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KEI Partners "contrata" a hijo de AMLO, pero no construye… ¡ni su marca sostiene!

Kei Partners, la empresa que supuestamente ha empleado a José Ramón López Beltrán, no ha concretado avances en su desarrollo Royal Pines tras cinco años y perdió el registro de su marca por falta de uso. La firma sólo ha gestionado permisos para calles y drenaje, sin proyectos formales de construcción. Además, no hay evidencia de la asesoría de López Beltrán en los documentos oficiales

KEI Partners, la empresa que desde 2020 contrató a José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado avances significativos en el único desarrollo que ha anunciado en su página web. Además, se le venció el registro de marca, según comprobó EMEEQUIS tras revisar la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

Ordenan reponer juicio agrario sobre tierras de Ostula

Un juez ordenó la reposición del juicio agrario sobre el reconocimiento de la propiedad de tierras comunales de Santa María Ostula, Michoacán, luego de anular el amparo que presentaron pequeños propietarios del poblado La Placita, en municipio de Aquila, para reclamar parte del predio Xayacalan, pues reconoció que la cédula profesional del perito tercero en discordia era falsa.

Con la resolución del juez, dada a conocer este 13 de febrero, se deberá realizar el nuevo juicio para también integrar una prueba pericial en materia de topografía, debido a las irregularidades detectadas en el proceso iniciado en 2004, cuando los pequeños propietarios demandaron a la comunidad nahua por la propiedad de 2 mil 750 hectáreas.

“Esencialmente determinaron que el procedimiento se desahogó en forma ilegal porque la pericial en materia de topografía se integró indebidamente, ya que el perito que nombramos inicialmente fue desconocido por el Tribunal Agrario y porque el perito tercero en discordia, a cuyo dictamen el Unitario Agrario y el Superior Agrario dieron pleno valor, falsificó su cédula profesional”, explicó Carlos González, abogado de la comunidad de Ostula.

El fallo del juez, agregó González, “nos da mucha oportunidad en la reposición del procedimiento”. Por su parte, durante la sesión pública del Segundo Tribunal Colegiado el magistrado Darío Carlos Contreras Fávila precisó que la resolución del amparo a favor de la comunidad “no resuelve de fondo la situación de límites entre las partes, sino que busca reparar violaciones al procedimiento, las cuales son de gran trascendencia”.

Desde la invasión de las más de 2 mil 700 hectáreas de tierra, la comunidad de Ostula ha luchado por la recuperación de su territorio. En 2009 fundaron San Diego Xayacalan sobre las tierras invadidas, y desde entonces han impulsado una lucha legal para el reconocimiento judicial del territorio comunal.

La resolución de este 13 de febrero fue sobre un amparo interpuesto por Ostula en contra de la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó para confirmar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima en 2019, en la que se desconoce “una parte significativa de nuestras tierras y territorios comunales aledaños al Océano Pacífico”, en favor de “supuestos pequeños propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, incluidos importantes miembros del crimen organizado”, explicó la comunidad.

A pesar del avance, la comunidad calificó de insuficiente el fallo, pues esperaban que la resolución reconociera el despojo del que fueron víctimas y el reconocimiento oficial de sus tierras.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México se percibe aún más corrupto

Una de las banderas electorales que tanto sirvió a Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección presidencial en 2018, fue la del combate a la corrupción. Se aprovechó del tufo a las transas en la entonces presidencia de la República, encabezada por el priísta Enrique Peña Nieto, para expandir el hedor de los desfalcos, la defraudación al erario, el abuso de poder. Criticó sobremanera al que, solía decirse, era el sexenio más corrupto.

En los seis años de Peña Nieto se develaron La Estafa Maestra, La Casa Blanca, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las casas adquiridas por el propio ex Presidente y algunos secretarios de Estado, los gobiernos inseguros y corruptos como el de Javier Duarte en Veracruz y un enorme listado de malversaciones de fondos.

López Obrador no se contuvo y lo señaló hasta el cansancio, al tiempo que prometió acabar con la corrupción, limpiar el gobierno de arriba hacia abajo, encarcelar a los corruptos, sacar a los militares de las calles, combatir la inseguridad, disminuir los homicidios en los primeros seis meses y hacer un gobierno transparente, con rendición de cuentas y sin corrupción… pero nada de eso sucedió.

Hizo un evidente aunque nada público pacto con Enrique Peña Nieto, a quien protegió y no criticó un solo día de su administración federal. Los corruptos no terminaron en la cárcel, los cárteles de la droga no fueron combatidos, los militares no fueron sacados de la calle… al contrario, les cedió el control administrativo de muchas áreas gubernamentales, incluyendo aeropuertos, puertos, aduanas y la seguridad a través de la Guardia Nacional.

Los homicidios no disminuyeron ni en los primeros seis meses del gobierno de AMLO, ni en los casi seis años que duró su administración; caso contrario, rebasó las cifras contabilizadas en cualquiera de los tres periodos presidenciales anteriores, situándose como el mandatario de los 200 mil muertos en hechos de violencia de alto impacto. Y antes de irse, dejó sentadas las bases para desaparecer los órganos autónomos de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y supervisión de acciones por sectores especializados como las telecomunicaciones o la energía. Además de invadir la esfera para transformar a su antojo el Poder Judicial, al que han sometido a selecciones de azar a partir de una tómbola, y vulnerado con elecciones públicas.

En 2018, al finalizar el sexenio “más corrupto”, el de Peña Nieto, el Índice de Percepción de la Corrupción daba a México 28 de 100 puntos, situándolo ciertamente como uno de los países más comprometidos en materia de corrupción. Hace unos días, se dio a conocer el índice de 2024, el que prácticamente evalúa esa percepción, pero en el sexenio de López Obrador, y lo que parecía imposible se hizo evidente: México se percibe como un país aun más corrupto de cuando el priista gobernaba, al haber logrado 26 de 100 puntos. Es decir, la administración morenista descendió 2 puntos.

En una medición de análisis de datos, información, procesos y desarrollos, donde 0 es el más corrupto y 100 nada corrupto, México tiene 26 puntos y es el país 140 de 180 evaluados. La corrupción, a pesar de la retórica de AMLO y de la campaña de su sucesora en el Poder, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue en México, y peor.

El Índice de Percepción de la Corrupción es elaborado por el organismo Transparencia Internacional, y en 2024, el promedio de puntos logrado fue de 34 de 100, por lo que México se sitúa muy por debajo del promedio de corrupción internacional, ubicándolo como uno de los países más corruptos.

Las condiciones sociales y políticas que hacen que México sea percibido como un país corrupto, más allá de la narrativa oficial desde el poder morenista que ya por los siete años de gobernar al país, tiene que ver de acuerdo al análisis y los especialistas a la percepción que hay entre entidades, grupos, sociedad y analistas, de un ambiente de corrupción que involucra a gobierno, empresas fiscalizadoras y crimen organizado.

El índice es establecido a través de mediciones, encuestas, análisis de riesgo financiero, consultas a académicos, en una rigurosa metodología para determinar los puntos que logra cada país.

En el caso de México, muchos coincidieron en el clima de señalamientos públicos entre partidos políticos, gobiernos y narcotráfico o crimen organizado, por ejemplo, cuando en épocas electorales señalan ligas de unos y otros con ciertos cárteles o con dinero ilícito extraído de las arcas presupuestales. Ahora mismo, por lo menos un mandatario emanado de Morena, Rubén Rocha Moya, es señalado incluso por sus propios gobernados de corrupción, sea por omisión o por ligas que lo situaron (a los dichos del mismo capo) en el “secuestro” y “entrega” del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García a Estados Unidos, y que mantiene desde septiembre de 2024 a la población sinaloense vulnerada ante la narcoguerra que ahí se desarrolla.

