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Dos años buscando a Lilith; su madre denuncia falta de avances en investigación y el silencio de quienes la vieron por última vez

Lilith desapareció hace dos años en Playa Zicatela, Oaxaca. Su familia denuncia la falta de avances en la investigación y exige que quienes estuvieron con ella amplíen sus declaraciones. "Creo que no se está buscando a mi hija por ser una chica trans", reclama su madre.

Lilith Saori Arreola desapareció hace dos años, cuando acudió a vacacionar a Playa Zicatela, en Oaxaca, y aunque se han realizado búsquedas en vida -es decir, en hospitales, albergues, centros de adicciones y cárceles-, su familia reclama que no hay avances en la investigación del caso, y aunque tres personas estuvieron con ella el día en que fue vista por última vez, no han querido declarar sobre lo ocurrido.

“Es como si Lilith no hubiera desaparecido con ellos, y estas cosas son las que la Fiscalía deja pasar, en las que no se centran… Estoy muy triste y desesperanzada, porque en este punto creo que no se está buscando a mi hija por ser una chica transgénero“, lamenta Joanna, madre de la joven.

Por ello, Joanna continúa organizando rifas y buscando financiamiento para viajar cada tanto de Toluca a Oaxaca, para exigir avances en las investigaciones a las autoridades y continuar con la difusión del boletín de búsqueda de la joven, “porque quiero que se siga escuchando el nombre de mi Lilith, y que la gente conozca las dificultades de una búsqueda sin recursos”.

El silencio de los testigos y la tardía intervención de las autoridades en el caso de Lilith

De acuerdo con las tres personas que estuvieron con Lilith el último día que se supo de su paradero, viajaron juntos al municipio de Pochutla, Oaxaca, el 31 de diciembre de 2022, y tenían su boleto de vuelta para el 6 de enero. Sin embargo, cuatro días antes de la fecha prevista para su regreso, Saori discutió con uno de sus acompañantes, y en seguida salió del hotel donde estaban hospedados, sin que se volviera a tener información de ella.

La noticia llegó a Joanna por redes sociales, cuando encontró el boletín de búsqueda de Lilith en Instagram, en una publicación donde se señalaba que había desaparecido el 2 de enero de 2023 en Playa Zicatela, vistiendo un short color negro de mezclilla, una playera blanca sin mangas y un top.


En cuanto supo la noticia, la madre de Lilith se puso en contacto con las tres personas que se encontraban con ella, pero no tuvo mayor información. La versión que dieron fue que salió del hotel por un ataque de pánico y que la buscaron sin éxito, aunque fue hasta dos días después de la desaparición cuando acudieron a poner la denuncia correspondiente.

Según los dichos de las tres personas que se encontraban de viaje con Lilith, al verla correr intentaron alcanzarla sin éxito, aunque en un video que las autoridades mostraron a Joanna se observa que dos de los acompañantes logran darle alcance en la calle y hablaron por un par de minutos con ella, para luego quedarse mirando cuando la joven se aleja.


Pese a que se cuenta con dicha evidencia, Joanna reclama que las autoridades encargadas de la investigación no han conseguido que las personas que estuvieron con su hija amplíen sus declaraciones y aporten información para localizarla.

“Apenas ahora la Comisión de Búsqueda local está esperando el análisis de la sábana de llamadas del teléfono de Lilith para poder crear otro plan, porque con la estrategia de búsqueda por polígonos no han tenido resultados positivos, pero van más de dos años de la desaparición, ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo? Yo sé que no es fácil conseguir esos datos, pero desde hace mucho eran importantes en la investigación”, agrega angustiada.

Debido a las dilaciones en las intervenciones de las autoridades, Joanna señala que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “pero de nada sirvió porque me canalizaron con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y nunca pasó nada, las inconsistencias y la revictimización que sufrió mi hija quedan en un par de llamadas a las que después ya no dan respuesta… pero yo estoy aquí para buscarla”.

Una vida llena de sueños y la convicción de defender derechos

Con voz entrecortada, Joanna describe a su hija como una joven aficionada al cosplay -disfrazarse como alguno de sus personajes favoritos- que sueña con poner un refugio para perros, y está indecisa entre estudiar gastronomía o diseño de modas. Antes de desaparecer, estudiaba el idioma inglés y el japonés, con la esperanza de viajar a Japón.

Lilith es una joven “llena de amor incondicional por los que no tienen voz, rescataba perritos, y aunque entonces yo no entendía la importancia que tenía, era de las que acudía a las marchas contra la violencia hacia las mujeres”, detalla su madre.

Ocho meses antes del viaje a Oaxaca y de su desaparición, Lilith se fue a vivir con su pareja, una de las tres personas que la acompañaban en aquellas vacaciones, por ello, Joanna reclama el no haber sido notificada por él de inmediato cuando no se supo lo que le ocurrió, hecho al que atribuye el entorpecimiento de los primeros días de su búsqueda.

“Con los planes de búsqueda en vida no hubo resultados, no se logró información de Lilith sobre si fue vista en alguna localidad, y todo esto ha sido muy difícil para mi, el estar viajando llena de esperanza para Oaxaca, estar pegando boletines en las zonas de mayor afluencia, pero siento que se pudo aprovechar mejor el tiempo”, lamenta.

Gracias al apoyo del colectivo Defensores por la Justicia, la carpeta de investigación del caso de Lilith fue turnada a una la fiscalía especializada en desapariciones del estado, con lo que Joanna espera que las diligencias avancen y logren hallar a su hija, “porque siento que conforme va pasando el tiempo ya no se tomó en serio la búsqueda, siguen con las mismas estrategias y no hay nada nuevo”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, actualmente en México hay 122 mil 833 personas desaparecidas y no localizadas. En el caso de Oaxaca son 737 casos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Caso Ayotzinapa: Cae en Iztapalapa el “Kamala”; declaró que disparó a normalistas la noche de Iguala

Según el expediente, el “Kamala” confesó que disparó a los normalistas la noche de Iguala, luego fueron llevados a una casa de seguridad donde fueron asesinados inmediatamente, y después enterrados y quemados.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Martín Alejandro “M”, alias “Kamala” quien supuestamente está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

El operativo de captura se realizó en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México en cumplimiento a una orden emitida por delincuencia organizada y desaparición forzada.

En la captura también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN). 

De acuerdo con el expediente, el detenido declaró sobre su participación en el atentado contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Así detalló que, por instrucciones de una persona identificada como “Choky”, le disparó a los normalistas en el centro de Iguala, Guerrero, donde fueron asegurados 17 estudiantes que posteriormente subieron a sus camionetas y fueron llevados a una casa de seguridad donde fueron asesinados inmediatamente. 

