- ¿Permitidos por México?, cuestionó el legislador federal por Mississippi y presidente del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense al jefe del Comando Norte.

- No, por el Departamento (de Defensa), pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas.

En la audiencia en el Capitolio sobre las necesidades presupuestales del Comando Norte y el Comando Sur, uno de los principales cuestionamientos se reflejaron el tema del trasiego de drogas a Estados Unidos procedente de México y la amenaza de los cárteles de las drogas.

Wicker, el senador republicano y presidente del Comité preguntó al general qué necesitaba el Comando Norte para mejorar su trabajo en contra de los cárteles del narcotráfico.

Sin titubear y enfático, el general Guillot contestó: “Más vuelos de reconocimiento y más asistencia para trabajar con las fuerzas militares de México”.

“De concederse la suspensión, se estaría prejuzgando sobre la constitucionalidad del acto reclamado, lo que desnaturaliza la medida cautelar, pues esta no puede suplir el análisis que corresponde al fondo del asunto”, resolvió Gómez Ibarra.

“Por lo anterior, la suspensión debe negarse, ya que, lejos de preservar la materia del juicio, implicaría anticipar los efectos de la sentencia definitiva, resolviendo de manera previa el fondo del litigio, en contravención con la naturaleza y los alcances de la medida cautelar en el juicio de amparo”, abundó la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos.

Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza de Distrito, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, ordenó, el 30 de enero de 2025, la liberación de la esposa de “El Mencho”, por lo que se preveía que abandonaría el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS, de dicha entidad.

Durante la audiencia que se realizó, la jueza de control, determinó que González Valencia ya había cumplido más de la mitad de su condena, además de que por su buena conducta podía ser beneficiada por la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, por lo que solo debería presentarse a firmar cada mes.

Víctor Beltrán García, abogado de la cónyuge de ‘El Mencho’ informó que una vez que su cliente abandonara el centro penitenciario, interpondría un juicio de amparo contra la condena de González Valencia, para que se resolviera de fondo el caso y “se limpie su imagen”, porque, según él, la mujer no cometió algún acto ilícito.

Asimismo, el litigante explicó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público de la Federación (MPF), intentó impugnar la resolución de Estrada Ayala, argumentando que existían pruebas en contra de González Valencia, por delitos en contra de la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, adicionales al proceso en curso, por delincuencia organizada.

Sin embargo, al no acreditarse dichas acusaciones en la audiencia, la jueza rechazó la apelación de la FGR y ratificó la libertad condicional de la esposa de “El Mencho”, pero le impuso tres medidas de control, mismas que serían supervisadas por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

Las medidas cautelares impuestas por Estrada Ayala a “La Jefa”, en lugar de prisión, fueron la presentación periódica mensual, de González Valencia, ante la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del OADPRS; además de residir en un domicilio concreto y del cual no podría asentarse; así como evitar dedicarse a una actividad lícita. Sin embargo, la juzgadora dejó en claro que su liberación se concretaría hasta que este fallo fuera confirmado en la última instancia judicial.

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito de Xochitepec, Morelos, confirmó, el 14 de noviembre de 2024, el expediente 96/2024, el auto de no vinculación de alias “La Jefa”, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito contra la salud y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el citado Tribunal también ratificó la condena de cinco años de prisión, impuesta a la también hermana de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, en el otro juicio que se seguía en su contra, por el delito de lavado de dinero.

Por lo anterior, la esposa de “El Mencho” continuaría internada en internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS de dicha entidad, en tanto los tribunales no modificaran la medida cautelar de prisión preventiva a la que estaba sometida.

A propuesta de Fidel Carrizal González, secretario en funciones de magistrado, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito de Xochitepec confirmó la no vinculación a proceso en favor de la esposa del capo michoacano, al estimar que no había elementos para fincarle dos cargos de delincuencia organizada.

“Se confirma el auto de no vinculación a proceso emitido por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito contra la salud; y, delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó el acuerdo publicado por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito de Xochitepec.

Sin embargo, en la misma sesión, a propuesta del magistrado Luis Vega Ramírez, el citado Tribunal confirmó la condena de 5 años de prisión por lavado que a “La Jefa” le fue impuesta, el 4 de diciembre de 2024, por Guillermina Matías Garduño, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos.

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito de Xochitepec consideró que la acusación de blanqueo de activos, basada en la transcripción de llamadas telefónicas intervenidas legalmente y en testimonios de testigos protegidos, acreditaban la plena responsabilidad de González Valencia en dicho delito.

Ignacio Pérez Aguirre, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, negó, el 12 de septiembre de 2024, a la esposa de “El Mencho”, permitirle que continuara fuera de prisión su litigio contra la condena de 5 años de cárcel, por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

El juzgador federal consideró que no habían cambiado las condiciones bajo las que a González Valencia le fue impuesta la prisión preventiva justificada, ya que prevalecía el riesgo de fuga, motivo por el que rechazó concederle la libertad provisional o la prisión domiciliaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, en un comunicado, que dicha decisión fue dictada por el juzgador federal, durante una audiencia solicitada por los abogados de la esposa de “El Mencho”.

