Estas detenciones de exfuncionarios se dan ante las acusaciones del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades en el manejo del gasto público halladas durante el gobierno de su antecesor y que ascienden a más de 5 mil millones de pesos.

Las irregularidades están relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales en predios que fueron adquiridos a sobreprecio y que incluían diversas amenidades, entre ellas un helipuerto, de uso exclusivo del entonces gobernador.

Las denuncias fueron presentadas desde inicios de 2022 e implican delitos por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Detallaron que por el momento no se revelarán las ubicaciones específicas del despliegue.

“Las tareas que desempeñará el 2.º SBCT incluirán detección y vigilancia, apoyo administrativo, apoyo en materia de transporte, almacenamiento y apoyo logístico, mantenimiento de vehículos y apoyo de ingeniería. El personal no realizará ni participará en operaciones de interdicción o deportación“.

De acuerdo con el Comando Norte, dicho equipo brinda capacidades militares para “proteger y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la frontera sur, una de las principales prioridades del Departamento de Defensa”. La última vez que Stryker brindó apoyo a la misión de la frontera sur fue en 2012.

Respecto de los otros 500 militares, consisten en un batallón de aviación de apoyo general para ayudar en el movimiento de personal, equipo y suministros y proporcionarán capacidades de evacuación médica aérea.

“Estos despliegues aportarán agilidad y capacidad adicionales para impulsar los esfuerzos por detener el flujo de migración ilegal y drogas en la frontera sur”, dijo el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos.

Con esto, el número de militares de Estados Unidos en la frontera con México es de aproximadamente 9 mil, luego de que el Departamento de Dedensa ordenara la designación de fuerzas armadas con el fin de implementar las órdenes ejecutivas del presidente Trump en la frontera sur.

Militares vigilan la frontera entre México y Estados Unidos

Apenas el 8 de febrero el gobierno de EU reforzará la presencia militar en la frontera con México con el envío de mil 500 soldados en servicio activo adicionales para apoyar en las políticas migratorias de Trump, dichas tropas han apoyado con la instalación de barreras de alambre de púas, labores de inteligencia y brindan apoyo a la Patrulla Fronteriza.

Se sumaron a los mil 600 soldados en activo que ya estaban en la frontera y a 500 elementos del Cuerpo de Marines.

Esto tras un acuerdo entre ambos gobiernos a cambio de pausar por un mes los aranceles anunciados por el presidente Trump debido al alto flujo migratorio y a la entrada de drogas por las fronteras, que incluyó el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional mexicana.

De acuerdo con la mandataria, Estados Unidos también se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México.

México entrega 29 presuntos líderes del narco a EU en medio de lucha arancelaria

En un hecho sin precedentes, autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a los Estados Unidos, como un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por parte del presidente Donald Trump.

El traslado de los detenidos, solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, se llevó a cabo en el marco de una reunión entre el Gabinete de Seguridad de México y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para revisar los avances alcanzados en el tema del combate a las drogas, en particular del fentanilo. 

También ocurrió a tan solo unos días de que Estados Unidos designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cumpliendo así con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a inicios de su administración, medida que entró en vigor a partir de este 20 de febrero. 

Entre las personas que fueron trasladadas a Estados Unidos resalta el nombre de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y quien es señalado por autoridades estadounidenses por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Así como el de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, quien es hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien fue jefe del Cártel de Juárez. Ambos serán trasladados a cárceles de Nueva York.

“¡Tírense al suelo!”, recuerda que escuchó a alguien gritar al momento de los disparos. “¡Shuuun!”, “¡Shuuun!”, es como recuerda que sonaban las balas que pasaban cerca de él, tirado detrás del primer autobús, de cara al periférico, donde se resguardó.

En el intento de protegerse, pudo toparse con quienes, con una descarnada saña, le arrancaron el rostro a Julio César Mondragón Fontes.