Que posteriormente utilizaron una excavadora para enterrarlos en el rancho donde se encontraban y a otros siete estudiantes los quemaron. 

De acuerdo con las autoridades, Martín Alejandro “M” fue puesto a disposición del ministerio público Federal para definir su situación legal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Sheinbaum no tomó parte de la decisión de enviar a los 29 narcotraficantes a EU: García Harfuch

“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad.

El “traslado” de 29 “generadores de violencia” a Estados Unidos fue “un acto de autoridad que no tiene antecedentes”, presumió hoy Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien aseveró que la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad, y agregó que “la señora presidenta de la República”, Claudia Sheinbaum Pardo, no tuvo “nada que ver” en ella. 

Durante una conferencia de prensa dedicada al operativo llevado a cabo ayer, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, recalcó que el gobierno recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos en la cual enlistó, “con nombres y apellidos”, a los delincuentes que requería para presentarlos ante sus cortes de justicia.

“Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó cuando se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que está conformado por varios funcionarios. Se hizo el análisis en esa reunión. Se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fue un asunto inmediato”, aseveró Gertz. 

“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o continuaran atrasando sus procesos de extradición.  

Preguntado si la entrega de los narcotraficantes anulará la imposición de aranceles que el presidente estadunidense Donald Trump anunció para el próximo 4 de marzo, Gertz reviró, con una sonrisa, que “el cumplimiento de México es evidente; no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”. 

El fiscal confirmó que la operación no derivó de procedimientos de extradición; de hecho, al menos seis de ellos tenían amparos que los protegían de ser extraditados a Estados Unidos. Sostuvo que la operación se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas a la seguridad nacional, y el artículo 89 de la Constitución, dedicada a las “facultades y obligaciones” de la Presidencia. 

“No se está aplicando ninguna ley de extradición: esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país”, insistió Gertz, quien descartó que los connacionales pudieran enfrentar condenas de muerte, pues dijo que “cuando se sujeta una operación a una convención internacional como fue en este caso, se tiene que respetar los términos de esta convención”. 

Movilizan a 3 mil 512 elementos

Omar García Harfuch detalló que el “traslado” de los 29 delincuentes movilizó a 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves, mediante una coordinación entre las instancias de seguridad civiles y militares.  

El responsable de la seguridad del gabinete de Sheinbaum indicó que los reos fueron trasladados de 11 cárceles –9 federales y 2 estatales– hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde el cual fueron enviados en 8 aeronaves hacia diversas ciudades de Estados Unidos.  

Las cárceles de las que fueron extraídos los reos “operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones”, presumió García Harfuch, quien agregó que ese acto de autoridad es “resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad”. 

Tras resaltar que los 29 delincuentes representan “una amenaza a la seguridad de nuestro país”, el titular de la SSC los señaló por cometer “delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes se declaran no culpables en EU

Caro Quintero compareció ante el juez Robert M. Levy y le espera un proceso judicial por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Luego de ser enviados ayer por el gobierno de México a Estados Unidos, los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes fueron presentados en la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, donde se declararon no culpables de los múltiples cargos en su contra.

En una conferencia de prensa posterior el agente de la DEA, Frank A. Tarentino aseguró que enfrentarán la pena de muerte o serán sentenciados a cadena perpetua.

Caro Quintero compareció ante el juez Robert M. Levy y le espera un proceso judicial por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Por su parte “El Viceroy” enfrenta cargos relacionados con el tráfico de su hermano, Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”.

“El Viceroy” fue detenido en 2014 por elementos federales y tenía dos sentencias dictadas por jueces federales, la primera fue el 14 de septiembre del 2021 por delincuencia organizada y la segunda en 2022 por el mismo delito.

Celebración

Ayer la DEA celebró la llegada del narco: “Rafael Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en Estados Unidos y México, ha pasado cuatro décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, ¡donde se hará justicia!”.

Señaló que “este es un momento extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena”.

Y lanzó una advertencia a los criminales: “Ustedes serán juzgados. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará”.

Rafael Caro Quintero es uno de los 29 líderes del crimen organizado que México transfirió a Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congreso de Michoacán aprueba aborto legal y seguro; se podrá realizar en cualquier hospital del estado

El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad.

El pleno del Congreso de Michoacán aprobó el dictamen que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo de manera legal y segura en cualquier hospital del estado.

El dictamen fue aprobado con los votos de Morena, PT, PVEM y del PRD, mientras que los votos en contra fueron del PAN y uno del PT; los legisladores del PRI se ausentaron de la sesión.

El diputado del PT, Baltazar Gaona, se desmarcó de la postura mayoritaria de su bancada, quien argumentó que, de aprobarse, se estaría obligando a los médicos a realizar procedimientos que podrían contradecir sus valores personales y su formación profesional.

Finalmente, las reformas a la Ley de Salud se aprobaron con 23 votos a favor y seis en contra. Mientras transcurría la sesión y se emitían las diversas posturas de los legisladores, manifestantes protestaban a favor y en contra.

Salud tiene 180 días para emitir lineamientos

El decreto entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. En tanto, la Secretaría de Salud local tendrá 180 días para emitir los lineamientos específicos.

El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad, así como la objeción de conciencia para el personal de salud, siempre y cuando no obstaculice el acceso a las personas que así lo requieran.

También se prevé la creación de un registro estatal de procedimientos realizados en instituciones públicas y privadas, asegurando la protección de datos personales.

El 10 de octubre de 2024, con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

De esta manera se reformaron los artículos 118, 141, 142, 143 y 146 del Código Penal de Michoacán, y se derogaron el 144 y el 145, en los que se establecían castigos tanto para las mujeres y personas gestantes, como para el personal de salud que interrumpiera el embarazo.

Actualmente el aborto está despenalizado en 21 entidades, en 19 de las cuales es permitido hasta las 12 semanas de gestación. En Sinaloa se permite hasta la semana 13, y en el caso de Yucatán se despenalizó con una orden judicial pero sigue como delito en el Código Penal estatal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Don Rodo”, hermano de “El Mencho”, fue recapturado, anuncia García Harfuch

Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo” -hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”-, fue recapturado, el 28 de febrero de 2025, según lo confirmó Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), sin dar detalles, luego de una conferencia de prensa.