La propia administración de López Obrador no estuvo exenta de escándalos. Segalmex fue el más notorio con un desfalco de miles de millones de pesos, pero Petróleos Mexicanos no quedó a salvo de la sospecha de la corrupción, o las obras faraónicas con sobreprecios como el Tren Maya, donde sus hijos fueron señalados, aun cuando nunca investigados, por lo menos por favoritismo.

En muchos de los estados, como en Baja California, soldados, guardias nacionales y otros elementos de corporaciones diversas, han sido detenidos en flagrancia en contubernio con el narcotráfico, o han sido asesinados, detenidos, procesados y encarcelados. En BC se volvieron escoltas de células de cárteles en el robo de droga, o beneficiaron a criminales al no perseguirles o avisarles cuando una investigación contra ellos se iniciaba.

Todas estas realidades del país trascendieron a López Obrador y se han instaurado en el sexenio de la primera Presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No ha metido a ningún corrupto a la cárcel, ni siquiera ha sugerido que sean investigados, la seguridad sigue en manos del Ejército tal como lo heredó, y concretó todos los cambios anunciados por el ex Presidente: la eliminación de los órganos autónomos, la invasión al Poder Judicial, e instauró la supremacía constitucional que les faculta a estar por encima del unido de tres poderes que no controlan, el Judicial.

México es más corrupto, se percibe como más corrupto o por lo menos más de lo que se vio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque efectivamente, desde los gobiernos de Morena tampoco se combate la corrupción, ni al narcotráfico, ni al crimen organizado.

A partir de 2025, habremos de darle a la primera mujer en la Silla del Águila el beneficio de la duda ante este flagelo que merma el desarrollo económico, político y social del país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

García Harfuch lanza nueva estrategia: Modelo Nacional de Policía para los municipios

El nuevo periodo de seguridad se implementará a través de cuatro ejes principales: Carrera Policial, Dignificación, Violencia contra las Mujeres y Policía de Proximidad.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este jueves el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030, con el objetivo de promover una transformación estructural en la concepción de la seguridad pública en México.

Durante la Primera Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025, en la que participaron 64 presidentes municipales, García Harfuch afirmó que la nueva estructura fortalecerá la paz y el desarrollo en las entidades del país. Asimismo, destacó que la seguridad no es un desafío exclusivo del ámbito federal o estatal, sino una responsabilidad que recae directamente en los municipios, sus autoridades y sus cuerpos policiales.
“No es una estrategia más, es un compromiso con la prevención, la proximidad y la dignificación de nuestros cuerpos policiacos, elementos fundamentales para construir la paz que nuestras comunidades necesitan”, señaló.
De acuerdo con las autoridades, este nuevo periodo de implementación será por medio de cuatro ejes, los cuales destacan lo siguiente:
  • Carrera Policial: Policías capacitadas, comprometidas y con oportunidades de desarrollo profesional, bajo un esquema de carrera policial que garantice estabilidad laboral, promoción basada en méritos y una formación continua.
  • Dignificación: Condiciones dignas de trabajo, prestaciones adecuadas, equipos suficientes y certeza laboral para los elementos de seguridad.
  • Violencia contra las mujeres: Protocolos efectivos, capacitación especializada y unidades enfocadas en su atención, a fin de que cada víctima reciba atención inmediata y con enfoque de género.
  • Policía de Proximidad: Policía cercana a la comunidad para que sus elementos no sean vistos solo como agentes de reacción, sino como aliados en la prevención y resolución de conflictos.
En la reunión también participó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa franco, quien clausuró los trabajos y reafirmó que la seguridad pública no es una tarea aislada sino un esfuerzo colectivo que requiere de la suma de voluntades, recursos y estrategias alineadas a una visión nacional.

Por su parte, la Presidenta municipal de Tepic, Nayarit y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Ponce, manifestó que el objetivo de la reunión es reforzar la coordinación y definir estrategias efectivas para atender la seguridad desde lo local.

Dejó claro que la seguridad comienza en los municipios como primera línea de respuesta ante el pueblo, los cuales deben dar la cara en primera instancia y enfrentar los retos inmediatos, de ahí que deben fortalecer sus capacidades.

Durante la asamblea fueron aprobados por unanimidad dos acuerdos: Fortalecimiento en la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030 y Cumplimiento del Exhorto II-48-2022 para el Fortalecimiento de la Implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Espionaje militar de Estados Unidos a México: entre la desconfianza y la desinformación

Del lado estadunidense, el reproche hacia los funcionarios mexicanos es la defensa que el actual gobierno hace de la política liberal del expresidente López Obrador en materia de seguridad.

A la presidenta Claudia Sheinbaum le fallaron sus asesores de seguridad nacional, los desestimó o quiso engañar, de forma deliberada, a la opinión pública. En cualquier caso, quedó mal parada.

El jueves, al mismo tiempo en que desdeñaba la presencia de equipos militares estadunidenses en torno al espacio mexicano, en el Senado de Estados Unidos se realizaba una audiencia con los jefes de los comandos Norte y Sur en la que se confirmó lo que se deba por hecho: el Pentágono se encuentra en plena campaña de operaciones de espionaje sobre México.

“No nos alarma, están volando en su territorio”, dijo la presidenta en un intento de minimizar los reportes periodísticos que en semanas recientes han dado cuenta de la presencia de naves aéreas y buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos en las inmediaciones de México.

En Washington, simultáneamente, la desmentía el comandante en jefe del Comando Norte, el general Gregory M. Guillot, en una audiencia pública ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores.

“Recientemente nos han permitido incrementar nuestros (vuelos) de inteligencia y reconocimiento”, declaró el general Guillot en su exposición destinada a revisar los planes de trabajo de ambas divisiones militares del ejército estadunidense en el continente americano en el contexto de las prioridades de seguridad de la administración Trump, entre ellas el combate a las organizaciones de la delincuencia organizada transnacional.

—¿Con el permiso de México? —le preguntó el presidente del Comité, el senador republicano y veterano de la Fuerza Aérea estadunidense, Roger Wicker.

—No, por el Departamento (de Defensa), pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas.

El general Guillot no especificó en ese momento a qué tropas se refería, pero cuando el senador Wicker le preguntó qué necesitaba para ser más efectivo contra los cárteles, el jefe del Comando Norte fue muy claro: “Más vuelos de reconocimiento y más asistencia para trabajar con las fuerzas militares de México”. En particular, mencionó a las Tier-1, que son las Fuerzas Especiales del Cuerpo de Infantería de Marina.

Se trata del cuerpo creado en el gobierno de Felipe Calderón y que ha estado a cargo de las operaciones que han llevado a las detenciones de los excapos Arturo Beltrán Leyva, Antonio Cárdenas Guillén, Miguel Ángel Treviño, las dos de Joaquín el Chapo Guzmán, y de Rafael Caro Quintero, en julio de 2022, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese al intento de la presidenta por restarle importancia a las incursiones del Pentágono, los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el de la Marina, Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que han estado en comunicación con el general Guillot, han tenido que reconocer públicamente la presencia de las naves del Ejército de los Estados Unidos, aunque han querido mitigar sus efectos.

