El Gobierno de EE. UU. recordó que el “H-3”, ciudadano mexicano, fue arrestado en México, el 8 febrero de 2019, por una orden de arresto provisional emitida con base en cargos en el Distrito Este de Nueva York y posteriormente extraditado de México a Estados Unidos, el 21 de febrero de 2025.

Un día después, tras leerle los cargos por los cuales estaba imputado, la citada jueza federal ordenó que Patrón Sánchez permaneciera detenido en espera de un juicio. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvieron, el 8 de febrero de 2019, al “H-3”, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

John J. Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Matthew Allen, agente especial a cargo de la División de Campo de Los Ángeles, que supervisa la Oficina del Distrito de Las Vegas, de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunciaron la extradición y el procesamiento.

“Como se alega en la acusación y en los documentos presentados ante el tribunal, Sánchez era uno de los principales líderes de la Organización de Tráfico de Drogas H-2, una organización criminal transnacional brutalmente violenta que inundó las calles estadounidenses con drogas peligrosas y protegió sus operaciones mediante el asesinato y la corrupción”, afirmó Durham, citado en el comunicado.

“Esta Oficina está comprometida a trabajar con sus socios federales e internacionales para llevar a los líderes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales ante la justicia en los Estados Unidos y hacerlos responsables de la muerte y la destrucción que han desatado aquí y en el extranjero”, agregó el fiscal para el Distrito Este de Nueva York.

Durham expresó su agradecimiento a las oficinas de la DEA en Las Vegas y Ciudad de México, al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshalls), al Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y al Gobierno de México.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con socios de las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de [Patrón] Sánchez”, detalló la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

“Nuestro país se enfrenta a una crisis de drogas sin precedentes. Las organizaciones violentas de tráfico de drogas, como H-2, impulsadas por una codicia implacable e insensible, han estado saturando nuestras comunidades con veneno, muerte y devastación crónica. La DEA continúa con su determinación inquebrantable de mitigar este mal y erradicar su terror y corrupción de nuestras calles”, afirmó por su parte, Allen, citado en el mismo comunicado.

“Según la acusación y los documentos presentados ante el tribunal, Sánchez era un líder de la Organización de Tráfico de Drogas H-2 (H-2 DTO), una violenta organización de tráfico de drogas mexicana con sede en Nayarit y Sinaloa, México. El alias de Sánchez, ‘H-3’, es una referencia a su condición de sucesor de Héctor Beltrán-Leyva, el ‘H’ original y uno de los principales líderes del Cártel de Beltrán Leyva, que anteriormente formaba parte del Cártel de Sinaloa”, explicó el Gobierno estadounidense.

El capo sinaloense falleció el 18 de noviembre de 2018, en el Centro Médico López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Alias “El H” o “El Ingeniero”, de 56 años de edad, era requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y entonces la Procuraduría General de la República (PGR), en San Miguel de Allende, Guanajuato, en octubre de 2014.

“El H” sufrió de un infarto dentro de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encontraba recluido desde el 2 de marzo de 2016, según informó la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de un comunicado firmado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

“La H-2 DTO anteriormente estaba dirigida por el hermano del acusado, Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como ‘H-2’. Según informes públicos, después de que Juan Francisco Patrón Sánchez fuera asesinado en 2017, el acusado asumió el liderazgo principal de la H-2 DTO. La H-2 DTO tenía numerosas células de distribución en los Estados Unidos, incluso en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York”, comentó la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina.

“La DEA estima que entre enero de 2013 y febrero de 2017, la organización H-2 DTO distribuyó, mensualmente, cientos de kilogramos de heroína, cocaína y metanfetamina, y miles de kilogramos de marihuana en los Estados Unidos, obteniendo a cambio millones de dólares en ganancias ilegales. Para promover su operación de tráfico de drogas, la organización H-2 DTO utilizó armas de fuego y violencia física y está asociada con numerosos homicidios”, agregó el Gobierno de EE. UU.

“Entre junio de 2013 y diciembre de 2016, el acusado fue uno de los principales líderes de la organización H-2 DTO y dirigió la distribución de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México a varias partes de los Estados Unidos, incluido el Distrito Este de Nueva York”, señaló la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina.

“El acusado también coordinó las actividades de lavado de dinero de otros miembros de la organización H-2 DTO para garantizar que las ganancias de su tráfico de drogas se transfirieran de regreso a México. Además, conspiró con otros líderes y miembros de la organización H-2 DTO para matar a miembros de organizaciones rivales de tráfico de drogas y otras personas percibidas como amenazas para la organización H-2 DTO”, indicó el Gobierno de EE. UU.