El capo michoacano fue detenido a las 7:38 horas del viernes 28 de febrero de 2025, en la localidad de Atarjeas, municipio de Tonaya, en Jalisco, por elementos de la Guardia Nacional (GN), los cuales trasladaron al detenido ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Don Rodo” salió, a las 01:00 horas del 30 de abril de 2024, del Centro Federal de Readaptación (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ello luego de que el 28 de abril de 2024, Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó su no vinculación a proceso y la liberación, por su presunta participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y contra la salud, por no encontrar elementos suficientes.

La Fiscalía General de la República adelantó, el 29 de abril de 2024, que apelaría la liberación de “Don Rodo”, pero que también denunciaría penalmente la supuesta complicidad de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, con el hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, la institución de procuración de justicia reveló que la Policía Municipal de Autlán de Navarro denunciaron ante la misma FGR a los elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) que participaron en el operativo de captura de “Don Rodo”, el 21 de abril de 2024, lo que, según la Fiscalía General de la República, evidenció la colusión con el supuesto narcotraficante.

La FGR también dio a conocer que jueces de control federal de la Ciudad de México negaron cuatro veces las órdenes de cateo para ingresar al domicilio de Oseguera Cervantes, en el municipio jalisciense de Autlán de Navarro, antes de capturarlo.

Además, la Fiscalía General de la República cuestionó al juez de control Rogelio León Díaz Villarreal, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por ordenar la liberación de “Don Rodo”, con base en unos videos “fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”.

“En una investigación por delitos graves de alto impacto, y después de cuatro ocasiones en las que diversos Jueces de Control, con sede en la Ciudad de México, negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham ‘O’, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona”, detalló la FGR.

“En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a tres personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio, cerrando la puerta. Por tal motivo, los miembros de esa corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante”, añadió la Fiscalía.

“En el interior del inmueble, efectivamente encontraron a Abraham ‘O’, portando un arma larga carabina de asalto calibre 5.56 x 45 y un arma corta calibre .9 milímetros, así como una cartera-bolsa con 38 gramos de cocaína; dos mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal”, agregó la FGR.

“Es muy importante señalar que, durante ese evento, familiares de Abraham ‘O’, pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de éste, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, y al respecto pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada”, indicó la Fiscalía General de la República.

“Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuantes; evidenciando con ello, la colusión y la complicidad de las autoridades policiacas locales, que llegaron al extremo de comprometer a sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos, al subdirector de la misma”, subrayó la FGR.

“Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado, en la audiencia de vinculación correspondiente. Ya en el procedimiento judicial, y después de haber obtenido del Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal, la calificación de legalidad en la detención, al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días; al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días, y con ello impidiendo con ello su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron tan solo dos horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la Representación Social en estado de indefensión; y, en esas circunstancias, el Juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio Juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham ‘O’”, acusó la FGR.

“En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos; dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados; más el soslayamiento del Juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves; y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos; todo ello ha generado una evidente conducta judicial y de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado, en contra de la Representación Social y de las víctimas, (artículo 225, fracción VII del Código Penal Federal); razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades policiacas locales”, insistió la Fiscalía General de la República.

“Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales, que no deben quedar al arbitrio de una persona; y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República”, finalizó la FGR.

“Con motivo de la detención y puesta a disposición de Abraham ‘N’, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la Salud, en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, en su connotación de venta; un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, llevó a cabo la audiencia inicial, la cual tuvo una duración aproximada de 15 horas, concluyendo en esta fecha”, había informado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 28 de abril de 2024.

“Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular a proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial, toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la convicción que ésta aconteció en diversas circunstancias”, abundó el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), en un comunicado.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Ataques en tres alcaldías dejan 11 muertos y varios detenidos en hechos no vinculados

La CdMx enfrentó una ola de violencia con ataques en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón. Hubo 11 muertos y varios detenidos, según autoridades.

La capital mexicana registró una jornada violenta con ataques en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón, y dejó un saldo de al menos 11 muertos y varias personas detenidas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

Uno de los incidentes ocurrió en la colonia Centro, donde dos trabajadores de la salud fueron asesinados cerca de la Torre Insignia. La Policía capitalina sigue la pista de un vehículo visto en la escena.

En otro hecho en Cuauhtémoc, un hombre fue apuñalado durante una riña. La agresión ocurrió en plena vía pública y el presunto responsable fue detenido.

Asimismo, en Iztapalapa, tres integrantes de una familia fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda. El presunto atacante fue capturado poco después y trasladado a un hospital debido a heridas sufridas.
En la misma demarcación, un hombre fue atacado con un picahielo tras una pelea. La policía logró detener al agresor, quien se encontraba en situación vulnerable.

La violencia también alcanzó a Álvaro Obregón, donde cuatro personas fueron baleadas en la colonia Tepeaca, lo que desató una fuerte movilización policial.

Horas antes, otro ataque se registró en Lomas de los Cedros, donde un hombre fue ejecutado. En un incidente separado, un sujeto perdió la vida tras una agresión con arma blanca.

En un gimnasio de la alcaldía Cuauhtémoc, un joven canadiense disparó contra un hombre. Fue capturado en la colonia Roma Norte con un arma de fuego con silenciador.
Según la SSC-CdMx, los eventos no están relacionados entre sí. "Al menos tres de los casos derivaron de riñas y se usaron armas punzocortantes", indicó la dependencia.

Las autoridades capitalinas han reforzado la vigilancia en las zonas afectadas y coordinan esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para esclarecer los hechos.

La SSC-CdMx aseguró que se está investigando los ataques y cada caso a fondo para evitar la impunidad, y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU reconoce decomisos de fentanilo, seguridad fronteriza y entrega de 29 mexicanos

Marco Rubio y funcionarios de EU se reunieron con la delegación mexicana para fortalecer la cooperación en seguridad y destacaron la extradición de 29 narcos.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el día de ayer con una delegación de seguridad de alto nivel de México, encabezada por el Canciller Juan Ramón de la Fuente, para reforzar la cooperación bilateral. En el encuentro se discutieron estrategias para combatir el crimen organizado, así como frenar el tráfico de drogas y armas en la región.
Marco Rubio informó sobre su reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.“Hablamos sobre nuestra cooperación en curso, incluida la extradición ayer a los EU de 29 figuras importantes de los cárteles, y la adopción de medidas audaces para fortalecer nuestra cooperación en materia de seguridad, desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y detener el flujo de fentanilo y armas”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el Gobierno de México subrayó su compromiso con la cooperación en seguridad, pero bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía, ejes establecidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
EU exige justicia por crímenes internacionales

La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó este viernes los esfuerzos de su administración para garantizar que los responsables de crímenes internacionales enfrenten la justicia.