Ulises fue parte del grupo que se refugió en la clínica Cristina, en busca de auxilio para el “Oajaco”, como llamaban a Édgar Andrés Vargas, originario del Istmo de Oaxaca, quien tenía destruida la boca por un balazo que lo alcanzó. “¡No te vayas oajaco!”, recuerda le decía. 

Otro momento de riesgo ocurrió en esa clínica, porque hasta ahí llegó el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, quien les negó el auxilio y les advirtió que llamaría a los policías que poco antes los habían agredido. 

La mala suerte, en realidad, la pudo tener cualquiera. “Yo pude haber sido uno de ellos. Yo pude no haber regresado de Iguala. Mi cuerpo pudo haber regresado en un ataúd”.

Ulises decidió salir de Guerrero

Por una razón que no se explica, Ulises es uno de los sobrevivientes de esa noche. A sus 30 años es docente de una primaria en el Estado de México, desde 2017, después de ganarse una base, mediante examen, un año después de que egresó. Buscó irse de Guerrero. 

Trabajar lejos también es consecuencia de aquella noche y de un contexto que tampoco colaboró.

Tixtla, sede de la Normal Rural, de donde es originario, es uno de los lugares que, con el paso de los años, ha ido cambiando por las acciones criminales que modificaron el entorno. El intento de los criminales por privar de su libertad a uno de sus tíos terminó por convencerlo de irse.

Sin contar que las oportunidades laborales se reducían a lugares también afectados por diferentes violencias. En los meses inmediatos a egresar de Ayotzinapa, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le dio un par de interinatos –contratos temporales como maestros–, uno en la zona de Quechultenango, de donde se sabe son originarios los líderes del grupo criminal con mayor presencia en la zona Centro, y en la Sierra de Leonardo Bravo.

El colmo, lo dice con una risa irónica, es cuando lo quisieron enviar a un pueblo de Cocula, zona que forma parte del territorio de la noche de agresión a normalistas. Tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en Guerrero, pero ante tales opciones, decidió salir.

Migrar del estado lo ha apartado de otro aspecto formativo en la Normal Rural, el político y el social –formó parte del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI) de la dirigencia estudiantil–, porque se desvinculó de casi todas las organizaciones involucradas en estos procesos, pero acompaña el movimiento de las madres y los padres de sus compañeros desaparecidos y asesinados, y acude a dar su testimonio para las investigaciones oficiales como testigo, incluso, sin protección porque, como bien lo sabe, ese pudo ser su destino.

Ante ello, el CJF resaltó que en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes.

“Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.

“Obviamente, su Departamento de Estado, bajo su dirección, ha hecho ahora algo que yo, y muchos otros, creemos que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que era nombrar a estos grandes grupos de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó Domenech, una declaración a la que Trump respaldó tajantemente.

“Bueno, ciertamente… recomendaría que se les investigara“, aseguró el mandatario, quien destacó la gran labor que ha realizado la fiscal Pam Bondi , a quien encargaría iniciar las labores investigativas.

Sobre si consideraría una “acción cinética en México”, Trump se limitó a responder que “preferiría no decírselo”.

Trump no ve progresos en lucha antidrogas

El pasado jueves el presidente estadounidense aseguró desde el Despacho Oval que no está viendo progresos en la lucha contra las drogas por parte de México y Canadá que le permitan considerar no imponer aranceles del 25% contra ambos vecinos norteamericanos la semana que viene.

A la pregunta de si ha detectado progresos para eximir a México y Canadá del aumento arancelario, contestó que “para nada, no en drogas”, pese a que ha habido mejoras en cuanto a los cruces fronterizos irregulares.

Trump abundó en el mensaje que publicó este jueves en su red Truth Social, en el que dijo que el 4 de marzo, el próximo martes, entrarán en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no hay mejoras en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

En su opinión, con estas medidas arancelarias eventualmente se verá que “las drogas se detienen”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que el detenido es investigado por delitos del fuero común y por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con secuestro y delincuencia organizada, en agravio de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurridos en la Selva Lacandona en el año 2022.