“La extradición de Sánchez es el resultado de una investigación en curso de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) dirigida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y la DEA. La misión principal del programa OCDETF es identificar, desmantelar las organizaciones más graves de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, y a los principales responsables del suministro ilegal de drogas del país. OCDETF utiliza un enfoque multiagencia dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales contra las redes criminales”, explicó el Gobierno estadounidense.

“Los cargos que se incluyen en la acusación formal son acusaciones y el acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. Si es declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, el acusado enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria; el acusado enfrenta hasta una sentencia de cadena perpetua por los otros cargos de la acusación formal. El caso del gobierno está a cargo de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Fiscalía. Asistente de los Estados Unidos Los abogados Andrew D. Wang y Raffaela S. Belizaire están a cargo de la acusación”, finalizó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, citando el expediente EDNY N.º 16-CR-241 (S-2) (CBA).

En su declaración rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 9 de enero del 2021, el General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018-, cuestionó que la DEA haya dado crédito a los mensajes intervenidos a presuntos delincuentes, porque estos “rayan en la estupidez”.

El ex mando militar declaró ante la FGR que era falso que él hubiera ordenado o prohibido que se realizaran operaciones contra miembros del Cártel H-2, comandado entonces por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el 15 de octubre de 2020.

Cienfuegos Zepeda señaló que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como el Reglamento Interior de la SEDENA, dejaban claro que “no es función ni responsabilidad” del titular de dicha institución la planeación, conducción o participación de las operaciones que, en materia de combate al narcotráfico, realizaban las tropas a lo largo y ancho del país.

“Consecuentemente, es falso que, como secretario de la Defensa Nacional, yo haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales en [Nayarit] toda vez que la facultad no me correspondía ejercer, ni en esa entidad, ni en ninguna otra del país”, sostuvo el General de División en Retiro.

Asimismo, el ex titular de la SEDENA calificó de falsos los mensajes telefónicos que la DEA supuestamente intervino. También cuestionó a la Agencia Antidrogas estadounidense por dar credibilidad a los delincuentes.

“El mensaje del día 8 de agosto de 2016 de mi supuesta autoría, con el siguiente texto ‘boy a mandar en un par de días 300 elementos o más pero solo van a montar una exposición de Ejército a partir del 20 de agosto para que no se me asusten’, siendo falso su contenido de nuevo, porque durante todo el año 2016, únicamente se montó la exposición La Gran Fuerza de México, en ciudades de Piedras Negras, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México y Hermosillo, Sonora”, explicó Cienfuegos Zepeda.

“También es falso lo dicho en una conversación del 24 de noviembre de 2016, donde los delincuentes hablan de un militar retirado y uno de ellos le pregunta sobre el aspecto físico del militar”, dijo el ex mando militar.

“Otra vez falso, si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura, que es de y mi color de tez morena, es decir, que soy todo contrario a ‘chaparrito’ y blanco, de donde resulta evidente que este delincuente en realidad jamás sostuvo entrevista alguna conmigo”, manifestó el General de División en Retiro.

Aunado a ello, Cienfuegos Zepeda indicó que Daniel Isaac Silva, alias “El H-9”, timó a su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, sacándole dinero y haciéndole creer que era para sobornar al entonces titular de la SEDENA.

“Con lo descrito hasta aquí, resulta útil preguntarse ¿cómo es que un sujeto como el del que de la simple lectura de sus mensajes se puede advertir que su educación es escasa, por no decir nula, se empezó a dar cuenta que estaba siendo engañado por el grado de manifestar que iba a empezar a matar gente porque le dolía la cabeza de pensar que el contacto al que le habían entregado no se trataba del secretario de la Defensa Nacional?”, cuestionó el mando militar.

“Y por otro lado, cómo la […] todo su personal de especialistas, no se percató, o no quiso percatarse, de este cúmulo de incongruencias, que apuntaban a que los mensajes atribuidos injustamente a mi persona, en realidad habían sido elaborados por el propio para obtener cantidades millonarias? que por supuesto jamás me fueron entregadas”, insistió el ex titular de la SEDENA.

“De la existencia de varios mensajes del día 4 de enero del 2017, de un supuesto autor con el nombre de usuario […] en una de ella se advierte una burda maniobra de [‘H9’] le entregue 10 millones de pesos, dado que el motivo que expresa raya en la estupidez, como el hecho de que se va a llevar a cabo un golpe de Estado para deponer al presidente de la República, incluso, hace mención de un levantamiento en armas y hasta una revolución”, dijo Cienfuegos Zepeda.

“[…] francamente ridículo y más ridículo, que los especialistas de [la DEA han] dado crédito a que efectivamente tales mensajes habían sido míos, cuando es de sobra conocida la lealtad hacia la instituciones y hacia la institución presidencial, no solo de mi persona sino de la totalidad de los integrantes de la Fuerzas Armadas”, añadió el mando militar.