"¡GRAN NOTICIA! Anoche, 29 miembros del cártel mexicano fueron extraditados a los Estados Unidos. El Presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado hacer esto realidad, y la Fiscal General Bondi y el Secretario de Estado Rubio hicieron un trabajo tremendo para lograrlo", publicó en sus redes sociales.
En un comunicado, subrayó la importancia de la cooperación internacional en casos de alto perfil, como la extradición de miembros de cárteles mexicanos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985.

"El grupo de miembros del cártel, que pronto llegará a suelo estadounidense, incluye a uno de los jefes de cártel más crueles del mundo, Rafael Caro Quintero, quien torturó y asesinó al agente de la DEA "Kiki" Camarena en 1985. La administración anterior permitió que estos criminales anduvieran libres y cometieran crímenes en todo el mundo", acusó.

Y finalizó diciendo: "La administración Trump está clasificando a estos delincuentes como terroristas, porque eso es lo que son, y exigiendo justicia para el pueblo estadounidense".

Gobiernos contra el narco

Ayer, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron realizar acciones coordinadas para fortalecer el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera, así como de abordar los temas sobre el tráfico de drogas y armas, y el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación.

En un comunicado, se informó que la colaboración bilateral en seguridad se enmarcará bajo los cuatro principios establecidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum: responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.
En la reunión participaron altos funcionarios de seguridad de ambos países. Del lado mexicano, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y el Secretario de Marina, Raymundo Morales. Por parte de EU, acompañaron a Rubio la Fiscal General Pam Bondi y el Secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros.

Durante el encuentro se revisaron los operativos recientes contra el narcotráfico y el intercambio de información en inteligencia e investigación. México resaltó las acciones realizadas en incautaciones de drogas y detenciones de líderes criminales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a Rosalinda González, esposa de 'El Mencho' y operadora del CJNG

Por buena conducta y cumplir parte de su condena fue liberada la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

La noche de este jueves, Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, fue liberada tras cumplir más de la mitad de su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, en el estado de Morelos.

La decisión se tomó bajo el beneficio de preliberación, luego de que se demostrara su buena conducta y su cumplimiento con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue condenada en diciembre de 2023 a una pena de 5 años de prisión por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 30 de enero de 2025, la jueza federal Perla Fabiola Ayala dictó que la sentenciada cumplía con los requisitos legales para acceder a la preliberación, ya que había purgado más de la mitad de su condena, conforme a lo dispuesto por la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Sin embargo, el proceso de liberación se retrasó debido a un recurso presentado por el Ministerio Público, que solicitó más tiempo para presentar una apelación.

Ante esta situación, la defensa de González Valencia, encabezada por Víctor Francisco Beltrán, presentó una queja para acelerar el trámite y permitir la liberación de su cliente.

Rosalinda González fue detenida por primera vez en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, bajo acusaciones de manejar los recursos financieros del CJNG.

Inicialmente enfrentó cargos por lavado de dinero, pero consiguió salir bajo caución de 1.5 millones de pesos.

En noviembre de 2021, fue detenida nuevamente por personal del Ejército Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la República.

A partir de ese momento, permaneció en reclusión hasta su liberación más reciente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Autonomía para Tacuro: asamblea vota a favor de autogobierno en Michoacán

La asamblea de la comunidad p’urhépecha de Tacuro, Michoacán, decidió por unanimidad administrar directamente sus recursos, regirse por usos y costumbres y autogobernarse, a pesar del «intento de boicot por parte de la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, y su secretario del Ayuntamiento, Oskar Pake Gómez», informó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

La votación de la Asamblea en Tacuro, explicó el Consejo, se celebró a pesar de que las autoridades municipales, «a través de un grupo de habitantes de Tacuro, principalmente empleados del Ayuntamiento así como sus familiares», tomaron el pasado 27 de febrero la carretera Carapan-Zamora para intentar detener la consulta. «Sin embargo, el pueblo de Tacuro ya despertó, no hizo caso a las provocaciones y votó a favor de su autonomía», añadió el CSIM.

Ante los intentos para frustrar la consulta en la Asamblea, las autoridades tradicionales de las 70 comunidades indígenas que integran el Consejo responsabilizaron a Ortiz Suárez y Pake Gómez «de cualquier represión, detención arbitraria o criminalización» que pudieran sufrir los habitantes de Tacuro que votaron a favor del autogobierno.

Finalmente, exigieron que el Cabildo de Chilchota apruebe la transferencia de recursos a la comunidad de Tacuro para que inicie la administración por parte del pueblo, en el ejercicio de su derecho a la autonomía y la libre autodeterminación, y llamaron las comunidades integrantes del CSIM a atender la próxima convocatoria a la Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Autonomía.

«Las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos no están solas, es tiempo de actual colectivamente», concluyó el Consejo.

COMUNICADO:

PESE A INTENTO DE BOICOT, TACURO DECIDE A FAVOR DEL AUTOGOBIERNO

TACURO ANTAKUA ¡VICTORIA PARA TACURO!

AL AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de #Michoacán a 27 de febrero de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos e instituciones religiosas, constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades, exponemos conjuntamente lo siguiente:

La comunidad p’urhépecha de #Tacuro, pueblo ancestral con cientos de años de historia, ubicado en la Cañada de los Once Pueblos en el Municipio de #Chilchota, el día de hoy, reunidos en Asamblea General, máxima autoridad de los pueblos primigenios, determinó con 307 votos a favor y 0 en contra, administrar directamente sus recursos, regirse por usos y costumbres y autogobernarse.

Este ejercicio de democracia directa, convocado por las autoridades civiles y comunales de Tacuro y amparados por el derecho histórico, internacional, constitucional y estatal que tienen los pueblos originarios para ejercer su libre autodeterminación, es totalmente relevante e histórico, toda vez que se realizó pese al intento de boicot por parte de la Presidenta Municipal de Chilchota Alejandra Ortiz Suárez y su Secretario del Ayuntamiento Oskar Pake Gómez, que a través de un grupo de habitantes de Tacuro, principalmente empleados del Ayuntamiento así como sus familiares, tomaron el día de hoy la carretera Carapan-Zamora para intentar detener la consulta, sin embargo, el pueblo de Tacuro ya despertó, no hizo caso a las provocaciones y votó a favor de su autonomía.

Desde las cuatro regiones P’urhépecha, la región Hñahñú u Otomí, la región Matlatzinca o Pirinda, la región Nahua y la región Afromexicana de #Michoacan, felicitamos fraternalmente al pueblo de Tacuro y convocamos a todos los pueblos y comunidades a emprender una Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Autonomía y en contra de la Presidenta Alejandra Ortiz Suarez y Oskar Pake Gómez, enemigos de los pueblos indígenas que se niegan a reconocer su libre autodeterminación y autonomía.