En diciembre de ese año, indígenas lacandones dirigidos por “La Cabra” desarmaron, desnudaron y los obligaron a hincarse porque, si no, quemaban vivos a militares de la 15 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), cuya unidad se encontraba en la selva para asegurar la droga que aterrizaba en avionetas en la biosfera de Montes Azules.

La Fiscalía señaló que Cabrero sera´ presentado en el penal de El Amate, a fin de que el Juez de Control en turno del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para delitos de prisión preventiva del Distrito Judicial de Chiapa, lleve a cabo la Audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso.

Pobladores de la zona identifican que Cabrero, conocido con el alias de “La Cabra”, habita en la localidad de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, y lidera un grupo criminal que pretendía cobrar derecho de piso en comunidades tseltales y lacandonas, entre otros delitos.

Su cuerpo quedó tendido a 100 metros de su casa en la colonia Ricardo Ballinas. Sobre el crimen existen dos versiones sobre lo sucedido, una señala que hubo una discusión y el oficial le disparó; otra indica que Pablo intentó alejarse por miedo, lo que provocó la agresión. 

El oficial involucrado fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. 

El asesinato de Pablo ha generado indignación en la comunidad y en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido mensajes en su memoria y exigido justicia. 

Sus compañeros del gimnasio de boxeo olímpico Cazadores, donde entrenaba Pablo, hicieron un llamado a la comunidad de jóvenes pugilistas para que este sábado 1 de marzo asistan a la misa de cuerpo presente portando sus uniformes deportivos, guantes, vendas o cualquier prenda alusiva en su honor.

“El motivo es alzar la voz pacíficamente por el brutal asesinato de un joven talentoso, trabajador y estudioso, que perdió la vida de manera arbitraria a manos de quienes deberían protegernos.” 

Ilse, una amiga del joven, escribió en redes sociales: "Mi amigo de prepa y universidad, compañero de salón. Aún el miércoles me ayudó a estudiar para mi examen. Justicia para Pablo. Alguien tan lleno de sueños, metas, objetivos, con tanta vida por delante como para que alguien llegara a arrebatársela. Pablo siempre fue alguien lleno de energía, de felicidad, alguien que siempre que saludabas, te soltaba una sonrisota, alguien que te hacía reír y con su presencia te ponía de buenas".

“Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, expuso Rosales.

El diálogo entre los familiares de los normalistas y el Gobierno federal se retomó con la llegada de la administración de Sheinbaum, pues en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación entre ambas partes se tensó.

“Los testigos son endebles”

Durante dos horas y media, los padres y madres de los 43 jóvenes dialogaron con Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Población, Derechos Humanos y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad especializada para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Rosendo Gómez Piedra.

Las autoridades informaron a los interesados que se conformará una nueva unidad de investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y tendrá como eje principal el análisis de la telefonía celular y datos relacionados con el caso.

Asimismo, se buscará obtener los expedientes del Ejército mexicano que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los familiares han señalado como clave para avanzar en las investigaciones.

“Se está retomando el corazón de la investigación, que ya en la última etapa de la anterior administración se había dejado de lado”, señaló Rosales. “La Presidenta decía —y coincidimos en ese punto— que no se puede depender de los testigos medularmente, porque los testigos muchas de las veces son endebles, manipulables o cambiantes en una declaración, y en cambio las pruebas científicas tienen más honestidad, y creo que este nuevo equipo de investigación quiere llegar a ese punto”.

A la par, seguirá operando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que se instaló en el sexenio de López Obrador.

Tras la reunión, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, aseguró en entrevista que aunque esperaban que en la reunión se presentaran avances concretos, ven una disposición de la Presidenta para retomar las investigaciones.

“Creo que si queríamos partir de una base de confianza, creo que tenemos que empezar de ahí e ir con los señalamientos que hay hacia varias personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos, y si existen elementos probatorios hacia la persona, pues se va a proceder a seguir la investigación contra cualquier persona, o funcionario, o policía”.