El ex titular de la SEDENA también descartó tener alguna relación de parentesco con el entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, porque en conversaciones interceptadas a narcotraficantes se mencionaba que la esposa del ahora ex mandatario estatal sinaloense, era su supuesta cuñada.

“Las débiles y circunstanciales evidencias en mi contra, carecen de todo sustento y son, por lo tanto, desacreditadas con suficiencia y contundencia con las aportaciones de información y probatorias que mi defensa ha hecho a mi favor”, advirtió el General de División en retiro.

“[…] durante los más de 55 años de servicio prestados al instituto armado realice diversos cursos y estudios, ascendí todos y cada uno de los grados de la escala jerárquica […] guiado siempre por los principios de honor, lealtad, integridad, honestidad y patriotismo, sin que durante esta larga trayectoria hubiere sido objeto del más mínimo señalamiento de vinculación o involucramiento con algún delincuente o grupo criminal”, afirmó Cienfuegos Zepeda

“Finalmente, deseo manifestar que nunca he recibido ni un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga, no tengo empresas, no soy socio ni inversionista de ningún negocio”, finalizó el mando militar.

Lo anterior formó parte del expediente que integró la FGR respecto del ex titular de la SEDENA, con base en la indagatoria y las pruebas que integró la DEA, y que concluyó con la determinación del no ejercicio de la acción penal en México, por considerar que no hubo elementos de prueba que acreditarán la comisión de algún ilícito por parte de Cienfuegos Zepeda.

“Para todos los efectos legales correspondientes, el Ministerio Público Federal ha notificado, hoy [15 de enero], a las autoridades norteamericanas, su resolución de ‘No Ejercicio de la Acción Penal’, en este caso”, detalló la FGR, en un comunicado.

El 16 de enero del 2021, el Ministerio Público de la Federación (MPF) dio a conocer a través de su página web, un total de 60 archivos con los que se integraron dos tomos y ocho anexos, que en conjunto sumaban más de 6 mil páginas.

Sin embargo, tan solo en la segunda parte del tomo uno, que constaba de 42 páginas, nada era visible, excepto, fechas, el número de la carpeta de investigación, el asunto y número de oficio. El resto venía testado, es decir, subrayado en negro.

En ellas se daba cuenta del proceso que llevaba a cabo dicha indagatoria con respecto a los indicios aportados por la DEA, mismos que incluyeron peritajes financieros, contables, telefónicos, de análisis y seguimiento a cada uno de los personajes señalados en los mismos.

Los fiscales de la FGR revisaron el expediente de alrededor de 700 páginas, entregado por la DEA, cuyas principales evidencias son las conversaciones que “El H-2” y “El H-9” sostuvieron en cinco aparatos BlackBerry, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

Tanto el “H-2”, como el “H-9” ya están muertos, ya que Patrón Sánchez fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), el 9 de febrero de 2017, en una casa de seguridad ubicada en Tepic, y, Silva, un día después, por elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en el poblado El Ahuacate, en la misma ciudad.

Silva conversaba por ese sistema de mensajería instantánea con un sujeto al que se refería como Zepeda o “Padrino” y convenció a Patrón Sánchez que dicho interlocutor era el titular de la SEDENA en la Administración de Peña Nieto, para obtener dinero de su jefe.

Según los informes obtenidos por la DEA, “El H-9” le comunicó a Patrón Sánchez que el general de División era un hombre de estatura baja, robusto y blanco, descripción que no guardaba coincidencia con la del mando militar.

Silva supuestamente exhibió a su jefe los chats en los que “El Padrino” le pedía dinero o le agradecía el regalo de un avión para uno de sus hijos. Pero según fuentes citadas por el diario Reforma, algo que no sabía el capo era que Cienfuegos Zepeda tiene tres hijas.

El sujeto también presumió a “El H-2” que se había reunido con el general de División, aunque Cienfuegos Zepeda también reportó a la FGR que en las fechas en que “El H-9” dijo haberlo visto, él no se encontraba en la entidad federativa donde supuestamente se dio la reunión. Sin embargo, Patrón Sánchez le advirtió a su subordinado que no debía engañarlo, porque habría consecuencias.

Por dicha razón “El H-9” habría puesto en contacto a “El Padrino” con Patrón Sánchez. Esta comunicación presumiblemente se dio a través de un aparato Blackberry de “El H-9”, lo que supone que éste fue a ver al militar y le prestó su dispositivo para entablar la conversación.