Desde este momento, hacemos directamente responsable a la Presidenta Municipal Alejandra Ortiz Suárez, así como al Secretario del Ayuntamiento Oskar Pake Gómez de cualquier represión, detención arbitraria o criminalización que pudieran sufrir los compañeros que se encuentran exigiendo el autogobierno.

A los pueblos y comunidades integrantes del CSIM les pedimos atenta y respetuosamente que se preparen para atender la convocatoria a la Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Autonomía que estamos por iniciar. Las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos no están solas, es tiempo de actual colectivamente.

¡Exigimos que el Cabildo de Chichota apruebe la transferencia de recursos a la comunidad de Tacuro!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINAR

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian hostigamiento y agresiones de autoridades y paramilitares contra comunidad de Santiago Mexquititlán

El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán denunció “los crímenes del Estado mexicano en Querétaro, cometidos sistemáticamente en contra de la comunidad”, entre ellos “por lo menos tres intentos de ejecución extrajudicial”, así como intentos de desaparición forzada de tianguistas, más de diez detenciones arbitrarias por policías municipales, estatales y la Guardia Nacional, y “crímenes de contrainsurgencia” por grupos armados.

Entre las agresiones gubernamentales, la comunidad destacó los señalamientos por parte de los auxiliares municipales Rosendo Anaya, Verónica Hernández, “impuestos por Mauricio Kuri”, gobernador de Querétaro, junto con otros integrantes de grupos armados que “reciben el presupuesto correspondiente a Santiago como pago para incitar, provocar, cometer crímenes de contrainsurgencia a las personas comunes”.

Acusaron además que la municipalización “es una estrategia que pretende entregar el pueblo de Santiago Mexquititlán al narcoestado mexicano capitalista” y ejercer “control social y contrainsurgencia” para la gentrificación, militarización y polarización, que rompen el tejido social comunitario “desde la compra de conciencia para la creación de grupos paramilitares armados”.

Frente a las agresiones y la violencia contra la organización comunitaria y autónoma, el Concejo exigió un alto “al acoso, hostigamiento y señalamientos de grupos paramilitares impuestos como funcionarios públicos en Santiago Mexquititlán desde los delegados, subdelegados anteriores y actuales”, y anunciaron medidas como la prohibición de la venta de alcohol, por estar vinculados con “los grupos caciquiles favorecidos por el estado”.

COMUNICADO:

SANTIAGO MEXQUITITLÁN AMEALCO QUERÉTARO ES MÉXICO

Acoso, hostigamiento, crímenes de estado y violaciones graves de derechos humanos sistemáticos

Al congreso nacional indígena

A la comandancia del EZLN

A la asamblea nacional por el agua y la vida

A la red tdt

A los pueblos y barrios originarios que nunca fueron conquistados.

A la europa insumisa digna y rebelde.

A los adherentes a la sexta nacional e internacional

Nuestra lucha es por la autonomía que el mal gobierno crea grupos paramilitares desde los partidos políticos.

Ante los crímenes del estado mexicano en Querétaro, cometidos sistemáticamente en contra de la comunidad originaria de Santiago Mexquititlán, recordamos por lo menos 3 intentos de ejecución extrajudicial, encabezado por verónica Sánchez Gutiérrez, allegada a Mauricio Kuri González, intentos de desaparición forzada a tres tianguistas por policías municipales, más de 10 detenciones arbitrarias por policías municipales, estatales y la guardia nacional, entre las que se encuentran tianguistas, quitándonos la obra de rehabilitación del templo para dañarlo gravemente desde su estructura con su obra turística.

Como víctimas, quienes nos atrevemos a organizarnos para ejercer nuestro derecho de autonomía, autodeterminación, autogobierno, la recuperación de espacios comunitarios como el tianguis tradicional, nuestros pozos de agua y otras formas propias de decidir colectivamente nuestros acuerdos internos y externos de vivir. Fundado legalmente, desde el artículo dos de la constitución y tratados internacionales como la 169 de la OIT.

Ante los recientes señalamientos por parte de los auxiliares municipales impuestos por Mauricio Kuri, Rosendo Anaya, Verónica Hernández y otros integrantes de grupos armados quienes reciben el presupuesto correspondiente a Santiago como pago para incitar, provocar, cometer crímenes de contrainsurgencia a las personas comunes que habitamos Santiago Mexquititlán, la causa ser representantes comunitarios, ejercer la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno en nuestros espacios comunitarios desde el actual delegado municipal y subdelegados que involucra los tres niveles de gobierno, auxiliares municipales, el ayuntamiento, el ejecutivo estatal y la federación, en contra de tianguistas originarios de Santiago Mexquititlán y habitantes comunes con el claro objetivo del despojo de nuestras tierras, el agua, atentado contra nuestro trabajo y patrimonio familiar, que altera la PAZ comunitaria por estos grupos paramilitares y funcionarios públicos y a quienes responsabilizamos ante el daño a la integridad física de cualquier tianguista por los constantes señalamientos.

Reiteramos la municipalización es una estrategia que pretende entregar el pueblo de Santiago Mexquititlán al narco estado mexicano capitalista para el sometimiento de quienes defendemos el agua y el territorio, para legitimar un premio mayor es decir beneficios económicos y materiales aún mucho mayores a grupos armados legales pero no justas e ilegales.

Desde la llegada de la agroindustria fresera y Ahorrera en nuestros territorios la violencia ha incrementado, seguimos llamando al boicot de estas empresas y todas las empresas que nos despojan el agua como la bonafont.

Exigimos:

El alto al acoso, hostigamiento y señalamientos de grupos paramilitares impuestos como funcionarios públicos en Santiago Mexquititlán desde los delegados, subdelegados anteriores y actuales, Samir fue señalado por Andrés Manuel López obrador y después ejecutado.

Repudiamos y señalamos la municipalización de Santiago como una estrategia de control social y contra-insurgencia para la gentrificación, turistificación, militarización , polarización rompiendo aún más el tejido social desde la compra de conciencia para la creación de grupos paramilitares armados.

Ante las estrategias gestadas desde el estado de alcoholismo como un mecanismo capitalista, decimos estamos dispuestos a detener la venta de alcohol empezando por los grupos caciquiles favorecidos por el estado que venden cerca de las escuelas y desde el llamado a la movilización de Austorianos y Oxxos.