Acudirían a tribunales internacionales para extradición de Zerón

Con respecto a la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra prófugo en Israel, Rosales no se descartó acudir a tribunales internacionales para lograr que el ex funcionario testifique.

Detienen a presunto implicado en caso Ayotzinapa

Esta misma mañana, el Gobierno federal dio a conocer la detención de Martín Alejandro “N”, alias “Kamala”, a quien se le señala de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. 

De acuerdo con las autoridades, en el expediente del caso obran declaraciones de “Kamala” en las que admitió haber sido el responsable de disparar a los estudiantes, por órdenes del “Choky”, además de supuestamente participar en el atentado contra los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Martín Alejandro “N” ya había sido detenido anteriormente, pero fue liberado en 2018.

Rosales dijo previo a la reunión con Sheinbaum que esperaban recibir más información sobre el tema, puesto que “hay muchos detenidos, pero todos, la mayoría de estos detenidos tienen que ver con el tema de la Verdad Histórica”. 

“Si se están deteniendo varias personas, pero están ligados a esta investigación que ya fue desechada, una investigación irregular, desahuciada, pues yo creo que no estamos avanzando”.

Pese a que ambos han rechazado las acusaciones en su contra, las denuncias exhibieron los conflictos que existen en los altos niveles del SNA.

Aunado a los señalamientos, el Sistema sigue batallando con los problemas para terminarse de conformar, pues hay varios puestos sin ocupar, sobre todo en los estados de la República. Los sistemas estatales anticorrupción, que forman parte del SNA, tienen 277 vacantes, equivalentes al 36% de los cargos de los que disponen.

El SNA y sus problemas para consolidarse

Las acusaciones de corrupción pusieron el foco en este órgano que no se ha terminado de consolidar desde sus inicios en 2015.

Informes oficiales muestran que, hasta diciembre de 2024, en general los sistemas estatales anticorrupción tienen vacantes una tercera parte de sus cargos, aunque hay algunos estados de la República que tienen más ausencias.

A nivel nacional y a nivel estatal, los sistemas anticorrupción deben de contar con un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema de Fiscalización, una Secretaría Ejecutiva y una Comisión de Selección.

El estado de Veracruz es el que registra una mayor cantidad de designaciones pendientes, con 24. Le siguen Guerrero con 21, Sonora con 16, Campeche con 13, Nuevo León y San Luis Potosí con 11, Tamaulipas con 10, Chihuahua y Ciudad de México con nueve, y Baja California de ocho.

Tampoco cuenta con un secretario ejecutivo, tras la renuncia de Roberto Moreno investigado por presunto mal uso de los recursos públicos.

De igual forma el SNA no cuenta con una Comisión de Selección, el equipo encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Presuntos hechos de corrupción apuntan a integrantes del SNA

Acusaciones de presuntos hechos de corrupción han sacudido al Sistema en las últimas semanas. Todo inició a principios de febrero, cuando el Comité de Participación Ciudadana recibió una denuncia anónima contra Vania Pérez, presidenta de ese organismo del SNA, por no haber hecho públicos sus ingresos.

La denuncia llegó unos días antes de que se convirtiera en presidenta del Comité y fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del SNA y se centra en sus declaraciones patrimoniales presentadas, pues en ellas no hizo públicos sus ingresos como integrante del SNA, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, y como colaboradora de fundaciones y organizaciones sociales.

De cualquier forma, el pasado miércoles 25 de febrero Roberto Moreno presentó su renuncia antes de que el órgano de gobierno del SNA celebrara una reunión en la que iba a votar oficialmente por su destitución.

“Esta salida abre la oportunidad a un nuevo liderazgo y a una nueva visión al interior de la Secretaría Ejecutiva”, expresó Moreno en su carta de despedida.