Según los reportes de la indagatoria, no había otro tipo de contacto acreditado entre el ex titular de la SEDENA y los delincuentes, y es por ello que la FGR aseguró que el mando militar nunca se reunió con el narcotraficante.

El 15 de enero de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió el expediente del caso del General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“En cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda”, escribió la SRE adjuntando el archivo compuesto por 751 páginas.

Un día antes, el 14 de enero del 2021, el titular de la SEDENA durante el Gobierno de Enrique Peña, fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR), de vínculos con el narcotráfico y su caso quedó archivado.

A través de un comunicado, la FGR informó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el 15 de octubre de 2020.

“Sobre el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, la FGR reitera lo ya informado el pasado jueves 14 de enero, en el sentido de que el procedimiento que se llevó en secreto, en los Estados Unidos de Norteamérica, durante siete años, finalmente las autoridades del Gobierno y del Poder Judicial de ese país, retiraron los cargos en su contra. Devolviéndole su libertad y regresándolo a territorio mexicano”, agregó la FGR, en un comunicado.

Ese mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la SRE daría a conocer el expediente completo del caso, por ser un asunto trascendente y porque de ello dependía el prestigio de México.

Tras la publicación completa del expediente del caso de Cienfuegos Zepeda -integrado por la DEA , el cual constaba de 751 páginas y tiene la leyenda “distribuido por orden judicial y no distribuir”-, las autoridades de Estados Unidos acusaron al Gobierno mexicano de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones.

“Publicar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México”, advirtió el Departamento de Justicia de EE.UU.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace notar que los materiales dados a conocer a México hoy, muestran que el caso contra el general Cienfuegos, no fue, de hecho, fabricado. Esos materiales también muestran que la información recolectada contra el general Cienfuegos fue recolectada legalmente en los Estados Unidos”, agregó el Gobierno estadounidense.

Antes, en una carta dirigida al entonces canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y firmada el 29 de octubre del 2020, Timothy J.Shea, administrador interino de la DEA, afirmó que “entre tanto que Cienfuegos Zepeda ha sido acusado en los Estados Unidos por unos delitos relacionados con narcotráfico, él nunca fue el objetivo central de una investigación de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos”.

Sin embargo, en su comunicado, la FGR aseveró haber realizado “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, y concluyó que Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.

“También es de referirse que los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses habían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que sólo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN y en el caso resulta que no hay dato de prueba alguno que permite establecer que haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló la FGR.

“Súmese a lo anterior que aún y cuando la autoridad estadounidense dijo haber iniciado su investigación en 2013 y pudo interceptar comunicaciones, extraer información de aparatos telefónicos por un período comprendido de 2015 a 2017 y no obstante que dentro de los investigados están un Secretario de la Defensa Nacional en funciones nunca puso en conocimiento en su término tales hechos de la autoridad mexicana”, insistió la Fiscalía mexicana.

“[…] Pues de haberlo hecho podría haberse solicitado con éxito la información a las concesionarias mexicanas de telefonía celular y no ahora cuando hace información no es factible de obtener por los lapsos de tiempo limitado en que las concesionarias deben conforme la ley conservar ese tipo de información tal y como se desprende de los informes que rindieron esta autoridad en el curso de la investigación”, advirtió la FGR.

En otro apartado la Fiscalía mexicana destacó la incongruencia entre las diferentes señas que entre el “H-2” y “H-9” dan sobre su supuesto “protector”, de cargo militar.

Mientras que el “H-9” se refería a un sujeto “chaparrito” y “güero” que se ponía “colorado” cuando se enoja. “De ningún modo puede, alguien que lo conozca personalmente puede decir que sea de baja estatura y de tez blanca”, abundó el expediente, probablemente refiriéndose al ex titular de la SEDENA, cuyo nombre aparecía testado.

“[…] el léxico que se atribuye a su puesto […] dista mucho de la forma de expresión de una persona preparada como quien independientemente del alto cargo que desempeñó, secretario de la Defensa Nacional en la época de los hechos ha tenido una alta preparación académica incluso de nivel Maestría, lo que vuelve inverosímil que se expresará en los términos en que aparecen los mensajes que supuestamente emitió”, agregó la FGR.

“Obvia decir que la actitud servil que aparece mantener ante integrantes de un grupo delictivo cómo al que pertenecían […] respectivamente hacen igualmente dudar por entero que fuera […] mantenía relación con ese grupúsculo delictivo”, expuso la FGR en el documento ahora público.

Posteriormente, el individuo se dirigió al fraccionamiento Soto Inés, donde fue finalmente capturado.

Según testimonios difundidos en medios locales, el militar ingresaba a los Oxxos con actitud agresiva, portando un arma de fuego, y exigía dinero en efectivo a los empleados.