Dos días antes del mentís a la presidenta, el martes 11, el general Trevilla admitió que ante la presencia de aviones militares estadunidenses “en el espacio aéreo internacional”, en los límites del espacio mexicano, no descartaba que se estuviera recabando información del país.

Una semana antes, el día 4, la Marina emitió una comunicación en su cuenta oficial de X para decir que la presencia de navíos en la costa de Baja California tenía lugar “en donde existe libre navegación internacional”, aunque dijo que ha ocurrido en otras ocasiones.

Un reporte de la cadena estadunidense CNN había dado cuenta de 18 incursiones de este tipo en la península de Baja California entre el 28 de enero y el 6 de febrero; es decir, casi dos por día, lo cual indica la intensidad de la operación. (https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/12/eeuu/como-son-aviones-espia-informacion-carteles-droga-mexicanos-orix)

Apenas un día después de esas incursiones, los secretarios de la Defensa y de la Marina conversaron con el jefe del Comando Norte, de acuerdo con información de la Marina.

El almirante Morales Ángeles y el general Trevilla Trejo debieron reportar ese encuentro a su comandanta en jefa, la presidenta Sheinbaum. De forma que resulta difícil que la principal responsable de la seguridad nacional no supiera lo que estaba pasando, aunque en esos días ella optó por la retórica de la inviolabilidad de la soberanía nacional.

Lo que sí es que el gabinete de seguridad nacional debió haberla advertido que el jueves, al tiempo que ella daría su conferencia de prensa, en el Senado de Estados Unidos estaba calendarizada esa reunión en la que se hablaría de la relación con México.

Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores, a través de los agregados militares y el embajador en Washington sabían, o debieron saber, que uno de los temas a revisar era la actuación del Comando Norte en el marco de la emergencia nacional que el presidente Donald Trump ha declarado en la frontera con México y de su decisión de considerar como terroristas a las organizaciones del narcotráfico.

Contrario al diálogo que existe entre los militares de México y Estados Unidos, las relaciones entre los funcionarios civiles de ambos países están marcadas por la desconfianza. Del lado estadunidense, el reproche hacia los funcionarios mexicanos es la defensa que el actual gobierno hace de la política liberal del expresidente López Obrador en materia de seguridad, en particular la de dejar hacer y dejar pasar.

El caso del recién designado jefe de la DEA resume la desconfianza. Terry Cole, uno de los halcones que Trump ha designado para la relación con los funcionarios civiles de México, vivió directamente un capítulo de ese liberalismo de López Obrador.

Como jefe de la DEA en México, a Cole le tocó el primer Culiacanazo, como se conoce el levantamiento armado de la guardia de Ovidio Guzmán, registrado en 2019, cuando éste había sido detenido por el Ejército mexicano. Ante el estado de guerra que vivió ese día la capital de Sinaloa, el presidente López Obrador ordenó a los militares liberar al hijo del Chapo, aunque fue reaprehendido en 2023, lo que dejó en vulnerabilidad a los militares que participaron en el operativo y a quienes les proveyeron información.

Ni en el Departamento de Estado ni en el Departamento de Justicia ven con buenos ojos que la mitad del gabinete de la presidenta Sheinbaum esté integrado por colaboradores de su antecesor, cuya gestión quedó ensombrecida por la expansión de la narcopolítica.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Secuestro de empresario petrolero y robo de 360 mdp en Playa del Carmen ponen en jaque a la fiscalía estatal

El secuestro del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán y de su pareja en Playa del Carmen ha expuesto presuntas irregularidades de la Fiscalía de Quintana Roo, acusada por familiares de las víctimas de obstaculizar la investigación y desviar la atención hacia "chivos expiatorios".

El plagio del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán por un grupo armado, ocurrido el 20 de noviembre último en esta ciudad, ha puesto en evidencia a la Fiscalía de Quintana Roo por entorpecer el esclarecimiento de transferencias bancarias por al menos 360 millones de pesos de las cuentas de la víctima, operaciones efectuadas desde Playa del Carmen por una presunta célula del crimen organizado.  

Vizcarra Millán, tamaulipeco que obtuvo contratos millonarios de Pemex durante el sexenio de López Obrador, vía la firma Perfolat de México, fue privado de su libertad en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de esta ciudad, donde residía, con un bajo perfil, junto a su familia.

Las investigaciones han estado marcadas por el entorpecimiento por parte de la fiscalía estatal, pues en vez de nombrar como ofendidos a familiares en estos casi tres meses de la desaparición, ha iniciado una campaña de persecución orientada a crear “chivos expiatorios”.

El 20 de noviembre de 2024 un comando de ocho personas irrumpió en el domicilio de Vizcarra Millán, donde se encontraba acompañado de su pareja y sus dos hijos menores de edad.

Todos fueron retenidos por algunos días en la misma vivienda, sin que nadie supuestamente se percatara de la emergencia.

Torturado a la vista de sus pequeños, el empresario fue obligado a comunicarse con la gerencia de una de sus empresas ubicada en Tabasco para ordenar que se hicieran diversas transferencias bancarias a 10 empresas desconocidas, cuya suma total es por 360 millones 888 mil 667 pesos, de acuerdo con documentos financieros obtenidos por Proceso.

Entre las empresas beneficiadas con esta presunta ilegalidad sobresale Desarrollo 1540, sociedad mercantil que en 2020 fue acusada de retrasos en la entrega de departamentos de lujo en un edificio que se construyó cerca del centro de Playa del Carmen.

Durante cuatro días el empresario y su pareja sufrieron actos de extrema violencia, relata el testimonio de sus menores hijos. Al quinto día ambos fueron sacados de su domicilio y conducidos aparentemente a Cancún en una camioneta de su propiedad.


La unidad marca Honda fue encontrada después en la colonia Villas Otoch, de esa ciudad, cerca del centro de retención municipal conocido como “El Torito”, refiere el acta de denuncia presentada por la familia.

Desde entonces no se ha sabido del paradero de Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja.

Investigación entorpecida

Durante la mañana del 26 de noviembre la familia de Vizcarra Millán tuvo el primer indicio de lo que horas después se confirmó: la desaparición del empresario.

Sin embargo, con esto también se iniciaría el entorpecimiento de la investigación criminal por parte de la fiscalía estatal.

En la averiguación penal no sólo se busca esclarecer el paradero de las víctimas, sino el destino de más de 360 millones de pesos transferidos a 10 sociedades ajenas al plagiado.

Un reporte de la policía de Cancún indicó el hallazgo de la camioneta Honda con un número de teléfono en el interior, el cual fue utilizado para comunicarse con la familia. Esa fue una de tantas irregularidades, pues nunca se exhibió el número encontrado en la unidad.

De acuerdo con sospechas de familiares asentadas en documentos ministeriales de la FGR, la Fiscalía de Quintana Roo ya contaba con tal número.

Ese 26 de noviembre los familiares acudieron a la casa del empresario luego de un mensaje de los vecinos señalando las puertas abiertas de la vivienda. Los familiares aún no sabían que había ocurrido el plagio.

Descubrieron a los hijos menores encerrados en una recamara, quienes relataron parte del terror vivido. A partir de lo narrado, se confirmó la desaparición del empresario y su pareja.

Ambos, tras los actos de tortura contra sus progenitores, han quedado con graves secuelas, según lo manifestado en los expedientes facilitados por la familia.

Por este caso se integró la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UPD/11/373/2024, conocido como el “caso petrolero”.

La denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.

En este caso ha salido a relucir la colaboración de la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por Vizcarra Millán cuando se encontraba en cautiverio.

