio de Cecilia Monzón, sin que hayan recaído condenas”, agrega al reclamar que a partir de ahora haya justicia “pronta, rápida y expedita, aplicando perspectiva de género”. 

El Tribunal de Enjuiciamiento estará conformado por los jueces Ana Alicia Ponce, Daniel Mendoza; y Rosalva Elena Zárate.

Violencia en Michoacán

En Michoacán, en 2024 se registraron mil 490 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La violencia en el estado sigue creciendo, pues familias han tenido que salir de sus hogares para alejarse de los crímenes y extorsiones que ya son una constante.

Más de 550 personas provenientes de las regiones de la costa y Tierra Caliente han sufrido desplazamiento forzado en las últimas semanas a causa de la violencia en sus comunidades, alertaron organizaciones de la sociedad civil y religiosas.

A la vez, en la entidad hay registro de 6 mil 374 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, según información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La gobernadora Evelyn Salgado presume que vivimos en un santuario, pero es falso, señalaron. 

En el marco del 8M, feministas, activistas y defensoras de derechos humanos, anunciaron una movilización en la capital del estado para exigir la presentación de las mujeres desaparecidas y justicia en los feminicidios.  

Ana Lidia Ramírez Lorenzo, activista por los derechos humanos de las mujeres y fundadora de la red de apoyo Metamorfosis, informó que del 2018 a agosto de 2024 se han registrado en Guerrero 91 feminicidios colocando a la entidad en el lugar 21 con mayor número de casos en el país.  

“Es una violencia extrema que está acabando con la vida de las compañeras”. 

Por su parte la feminista Anelys Justo Faustino reveló que desde 2022 a 2024 se han contabilizado 2 mil 150 desapariciones forzadas de mujeres.  

La mayoría de las víctimas oscila la edad de los 15 a los 25 años y presumen que el alarmante número de casos podría estar relacionado con el delito de trata, dijo. 

Detalló que en el año 2022 fueron contabilizados 690 casos; en 2023, 731, y en 2024, 729.  

Los municipios que han registrado mayor número de mujeres víctimas de desaparición forzada son Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa.  

En la rueda de prensa también participaron Angie de la Rosa Palafox y Leslie Mendoza Gutiérrez. Esta última cuestionó:  

“Las autoridades estatales presumen que vivimos en un santuario, pero es falso. En ningún santuario debería haber familias donde haga falta una madre, una hermana, una sobrina”.  

Las activistas exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) un informe oficial pormenorizado del número de denuncias por desaparición de mujeres, cuántas han sido localizadas con vida, cuántas sin vida y cuántas continúan en calidad de desaparecidas.

Vía el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ahora número dos del Departamento de Estado en la segunda administración de Trump, el gobierno estadunidense hizo de Guanajuato un enclave para sus objetivos de seguridad.

Aun antes del primer gobierno de Trump, las agencias estadunidenses actuaron en el estado bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, primero, y el programa Entendimiento Bicentenario, después; pero también a través de acuerdos directos con el gobierno de Estados Unidos.

Con todo y el respaldo del Departamento de Justicia, a través de agencias como el FBI, la DEA y la ATF, Guanajuato es hoy el estado con el mayor número de homicidios del país.

En 2012, al inicio de su sexenio, el primer viaje que hizo Miguel Márquez (actual senador del PAN) fue a Estados Unidos para reunirse con Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interior, en busca del aval del gobierno estadunidense a la estrategia de seguridad y de que su gobierno recibiera recursos de la Iniciativa Mérida.

A Miguel Márquez lo acompañó Carlos Zamarripa Aguirre, recién ratificado por él como procurador de Justicia, y Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, a quienes Márquez apoyó para que permanecieran en sus cargos en el siguiente gobierno, el de Diego Sinhue Rodríguez.

Después del viaje (del que no hubo noticia previa) el propio gobernador declaró que le habían presentado al gobierno de Estados Unidos el plan que llamaron “Guanajuato Seguro”, para que hiciera los ajustes que considerara necesarios.