Además, robó bebidas alcohólicas y pertenecías de los clientes presentes; se transportaba en un taxi.

Tras su arresto, el teniente fue trasladado a las instalaciones de la 29 Zona Militar, donde se encuentra a disposición de las autoridades castrenses.

Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Sin embargo, tras la intervención de las autoridades capitalinas, los responsables fueron identificados y detenidos. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la agresión y reiteró el compromiso del gobierno local de no tolerar la violencia y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también repudió la violencia y exigió justicia para la víctima.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación interna para evaluar el actuar de los policías presentes durante el incidente. 

Esta investigación busca determinar si hubo omisiones o fallas en la respuesta policial durante los hechos. 

La víctima, tras recibir atención médica, permaneció en el hospital por voluntad propia, aunque ya había sido dada de alta.

“Se frustra uno porque, aunque sabes que no estás de forma regular, tratas de hacer las cosas bien y yo solo me dedicaba a trabajar, se quedó todo allá, pero voy a buscar la posibilidad de volver a cruzar”, relató.

Violaciones a derechos humanos

El Gobierno de México, que el lunes reportó 14,470 deportados al país desde que comenzó la presidencia de Trump el 20 de enero, ha negado que los migrantes padezcan violaciones a sus derechos humanos tras salir de Estados Unidos, al documentar solo dos presuntos casos, de un mexicano y de una guatemalteca.

“A suelo mexicano por supuesto que no (llegan esposados) […] Cuando pisan tierra mexicana, aquí en la tierra mexicana nadie los trata así”, sostuvo el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, hace dos semanas.

Pero migrantes como Rogelio aseguraron haber recibido un trato distinto de Estados Unidos.

“Nos recibieron mal, nos retuvieron desde las 12 de la noche el día que nos detuvieron, nos mantuvieron esposados y sin saber ni qué iba a pasar ni por dónde nos iban a sacar del país”, manifestó.

Tras haber cruzado por Tecate a California las autoridades le “dijeron que ahorita no estaban dando asilo, sólo deportar a la gente”.

“Nada más nos agarraron y nos aventaron para acá”, lamentó.

Su compatriota Daniel compartió una situación similar: “Estuvo muy padre mi experiencia, porque pasé tres días en el desierto sin comer, me detuvieron y todavía me encerraron esposado, por eso estoy contento de regresar a mi país, aunque no descarto que vuelva a intentar cruzar”, relató de forma sarcástica.

Hombres, la mayoría de los deportados

Mónica Vega, coordinadora del Centro de Atención a Repatriados, compartió a medios que, desde la apertura del lugar, han recibido a 754 personas, el 90 % hombres, y que los números fluctúan cada día, pero en promedio llegan alrededor de 20.

“En su mayoría es gente que intentó cruzar, hemos detectado algunos casos de gente que fue a su audiencia de solicitud de asilo político, le fue negada e inmediatamente fueron deportados o algunos que se les venció su permiso de trabajo, lo intentaron renovar, se los negaron y fueron deportados”, describió.

Resaltó que muchas de las personas optan por trasladarse a otros albergues para migrantes de Tijuana, a otros los recogen sus familias y el resto recibe apoyo del Gobierno para comprar un pasaje para regresar a sus ciudades de origen.

Se sabe de su travesía política por todo el país, debido a las fotos que con él comparten en redes sociales quienes han tenido la “fortuna” de reunirse con López Beltrán, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tan ávido de reflectores positivos hacia su persona cuando esa entidad federativa atraviesa por una narcoguerra que no ha podido o no ha querido controlar.

Los gobernadores de Morena son de los principales clientes de la dirigencia nacional de ese partido para encabezar la afiliación con la que pretenden ser el partido político con más miembros en el país, y de hecho han quedado evidencias en fotografías compartidas en las páginas de los actores políticos vía X o Facebook.

Por supuesto, el Senado de la República y la Cámara de Diputados son centros de afiliación morenista; para el partido heredado por López Obrador a su hijo y ex colaboradora, no hay nada más importante después de ampliar la militancia para asegurar triunfos electorales, que amarrar los votos en el Legislativo para, de manera sobrada, ganar las votaciones a la endeble oposición conformada por PAN y PRI (el PRD ya no existe y de Movimiento Ciudadano aún se sospecha su tendencia oficialista, por lo menos por omisión).

En su campaña en lo oscurito, Andrés López Beltrán se reúne con políticos que fueron de la oposición, pero que en el pasado acumularon mala fama y buena fortuna económica. Así se han acreditado como morenistas personajes como Miguel Ángel Yunes Márquez, ex panista; o Alejandro Murat, ex priista, ambos señalados en el pasado por López Obrador como los peores corruptos de PAN y PRI cuando ellos y sus familias ostentaban el poder absoluto en sus estados, Veracruz y Oaxaca, respectivamente. Pero hoy día, son los fuertes cuadros de Morena en el Poder Legislativo.