Carlos Vizcarra Ortiz, hijo mayor de edad de la víctima con un primer matrimonio, se sumó a las tareas de investigación del caso. Cuando ocurrió el plagio, se encontraba en Mérida, Yucatán.

No obstante, ha sido llamado a través de intermediarios, y no de manera formal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a una entrevista ante la Fiscalía de Tabasco ordenada por la Fiscalía de Quintana Roo.

Ante esto, Vizcarra Ortíz ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Quintana Roo que lo reconozca como ofendido, calidad que le corresponde ante la desaparición de su padre, la principal víctima.

La Fiscalía de Quintana Roo, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, a cargo de Emanuel González Juan, se ha negado a otorgar tal reconocimiento legal.

Por el contrario, la fiscalía insistió en la presentación personal del hijo ante la representación social para una entrevista. Carlos Vizcarra sospechó que era para detenerlo y así fabricar pruebas para inculparlo. En su lugar buscó enviar la entrevista escrita, que se negó a recibir el fiscal encargado del caso. Expuso luego ante la FGR:
Abiertamente indiqué al licenciado Emanuel que parecía que tenía línea y esa era la razón por la cual no me recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento los citatorios y se negó.
La FGR atrae el caso

Tras estos hechos de integración del expediente para la investigación, Carlos Vizcarra, junto a otro de sus hermanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso, en diciembre último, y pidió que la Fiscalía de Quintana Roo se abstuviera de continuar con las pesquisas.

Además de la situación de entorpecimiento en la investigación, señaló que sólo buscaban hacerse de los tokens con los que se ejecutaron las transferencias millonarias.

A finales de diciembre, la FGR atrajo el caso e integró una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal Ministerial.

Este órgano ya solicitó diversos informes a la Fiscalía de Quintana Roo sobre el secuestro, pues se presume que detrás del plagio y la sustracción millonaria de dinero, se encuentra el crimen organizado que opera en Playa del Carmen.

Asimismo se presentaron denuncias por la mala actuación de la fiscalía local ante su órgano interno de control y quejas dirigidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, según documentos consultados.

Ante la posibilidad de que la Fiscalía de Quintana Roo ejecutara actos discrecionales de detención contra Carlos Vizcarra (hijo), éste tramitó un amparo contra la privación de su libertad.

El Juzgado Tercero de Distrito de Cancún otorgó en su momento una suspensión provisional contra cualquier acto de la autoridad en su contra, de acuerdo con el expediente 1262/2024 del amparo interpuesto. Las diversas autoridades señaladas como responsables, tanto en Quintana Roo como en Tabasco, han negado tener alguna orden de detención contra el quejoso.

Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado respuesta a los informes dentro del juicio de garantías, según dijo a este reportero el equipo jurídico que asesora a Carlos Vizcarra, por lo que crece la sospecha de una probable detención arbitraria.

La semana entrante se cumplirán tres meses del caso que las autoridades locales ministeriales han manejado con total sigilo.

El equipo jurídico de Carlos Vizcarra asegura que ya informaron de la grave situación a Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo; sin embargo, tampoco han tenido respuesta.

En Playa del Carmen, donde ocurrió el secuestro del empresario y su pareja, la alcaldesa, Estefanía Mercado Asencio, pactó en agosto de 2024 con el fiscal, antes de su toma de posesión, un acuerdo de cero impunidad en un intento de reducir los niveles de violencia, la cual no cesa desde hace dos administraciones municipales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

“Elección judicial va y llegará a buen puerto”: presidenta del TEPJF presume que la SCJN le dio la razón

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, presumió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón, al reconocer que los amparos no aplican en materia electoral, y sostuvo que la elección judicial "va y llegará a buen puerto". 

En la ceremonia de informe de labores de la Sala Ciudad de México, la magistrada reiteró que el TEPJF tiene "el mismo rango constitucional que la Suprema Corte" y que no está subordinado a "ninguna autoridad jurisdiccional".

"Esto no significa tampoco que busquemos asumirnos como entes superiores jerárquicos de ninguna otra autoridad jurisdiccional", dijo Soto, cuyo grupo de magistrados en la Sala Superior se enfrentó con jueces de distrito que emitieron suspensiones contra el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. 

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

García Harfuch supervisa operativos en Sinaloa; desmantelan 3 narcolaboratorios

Junto al secretario de Sedena, Ricardo Trevilla, García Harfuch supervisó labores de seguridad y líneas de acción que se llevan a cabo en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa, estado que lleva meses sumergida en una ola de violencia y que ha dejado más de 800 muertos.

A través de su cuenta personal de X, el funcionario compartió fotografías de elementos del Ejército y la Guardia Nacional junto a él.

En la publicación informó sobre una acción en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa, el Ejército desmanteló 3 laboratorios clandestinos y 9 áreas de concentración de drogas.

Asimismo, dijo que simultáneamente también en Cosalá, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, derivado de información de inteligencia naval, localizaron y neutralizaron 3 laboratorios clandestinos, empleados para la fabricación de droga sintética.

Señaló que junto al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, supervisaron este viernes labores de seguridad y líneas de acción que se llevan a cabo en Sinaloa.

En otra acción el pasado jueves 13 de febrero, personal militar fue agredido con disparos de arma de fuego, cuando realizaban tareas de seguridad y vigilancia, en donde cuatro presuntos delincuentes perdieron la vida, se aseguraron armas de fuego y cartuchos, así como un vehículo con reporte de robo, informó García Harfuch.

Por otro lado, en esa misma región también el jueves, fuerzas de Seguridad informaron sobre la detención de cinco personas que presuntamente pertenecían a una célula criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron órdenes de cateo de manera simultánea en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Rosario, donde fueron detenidas tres mujeres y dos hombres, se aseguraron 10 vehículos y armas de fuego.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Humberto Rivera "N", presunto jefe del Cártel de Sinaloa, es detenido; FBI lo buscaba

Humberto Rivera, alias “El Viejón”, presunto jefe del Cártel de Sinaloa en Juárez y buscado por el FBI, fue detenido por fuerzas de seguridad en Chihuahua.

Humberto Rivera Rivera, conocido como “El Viejón” o “El Don”, fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es señalado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona.

Cuauhtémoc no solo enfrenta desafuero: arrastra irregularidades de una opaca gestión

Sobre Cuauhtémoc Blanco Bravo pesan varias acusaciones: una, por presunto intento de abuso sexual, y, al menos, seis por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, todas las niega el exfutbolista bajo el argumento de que se trata de una “guerra sucia”, sin embargo, ya está en el aire una solicitud para retirale el fuero y que enfrente los señalamientos que se le imputan.

“Ya me agarraron de piñata", así justificó Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual Diputado federal por Morena y exgobernador del estado de Morelos, las acusaciones en su contra por presunto intento de abuso sexual, mismas que, aseguró, forman parte de una “guerra sucia” por parte del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien incluso, por estos hechos, solicitó el desafuero de exfutbolista.

Aunque Cuauhtémoc Blanco en su más reciente conferencia de prensa se presentó como víctima de chantaje, extorsión y persecución política, lo cierto es que estas no son las únicas acusaciones que ha enfrentado. A lo largo de su carrera política ha sido señalado por presunto mal manejo de recursos públicos, fallas en materia de seguridad y, más recientemente, irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos.