“En días pasados, la defensa de esta persona presentó escrito en el que solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, el cese de la medida de prisión preventiva justificada impuesta en diciembre de 2021, por lo que se fijó la fecha para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar, misma que se llevaría a cabo de manera presencial en las instalaciones del referido Centro de Justicia”, explicó la FGR.

“Por lo anterior, se realizó dicha audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se declaró infundada la petición de la defensa, resolviéndose que la imputada Rosalinda ‘G’, continuará en prisión”. abundó la Fiscalía General de la República.

El 14 de mayo de 2024, la FGR impugnó, el fallo de un juez de control que el 16 de abril del presente año determinó no vincular a proceso a González Valencia, por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

Ignacio Pérez Aguirre, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, determinó, el 16 de abril de 2024, no vincular a proceso por el delito de delincuencia organizada -imputación realizada por FGR-, en la causa penal 254/2023, a la también hermana de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”.

La apelación de la Fiscalía General de la República, con el expediente 96/2024, fue admitida de plano por un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos, el 8 de mayo de 2024, mismo que resolvería si ratificaba la sentencia contra González Valencia o la modificaba.

“Remisión que se hace, para la tramitación del recurso de apelación que hace valer, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en contra de la determinación de 15 de abril de 2024, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a dentro de la causa penal citada”, señaló el acuerdo publicado, el 14 de mayo de 2024, por el citado Tribunal.

El 29 de abril de 2024, alias “La Jefa” libró su segundo proceso porque la juez de control de la causa desconoció la validez de la transcripción de llamadas telefónicas que le fueron intervenidas, pruebas que en otro expediente sirvieron para sentenciar a la esposa de “El Mencho”.

En diciembre de 2023, Guillermina Matías Garduño, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, condenó a la cónyuge del capo michoacano, a cinco años de prisión por lavado de dinero, tomando en cuenta dichas pruebas.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, el juez de control Ignacio Pérez Aguirre dictó a Gonzalez Valencia, la no vinculación a proceso por delincuencia organizada, desestimando las mismas evidencias.

Ambos juzgadores estaban adscritos al Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, y tramitaron dichos procesos porque la esposa de “El Mencho”, estaba internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS de dicha entidad.

En este asunto, a González Valencia se le imputó pertenecer al Cártel de los Valencia, de mediados de 1998 a finales de 2001 y operar durante ese periodo en Uruapan, Michoacán, así como de formar parte del CJNG, del 27 de mayo de 2011 al 21 de diciembre de 2020.

No obstante, el juez de control estimó que no se tenía la certeza de que dichas transcripciones obtenidas fueran audios con la voz de la esposa del capo michoacano, pese a que estas mismas pruebas fueron válidas para sentenciar a “La Jefa” en el otro proceso por lavado de dinero. Pérez Aguirre incluso dijo en su resolución que no había dato de prueba que acreditara el delito de delincuencia organizada con la finalidad de lavar dinero.

El razonamiento del juez de control fue que, para probar la pertenencia de González Valencia al CJNG y su antecesor el Cártel de los Valencia, antes debía haber una sentencia firme por dicho delito contra otros miembros de la misma organización criminal.

La integrante de la familia de los González Valencia, apodados “Los Cuinis” de Aguililla, Michoacán, era considerada por las autoridades como una de las operadoras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que autoridades ministeriales le tenían aseguradas algunas propiedades en Baja California.

La esposa del líder del CJNG fue capturada por primera vez, el 26 de mayo de 2018, por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante un operativo llevado a cabo en Zapopan, Jalisco, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero.

El 2 de junio del mismo año, “La Jefa” fue vinculada a proceso y le impusieron la prisión preventiva justificada, como parte de una investigación que la relaciona con una red de empresas y personas, que entre el 2015 y 2016, lavaron más de mil 100 millones de pesos en el sistema bancario.

González Valencia ya había conseguido revertir la prisión preventiva el 5 de septiembre de 2018, cuando el delito de delincuencia organizada fue reclasificado por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces se le fijó una fianza por la cantidad de un millón 581 mil 031 pesos, misma que la procesada exhibió y así recuperó su libertad.

Sin embargo, la esposa del “Mencho” incumplió con las presentaciones ante el juez de control del Centro Federal de Justicia en Morelos y se ordenó su reaprehensión, la cual fue ejecutada en el municipio jalisciense de Zapopan, el 15 de noviembre de 2021, siendo modificada su condición nuevamente a prisión preventiva justificada. Desde entonces se encontraba recluida en el CPS Morelos.

No estaba claro de inmediato a qué hora se daría a conocer el plan arancelario de Trump. El miércoles, el presidente indicó que podría ocurrir el jueves por la mañana.