“Estamos viendo el compartir información entre Guanajuato con ellos (Estados Unidos), en un sistema que nos permita actuar de manera más coordinada, con mayor inteligencia. Es un sistema que tienen en Estados Unidos. Por otro lado, (hay) la excelente disposición de ellos para trabajar en algunos temas de capacitación para Guanajuato”, declaró en aquel momento Miguel Márquez.

Los recursos llegaron, la capacitación también. Y se mantuvieron durante años, de acuerdo con las menciones hechas por la propia Fiscalía y autoridades estadunidenses que acudieron en diversas ocasiones al estado, específicamente a la institución, aunque en cuentas públicas no hay información sobre los montos recibidos.

“Deben estar orgullosos de su estado de Guanajuato, para mí es un ejemplo para México”, dijo Christopher Landau el 1 de octubre de 2020, como embajador de Estados Unidos en México. El diplomático realizó una visita al complejo central de la Fiscalía General del Estado para inaugurar un edificio de laboratorios forenses financiados con recursos de la extinta Iniciativa Mérida.

Landau fue nombrado embajador de Estados Unidos en México por Donald Trump en agosto de 2019. El 20 de enero de 2021, con el inicio del gobierno de Joe Biden, nombró a su sucesor: Ken Salazar, quien mantuvo la buena relación con las autoridades de Guanajuato, en especial con el exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Una fuente que conoció de cerca esta relación dijo a Proceso que en el primer periodo de Trump, EU encontró en el gobierno panista de Guanajuato…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0020 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2025

Sheinbaum explicó que es objetivo de su Gobierno reforzar la seguridad y hacer descender los índices de violencia en el país, a través de lo cual acabará cayendo también la producción de ciertas drogas y su distribución.

"Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México", ha dicho Sheinbaum desde su matutina rueda de prensa diaria. "Trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia", resaltó.

Asimismo, reiteró su postura de mantener la "cabeza fría" ante las amenazas arancelarias de su homólogo allá en la Casa Blanca, Donald Trump, de un 25 por ciento para las exportaciones del acero y el aluminio a partir de este lunes.

"Vamos a esperar a ver si anuncia algo y a partir de allí tomaremos nuestras definiciones", dijo.

Acompañada de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la esposa del activista quién vestía con una playera negra con una fotografía de su rostro, colocó su ficha de búsqueda en los espacios públicos.

“Estaremos dos o tres días colocando su ficha de búsqueda con la intención de que tengamos información. Estamos acá porque nos avisaron que vieron a una persona parecida a mi esposo, y estamos con la intención de encontrarlo, la esperanza es lo único que no muere”, dijo.

Agregó que su esposo es originario de Ciudad Renacimiento en el estado de Guerrero y lleva tres años buscándolo.

“Yo si creó que lo desaparecieron por ser defensor, y eso es una situación muy grave y tensa, porque era nuestra esperanza de vida, ahora tuve que trasladarme durante casi 8 horas para poder llegar hasta acá, y encontrarlo vivo, nunca he perdido la fe y menos ahora, que tenemos noticias de él”, agregó.

De acuerdo con información oficial, Vicente Iván Suástegui Muñoz fue secuestrado por tres hombres, cuando transitaba con su taxi. Fue el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y creador de la policía comunitaria de Cacahuatepec.

Presentaban huellas de violencia e impactos de arma de fuego, dos de los rostros habían sido carcomidos por animales de carroña, mientras que del cuarto cuerpo solo fue localizada una parte de pies y cadera.

A decir de peritos expertos, los cuatro cadáveres tendrían un tiempo de deceso de cinco semanas aproximadamente.

Colectivos refirieron que información anónima recabada señala que al menos una docena más de cuerpos estarían enterrados en esa misma área.

La búsqueda realizada por colectivos de búsqueda en honor a la activista y ex presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate Angelita Almeraz León, como parte de un homenaje a su memoria a un año de haber sido ultimada en su negocio, contó con la participación del colectivo de búsqueda de Baja California, Unión Y Fuerza Por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C., Colectivo de Búsqueda de Ensenada, NOS FALTA LIZ PUGA, Armadillos Tijuana Oficial, Armadillos Mexicali, Familiares unidos buscando a nuestros desaparecidos, Buscando A Kevin Yahir Castellanos; así como agentes de la Fiscalía General, Guardia Nacional, SEDENA y FESC.