A las redes de apoyo, el pueblo consiente pedimos su solidaridad, ante las embestidas criminales sistemáticas y reiteradas en contra de miembros del concejo Autónomo y de la comunidad de Santiago Mexquititlán desde la limpieza racial y el desprecio hacia los pueblos originarios. (Tianguistas, Artesanas, trabajadores de la educación, defensores del agua y el territorio)

Anunciamos acciones próximas de protesta, no nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin nosotrxs.

ATTE

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Quintana Roo niega privatización del agua; revela irregularidades de Aguakan

La secretaria de Gobierno de Quintana Roo destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con la concesión de Aguakan.

La secretaria general de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, negó las acusaciones de criminalización hacia la empresa Aguakan, encargada del servicio de agua potable en cuatro municipios de la entidad.

En entrevista para ‘Aristegui en Vivo‘, Torres explicó los antecedentes de la concesión y las acciones legales que el gobierno del estado ha tomado para abordar irregularidades en la administración del servicio.

La privatización del servicio de agua en Quintana Roo, dijo, data de los años 90, cuando el gobierno otorgó la concesión a la empresa Aguakan, y señaló que en 2014 se prorrogó este contrato hasta el año 2053, a cambio de un pago de mil cincuenta y cinco millones de pesos.


Además, Torres destacó que, el 16 de mayo de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber identificado posibles irregularidades relacionadas con este acuerdo.

La denuncia se basa en el hecho de que los pagos que Aguakan realizó al estado no estaban facultados a hacerse, dado que, conforme al artículo 115 de la Constitución, el agua debe ser administrada por los municipios, que a su vez pueden delegar la operación a un organismo estatal como la Capa (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado).

La secretaria detalló que, tras las investigaciones, se encontraron elementos que sugieren posibles delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llevó a que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.

“El gobierno del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque se encontraron elementos que sugieren corrupción y lavado de dinero. Estos pagos no debieron haberse realizado al Estado, sino a los municipios correspondientes. Y se realizaron sin que se cumpliera con el debido proceso administrativo”, afirmó.

Además, entre las investigaciones se reveló la presencia de contaminantes en el agua, cuyas concentraciones exceden los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas, representando un riesgo para la salud de los quintanarroenses.

Los peritajes también detectaron niveles elevados de bacterias, como E. coli y coliformes fecales, en las aguas residuales de la región.

“No es solo un tema de la competencia en la prórroga de la concesión. Se encontraron niveles peligrosos de contaminantes en el agua, lo cual compromete la salud pública y justifica las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno del estado”, agregó.

Asimismo, la funcionaria negó las acusaciones de que el gobierno estaría buscando privatizar nuevamente el servicio del agua entregando la concesión a una nueva empresa, como se ha especulado.
Nosotros, el gobierno del Estado, no privatizamos ni pondremos en venta el agua. Buscamos un servicio adecuado y conforme a la ley. No estamos buscando concesionar el agua a ninguna empresa privada. Es falso que busquemos privatizar el servicio.
Torres también desmintió que los trabajadores que han invertido en la empresa Aguakan, a través de fondos de pensiones como Sura, Principal y Pensionista, estén en riesgo de perder su dinero.

Según explicó, el gobierno del estado ha garantizado que las inversiones de los trabajadores quedarán protegidas, incluso si la concesión se revoca.

“Las inversiones de las y los trabajadores están completamente garantizadas. En caso de que se retirara la concesión a Aguacán, el gobierno tomará todas las medidas legales para garantizar que esos recursos no se vean afectados“, explicó.

En cuanto a la duda sobre cómo se manejarían las inversiones de los trabajadores en caso de un cambio en la concesión, Torres detalló que dentro de los procesos jurisdiccionales se está llevando a cabo una valoración de los activos de Aguakan, que incluye una revisión de los inventarios de la empresa y sus compromisos financieros.

Aseguró que los trabajadores no tienen que preocuparse por la seguridad de sus fondos.

“El gobierno del estado tomará todas las medidas necesarias para proteger las inversiones y garantizar que el patrimonio de los quintana roenses no se vea afectado. Los juicios están en curso, y estamos seguros de que los tribunales nos darán la razón”, expresó Torres.

Hasta el momento, mencionó no existe un monto de lo que vale Aguakan y el de las afectaciones que reclama el gobierno estatal, pero se encuentra en revisión.

Cristina Torres, secretaria general de gobierno, aseguró que el gobierno de Quintana Roo no está cerrado a ninguna opción de conciliación con Aguakan, siempre que no sea onerosa para la ciudadanía.

Explicó que se han realizado análisis de los activos y las condiciones financieras de la empresa, señalando que, aunque aún no se tiene una propuesta de la compañía como indemnización, están dispuestos a escucharla.


Torres destacó que las reuniones entre el gobierno del estado y los representantes de Aguakan se han llevado a cabo de manera legal y transparente, esto respecto a las negociaciones que se han sostenido con Cuitláhuac Bardán, un asesor del gobierno del estado, quien participó en la mesa de discusión entre el gobierno y los representantes de los ayuntamientos.

Aclaró que Bardán forma parte de los asesores legales del gobierno y no tiene una relación directa con la empresa Aguakan, como lo señaló el abogado de la empresa en entrevista para este informativo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno del estado de Quintana Roo con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El gobierno no busca privatizar el agua, y todas las acciones emprendidas se realizan para corregir las irregularidades detectadas en la concesión de Aguakan y mejorar el servicio de agua potable para su ciudadanía.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum optimista sobre acuerdo arancelario con Trump: 'Todavía faltan 3 días'

Las palabras de Sheinbaum se dan un día después de que se informara de la extradición de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó este viernes que faltan “todavía” tres días para que se llegue al límite de tiempo que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para disminuir el tránsito de drogas a aquel país y evitar aranceles del 25% a productos mexicanos, por lo que confió en lograr un acuerdo.

“Sobre este tema, pues todavía faltan tres días”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La gobernante dijo también que este viernes serán cuando se definan los términos de la llamada que sostendrá con su homólogo estadounidense sobre el tema, tras la solicitud que realizó el jueves para la conversación.

“Hoy se va a definir las características, cuándo va a ser, etcétera”, afirmó, sin ofrecer más detalles.

Las palabras de Sheinbaum se dan un día después de que se informara de la extradición de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos en una operación “sin precedentes” y de la reunión que sostuvo una delegación mexicana de alto nivel en Washington, encabezada por su canciller, Juan Ramón de la Fuente, con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

El Gobierno mexicano ha intensificado en los últimos días los esfuerzos diplomáticos con su similar estadounidense para frenar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos planteada por el presidente, Donald Trump, para el 4 de marzo.