Rompe récord el precio del huevo en Estados Unidos

Si bien el peso se ha visto golpeado por la incertidumbre económica, Estados Unidos no ha salido exento, ya que el precio del huevo de gallina alcanzó un promedio de 4.9 dólares (casi 101 pesos mexicanos) la caja de cartón durante enero de 2025, un costo que rebasó el récord más alto ocurrido en enero de 2023, cuando se conseguía a 4.8 dólares (98.55 pesos mexicanos).

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que evalúa periódicamente los costos de productos y servicios en territorio estadounidense, reportó el incremento del costo del producto básico.

El costo promedio por una docena de huevos de gallina blancos grandes, de grado A, fue de 4.9 dólares durante enero de 2025, según una gráfica expuesta en su página oficial. En esa imagen se puede observar que en diciembre de 2024 el alimento de origen animal se ofertó en un promedio de 4.1 dólares, es decir, cerca de 84 pesos.

Sin embargo, medios locales informan que en algunos lugares el precio por una docena de huevos ha alcanzado hasta los 10 dólares (205 pesos mexicanos).

Según la Oficina de Estadísticas Laborales en su índice de evaluación incluye los productos orgánicos, no orgánicos, de gallinas criadas en libertad, de gallinas de corral y tradicionales.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, agregó que la institución que lidera trabajará en coordinación con la Fiscalía capitalina para continuar con las investigaciones correspondientes. 

En distintos videos que circulan en redes sociales se observa a personal de la seguridad haciendo maniobras en las vialidades principales, apuntando al agresor a escasos metros de la entrada a la estación del metro Insurgentes Sur de la Línea 12 del Metro.

Intensa balacera en Félix Cuevas e insurgentes sur

Policías de la @SSC_CDMX en acción

Nos mandaron el video ⚠️ pic.twitter.com/YrnXwIalhh

— Jardín Pushkin (@JardinPushkin) February 13, 2025

La priísta Mely Romero Celis dijo que la reforma no garantiza mayor acceso de una vivienda a la población, sino que tiene el propósito de tomar el control absoluto del Infonavit y de los ahorros de los trabajadores, para ponerlos a disposición del gobierno; coincidió en que la empresa filial que busca crear no estará sujeta a rendición de cuentas, lo que pone en riesgo el patrimonio de los derechohabientes en el país.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales señaló que el dictamen pone en riesgo el patrimonio de las personas, ya que la empresa filial que se propone, únicamente se rige por el régimen mercantil y la única presencia que reconoce es la del director del Infonavit, lo que deja fuera la participación de los trabajadores y empresarios.

¿Qué dice la reforma?

Las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo señalan que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.

Además, de forma periódica, el Infonavit informará en su página de internet sobre la “situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente”.

Señala que la construcción de vivienda que realice el instituto fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes, estableciendo un sistema de programas de autocorrección en caso de que exista algún incumplimiento de las normas aplicables.

La fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, la cual será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.

Subraya que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.

El presidente estadounidense firmó el lunes un decreto que impone aranceles del 25 % al acero y al aluminio importados a Estados Unidos, a partir del 12 de marzo, “sin excepción ni exención. Y eso se aplica a todos los países”, declaró a periodistas en el despacho oval.

Alegando riesgos para la “seguridad nacional”, el republicano emitió dos decretos para el acero y el aluminio de dondequiera que provengan, incluidos sus aliados económicos que anteriormente se beneficiaron de exenciones para estos dos productos, es decir Argentina, Australia, Canadá, México, la Unión Europea y el Reino Unido.

Brasil, Japón y Corea del Sur pierden la exención que disfrutaban para el acero y sus derivados.

El martes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pidió al presidente Trump que no se dispare en el pie.

“Dice a veces el presidente Trump, ‘sentido común’. Bueno, pues le tomamos la palabra: sentido común, no balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos cuarenta años”, declaró Ebrard.

“Estados Unidos nos vende más, entonces no se justifica esa tarifa”, subrayó el secretario, quien detalló que el país vecino provee “casi 6.897 millones de dólares más” de lo que exporta México, según cifras oficiales estadounidenses de 2024.

Los tres países son socios desde 1994 de un acuerdo de libre comercio regional que fue renegociado en 2020 por exigencia de Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Durante su primer mandato, Trump ya impuso tarifas del 25 % al acero y del 10 % al aluminio.

Unión Europea y Canadá tendrán”respuesta enérgica” por aranceles al acero de EU

La UE y Canadá prometieron este martes una respuesta firme a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, anunciados por el presidente Donald Trump, al tiempo que México pidió no “destruir” las relaciones comerciales bilaterales.

El lunes, Trump determinó la adopción de aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo, “sin excepciones ni exenciones”.

Ante esa decisión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “los aranceles injustificados a la UE no quedarán sin repuesta”, y prometió medidas “firmes y proporcionales”.