En un hecho sin precedentes, el pasado 27 de febrero, las autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a los Estados Unidos, como un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por parte del presidente Donald Trump. 

Entre estas personas se encuentran altos perfiles como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”; Miguel Ángel y Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, líderes de los Zetas.

Aunque aún no queda claro si se trató de extradiciones, la justicia mexicana ha sido señalada como responsable de frenar el traslado de algunas de estas personas a Estados Unidos.

En octubre del 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que el gobierno de su país había solicitado la revisión de los casos de los hermanos Treviño Morales, cuyas extradiciones no habían podido concretarse debido a los amparos otorgados a su favor por el Poder Judicial.

Mientras que en el caso de Rafael Caro Quintero, en días recientes, un Tribunal Federal ratificó la suspensión que impedía su traslado a territorio estadounidense. Según su abogado, desde hace días que se buscaba trasladarlo sin que hubiera concluido el juicio de extradición en su contra, que inició en 2022.

No obstante, David Saucedo, especialista en seguridad pública, señala que el gobierno mexicano estaría violando la ley al extraditar a personajes que estaban amparados, aunque el costo que percibe por incurrir en esta falta sería menor que la imposición de aranceles.

“Me parece que ese es el juego, esa es la estrategia y que lo que están haciendo es eso justamente: violar la ley para obtener un periodo de gracia adicional con el tema de los aranceles”, dijo en entrevista con Animal Político.

Entrega se da durante reunión bilateral

El traslado de los detenidos se llevó a cabo en el marco de una reunión entre el Gabinete de Seguridad de México y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para revisar los avances alcanzados en el tema del combate a las drogas, en particular del fentanilo. 

Funcionarios de ambos países también sostuvieron un encuentro para abordar las acciones que implementarán para fortalecer a sus economías en el marco del T-MEC. 

“Fueron en ambos casos muy buenas reuniones, se establecieron los principios de coordinación y de colaboración y mantener estas reuniones de manera permanente, reuniones de alto nivel tanto en el tema de seguridad como en el tema comercial”, dijo Sheinbaum al respecto.

Hasta ahora se desconoce si la entrega de los 29 capos permitirá extender la pausa establecida por Donald Trump para implementar los aranceles.

Cuestionada sobre la llamada que sostendrá con su homólogo estadounidense para llegar a un acuerdo, Sheinbaum indicó que hoy se definirán las características y la fecha. “Van a estar en comunicación”, afirmó.

La mañana del jueves, Aracely transitaba en una motocicleta por la calle Ejido de Santa Rita de la colonia Monte Blanco, en el municipio de Celaya, cuando personas armadas dispararon a la mujer que viajaba con su hijo.  

Al llegar paramédicos al lugar, encontraron ya sin vida a la mujer que, minutos más tarde, se confirmó estaba a cargo de la unidad de género en la policía municipal de Celaya. Su hijo fue trasladado para recibir atención médica. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya destacó la trayectoria de Aracely en la corporación y confirmó que actualmente se dedicaba a dirigir el área especializada a la atención y protección a las mujeres que son violentadas en el municipio.  

Por la noche, en el municipio de Apaseo el Alto, vecino a Celaya, se registró otro ataque armado contra los policías que se encontraban resguardando un torneo de básquetbol que se realizaba en el centro deportivo San Fernando.  

En el deportivo se encontraban tres policías, cuando personas armadas llegaron y abrieron fuego contra los elementos y asistentes al torneo.  

En el lugar murieron dos policías, mientras que el tercero fue trasladado al hospital para recibir atención médica.  

Otras tres personas, integrantes del Comité Deportivo Municipal, también resultaron heridas. La mañana de este viernes se confirmó que falleció uno de los profesores del comité, que resultó herido. 

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre detenciones de personas responsables por los atentados dirigidos a elementos de la policía municipal.

También, este pasado jueves 27, el empresario Alonso Puerto fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la carretera internacional, logrando refugiarse en el Centro de Justicia Penal, al sur de Mazatlán. 