Lo cierto es que actualmente en Morelos se lleva a cabo una limpia del aparato estatal. El analista político de la región y consultor Marcos Pineda explicó el estado atraviesa por un reacomodo institucional con la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia, quien ha emprendido una reorganización de las estructuras gubernamentales. Y es que, según el analista, ningún funcionario de nivel medio o alto de la administración de Blanco permanece en el gobierno actual.
“Sí parece haber una reintegración, reorganización, una limpia en las estructuras de gobierno. Se están articulando, reconstruyendo las bases para que pudiera cambiarse esta percepción de inseguridad, de que la justicia no avanza”, dijo Pineda, quien también destacó que esta depuración responde directamente a las acusaciones y denuncias relacionadas con la gestión de Blanco Bravo.
Sin embargo esta situación también pone a Morena, en una encrucijada: demostrar con hechos su compromiso con la justicia y evitar cualquier protección a Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Tendrá que haber un seguimiento puntual sobre las denuncias que se han presentado y las que se presenten en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque esta limpia se debe precisamente a las acusaciones que se han hecho con respecto a lo que aconteció en el sexenio anterior”, señaló Marcos Pineda.


Las denuncias contra el exfutbolista, incluyendo una por tentativa de violación, han generado dudas sobre la postura del partido a nivel nacional respecto a su proceso judicial. Un punto de preocupación es lo que ocurra en el Congreso de la Unión, donde se teme que el exfutbolista, ahora Diputado federal pudiera ser protegido.

Al respecto, Pineda insistió en destacar que si Morena quiere demostrar que no está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, debe permitir que las investigaciones sigan su curso y garantizar que la Ley se aplique sin privilegios.
“El asunto de Cuauhtémoc Blanco preocupa mucho. Si en el Congreso de la Unión no pasa nada, si se frenan las investigaciones y las carpetas dejan de avanzar, si incluso se realiza una votación y no procede la investigación, sería una muy mala señal. Eso podría interpretarse como que hay una protección del gobierno hacia Cuauhtémoc Blanco”, advirtió el analista.
El mismo día en que el entonces Fiscal Uriel Carmona – quien siempre ha estado confrontado con Blanco– anunció el envío de la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados para judicializar el caso, se produjo su remoción como fiscal, lo que generó diversas especulaciones, las cuales, la propia Gobernadora Margarita Saravia ha negado, particularmente por los antecedentes de Carmona en la manipulación del feminicidio de la Ariadna Fernanda que quiso hacer pasar como un accidente, sumado al acoso que ejerció contra el Gobierno de la Ciudad de México, que evidenció las irregularidades del Fiscal frente a este caso.
“Lo más sano lo más sano para la vida democrática republicana para las sustituciones es que sí se permitiera la investigación y si hay responsabilidades que se comprueben entonces se aplicará la justicia y por supuesto no el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica el convenio no con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento a lo que me digan también como sea él también tiene derecho a esa presunción de inocencia pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, abundó Pineda.
La más reciente denuncia

El exgobernador Cuauhtémoc Blanco nuevamente está en el escrutinio público pues enfrenta una denuncia por violación en grado de tentativa, presentada por una mujer que inicialmente se identificó como su media hermana. De acuerdo con la denuncia presentada en octubre de 2024, el ataque presuntamente tuvo lugar cuando el exfutbolista aún estaba al frente del Gobierno de Morelos, mientras que ella ocupaba el cargo de directora general del área de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el estado.

En ese momento no se proporcionaron detalles de la presunta agresión sexual, salvo que habría ocurrido en la residencia oficial de Morelos, ubicada en la calle Chimalacatlán, en la colonia Reforma, en Cuernavaca, Morelos, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Su media hermana afirmó que el también exalcalde de Cuernavaca la habría amenazado con retirarla del puesto en el que desempeñaba en aquel momento, con el propósito de persuadirla de que no hiciera público el ataque del que supuestamente fue objeto en 2019.

Cuauhtémoc Blanco ha intentado contrarrestar las acusaciones en su contra. En entrevista el pasado 7 de febrero, el legislador sostuvo que las imputaciones en su contra por presunto intento de violación son falsas y que se trata de una estrategia de sus opositores para desacreditarlo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el estado.

"Desde que entré, me criticaban por ser futbolista", sostuvo. "Así es la política, llena de calumnias y ataques sin fundamento", ahondó. "Es claro que los opositores me persiguen y no prueban nada", declaró finalmente el legislador morenista.

Blanco también señaló que, un día antes de que el entonces Fiscal Uriel Carmona solicitara su desafuero, presentó una denuncia por extorsión contra Nidia Fabiola, la mujer que lo acusó de abuso sexual. Según su versión, ella intentó extorsionarlo pidiéndole un millón de pesos y, al no recibir el dinero, procedió con la denuncia.
"Hasta ahora, no han podido demostrar nada en mi contra”, afirmó el también exseleccionado nacional, quien acusó que la reciente destitución del Fiscal Uriel Carmona Gándara es un ejemplo más de la manipulación política. "Están utilizando estas estrategias para desviar la atención y cubrir sus propios errores", acusó.
El analista Marcos Pineda señaló que si bien Cuauhtémoc Blanco tiene derecho a defenderse, no obstante, lo más importante es que las investigaciones se realicen con seriedad y transparencia para determinar si existen responsabilidades.
“Por supuesto que el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica a Cuauhtémoc. Con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento, también tiene derecho a esa presunción de inocencia, pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, afirmó Pienda.
Tratándose de un presunto delito de violación en grado de tentativa, es crucial que las mujeres sean las principales interesadas en que las indagaciones avancen y se llegue a una conclusión justa.
“Esto (la denuncia por abuso) ya está en el terreno político, ya está en la parte política de un asunto legal, y la voz cantante ahí va a corresponder a las mujeres. Sobre todo, en este caso no porque es una acusación de una violación en grado de tentativa. La mujer la que acusa, entonces aquí la voz de las mujeres va a ser muy importante, tanto en el Congreso, diputadas, las diputadas, que sean ellas las que se expresen, las agresiones en las que encabecen, pues la búsqueda de la justicia, que se desarrollen las investigaciones. Tomando en cuenta, tomaré en consideración también que la presidenta del partido es una mujer, que la presidenta de la República es una mujer y que la gobernadora del estado igualmente. Entonces, está en la cancha de las mujeres. Tenemos que, porque lo que sí nos quedaría muy claro, independientemente de la justificación de la explicación legal que nos puedan ofrecer, independientemente de eso, si no se lleva a cabo ninguna investigación, pues sí, haría quereríamos la interpretación de una protección desde el más alto nivel a Cuauhtémoc Blanco”, expresó.
Un historial de acusaciones

Aunadas a estas acusaciones de presunto abuso sexual, el exjugador de futbol también enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, luego de que el Consejero Jurídico de Morelos y la Contralora estatal revelaron que existe un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos (mdp).

La información ya había sido adelantada por mandataria estatal —quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre— quien ha dicho que durante estos primeros meses de trabajo su Gobierno detectó un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos, acciones que habrían tenido lugar durante la Administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco Bravo.


"En cualquier Gobierno entrante y saliente se tienen que hacer todas las observaciones necesarias del proceso de entrega-recepción porque si no los servidores públicos que están tomando el cargo se harían ellos acreedores a esas observaciones, entonces, todo se tiene que observar”, dijo González Saravia.
“En ese sentido nosotros llevamos nuestros 100 días también ya de trabajo intenso e iniciamos la entrega-recepción hace unos meses y en el proceso hubo un equipo de trabajo, sobre todo Contraloría y Consejería Jurídica con un grupo de abogados que han estado tomando en sus manos la tarea de la entrega recepción y ya a estas alturas detectaron una serie de irregularidades de las cuales se tiene que dar vista", agregó.