Trump dijo este jueves desde el Despacho Oval que no está viendo progresos en la lucha contra las drogas por parte de México y Canadá que le permitan considerar no imponer aranceles del 25 % contra ambos vecinos norteamericanos la semana que viene.

La mandataria mexicana ha exaltado la importancia de mantener “la cabeza fría” y ha expresado su confianza de que ambos gobiernos logren un acuerdo que evite los aranceles.

Según el Gobierno de México, gracias al despliegue de militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos, acordado semanas atrás con Trump para postergar los aranceles, se han logrado importantes detenciones y se han incautado más de 11.000 kilos de drogas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Narcos fueron 'entregados' a EU por seguridad nacional, no extraditados: FGR

El fiscal general detalló que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos al Gobierno del presidente Donald Trump se basó en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró este viernes que los 29 narcotraficantes trasladados el jueves a Estados Unidos fueron entregados y no extraditados, pues la operación se hizo de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional que tiene más de 20 años tras una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.

“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, refirió el funcionario durante una conferencia de prensa de seguridad, en la que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El jueves, México entregó a los capos que eran requeridos en Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, entre los que se encontraban Rafael Caro Quintero capo del Cártel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

El fiscal general detalló que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos al Gobierno del presidente Donald Trump se basó en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución.
Ese fue el fundamento del traslado.
Cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de estos reos pudieran enfrentar la pena de muerte, pidió no especular y aseveró que las sentencias son impuestas únicamente por los jueces.

El fiscal comentaba así el señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un documento oficial de que evaluarán si los cargos por los que son requeridos, en al menos seis de los detenidos, podrían conllevar la pena de muerte.

“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, zanjó.


Riesgo de ser liberados

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, trasiego de drogas, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, entre otros.

“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, abundó.

Asimismo, dijo que algunos de los capos eran requeridos desde hace 40 años y aseguró que contaban con información sobre el riesgo de que algunos fueran liberados o que sus procesos de extradición fueran retrasados.
Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos.
Finalmente, dijo que este fue un acto de autoridad “sin precedentes”, resultado de la política cero impunidad y de la coordinación absoluta del gabinete de seguridad.

La entrega de Caro Quintero, el capo más buscado, y de los otros 28 narcotraficantes mexicanos, llega en medio de las presiones del Gobierno de Trump, de imponer aranceles a México con el argumento de que no hace lo suficiente en la lucha contra el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

El tráfico de fentanilo, de migrantes y los temas de seguridad son los problemas no resueltos con los que el presidente Trump presionó a México y Canadá para mostrar medidas concretas en un mes; de lo contrario, impondría a ambos países aranceles del 25% a los productos mexicanos, los cuales entrarán en vigencia el 4 de marzo.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ministra Yasmín Esquivel presenta dos fallos opuestos; Lenia Batres exige frenar proyectos contradictorios

La ministra Yasmín Esquivel presentó dos proyectos de sentencia distintos para un mismo caso. Esto llevó a la ministra Lenia Batres a enviar un oficio solicitando que no se enlisten asuntos contradictorios, señalando que esta práctica confunde el debate y dificulta la toma de decisiones colegiadas.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó dos proyectos de sentencia diferentes para resolver un mismo asunto, pese a que no está permitido ni en la Ley ni en el Reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que provocó que la ministra Lenia Batres Guadarrama enviara un oficio solicitando que no se enlisten asuntos contradictorios.

En su escrito, la ministra Lenia Batres considera que de permitirse, se “obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada”. 

“Por este medio, le solicito su amable intervención a fin de que someta a consideración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el abandono de la práctica de presentar dos proyectos con sentido contradictorio al momento de someterlos a nuestra consideración durante las sesiones de Pleno y Sala”, señala el oficio firmado por Batres y dirigido a la ministra Norma Piña, presidenta del Máximo Tribunal del país, del que Animal Político tiene copia. 

El conflicto interno entre ambas ministras, cercanas al oficialismo, ocurre en medio de la lucha por la presidencia de la Suprema Corte, de cara a las elecciones del próximo domingo 1 de junio. En dicho proceso electoral no solo se elegirá a los próximos ministros, magistrados y jueces del país, sino que también se elegirá a la persona que encabezará al Máximo Tribunal del país para el periodo 2025-2027. 

Se trata de una de las tantas modificaciones a la Constitución tras la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicada el 15 de septiembre de 2024, en la que se estableció que la Corte se compondrá de nueve integrantes, y no 11 como actualmente funciona, y cuya presidencia “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura”. 

Este diferendo entre las ministras también ocurre en medio de diversos señalamientos en contra de ambas y de Loretta Ortiz Ahlf por actos anticipados de campaña para la elección judicial y promoción adelantada, cuando las campañas oficiales iniciarán hasta el próximo 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo de 2025

Los dos proyectos contradictorios de la ministra Esquivel Mossa

El asunto que cayó en manos de la ministra Esquivel Mossa trata de una contradicción de criterios (8/2025) suscitada entre el Pleno Regional en Materias Administrativas y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida.

En este caso el Pleno de la Corte tiene que resolver si es constitucional o no que se cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación y por enajenación a las empresas, cuando se da el supuesto de retorno virtual de mercancías, que es una facilidad otorgada a las empresas residentes en México que importan temporalmente mercancías, para el efecto de que se consideren retornadas al extranjero sin salir físicamente del país. 

Sin embargo, a la hora de presentar su propuesta, la ministra Esquivel Mossa presentó dos propuestas de resolución: la primera declarando la constitucionalidad de la regla de comercio exterior y en la otra su inconstitucionalidad, según ambos proyectos de sentencia a los que tuvo acceso Animal Político. 

Ambos proyectos fueron listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, pero luego de la queja de la ministra Lenia Batres los asuntos fueron retirados. Solo el proyecto que propone la constitucionalidad del cobro de impuesto volvió a ser enlistado el pasado 20 de febrero, al considerar que es “congruente” por “apegarse al contexto normativo que la rige”.

El oficio de la ministra Lenia Batres

Luego de la presentación de ambos proyectos, listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, la ministra Lenia Batres envió un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Piña bajo el asunto “abandono de práctica en la función jurisdiccional”, fechado el lunes 17 de febrero de 2025. 

“En el ánimo de que esta Suprema Corte resuelva objetivamente las problemáticas jurídicas planteadas por la ciudadanía, deben atenderse las reglas legales de deliberación pública”, señala el oficio.  

En el mismo documento se señala que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se dispone que, en cada sesión, será presentado a consideración de las y los ministros “un proyecto” y, en caso de que no obtenga la mayoría de la votación, será desechado para la formulación de uno nuevo. 