En Baja California, la dirigencia de Morena tuvo reunión al aire libre, pero en un ambiente con acceso controlado. Una plaza de toros, de esas de las que los gobiernos de ese partido intentan neutralizar. Otra encerrona la tuvo el junior López es un exclusivo country club, al que para acceder es necesario ser miembro, pagar una cuota en dólares y ser aceptado por la clase “pudiente” de la ciudad. Efectivamente, en el Club Campestre de Tijuana, en uno de sus salones, se reunió Andrés López Beltrán con quienes le ayudarán a afiliar a unos 300 mil bajacalifornianos, que es la cuota de ese Estado para llegar a los 10 millones de militantes.

Por supuesto la reunión fue a puerta cerrada en el exclusivo club campestre, donde no permitieron el acceso a ciudadanos de a pie ni a miembros de la prensa. La reunión, o las reuniones, las sostuvo sólo con quien acordó, cuando como dirigente de partido y como candidato, antes de que en 2018 ganara la Presidencia de la República, su padre, Andrés Manuel López Obrador, no visitó el Campestre.

De hecho, Jaime Bonilla como primer gobernador de Morena en Baja California intentó expropiar el club para hacerlo de uso masivo y gratuito a la sociedad. Todas las veces que visitó Baja California sin poseer la banda presidencial, AMLO se reunió en plazas públicas, en salones sociales de eventos, en mítines en las calles, viajó por carretera entre todos los municipios y en San Quintín, el pueblo de su preferencia (hoy, uno de los municipios más pobres del Estado), se dejó abrazar por los jornaleros, por los campesinos, por las mujeres y los jóvenes que se le acercaron, creyendo que les haría realidad un cambio de vida en las condiciones labores, de vivienda, de urbanización e infraestructura, más allá de una tarjeta asistencial con dinero depositado.

A López Obrador, pre Presidencia de la República, no le gustaba andar en camionetas último modelo con vidrios polarizados ni con escoltas, pedía ex profeso que carros austeros se utilizaran en las giras que emprendía, y aunque todo eso cambiaría una vez juramentada su investidura presidencial, no fue ese ambiente en el que educó a sus hijos.

Los tres López Beltrán, como lo presumió en su momento el padre, fueron educados en la austeridad, vestían ropas comunes (como las que recomendaba papá), se movilizaban en vehículos austeros y acompañaban a su padre en los recorridos por el país pidiendo el voto de casa en casa. Sólo que eso, evidentemente, no fue lo que los formó. Al menos no al heredero de Morena, el secretario general Andrés López Beltrán, quien, en su campaña de afiliación, se mueve en camionetas, con mucha secrecía, con reuniones a puerta cerrada, acordando con gobernantes, con políticos poderosos (de cualquier pasado, así sea corrupto) y alejado de la sociedad, de los morenistas con tarjeta del Bienestar y voto incondicional.

Con esos no se le ve, tampoco conviviendo en la calle. Lo suyo es la política a oscuras, sin conceder el apretón de manos, mucho menos la entrevista espontánea.

“De tiempo atrás Acción Nacional dejó clara su postura: la reforma al poder judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, refirió.

Aseguró que la elección de jueces, magistrados y ministros, a celebrarse el 1 de junio, redundará en fraude electoral.

El Instituto Nacional Electoral publicó este mes el listado de candidaturas para los cargos a elegirse en el curso de Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el cual fue enviado por el Senado de la República.

“Aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales muchas personas que están ligadas al partido en el poder como María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, Magistrada Laboral de Luisa María Alcalde, actual Presidenta Nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, Coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar quien hoy es Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; y Luis Rafael Hernández Palacios, Procurador Agrario también del expresidente López Obrador, entre otros”, expuso Romero Herrera.

Aseveró que la ciudadanía no escogerá a los juzgadores, pues a su modo de ver “ya fueron decididos por el gobierno”.

Afirmó que la impartición justicia no debe estar sujeta a “lo que opinas o no opinas”.

El PAN denunciará “todas las irregularidades” y expondrá a “los candidatos del régimen”, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

“No permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática. El PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia”, concluyó.

Junto con “El Chabelo” fueron detenidos otros dos hombres, Cristian Alan Noriega Olvera y Hugo José Islas Romero, ambos con antecedentes penales por estar implicados en delitos de lesiones  dolosas, el primero, y por robo calificado y robo en pandilla, así como por robo en casa habitación, el segundo.