La Gobernadora aseguró que además del abandono que se vivía en la entidad, Morelos estaba dividido por roces entre los exgobernadores Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez. "Encontré un Morelos bastante abandonado la verdad, muy dividido”, aseguró la Gobernadora del estado.

El analista Marcos Pineda destacó que la situación en Morelos representa una prueba crucial para el gobierno estatal y Morena, pues la gestión de estos casos definirá su credibilidad en el combate a la impunidad. Mientras tanto, la sociedad y los medios seguirán atentos al desarrollo de los procesos judiciales y políticos en torno a Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La gobernadora Margarita González Saravia ha declarado que su administración no intervendrá en los casos pendientes contra el exgobernador ni en los procesos que involucren a funcionarios de su gobierno.

Asimismo el analista resaltó que todo parece indicar que las indagatorias seguirán su curso y adelante, pues dijo que el nuevo Fiscal, Edgar Maldonado, ha mostrado mucha disposición y una decisión para llevar adelante todas las investigaciones.
“El nuevo fiscal ha demostrado tener, no solo la confianza de la gobernadora, sino también la decisión de realmente asumir su responsabilidad, de tomar el toro por los cuernos y llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones”
Fue el pasado mes de enero, las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de seis denuncias contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos.

En conferencia de prensa, los funcionarios detallaron parte del contenido de las denuncias, luego de que la Gobernadora Margarita González Saravia adelantara en su Informe de Gobierno que revelaría las irregularidades, que fueron detectadas en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; y en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
"En esta Administración no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. A la Contraloría no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y responsabilidad. Seguiremos trabajando con transparencia, profesionalismo y compromiso para garantizar una gestión pública íntegra y eficiente a la altura de las expectativas ciudadanas", sostuvo Alejandra Pani Barragán, actual titular de la Contraloría de Morelos.
Por su parte, Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos, detalló que de las seis denuncias que serían presentadas, cuatro en materia penal y dos administrativas. “Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque con seis denuncias, en materia administrativa y penal”, expresó.

“Hemos de señalarles que esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas. Esto es escuchar y acompañar al pueblo de Morelos en sus demandas sociales. Es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado de sus actividades de lo que marca la normativa”, subrayó Maldonado.
“Una vez que se ha hecho el análisis, se señalan los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos", prosiguió. Finalmente, aseguró que la cadena de responsabilidades puede llegar a lo más alto, "desde un titular hasta una persona con un encargo de firma correspondiente, pero que tenga bajo sus atribuciones una responsabilidad bajo el manejo de recursos".
En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el pasado 14 de enero, Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, indicó que su administración ha hallado irregularidades del Gobierno anterior encabezado por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Además, señaló, que encontró a la entidad en el abandono.


Respecto a las seis denuncias, cuatro en materia penal y dos administrativas, que se presentaron en contra del exmandatario, la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.
"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado", concluyó.
La mandataria indicó que ahora deberán entregar a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes y será este organismo el que tendrá que establecer los términos en que se van a constituir estas observaciones las cuales pueden ser administrativas o de carácter penal.

Luego de los señalamientos contra Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el pasado 10 de febrero, que su Gobierno no va a encubrir a nadie, esto luego de ser cuestionada por el caso del exgobernador de Morelos y actual Diputado Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido señalado por el presunto intento de abuso sexual a su media hermana en 2019.

"Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos. Ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero sí me llama la atención que el Fiscal de Morelos, después de haber estado (siete años), los cuatro últimos días no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador [sacó]", dijo la mandataria mexicana.


En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó: "¿No les parece extraño que después de siete años de haber estado [en el cargo], cuatro días antes de que él sabía que lo iban a destituir, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador y que se investigue?".

El pasado 6 de febrero, el Congreso de Morelos decidió “la separación definitiva” de Uriel Carmona Gándara, hasta ese momento Fiscal General del Estado, con 16 votos a favor y cuatro en contra. Horas antes, Carmona reveló, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Demanda a armerías podría ampliarse si cárteles son declarados terroristas: Sheinbaum

Sheinbaum anunció que, de declararse a los cárteles como terroristas en Estados Unidos, la demanda contra fabricantes de armas podría ampliarse.

El Gobierno de México ampliará la demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos si el Senado de ese país califica a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras como ha pedido Donald Trump. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se buscará extender este recurso sobre todo porque todo el arsenal de los narcos proviene de las armerías estadounidenses.
"México tiene una demanda contra fabricantes de armas... Si llegaran a decretar a grupos de delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en EU, porque, como ya reconoció el Departamento de Justicia, el 74 por ciento de las armas de grupos delictivos vienen de EU. ¿Cómo quedan armadoras y distribuidoras frente al decreto? Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Es uno de los temas que estamos revisando", expresó Sheinbaum.
La mandataria federal también cuestionó esta mañana cómo quedan paradas las armadoras y las distribuidoras frente al decreto del Presidente Trump.

"Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices es uno de los temas que estamos revisando", indicó.


Trump planea designar como organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, según funcionarios estadounidenses consultados el jueves por The New York Times.

No obstante, el Gobierno México ha dicho que de hacerlo tendría que ampliar su demanda en contra de los fabricantes de armas.

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso una demanda contra fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, por su responsabilidad en el tráfico de armas.

El pasado 8 de enero, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) dio a conocer que el 74 por ciento de las armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México provienen de los estados de Texas, Arizona y California.


La mayoría de las armas provienen de Texas, el 43 por ciento; de Arizona, el 22 por ciento, y de California, el 9 por ciento, pero la ATF señala que cada vez hay más estados desde donde compran y envían armas en forma irregular.

A eso se suman otras cifras como la existencia de 9 mil vendedores de armas a lo largo de la frontera entre ambos países, de acuerdo con un análisis del investigador Omar García-Ponce, profesor de ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington.
“Lo que sabemos con base en la información oficial es que hay alrededor de 9 mil licencias para vender armas. Esto no incluye licencias para importar o para producir armas, solo son para la venta, entonces son aproximadamente 9 mil en estos cuatro estados (Arizona, California, Nuevo México y Texas). En todo el país son alrededor de 50 mil y Texas tiene más de 5 mil, es decir, más del 10 por ciento se concentra en un solo estado que es Texas”, compartió García-Ponce en entrevista con SinEmbargo a inicios de febrero.
En México, además, los seis estados fronterizos del norte —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— concentran el 25.39 por ciento de todas las armas decomisadas en el país entre el año 2006 y junio de 2024 de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos vic transparencia través de la solicitud de información 3300246224002646. En ese periodo, de las 195 mil 757 armas aseguradas en todo México, 49 mil 714 fueron incautadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El reclutamiento y asesinato de César, un adolescente, sacude Iguala

El asesinato de un adolescente en Guerrero, tras ser reclutado y utilizado por un grupo criminal, evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes en zonas del país dominadas por la violencia.

A principios de febrero, César asistió a su escuela, la Secundaria Técnica 213 Bandera Nacional, en Iguala, Guerrero, y como siempre fue amable con sus compañeros, quizá un tanto reservado. Nada diferente a lo habitual. Al día siguiente, su cadáver fue abandonado en un camino de terracería en los márgenes de la ciudad, cuando sus familiares apenas intentaban hacer el reporte oficial de su desaparición.

El adolescente cursaba el tercer año del grupo G, en el turno vespertino de esta secundaria, ubicada cerca de las instalaciones de la feria de esta ciudad de la zona Norte de Guerrero. En su escuela lo describen como un chico tranquilo, educado, que cumplía con los trabajos y las tareas escolares. 