Los nuevos impuestos afectarán con fuerza a Canadá, principal suministrador de acero y aluminio de Estados Unidos. También golpean a Brasil, México y Corea del Sur, importantes proveedores de acero.

Brasil “no estimula ni entrará en ninguna guerra comercial”, dijo el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, durante un acto oficial. El gigante sudamericano es el segundo abastecedor de acero a Estados Unidos.

“El presidente Lula ha dicho siempre con mucha claridad: las guerras comerciales no le hacen bien a nadie”, añadió.

Mientras que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó este martes desde París que su país reaccionará “con energía y firmeza” a los aranceles anunciados por el Trump en Washington.

La federación del acero en el Reino Unido, UK Steel, teme que los nuevos aranceles propinen un “golpe devastador” a un sector ya en declive.

Desde Londres, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que se encontraban “con la industria y nuestros homólogos estadounidenses para concretar los detalles”.

“Evidentemente, es importante que adoptemos un enfoque ponderado”, añadió la fuente.

En Alemania, la locomotora económica europea, el jefe del gobierno, Olaf Scholz, dijo que el bloque europeo presentará un frente unido, y expresó su esperanza de poder evitar el camino equivocado de aranceles y contraaranceles”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, aseguró que la Unión Europea UE “respondería” como lo hizo durante el primer mandato del presidente estadounidense.

El CPJ destaca que, en promedio, el 80 % de los crímenes contra comunicadores quedan impunes, lo que perpetúa un ciclo de violencia y temor en el gremio.

De acuerdo con Cristina Zahar Eggers, coordinadora del programa de América Latina del CPJ, México es tan peligroso para periodistas por los narcotraficantes y la existencia de grupos criminales, “pues se pelean entre ellos y cuando los periodistas lo cuentan, suelen ser asesinados”.

El año pasado, el CPJ y Amnistía Internacional pidieron a México fortalecer sus programas de protección a periodistas ante los fallos persistentes en sus mecanismos; sin embargo, la Dirección General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo menos presupuesto para este año.

Para 2025, el Ejecutivo propuso un presupuesto para la defensa de activistas y periodistas de 598 millones de pesos, un 4 % a la baja en comparación con los casi 600 millones aprobados para 2024.

En lo que va de la administración del nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum ya suman cuatro periodistas asesinados:  Mauricio Cruz Solís,  Patricia Ramírez González,  Calletano de Jesús Guerrero, y Alejandro Gallegos León.

2024, el año más letal para la prensa en el mundo

Con 124 comunicadores muertos en 18 países -de ellos el 70 % en Gaza- 2024 pasará a la historia como el año más letal para la profesión desde que hay registros, un aumento del 22 % respecto a 2023, según  el CPJ.

Las cifras “reflejan el aumento de los conflictos internacionales, la agitación política y la criminalidad en todo el mundo”, señala el informe.

85 informadores murieron “a manos del ejército israelí”; 82 de ellos eran palestinos y fallecieron en la Franja de Gaza, y los otros tres, en Líbano.

“La guerra en Gaza no tiene precedentes en su impacto sobre los periodistas y demuestra un importante deterioro de las normas mundiales sobre la protección de la prensa en zonas de conflicto, pero está lejos de ser el único lugar donde los periodistas están en peligro”, agrega.

El CPJ documentó el asesinato de otros 39 periodistas y trabajadores de los medios en 16 países, siendo los más letales Sudán (6), Pakistán (6), México (5), Siria (4), Myanmar (3), Irak (3) y Haití (2) durante 2024.

También integran la lista India (1), Bangladesh (1), Nigeria (1), Mozambique (1), Ucrania (1) y Rusia (1).

Los más desprotegidos son los colaboradores o freelancers, que informan de las noticias con menos recursos y con un riesgo considerable para su propia seguridad. Representaron más del 35 % (43) de todos los asesinatos, según la organización.

En total, 31 de los colaboradores que perdieron la vida el año pasado eran palestinos que informaban desde Gaza, donde los medios de comunicación internacionales siguen teniendo prohibido el acceso.

En una charla con la prensa posterior a un acto protocolar en el INE, el presidente de la Mesa Directiva del Senado sostuvo que el proceso de selección "salió muy bien", aunque reconoció que "ningún proceso humano está exento nunca de errores", por lo que "pudo haber errores y lo lamentamos".

Acto seguido, minimizó las decenas de impugnaciones que aspirantes a candidaturas presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde señalaron presuntos errores en detrimento suyo. "Que haya habido 100 impugnaciones no dice nada", planteó el senador.

"Nuevo cambio para la humanidad"

Minutos antes, Fernández Noroña había entregado al INE los listados definitivos de las candidaturas que aparecerán en las seis distintas boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo 1o de junio, que el Senado calificó de "nuevo camino para la humanidad".

Según Noroña, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo entregó la lista más importante de candidaturas, con mil 430 nombres; le siguió la del Poder Legislativo, que insaculó a mil 416, y la del Poder Judicial –realizada por el Senado después de la suspensión del comité– tiene 955 candidaturas. 

