El secuestro del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán y de su pareja en Playa del Carmen ha expuesto presuntas irregularidades de la Fiscalía de Quintana Roo, acusada por familiares de las víctimas de obstaculizar la investigación y desviar la atención hacia "chivos expiatorios".
Vizcarra Millán, tamaulipeco que obtuvo contratos millonarios de Pemex durante el sexenio de López Obrador, vía la firma Perfolat de México, fue privado de su libertad en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de esta ciudad, donde residía, con un bajo perfil, junto a su familia.
Las investigaciones han estado marcadas por el entorpecimiento por parte de la fiscalía estatal, pues en vez de nombrar como ofendidos a familiares en estos casi tres meses de la desaparición, ha iniciado una campaña de persecución orientada a crear “chivos expiatorios”.
El 20 de noviembre de 2024 un comando de ocho personas irrumpió en el domicilio de Vizcarra Millán, donde se encontraba acompañado de su pareja y sus dos hijos menores de edad.
Todos fueron retenidos por algunos días en la misma vivienda, sin que nadie supuestamente se percatara de la emergencia.
Torturado a la vista de sus pequeños, el empresario fue obligado a comunicarse con la gerencia de una de sus empresas ubicada en Tabasco para ordenar que se hicieran diversas transferencias bancarias a 10 empresas desconocidas, cuya suma total es por 360 millones 888 mil 667 pesos, de acuerdo con documentos financieros obtenidos por Proceso.
Entre las empresas beneficiadas con esta presunta ilegalidad sobresale Desarrollo 1540, sociedad mercantil que en 2020 fue acusada de retrasos en la entrega de departamentos de lujo en un edificio que se construyó cerca del centro de Playa del Carmen.
Durante cuatro días el empresario y su pareja sufrieron actos de extrema violencia, relata el testimonio de sus menores hijos. Al quinto día ambos fueron sacados de su domicilio y conducidos aparentemente a Cancún en una camioneta de su propiedad.
La unidad marca Honda fue encontrada después en la colonia Villas Otoch, de esa ciudad, cerca del centro de retención municipal conocido como “El Torito”, refiere el acta de denuncia presentada por la familia.
Desde entonces no se ha sabido del paradero de Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja.
Investigación entorpecida
Durante la mañana del 26 de noviembre la familia de Vizcarra Millán tuvo el primer indicio de lo que horas después se confirmó: la desaparición del empresario.
Sin embargo, con esto también se iniciaría el entorpecimiento de la investigación criminal por parte de la fiscalía estatal.
En la averiguación penal no sólo se busca esclarecer el paradero de las víctimas, sino el destino de más de 360 millones de pesos transferidos a 10 sociedades ajenas al plagiado.
Un reporte de la policía de Cancún indicó el hallazgo de la camioneta Honda con un número de teléfono en el interior, el cual fue utilizado para comunicarse con la familia. Esa fue una de tantas irregularidades, pues nunca se exhibió el número encontrado en la unidad.
De acuerdo con sospechas de familiares asentadas en documentos ministeriales de la FGR, la Fiscalía de Quintana Roo ya contaba con tal número.
Ese 26 de noviembre los familiares acudieron a la casa del empresario luego de un mensaje de los vecinos señalando las puertas abiertas de la vivienda. Los familiares aún no sabían que había ocurrido el plagio.
Descubrieron a los hijos menores encerrados en una recamara, quienes relataron parte del terror vivido. A partir de lo narrado, se confirmó la desaparición del empresario y su pareja.
Ambos, tras los actos de tortura contra sus progenitores, han quedado con graves secuelas, según lo manifestado en los expedientes facilitados por la familia.
Por este caso se integró la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UPD/11/373/2024, conocido como el “caso petrolero”.
La denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.
En este caso ha salido a relucir la colaboración de la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por Vizcarra Millán cuando se encontraba en cautiverio.
Carlos Vizcarra Ortiz, hijo mayor de edad de la víctima con un primer matrimonio, se sumó a las tareas de investigación del caso. Cuando ocurrió el plagio, se encontraba en Mérida, Yucatán.
No obstante, ha sido llamado a través de intermediarios, y no de manera formal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a una entrevista ante la Fiscalía de Tabasco ordenada por la Fiscalía de Quintana Roo.
Ante esto, Vizcarra Ortíz ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Quintana Roo que lo reconozca como ofendido, calidad que le corresponde ante la desaparición de su padre, la principal víctima.
La Fiscalía de Quintana Roo, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, a cargo de Emanuel González Juan, se ha negado a otorgar tal reconocimiento legal.
Por el contrario, la fiscalía insistió en la presentación personal del hijo ante la representación social para una entrevista. Carlos Vizcarra sospechó que era para detenerlo y así fabricar pruebas para inculparlo. En su lugar buscó enviar la entrevista escrita, que se negó a recibir el fiscal encargado del caso. Expuso luego ante la FGR:
Abiertamente indiqué al licenciado Emanuel que parecía que tenía línea y esa era la razón por la cual no me recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento los citatorios y se negó.
La FGR atrae el caso
Tras estos hechos de integración del expediente para la investigación, Carlos Vizcarra, junto a otro de sus hermanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso, en diciembre último, y pidió que la Fiscalía de Quintana Roo se abstuviera de continuar con las pesquisas.
Además de la situación de entorpecimiento en la investigación, señaló que sólo buscaban hacerse de los tokens con los que se ejecutaron las transferencias millonarias.
A finales de diciembre, la FGR atrajo el caso e integró una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal Ministerial.
Este órgano ya solicitó diversos informes a la Fiscalía de Quintana Roo sobre el secuestro, pues se presume que detrás del plagio y la sustracción millonaria de dinero, se encuentra el crimen organizado que opera en Playa del Carmen.
Asimismo se presentaron denuncias por la mala actuación de la fiscalía local ante su órgano interno de control y quejas dirigidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, según documentos consultados.
Ante la posibilidad de que la Fiscalía de Quintana Roo ejecutara actos discrecionales de detención contra Carlos Vizcarra (hijo), éste tramitó un amparo contra la privación de su libertad.
El Juzgado Tercero de Distrito de Cancún otorgó en su momento una suspensión provisional contra cualquier acto de la autoridad en su contra, de acuerdo con el expediente 1262/2024 del amparo interpuesto. Las diversas autoridades señaladas como responsables, tanto en Quintana Roo como en Tabasco, han negado tener alguna orden de detención contra el quejoso.
Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado respuesta a los informes dentro del juicio de garantías, según dijo a este reportero el equipo jurídico que asesora a Carlos Vizcarra, por lo que crece la sospecha de una probable detención arbitraria.
La semana entrante se cumplirán tres meses del caso que las autoridades locales ministeriales han manejado con total sigilo.
El equipo jurídico de Carlos Vizcarra asegura que ya informaron de la grave situación a Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo; sin embargo, tampoco han tenido respuesta.
En Playa del Carmen, donde ocurrió el secuestro del empresario y su pareja, la alcaldesa, Estefanía Mercado Asencio, pactó en agosto de 2024 con el fiscal, antes de su toma de posesión, un acuerdo de cero impunidad en un intento de reducir los niveles de violencia, la cual no cesa desde hace dos administraciones municipales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