Este empresario enfrenta cargos por la venta de luminarias al Ayuntamiento de Mazatlán, desde mayo del año pasado, acusado de un daño al erario por más de 400 millones de pesos, junto al entonces alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. 

Todos estos eventos sucedieron en el marco de la celebración de la fiesta más importante de Mazatlán, cuyos hoteles reportan, según la Secretaría General de Gobierno, una ocupación hotelera del 80 por ciento. 

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado dio a conocer que, del 18 de febrero a la fecha, se han asegurado 118 laboratorios clandestinos durante operativos en la zona rural y ciudades, sobre todo en Culiacán y Cosalá. 

El más reciente aseguramiento sucedió el 26 de febrero con 9 laboratorios, 6 de ellos ubicados en Culiacán, en los poblados de Monte Verde de Villa, El Vizcaíno, Las Juntas, ejido Los Mayos de Abajo, Santa Loreto y Los Llanos del Refugio, y 2 en Cosalá, en las localidades de Las Amargosas y El Sauce, mientras que en Mocorito se localizó uno en Rancho Viejo. 

También reportaron el aseguramiento de 25 nuevas cámaras de videovigilancia clandestinas, estas en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, uno de los lugares con mayor presencia de grupos armados y choques entre estos desde el inicio de la guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre, a la fecha. 

Con este aseguramiento, la autoridad presume ya 499 cámaras incautadas, cuya propiedad se le adjudican al crimen organizado. De este total, 459 en Culiacán y su zona rural, en operativos que se han extendido ya a Mazatlán y Navolato.

Del grupo de los 29 extraditados, seis podrían enfrentar pena de muerte, tal es el caso de Caro Quintero, a quien el gobierno de EU busca enjuiciar por el secuestro y homicidio de Camarena ocurrido en 1985.

“Este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA. También es una victoria para la familia Camarena. Hoy envía un mensaje a cada líder del cártel, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades: serán responsables. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará”, dijo el administrador interino de la DEA, Derek S. Maltó, quien destacó la extradición de Caro Quintero por encima de la de los otros 28 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a Estados Unidos.

La entrega de Caro Quintero ocurrió a un par de días de que venza el plazo que el presidente Donald Trump dio a México para la imposición de aranceles a los productos mexicanos como represalia por el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes a territorio estadunidense desde la frontera mexicana.

Así, el capo representa para el gobierno de Trump un triunfo más y el inicio de uno de los juicios más esperados en EU, donde, incluso, en octubre de cada año se conmemora “la semana del listón rojo” en honor al agente de la DEA, asesinado mientras operaba como agente encubierto en la lucha contra las drogas.

Una larga cacería

El secuestro y homicidio del agente de la DEA fue atribuido por los gobiernos de México y EU al Cártel de Guadalajara, encabezado por Ernesto Fonseca Carrilo, Don Neto; Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, y Caro Quintero.

La investigación del caso reveló la colusión de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), jueces y otros altos funcionarios con el narcotráfico.

Rafael Caro Quintero fue detenido en San José de Costa Rica el 18 de septiembre de 1985 y extraditado a México; para el 12 de diciembre de 1989 fue sentenciado por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa.

La condena establecía que debía permanecer 40 años en prisión, pero el 9 de agosto de 2013 fue liberado luego de cumplir 28 años recluido, por orden de un tribunal en Guadalajara que consideró que el caso debió llevarse en el fuero local y no en el federal.

En el año 2015, en cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue emitida una orden de reaprehensión en su contra.

Desde entonces, el gobierno estadunidense inició los trámites para solicitar su extradición, pues para la justicia de aquel país su liberación y estatus de prófugo era una afrenta directa.

Antes de su reaprehensión en julio de 2022, el gobierno de EU ofrecía como recompensa 20 millones de dólares a quien ayudara a capturarlo.