Se suman, de acuerdo con el senador, 195 jueces y 195 magistrados en función que obtuvieron su "pase directo" a las elecciones, así como 11 interinos del Consejo de la Judicatura y otros 21 jueces.

Los consejeros electorales presentes en la ceremonia oficial celebraron la entrega de las listas, y no mencionaron los temas ríspidos de la elección, como las impugnaciones o el recorte presupuestario que la mayoría legislativa de Morena impuso al INE.

El consejero Jorge Montaño Ventura, quien preside la comisión encargada de organizar las elecciones, reconoció "retos" y "áreas de oportunidad" en el camino, pero recalcó que hubo un "proceso electivo de excelencia" y agregó que todos los candidatos "se sometieron a un riguroso proceso de selección".

Esto, debido a que el pasado 29 de enero una juez federal le concedió la libertad anticipada a Rosalinda González Valencia por haber cumplido con el 69% de la condena de 5 años de prisión que le fue impuesta en diciembre de 2023 por lavado de dinero. 

Sin embargo, en su resolución la juez determinó que la libertad no sería inmediata pues la esposa del “Mencho” debía esperar a que la sentencia quedara firme, es decir, dejó abierta la posibilidad a que, si la Fiscalía General de la República (FGR) apela la decisión, Rosalinda González permanezca recluida hasta que se resuelva la misma. 

Por ello, la defensa de la esposa del “Mencho” alegó que se le mantiene retenida indebidamente. 

Pero, en su sentencia en el Incidente de Suspensión, la juez Tania Gómez señaló que si ordenaba la liberación inmediata de la quejosa, como pretenden sus abogados, modificaría su situación jurídica de manera irreversible y el juicio quedaría sin materia. 

Por ello, rechazó conceder la suspensión definitiva, por lo que González Valencia deberá esperar hasta que se resuelva el amparo para saber si podrá salir inmediatamente de la cárcel.

“Queremos hacerlo muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a haber amparos o vaya a haber problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos, y estamos solicitando información adicional”, expresó Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora.

Será la Secretaría General de la Cámara de Diputados la que solicite a la Fiscalía de Morelos atender al menos seis fallas técnicas que fueron detectadas en la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

“Al contrario, el diálogo con el coordinador es siempre constructivo, es siempre de informar, no hay ninguna presión de nadie, no he hablado con ningún funcionario federal, entonces no hay presiones de nadie”, comentó el presidente de la Sección Instructora.

Sección instructora analizará desafuero de Alejandro Moreno, presidente del PRI

La Sección Instructora también revisará el caso de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el próximo miércoles 19 de febrero.

La solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, fue presentada por la Fiscalía de Morelos desde 2022, pero el caso se quedó estancado en la Sección Instructora.

El diputado Hugo Eric Flores, integrante de Morena, advirtió que este es uno de los temas a los que le daría prioridad.

El mismo día, la sección instructora analizará dos casos de exdiputados federales de Baja California Sur.

Vincula FGJEM a familiares de Calletano de Jesús Guerrero con grupos delictivos

De acuerdo con el boletín 159/2025 titulado: “Fiscalía Edomex esclarece homicidio de periodista de iniciales C.J.G. y detuvo a presunto involucrado”, la FGJEM afirmó haber esclarecido el crimen y vinculó a Calletano como a sus familiares con grupos delincuenciales.

“Esta información fue replicada en medios de comunicación a nivel estatal y nacional, exponiendo a múltiples riesgos a la familia y a los integrantes del medio de comunicación Global México”, reprochó Artículo 19.

En ese sentido, el comunicado y la información que fue otorgada a medios de comunicación en los días previos implican una serie de afectaciones y vulneraciones a las víctimas.

“En su comunicado, la FGJEM establece ya haber esclarecido los hechos, sin haber contactado previamente a familiares o integrantes del medio de comunicación Global México. En entrevista con Article 19, familiares de Calletano confirmaron que no han tenido acceso a la carpeta de investigación en su calidad de víctimas”, señaló Artículo 19.

La organización recordó que en la Constitución Política se estableció en el artículo 20, que “las víctimas son parte de la investigación, razón por la que pueden participar activamente e intervenir directamente en ella”.

“Lo anterior genera dudas tanto por la falta de una preocupación y atención victimal, obligación de la Fiscalía, sino también sobre la investigación, pues al no haber contactado a familiares y colegas de trabajo, no se puede presumir que la Fiscalía haya descartado todas las líneas de investigación alrededor del hecho”, comentó la organización.

Falla de aplicación de protocolos de investigación

De acuerdo con Artículo 19, el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es obligatorio para las autoridades investigadoras.