“El objetivo de que se vote un solo proyecto y sea returnado en caso de no alcanzar la votación para que en una siguiente sesión se discuta, se encuentra expreso en la misma norma: retomar los argumentos vertidos en el debate del primer proyecto para la formulación del siguiente. Ello se hace imposible cuando se anticipa la elaboración de un proyecto alternativo sin conocer los argumentos del resto del órgano colegiado”, señala el oficio. 

En resumen, la ministra Batres señaló que presentar varios asuntos contradictorios “confunde los términos de la discusión y obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada. Es más, ignora los razonamientos del órgano colegiado”, por lo que pidió revisar estas prácticas al interior de la Corte.

Dicho oficio tendrá que ser revisado por las y los ministros de la Corte, que deberán atender el asunto antes de la sesión pública a realizarse este jueves 27 de febrero, día en el que será discutida la contradicción de criterios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.

“No son casos aislados, son miles”; buscadoras de Jalisco denuncian reclutamiento forzado de jóvenes

En los últimos años, las madres buscadoras de Jalisco han identificado un repunte en el reclutamiento forzado de jóvenes ingenieros civiles, licenciados y estudiantes universitarios por parte de los grupos del crimen organizado en la entidad.

Héctor Adrián Águila Corona es geógrafo de profesión, “conoce muy bien el territorio”. Tenía siete meses como trabajador en la Comisión Nacional Forestal cuando fue desaparecido en la colonia Hacienda San José, municipio de Tlaquepaque, en Guadalajara, Jalisco.

“Mi hijo es geógrafo. Él sabe de tierras, él vuela drones, sabe de agave, de madera. Ese es el trabajo de mi hijo en la Conafor. Lo mandaban a diferentes lugares, estados para que viera lo de los árboles de Navidad, para que diera cursos por lo que él sabe hacer”, relata Teresa Corona Navarro.

Su mamá asegura que al igual que su hijo, quien es profesionista, entre las personas que han sido desaparecidas en los últimos años también hay ingenieros civiles, licenciados, estudiantes universitarios, así como recién egresados de la Universidad de Guadalajara.

El estado de Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas, con más de 15 mil personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y en ese contexto los colectivos de madres buscadoras han observado un repunte en el reclutamiento forzado de jóvenes. 

Liliana Meza, cofundadora del colectivo Luz de Esperanza, señala que ese tipo de desapariciones es la forma en que está operando el crimen organizado en esa entidad, por lo que urgió el apoyo del gobierno federal. 

“Venimos a pedir que nos apoyen con las desapariciones como el reclutamiento forzado que ha habido en el estado de Jalisco con tantos jóvenes,  es la manera que últimamente ha estado operando la delincuencia organizada en nuestro estado y necesitamos el apoyo federal para que esto pare”, apunta Liliana. 

El 21 de julio de 2023 fue el último día que Teresa Corona vio a su hijo Héctor Adrian, quien en ese momento tenía 29 años de edad. Desde entonces lo busca. Sin embargo, las autoridades en Jalisco no avanzan en la investigación. 

“Solamente me hacen dar vueltas y vueltas. Toda la carpeta de mi hijo se ha ido para atrás. Con el nuevo gobierno todo se fue para abajo. Nos quitó a la Fiscalía 14 (estatal) y hasta ahorita no tenemos MP porque están viendo a quién le van a dar nuestra carpeta a un mes de que el juez nos mande llamar”, acusa Corona. 

Además, la mamá de Héctor Adrián asegura que la Comisión Nacional Forestal le dio la espalda tras la desaparición de su hijo.

“No busco dinero, quiero a mi hijo el Dr. Adrián de regreso. Quiero apoyo porque él es trabajador público federal. Él no andaba robando, no se drogaba. Él es trabajador, niño de casa, no tiene hijos ni esposa. Él vivía con nosotros, sus padres, hasta ese día que se lo llevaron”, dice su mamá.
“No nos vamos a dar por vencidos hasta encontrarla”

Perla Esmeralda Gutiérrez Esquivel dormía en su casa, junto con su pequeño de cinco años, cuando fue extraída de su departamento por personas desconocidas. Eso ocurrió el 27 de junio de 2023, hace un año siete meses, en la colonia Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Desde esa noche, su hermana Paula Gutiérrez y sus papás buscan a la jóven, a pesar de las trabas que se han enfrentado por parte de las autoridades municipales y estatales. Por ello, junto con familiares de otras personas desaparecidas acudieron a la Ciudad de México a pedir apoyo al gobierno federal. 

“No sabemos nada de ella y estamos buscándola. No nos vamos a dar por vencidos hasta encontrarla, porque sabemos que ella es inocente y que tiene un hijo quien la espera en casa, una madre, hermanas y su familia”, dice.

Paula Gutiérrez pide a la presidenta, Claudia Sheinbaum, su intervención ante la crisis de desapariciones en el estado de Jalisco. 

“Queremos que nos escuchen. No sólo es un caso, son muchísimos casos inocentes, niños, mujeres que van a trabajar para sacar sus hijos adelante como mi hermana (…) Nada más queremos saber dónde está mi hermana, ¿qué fue de ella? ¿Qué pasó con mi hermana? ¿En dónde la dejaron, ¿dónde está? Queremos dar con ella, con su paradero, que regrese porque su hijo la necesita”, señala. 

“Las autoridades son nulas en el estado de Jalisco”, denuncian

Guadalupe Rivera busca a su hijo Christian Emmanuel Rivera, quien fue víctima de desaparición el 2 de agosto de 2023 en Guadalajara, Jalisco. Estaba en la casa de su abuelita y fue a la farmacia a comprar un jugo; ya no regresó.

“Como todas las desapariciones, nunca tenemos una respuesta por parte del gobierno, no nos ayudan, no nos apoyan a buscarlo. Nosotros somos quienes tenemos que estar buscando a todos nuestros desaparecidos. Necesitamos de verdad ayuda, pero ya no la pedimos, ya la exigimos. A eso venimos aquí a la Ciudad de México a exigir a exigir apoyo”, comenta Rivera.

Christian Emmanuel Rivera tenía 30 años al momento de que fue desaparecido en la colonia Álamo Industrial, lugar donde han desaparecido por lo menos cuatro personas en los últimos años, señala la señora Guadalupe. Ella también asegura que el caso de su hijo no es un hecho aislado. 

“Él trabajaba en una vulcanizadora para la empresa BIMBO. No son casos aislados, son miles y miles de casos. Son más de 16, 000 personas desaparecidas en el estado de Jalisco, más las personas que no denuncian. Así es que quizás pueden ser 20,000”, apunta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SHARENII GUZMÁN.