En 2018 la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a Caro Quintero en la lista de los 10 hombres más buscados, y en ese año la fiscalía de Nueva York agregó una acusación más en su contra por el homicidio de Camarena.

En aquel momento el FBI calificó a Caro Quintero como un hombre “extremadamente peligroso” y se convirtió en el primer hombre buscado por la DEA en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos del FBI.

Los cargos contra Caro Quintero incluyen, además del secuestro y homicidio de Camarena, el tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y armas de México a EU y liderar una organización criminal.

En el año 2020 su nombre apareció en una acusación de narcoterrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según la información difundida por el Departamento de Justicia de EU, los cargos que enfrentará en Nueva York pueden culminar en pena de muerte o cadena perpetua.

Por ello, desde su reaprehensión, la defensa de Caro Quintero tramitó diversos amparos para evitar su envió, bajo el argumento de que en México ya fue juzgado por el caso Camarena y que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito; y que al estar en riesgo de recibir pena de muerte, el gobierno de EU podría incurrir en una violación al tratado de extradición que tiene con México.

Debido a que México se opone públicamente a la aplicación de la pena de muerte, es posible que a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos de América la representación consular mexicana intente permutar esta sanción por cadena perpetua.

La Sección 22 de la CNTE comenzó su jornada de protestas desde ayer jueves 27 de febrero en la Cámara de Diputados y distintos puntos del estado de Oaxaca.

El magisterio protesta contra la reforma a la Ley del ISSSTE porque no toma en cuenta las exigencias de las y los maestros. Según Yenny Pérez, estas demandas incluso ya habían sido acordadas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum no las retomó.

Una de sus demandas es que los trabajadores de la educación se puedan jubilar tomando en cuenta sus años de servicio. Las mujeres a los 28 años y los hombres a los 30 años. 

Además, la CNTE exige regresar a un sistema de pensiones solidario que esté a cargo del Estado mexicano, y que las y los maestros no reciban como pensión lo que lograron juntar en sus cuentas individuales de Afore que son administradas por instituciones privadas.

De igual forma el magisterio exige que sus pensiones se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida de Actualización (UMAS), un sistema de referencia económica que el gobierno utiliza para calcular los pagos que se tienen que hacer en distintos trámites gubernamentales.

Frente a estas exigencias, de momento la Secretaría de Gobernación y el ISSSTE prometieron seguir en diálogo, de acuerdo al documento firmado por Martí Batres y Rocío Bárcena Molina.

“No vamos a promover nada que afecte al magisterio”, señala el primero de los compromisos firmados por Bárcena Molina y Martí Batres en una primera reunión con la Sección 22 de la CNTE.

Ambos funcionarios se comprometieron a no “apresurar al Congreso a aprobar una iniciativa sin antes llegar a acuerdos con maestras y maestros”.

Por ello, Joanna continúa organizando rifas y buscando financiamiento para viajar cada tanto de Toluca a Oaxaca, para exigir avances en las investigaciones a las autoridades y continuar con la difusión del boletín de búsqueda de la joven, “porque quiero que se siga escuchando el nombre de mi Lilith, y que la gente conozca las dificultades de una búsqueda sin recursos”.

El silencio de los testigos y la tardía intervención de las autoridades en el caso de Lilith

De acuerdo con las tres personas que estuvieron con Lilith el último día que se supo de su paradero, viajaron juntos al municipio de Pochutla, Oaxaca, el 31 de diciembre de 2022, y tenían su boleto de vuelta para el 6 de enero. Sin embargo, cuatro días antes de la fecha prevista para su regreso, Saori discutió con uno de sus acompañantes, y en seguida salió del hotel donde estaban hospedados, sin que se volviera a tener información de ella.

La noticia llegó a Joanna por redes sociales, cuando encontró el boletín de búsqueda de Lilith en Instagram, en una publicación donde se señalaba que había desaparecido el 2 de enero de 2023 en Playa Zicatela, vistiendo un short color negro de mezclilla, una playera blanca sin mangas y un top.