“Este se constriñe no sólo a hacer entrevistas testimoniales y acciones periciales en la escena del crimen, sino también a hacer un análisis de contexto sobre las notas periodísticas, lo cual implicaría hacer una revisión rigurosa de las publicaciones recientes del medio de comunicación y de Calletano. Si bien, la Fiscalía hace referencia en su comunicado sobre presuntas publicaciones del periodista de 2021, no hay mención sobre las notas o publicaciones de los años más recientes. Representantes de Global México confirmaron a esta organización que no han recibido comunicación por parte de la FGJEM”, añadió.

Señaló que la fiscalía del estado debió haber agotado las investigaciones por el ya mencionado Protocolo Homologado. Al no tener la familia acceso a la carpeta de investigación, y al no haber contactado al medio de comunicación no se puede tener certeza de que la Fiscalía cuenta con toda la información del hecho.

Aclaró que la estigmatización y criminalización en contra de los periodistas asesinados es una constante en México.

Si bien la FGJEM presenta una teoría de investigación, omite en su comunicado que tanto Calletano como sus colegas en Global México han tenido desde el 2012 un largo historial de agresiones derivadas de su labor periodística”, destacó Artículo 19.

Agresiones a periodistas de Global México

Las agresiones al medio han sido constantes, pues se encuentran el homicidio del colaborador Adrián Silva Moreno ocurrido el 14 de noviembre de 2012, detenciones arbitrarias, ataques a su sitio web, el robo de identificaciones y equipo celular a mano armada, ataques físicos, robo de vehículo.

Inclusive, el propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas documentó también agresiones en los últimos dos meses antes del asesinato, incluida una amenaza armada en el propio domicilio del periodista.

En sendos proyectos de resolución publicados en el orden del día de la sesión del pleno, y que se discutieron esta tarde, se proponía la remoción del titular de la Secretaría de Protección de Datos Personales, Jonathan Mendoza Iserte,y del titular de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, Miguel Novoa Gómez.

Ambos fueron acusados el pasado 27 de enero ante el Órgano Interno de Control del INAI por Íñigo Riestra, responsable jurídico de la Federación del futbol mexicano.

De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios del INAI solicitaron boletos para el Mundial 2026 y la contratación de un despacho jurídico de su entorno a cambio de reducir las multas que el propio INAI le había impuesto a la FMF por los datos personales que recabó cuando puso en marcha el Fan ID, con el cual la federación pretende la disminución de la violencia en los estados mediante la identificación de los asistentes.

Mendoza Iserte y Novoa Gómez se negaron a presentar su denuncia bajo el argumento de la presunción de inocencia, por lo que se presentó en el pleno los proyectos de separación del cargo.

Empresarios, dueños de gaseras, que se han visto afectados entregaron al gobierno de Delfina Gómez, en enero último, un informe que ellos mismos elaboraron para tratar de visualizar y dimensionar el tamaño del problema. Señalan que detectaron que el llamado gaschicoleo le representa a las autoridades hacendarias pérdidas por 20 mil millones de pesos anuales, además revelaron que en el Estado de México existen 1,061 expendios de gas, de los cuales 619 son ilegales.

La radiografía detalló que, por ejemplo, en Chalco se tienen registradas 129 gaseras, de las cuales 100 operan en la clandestinidad; en Chimalhuacán sólo 13 cuentan con permisos, y hay 21 ilegales. En Ecatepec, de los 443 negocios establecidos, 150 son clandestinos. Por otra parte, estos establecimientos representan un peligro continuo: durante 2024 se registraron 17 explosiones en esos locales clandestinos, que dejaron cuatro muertos y siete heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, según consta en los registros de la Fiscalía y de Protección Civil del Edomex.

“El problema no es nuevo, tenemos años batallando para que las autoridades, tanto municipales como estatales, le pongan un freno a este tema. Nosotros generamos empleos, pagamos impuestos, pagamos seguridad en los puntos de venta y en los traslados porque nos roban las pipas y no recibimos nada a cambio. De hecho no pedimos nada, sólo que el piso sea parejo”, expuso Sergio, administrador de tres gaseras legalmente establecidas, quien pidió no mencionar el nombre de sus negocios por temor a represalias de las autoridades o de los gaschicoleros.

Y añade: “A nosotros cada semana nos hacen revisiones, supervisan que tengamos todos los documentos en regla, que paguemos los permisos, que tengamos espacios correctos, que el precio sea el que ordena la Secretaría de Energía, y a las clandestinas ni siquiera las revisan. Prefieren cerrarnos a nosotros, quitarnos los permisos que revisarlos a ellos, porque nosotros nos negamos a pagar lo que nos piden porque estamos dentro de la legalidad”.

En las denuncias que los empresarios presentan ante la autoridad investigadora se detalla que las gaseras clandestinas operan sin ningún permiso y violando el Plan de Desarrollo Urbano, la Ley de Protección Civil y la NOM-003-SEDG-2004, que el propio municipio exige para otorgar permisos y la instalación de los puntos de venta de gas LP, incluso se documentó que hay más de 50 instaladas frente a escuelas, unidades habitacionales o parques públicos.