Por eso las circunstancias de su muerte generan la indignación de quienes lo conocieron, pero también de quienes no, pues el rasgo que más debería pesar es que era un menor de edad, casi un niño.

El cadáver de César tenía heridas de balas y las manos mutiladas, las cuales dejaron sobre un par de cartulinas con texto, a un costado del resto de su cuerpo. Uno de esos textos, hay evidencias, lo escribió el propio adolescente en su cautiverio.

Con el hallazgo del cadáver circuló un video de la privación ilegal del menor. César está con el torso desnudo, donde tiene heridas. Primero dice su nombre y enseguida hace algunas supuestas confesiones a pregunta expresa de alguien que le interroga con voz distorsionada, que serían la razón de su muerte.

Menciona también unos nombres, uno de un presunto líder criminal, otro de la persona con quien supuestamente trabajaba de manera directa, y dos más de los compañeros con quienes habría cometido “acciones ilícitas”, por las que recibiría dos mil pesos y el resto cinco mil.

Asesinato de César, un mensaje de brutalidad

La difusión en redes sociales del video de brutalidad extrema, con la saña implícita, son elementos de un crimen atroz, para generar psicosis.

En la parte final del video, César es grabado cuando transcribe de una hoja de papel a una cartulina verde fluorescente, que lo usaron para generar psicosis, para que no hicieran la feria municipal de Iguala, una celebración anual en la que los gobiernos municipal y estatal ponen un interés especial. La cartulina está manchada de sangre; el adolescente sangraba de los brazos y tenía marcas de golpes en la espalda.

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y El Caribe, el crimen atroz responde a una secuencia de circunstancias de las que pudo ser víctima el menor: “víctima de reclutamiento, posteriormente víctima de desaparición, de tortura, de mutilación y de asesinato, que podría terminar con la victimización o la revictimización institucional, acusándolo de que se merecía morir por que estaba en un grupo”. 

La tarde del martes 11 de febrero, cuando hallaron su cadáver, unos familiares acudieron a la escuela secundaria a solicitar sus documentos personales para presentar la denuncia de desaparición, pero por la tarde supieron que el cadáver que abandonaron cerca del asentamiento El Tomatal era el de César.

Una persona que conoció al adolescente dijo que su familia no tenía cómo cubrir los gastos de su funeral, que debió comenzar anoche.

Pérez García comenta que uno de los riesgos que suelen enfrentar los jóvenes en diferentes países de América Latina con contextos de violencia criminal, es el reclutamiento forzado por grupos de interés para quienes “son desechables cuando ya no son útiles”.

El asesinato de César fue difundido por la prensa estatal el pasado 12 de febrero, justo cuando la organización Tejiendo Redes Infancia de América Latina y El Caribe conmemora, desde 2002, el Día de las Manos Rojas, “un grito global contra el reclutamiento forzado de niños soldados”. Con esta actividad buscan exponer que es un problema que persiste en México desde hace unos 20 años, contextualizado en una supuesta estrategia de seguridad contra el crimen organizado.

La organización señala que esta práctica “se configura como un crimen internacional que propicia un aumento en la violencia y el trágico efecto dominó en el que las víctimas se convierten en perpetradoras”. 

Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) en 2024 calculó que cada día cinco niñas y niños son reclutados como soldados.

La organización presta atención en que el Estado Mexicano ha incumplido con su responsabilidad de prevenir y castigar el reclutamiento forzado de niñas y niños, porque ha obviado las recomendaciones enviadas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitidas desde 2011.

En el caso de Guerrero, la violencia contra los menores, que podría configurarse dentro de éstos y otros patrones de violencia tampoco son novedosos, porque han ocurrido más casos como el de César, quienes terminan señalados como responsables de las circunstancias que son víctimas. El 12 de febrero, por ejemplo, la prensa local difundió el asesinato a balazos de dos menores de 12 y 14 años en la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa.

En el contexto particular de Iguala, después que fue pública la muerte del menor a quien en el video le atribuyen dejar mensajes contra la realización de la feria del municipio, el Ayuntamiento difundió a través de las redes sociales oficiales el siguiente mensaje: “¡Todo está listo para celebrar con orgullo a nuestro símbolo patrio en la Feria de la Bandera 2025!”.

Después difundieron un recorrido del alcalde Erik Catalán Rendón, junto a servidores públicos estatales, en las instalaciones de la feria. “Con el firme compromiso de ofrecer un espacio seguro y familiar, se confirmó la coordinación interinstitucional para la realización de la Feria de la Bandera 2025, gracias al respaldo total de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, se lee en el mensaje que acompaña el video.

En este contexto, Pérez García deja una pregunta elemental alrededor del caso de César. “¿En dónde estuvo el Estado? Tenía la obligación de estar y no estuvo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: /MARGENA DE LA O.

“Seis años de violaciones a nuestros derechos”: exservidores de la nación denuncian despidos injustificados y explotación laboral

Exservidores de la Nación denuncian que fueron despedidos sin ninguna justificación, mientras que otros prefirieron renunciar tras jornadas laborales de 24 horas, los siete días de la semana y con solo 30 minutos de descanso para llevar los programas sociales a los ciudadanos.

Decenas de exservidores de la nación fueron despedidos injustificadamente en los últimos meses, mientras algunos otros decidieron renunciar debido a las condiciones en las que laboran para hacer llegar a la ciudadanía los programas sociales, como jornadas de trabajo “24/7”, sin vacaciones y teniendo que comprar su propio material.

De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios entrevistados por Animal Político, estas condiciones se repiten en distintos estados del país, y existen represalias en contra de quienes deciden reclamar sus derechos, situaciones que han expuesto mediante distintos documentos en delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar, e incluso han buscado directamente a la titular, Ariadna Montiel, pero hasta ahora no han tenido respuesta a las problemáticas denunciadas.

Animal Político consultó con la Secretaría de Bienestar sobre las denuncias de despidos injustificados, renuncias y condiciones de trabajo realizadas por exservidores de la nación y algunos que aún se encuentran en funciones, sin que hasta el momento de la publicación haya dado información al respecto.

Las denuncias por despidos injustificados e irregulares

En 2018, Dolores se unió al grupo de voluntarios que realizaban recorridos por distintas colonias del país, primero para la promoción del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, y después para realizar el llamado “Censo del Bienestar”, que registró a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal al inicio del sexenio anterior. Gracias a este trabajo, posteriormente fue nombrada como servidora de la nación, con lo que pasó a formar parte de la Secretaría de Bienestar.

“Cuando López Obrador llegó a la presidencia nos pidió que fuéramos las personas que lleváramos los programas sociales más allá de las oficinas, que íbamos a recorrer colonias para buscar a los más necesitados. Para enero de 2019 se nos pidió formalizar nuestro trabajo con documentación, y fue cuando recibimos el nombramiento de servidores de la nación, aunque fue hasta abril de ese año, cuatro meses después, que nos pagaron nuestro primer salario”, recuerda.

“Yo entré por interés de que el país cambiara y que dieran frutos los proyectos del presidente Andrés Manuel. En mi experiencia, estuvimos trabajando no sólo para los programas de Bienestar, también formamos parte de jornadas de vacunación en la pandemia de COVID, e incluso realizamos actividad política”, sin embargo, lamenta que “así como hemos sido parte de este trabajo, hemos tenido muchas injusticias”.