La dependencia informó que a los detenidos se les encontraron “96 envoltorios e cocaína, 84 bolsas con mariguana, un arma larga, un arma corta, dos cargadores abastecidos con 25 cartuchos útiles y dinero en efectivo”.

La información oficial detalla que los agentes de inteligencia realizaron la detención en el domicilio Pedro Moreno 164 y el Eje 1 Norte de la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, tras advertir la comercialización de los estupefacientes.

Los presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron puestos a disposición de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Bravo Manríquez aclaró que las instalaciones del Tianguis Limonero “están resguardadas por elementos de seguridad y los productores pueden hacer libre uso de ellas”.

Días antes, el representante de los productores lamentó ante los medios de comunicación que los citricultores michoacanos continúan bajo el asedio de los grupos criminales a través de una red de extorsión.

Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que la producción, empaque y corte de limón se realiza con normalidad, igual que la operación del Tianguis Limonero de Apatzingán.

Señaló que el corte de limón continuará realizándose los lunes, miércoles y viernes, mientras que se mantendrán las actividades y el comercio en el Tianguis Limonero, donde los productores pueden seguir realizando sus actividades sin contratiempo alguno, tal y como lo han hecho en los últimos meses.

Tras indicar que el gobierno estatal sostiene una comunicación permanente con los citricultores para atender cualquier señalamiento, Torres Piña ofreció que se continuará reforzando las acciones en materia de desarrollo económico y seguridad en la región.

En cuanto al robo de vehículos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro abrió ocho carpetas de investigación por este delito.

La crisis de violencia e inseguridad, desatada por disputas internas del Cártel de Sinaloa, comenzó en septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, a autoridades de Estados Unidos.

Recientemente, el gobierno federal informó que, desde esa fecha y con corte hasta enero, se han registrado 803 homicidios dolosos: 143 en septiembre, 182 en octubre, 174 en noviembre, 157 en diciembre y 147 en enero.

En tanto, datos de la Fiscalía estatal dan cuenta de al menos 952 personas desaparecidas, casi 3 mil vehículos robados, más de 250 detenciones y 55 abatidos.

De igual manera, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han logrado importantes detenciones en la entidad: ocho objetivos prioritarios relacionados a Los Chapitos y sólo a uno de la facción del “Mayo” Zambada.

Los hechos de violencia en Sinaloa han provocado la cancelación de festejos patrios, el cierre de múltiples negocios, suspensiones temporales en el servicio de transporte público y, en repetidas ocasiones, la cancelación de clases presenciales.

Según el jefe de la policía capitalina, un hombre alertó a las autoridades sobre su situación y la de otros migrantes que estaban retenidos en el hotel. 

En respuesta, los elementos de la Policía Turística se dirigieron al lugar y encontraron a los migrantes en condiciones alarmantes.

Entre los rescatados se encontraban 25 personas originarias de la India, una mujer de Nepal y un hombre de El Salvador, el cual mencionó a los agentes policiales que llevaban alrededor de 15 días en el sitio y la mujer, junto con otros dos sujetos, no les permitían salir.

Durante el operativo, las autoridades también detuvieron a tres individuos: una mujer de 53 años, que dijo ser la dueña del lugar, y dos hombres de 29 y 23 años que fueron plenamente identificados por los denunciantes. A uno de los detenidos se le confiscó una réplica de arma corta.

Los migrantes fueron atendidos por paramédicos debido a crisis nerviosas y otros problemas menores. 

Además, se recuperaron 20 teléfonos celulares y varios documentos personales. 

Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a instalaciones donde recibirán asistencia y orientación sobre su situación legal.

México resiente la presión de Estados Unidos

Las reducciones de homicidios ocurren mientras México resiente la presión desde Estados Unidos del Gobierno de Donald Trump, quien esta semana declaró terroristas a seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.

Además, el Gobierno mexicano anunció el 3 de febrero el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en la frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y migrantes a cambio de una pausa de un mes en los aranceles de Trump, quien este fin de semana advirtió de que “no está contento” con México.

“Establecí aranceles de 10% a todos los productos procedentes de China porque que también están enviando fentanilo a nuestro país a través de México. No estoy contento con México ni con Canadá”, manifestó el mandatario en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Pero Sheinbaum ha defendido los resultados de su plan de seguridad de cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, uso de inteligencia contra el crimen, y coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Y este sábado presumió de que Trump “reconoció” que “copiará” la campaña contra el fentanilo del Gobierno mexicano tras una de las llamadas que tuvieron, lo que muestra que “México es un gran país”.

“Le dije: ‘Además, hemos hecho una campaña contra las drogas, para que los jóvenes no se acerquen nunca ni a la violencia ni a las drogas’. Y ahí fue donde me dijo: ‘les vamos a copiar a los mexicanos, vamos a hacer una campaña en Estados Unidos contra las drogas’”, relató Sheinbaum en un evento en el norteño estado de Durango.