“La justicia funciona al revés aquí. Los supervisores de Protección Civil del Estado, a cargo de Adrián Hernández Cano, cada mes, puntualmente, nos pasan a revisar. No podemos fallar en nada, revisan que los extintores funcionen, que el personal esté capacitado y hasta que la pintura de la línea del gas esté nueva, pero a las que operan de manera irregular no los molestan en nada.

“Sólo las clausuran cuando los propios vecinos protestan, toman las calles y exigen que las cierren porque están frente a escuelas o cerca de unidades habitacionales, pero es un mero trámite para calmar a la gente, porque las cierran, las clausuran, y al siguiente día operan como si nada, o simplemente se cambian de lugar y ya”, señaló Antonio Serrano, administrador de una de las principales gaseras que opera en Ecatepec.

 

Vecinos hacen frente para combatir las gaseras clandestinas

El reporte de los empresarios indica que las gaseras clandestinas están repartidas en las 345 colonias de Ecatepec. En la Álamos de San Cristóbal, por ejemplo, los vecinos se han organizado y a través de marchas, protestas y cierre de calles han exigido a las autoridades que intervengan para que las clausuren, pues aseguran que son “bombas de tiempo”.

Desde 2023 Martha, habitante de Ecatepec, ha organizado a sus vecinos, ha levantado firmas y ha cerrado las calles para llamar la atención de las autoridades sobre una gasera clandestina ubicada a escasos 300 metros de la escuela primaria Vicente Guerrero, donde estudian sus hijos. Dice que todo lo que busca es prevenir una tragedia: “Apenas el 30 de diciembre pasado explotó una clandestina ahí en la San Agustín, a unas calles de aquí, y ésa ya la habíamos denunciado. Tras la explosión cerró un rato y ahora sigue trabajando; esos mismos, los de Gas Gumoz, son los mismos de aquí”.

“Las gaseras clandestinas son un botín para las autoridades municipales y estatales. Se dedicaron a cobrarles mensualmente una cuota que va de los 150 mil a 200 mil pesos para seguir operando en la impunidad. No les importa poner en riesgo a la población”, expuso Martha, quien tiene más de dos años peleando junto con sus vecinos para la clausura de una gasera clandestina ubicada frente a una escuela en aquel municipio mexiquense, en ese tiempo ha recusado más de 5 mil firmas y aún así, no han logrado que se cierre.

“No es un problema nuevo. Desde la administración de Vilchis venimos denunciando el problema, pero él nunca nos hizo caso. Tenemos miedo porque los accidentes de fugas de gas, los incendios y explosiones son constantes y estas gaseras están frente a escuelas, junto a mercados o a unidades habitacionales y es un riesgo para todos”, concluyó la entrevistada.

Los encargados de Protección Civil del estado también son parte del problema, pues se niegan a supervisar, revisar o clausurar las gaseras clandestinas, esto, de acuerdo con las declaraciones que los empresarios realizaron ante el Ministerio Público. Señalan que supervisores y delegados de Protección Civil Estatal reciben ganancias de las gaseras clandestinas, según consta en el expediente 00606/01-2025 al que tuvimos acceso.

Proceso buscó al representante del área de Comunicación Social de la dirección de Protección Civil, a cargo de Adrián Hernández Cano, buscando una declaración al respecto, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El problema de las gaseras clandestinas no es exclusivo de Ecatepec. Otros municipios de la zona oriente del estado de México, como Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Chimalhuacán están invadidos de esos negocios ilícitos. Por ejemplo, en el mismo expediente (00606/01-2025) se acusa que Xóchitl Flores Jiménez presidenta municipal de Chimalhuacán, a través de su esposo Miguel Benito, cobra cuotas mensuales a 150 estaciones clandestinas establecidas durante su administración.

Durante los últimos años las gaseras ilegales se han instalado en esta zona del Estado de México debido a su ubicación privilegiada para los grupos del crimen organizado que controlan el gaschicoleo. Esa área es la entrada a la autopista México-Puebla y justo ahí es donde se roban las pipas que entran a la metrópoli cargadas de gas LP procedentes de Puebla y Veracruz.

Ese gas robado es distribuido en estaciones clandestinas, que no son detectadas por las autoridades federales, pues su compraventa es sólo en efectivo.

“Proliferación de grupos criminales armados: Chiapas se convirtió en un campo de batalla entre los principales cárteles del país, lo que resultó en enfrentamientos violentos, bloqueos de carreteras y segregación”, afirmó en la misiva escrita en inglés. 

Ochoa Gallegos destacó la crisis humanitaria, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos forzados e indicó que, “no fueron daños ocultos sino consecuencias directas de la violencia descontrolada. Más de 15 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y algunas incluso huyeron a Guatemala en busca de seguridad”. 

En el gobierno de Rutilio Escandón, agregó, hubo un “colapso institucional y corrupción: Durante su gestión, Chiapas se ubicó como el estado con mayor percepción de corrupción en México, alcanzando el 88.3 por ciento, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)”. 