Durante el tiempo que se desempeñó como servidora en el estado de Baja California, Dolores no tuvo contrato, únicamente recibía nombramientos con tres meses de vigencia, hasta el pasado mes de enero, cuando le informaron que ya no se presentara a trabajar, sin justificación ni un proceso de liquidación.

Aquel día, 2 de enero, Dolores había registrado el inicio de su jornada laboral vía WhatsApp, enviando a su superior la ubicación real de su teléfono celular por ocho horas. “Andaba en el proyecto del censo de salud y bienestar, pero al terminar el día me escribieron que ya no me presentara porque no iba a llegar mi nuevo nombramiento. Supuestamente la instrucción vino de la Ciudad de México, por lo que al igual que otros compañeros quedé desempleada”, detalla.

Alma, otra de las servidoras de la nación despedida en Baja California, cuenta que recibió la noticia el 21 de diciembre, después de trabajar por cinco años y medio en la Secretaría de Bienestar, y al igual que en el caso de Dolores, fue notificada “sin darnos nada por escrito y sin darnos lo que corresponde por ley”.

“Por mucho tiempo se nos presionaba para trabajar muy tarde, aún sábados y domingos, días festivos, y en tiempo de pandemia tuvimos jornadas de todo el día con sólo 30 minutos de descanso, sin que el delegado fuera a apoyarnos con comida, sillas, gel antibacterial o cubrebocas y sin pagos extra… pero aguantamos porque estábamos prestando un servicio con mucho amor”, subraya.

Pese a que fue notificada de que se terminaba su nombramiento, Alma afirma que su nombre continúa apareciendo en la nómina de Bienestar, por lo que acusa que están haciendo uso de su información personal para que esa plaza de servidores de la nación siga siendo utilizada, sin que a ella le retribuyan de ninguna manera.

“Nosotros que fuimos despedidos aún seguimos en nómina, pero no nos llega ni un depósito a nuestra cuenta y queremos saber qué pasa con ese dinero y por qué aún seguimos en el sistema, porque no nos dieron un despido por escrito que viniera de la Secretaría de Bienestar. No les importó despedirnos en esas fechas en las que es muy difícil conseguir trabajo, no les importó si somos el único sostén de la familia, si pagamos renta, si tenemos hijos a los que tenemos que darles de comer”, reclama Alma.

Según la información de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 la Secretaría de Bienestar tuvo un aumento de 2.21% en comparación con 2024, y únicamente se contempló la reducción de dos plazas. Aunque, en cuanto a los servidores de la nación –cuyos trabajos no se encuentran formalizados por contratos permanentes–, exfuncionarios despedidos documentaron que fueron al menos once personas quienes no tuvieron renovación de nombramiento.

“Renuncié porque ya eran demasiadas injusticias”, asegura exservidora

Tras seis años de trabajo en la delegación de Bienestar en el estado de Nuevo León, Nereida tomó la decisión de renunciar en diciembre pasado, “porque ya eran demasiadas injusticias y preferí retirarme; nos exigían estar disponibles 24/7, no respetaban nuestros horarios y en todo el tiempo que estuve sólo pude tomar dos semanas de vacaciones, una de ellas porque falleció una familiar”.

Aunado a estas situaciones, la exservidora reclama que, para poder desempeñar su trabajo, tenía que comprar hojas de papel, grapas, ligas, e incluso una impresora, ya que “ahí no te dan nada de material”.

Antes de renunciar, Nereida afirma que hizo intentos por solicitar que se respetaran los horarios y su derecho a tomar vacaciones, sin embargo, la situación en vez de mejorar, empeoró, “porque te agarran de carrilla, como decimos acá, o sea, que te traen de encargo”.

“Me voy decepcionada porque nuestro querido Andrés Manuel se fue y nunca nos dieron base como trabajadores, y sé que han habido más casos de personas que, como yo, han preferido renunciar, porque definitivamente no estamos de acuerdo con tanta cosa”, lamenta, ya que “ese trabajo me fascinaba, el tener contacto con las personas me permitió hacer muchas amistades que todavía me escriben, pero todo se volvió muy pesado, y en los últimos meses de plano no me daban ganas de llegar”.

A pesar de que ha recibido el ofrecimiento de volver a trabajar como servidora de la nación, Nereida dice que no está dispuesta a regresar sabiendo que tendrá las mismas condiciones laborales por las que decidió renunciar, por lo que prefiere esperar un tiempo para resolver algunos pendientes y “dios mediante, en los próximos meses voy a ver qué hago”. 

La “situación insostenible” de quienes continúan como servidores de la nación

En Zacatecas, los servidores de la nación trabajan en condiciones similares a las que se han denunciado en otros estados. Es por eso que P., quien pidió no publicar su nombre por miedo a represalias, ha considerado renunciar, aunque a la fecha no lo ha hecho porque necesita el trabajo para mantener a sus tres hijos.

“Ya no aguanto, de plano no quisiera seguir ahí por el exceso de trabajo, el abuso de poder de algunas compañeras; van seis años de violaciones a nuestros derechos, pero no quiero irme así nada más, aunque ya me tengan tachada como revoltosa porque les contesta y les exige los derechos que debemos tener”, expresa la servidora.

A diferencia de otros de sus compañeros, que se unieron a las brigadas que defendieron los votos a favor de López Obrador en 2018, ella recuerda que tomó este trabajo “por necesidad”, y lo que se encontró fue un espacio en el que les exigían mucho, a veces con pagos que se retrasaban hasta tres meses, con la justificación de que “este no era un trabajo cualquiera, sino un movimiento”.

“Pagamos nuestro propio internet y los materiales con los que se trabaja, hay que estar viendo cada quién cómo llegar hasta las comunidades, además de que no hay descansos y el trato es de hostigamiento. Cuando se descompone algo en la oficina, nos piden pagar montos de entre 100 y 250 pesos para la supuesta reparación, aunque independientemente del monto, yo no estoy de acuerdo porque es dinero que bien podría darle a mis hijos”, menciona la mujer.

Sin embargo, señala que debido a las condiciones de necesidad que tienen ella y sus compañeros de este trabajo, “sienten que pueden hacer con nosotros lo que quieran, políticamente. Con un solo sueldo nos hacen llevar programas sociales federales y estatales haciendo promoción de algunos políticos, aunque nos obligan a firmar un documento en el que se establece que eso está prohibido”.

“Es una decepción, porque no sé si la doctora Claudia Sheinbaum sepa, si Ariadna Montiel está enterada de la situación horrible que tenemos aquí y en otros estados, porque allá arriba dicen una cosa, pero la verdad que nosotros vivimos es completamente diferente” –cuestiona–, mientras se lamenta por saber que, a menos que renuncie, tendrá que continuar aguantando estas situaciones, hasta que las autoridades federales y estatales atiendan las problemáticas que han denunciado por diversos medios sin obtener respuesta.

“Entiendo a mis compañeros, que como yo necesitan el trabajo, pero psicológicamente estamos dañados, la situación es insostenible, pero mi plan es seguir aguantando, con la esperanza de que más adelante se vaya acomodando esto y nos quieran escuchar y que las cosas cambien, aunque no me toque a mí, pero para los demás compañeros que entren”, agrega.

De acuerdo con información recopilada por el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación (SINASEN), las quejas por las condiciones laborales en las que se encuentran estos trabajadores también se han presentado en Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Tamaulipas y Estado de México.

En junio de 2024, Animal Político publicó que 12 servidores de la nación fueron despedidos en el estado de Jalisco después de organizarse en el SINASEN, sindicato que formaron para la exigencia de derechos laborales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.