Los cuatro conglomerados recibieron, solos o en consorcio, contratos de por lo menos 735 mil 679 millones de pesos durante la administración de López Obrador, de acuerdo con una revisión de Proceso a 134 mil 447 contratos de la administración pública federal, incluyendo mil 799 de los contratos más importantes adjudicados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los contratos analizados sumaron más de cuatro billones 451 mil millones de pesos.

Agentes municipales, estatales y federales se desplazaron hasta el lugar y descubrieron ocho cuerpos ensangrentados y con señales de heridas de bala.

El personal sanitario llegó posteriormente pero solo pudo certificar la muerte de las ocho personas, al parecer cinco de ellas pertenecientes a una misma familia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde permanecen a la espera de su identificación.

El sábado en el estado de Guanajuato fueron ejecutadas un total de 16 personas.

Una revisión de Proceso a una decena de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Tren Maya da cuenta del descarrilamiento del presupuesto que ocurrió durante el desarrollo de este megaproyecto emblemático del sexenio pasado.

Así, el consorcio encabezado por Mota-Engil firmó un contrato de 3 mil 389 millones adicionales para el Tramo 1, Operadora CICSA obtuvo un contrato de mil 936 millones de pesos para el Tramo 2, el consorcio de Grupo INDI recibió un contrato de 2 mil 639 millones de pesos extras para el Tramo 3, e ICA celebró dos contratos de poco menos de 2 mil millones de pesos cada uno para el Tramo 4.

En la sentencia, el TEPJF señala que la Sala Superior procede confirmar la determinación impugnada y que resulta inoperante el motivo de disenso.

Detalla que el Consejo General del INE fundamentó su competencia por lo que tiene, entre sus atribuciones, las relativas a fijar políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emitir y aprobar los lineamientos y acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025.

La Sala Superior también mencionó que el registro del sobrenombre “ministra del pueblo” ante las listas de candidatos avalada por el Senado se hizo para “efectos de prelación en el uso y legítima atribución en el sobrenombre solicitado, más no para efectos de la inclusión en la boleta, pues el mismo Senado le indicó que ello correspondía exclusivamente al INE”.

La resolución que está pendiente de votación señala que debido a que el sobrenombre de la ministra Lenia Batres utiliza el cargo por el que compite, esto podría impactar en la contienda y generar una confusión en el electorado, toda vez que vez que el uso de dicho acrónimo no puede analizarse en forma aislada, sino que debe ubicarse dentro del contexto en el que se promociona la candidatura.

De tal manera que el TEPJF analiza confirmar la decisión del INE y rechazar la impugación de Batres.

El Consejo General del INE determinó proceder de esta manera ante las inconsistencias detectadas en las listas de candidaturas entregadas por el Senado de la República y la renuncia de cientos de aspirantes. 

Como no había ocurrido en procesos electorales anteriores, la impresión comenzará sin que se haya concluido el diseño y formación definitiva de la totalidad de boletas, pues aún está pendiente de determinarse el número de candidaturas y nombres que aparecerán en ellas.

Las inconsistencias en las listas se encuentran principalmente en las candidaturas al Tribunal de Circuito, donde se pretende elegir 464 magistraturas, y a Juzgados de Distrito, donde se prevé elegir a 386 personas juzgadoras.  

En cuanto a las renuncias, el INE informó el martes 18 de febrero por la noche que había recibido un total de 222. Después de eso, no volvió a actualizar la cifra de solicitudes de declinación o corrección de datos, pero funcionarios del instituto informaron que se siguieron recibiendo decenas de escritos, ya sea para solicitar bajas o para corregir nombres, apellidos, acentos y hasta diéresis.

INE imprimirá seis modelos de boleta

Para la elección judicial, el INE debe imprimir seis modelos de boletas de acuerdo a los cargos que se elegirán y en donde estarán los nombres de las 4 mil 224 candidaturas que originalmente tenía programadas:

Durante el evento, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que con este acto se concreta una parte de lo que la reforma en materia del Poder Judicial plasmó en la Constitución y confío en que de esta manera la ciudadanía tenga garantizado su derecho a elegir a las y los juzgadores del país.

“Este proceso inédito en México, con la posibilidad de que todos nosotros elijamos a juzgadoras y juzgadores, será un parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país (…) también servirá como punto de partida de otros países que aún no cuentan con esta posibilidad”, sostuvo. 

Junto a ella estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; consejeros y consejeras del INE; integrantes de la Junta General Ejecutiva; personal de la Secretaría de Marina, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.