Willy Ochoa, gobernador provisional de Chiapas durante 7 días desde el 29 de agosto de 2018 al 4 de septiembre de 2018, tras la licencia de Manuel Velasco Coello para rendir protesta como senador de la república, destacó que lo anterior, son solo algunos ejemplos de la grave crisis de seguridad y gobernabilidad que sufrió Chiapas bajo su mandato. 

“El estado se convirtió en un corredor incontrolable para el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tránsito de individuos vinculados a organizaciones extremistas como Al Qaeda, Hezbollah y las FARC”. 

Por lo que exhortó a la administración de Donald Trump, para que, a través del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, se revise a fondo las credenciales de Rutilio Escandón Cadenas. 

“Lo exhorto a que evalúe si su presencia en Miami se alinea con los principios de su gobierno en materia de seguridad, lucha antinarcóticos y lucha contra el crimen organizado. Aceptarle como cónsul enviaría un preocupante mensaje a los ciudadanos de Chiapas, Florida y toda la región, que la negligencia, la corrupción y la complicidad pueden ser recompensadas con privilegios diplomáticos”. 

“Para los 5.2 millones de chiapanecos abandonados bajo su administración, este no es un asunto menor”, refirió el también excandidato de la Alianza “Va × Tuxtla” (PRI-PAN-PRD) a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en la elección del 6 de junio de 2021. 

La justicia, manifiesta, “exige que una figura como esa no reciba asilo ni protección en Estados Unidos, una nación que desde hace mucho tiempo ha sido un ejemplo de responsabilidad y de Estado de derecho”. 

El político aseguró que su carta, está inspirada únicamente en el espíritu de la libertad de expresión, con el máximo respeto a las facultades constitucionales de la Presidencia de la República y del Senado de la República. “Sin embargo, creemos firmemente que el nombramiento de funcionarios públicos no debe ser un premio a lealtades políticas ni complicidades”. 

La relación entre México y Estados Unidos, subrayó, requiere de representantes dignos, individuos que encarnen los principios de justicia, buen gobierno y seguridad. “No puedo permanecer en silencio ante una decisión que pone en peligro tanto a los ciudadanos de Chiapas como a los residentes de Florida. 

Aseveró que, como exgobernador y legislador, dedicó “mi vida a fortalecer las instituciones y servir a mi comunidad”.

En 2015, alias “El Chuko” o “Güero” fue investigado como presunto responsable de homicidio y delitos contra la salud; en 2020 fue capturado en Venezuela por tráfico de drogas; y en 2022 se le relacionó con el asesinato de Víctor Hugo Mejía López, alias “El Griego”, integrante del CDS, en Tijuana.

“Al interior de una plaza comercial en @AlcaldiaMHmx, una persona fue atacada de manera directa y perdió la vida, de acuerdo con los primeros resultados de la investigación, se trata presuntamente de una persona vinculada a la delincuencia organizada en el Norte del país”, escribió Omar Hamid García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en su cuenta de la red social Twitter.

“Informo que la persona de 42 años que perdió la vida en una plaza en @AlcaldiaMHmx, contaba con una orden de aprehensión en Oklahoma por tráfico de drogas; cuenta con flujos migratorios frecuentes a Panamá, Cali, Colombia y San Diego, California. Seguiremos informando”, agregó el entonces funcionario capitalino.

“Iniciamos una investigación luego de la muerte de una persona, ocurrida en una plaza ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Personal ministerial, peritos, @PDI_FGJCDMX y células de atención a víctimas ya se encuentran en el lugar”, señaló, por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Mientras que el reportero Carlos Jiménez, especializado en información policiaca de la capital de la República, afirmó que el sujeto asesinado era originario de Tijuana, Baja California, y que pertenecía al Cártel de los Arellano Félix. Según el mismo periodista, además, el hombre contaba con un historial delictivo por el cual ingresó a prisión en varias ocasiones, tanto en Ciudad de México, como en Venezuela.

Según videos difundidos difundidos a través de las diversas redes sociales y grabados por testigos del hecho, un grupo de hombres armados se dirigieron a atacar directamente a la persona que murió en el lugar. “Literal iban por él”, se escucha decir a una mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) precisó que elementos de dicha institución confirmaron que una persona falleció dentro del establecimiento, que tiene acceso por la calle Lago Zurich, en la colonia Ampliación Granada.

Los agentes acordonaron la zona y se precisó que ya se trabajaba en la revisión de las cámaras de videovigilancia del establecimiento comercial. Asimismo, la SSC-CDMX confirmó que se trató de un ataque directo, ya que la víctima consumía alimentos, cuando el agresor se acercó y le disparó.

Los testigos que se encontraban en la cafetería aseguraron que, por lo menos, hubo cinco detonaciones de arma de fuego y el hombre fallecido quedó tendido debajo de las mesas del establecimiento comercial, mientras que los responsables del crimen huyeron del lugar.