En cuanto supo la noticia, la madre de Lilith se puso en contacto con las tres personas que se encontraban con ella, pero no tuvo mayor información. La versión que dieron fue que salió del hotel por un ataque de pánico y que la buscaron sin éxito, aunque fue hasta dos días después de la desaparición cuando acudieron a poner la denuncia correspondiente.

Según los dichos de las tres personas que se encontraban de viaje con Lilith, al verla correr intentaron alcanzarla sin éxito, aunque en un video que las autoridades mostraron a Joanna se observa que dos de los acompañantes logran darle alcance en la calle y hablaron por un par de minutos con ella, para luego quedarse mirando cuando la joven se aleja.

Pese a que se cuenta con dicha evidencia, Joanna reclama que las autoridades encargadas de la investigación no han conseguido que las personas que estuvieron con su hija amplíen sus declaraciones y aporten información para localizarla.

“Apenas ahora la Comisión de Búsqueda local está esperando el análisis de la sábana de llamadas del teléfono de Lilith para poder crear otro plan, porque con la estrategia de búsqueda por polígonos no han tenido resultados positivos, pero van más de dos años de la desaparición, ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo? Yo sé que no es fácil conseguir esos datos, pero desde hace mucho eran importantes en la investigación”, agrega angustiada.

Debido a las dilaciones en las intervenciones de las autoridades, Joanna señala que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “pero de nada sirvió porque me canalizaron con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y nunca pasó nada, las inconsistencias y la revictimización que sufrió mi hija quedan en un par de llamadas a las que después ya no dan respuesta… pero yo estoy aquí para buscarla”.

Una vida llena de sueños y la convicción de defender derechos

Con voz entrecortada, Joanna describe a su hija como una joven aficionada al cosplay -disfrazarse como alguno de sus personajes favoritos- que sueña con poner un refugio para perros, y está indecisa entre estudiar gastronomía o diseño de modas. Antes de desaparecer, estudiaba el idioma inglés y el japonés, con la esperanza de viajar a Japón.

Lilith es una joven “llena de amor incondicional por los que no tienen voz, rescataba perritos, y aunque entonces yo no entendía la importancia que tenía, era de las que acudía a las marchas contra la violencia hacia las mujeres”, detalla su madre.

Ocho meses antes del viaje a Oaxaca y de su desaparición, Lilith se fue a vivir con su pareja, una de las tres personas que la acompañaban en aquellas vacaciones, por ello, Joanna reclama el no haber sido notificada por él de inmediato cuando no se supo lo que le ocurrió, hecho al que atribuye el entorpecimiento de los primeros días de su búsqueda.

“Con los planes de búsqueda en vida no hubo resultados, no se logró información de Lilith sobre si fue vista en alguna localidad, y todo esto ha sido muy difícil para mi, el estar viajando llena de esperanza para Oaxaca, estar pegando boletines en las zonas de mayor afluencia, pero siento que se pudo aprovechar mejor el tiempo”, lamenta.

Gracias al apoyo del colectivo Defensores por la Justicia, la carpeta de investigación del caso de Lilith fue turnada a una la fiscalía especializada en desapariciones del estado, con lo que Joanna espera que las diligencias avancen y logren hallar a su hija, “porque siento que conforme va pasando el tiempo ya no se tomó en serio la búsqueda, siguen con las mismas estrategias y no hay nada nuevo”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, actualmente en México hay 122 mil 833 personas desaparecidas y no localizadas. En el caso de Oaxaca son 737 casos.

En la captura también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN). 

De acuerdo con el expediente, el detenido declaró sobre su participación en el atentado contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Así detalló que, por instrucciones de una persona identificada como “Choky”, le disparó a los normalistas en el centro de Iguala, Guerrero, donde fueron asegurados 17 estudiantes que posteriormente subieron a sus camionetas y fueron llevados a una casa de seguridad donde fueron asesinados inmediatamente. 

Que posteriormente utilizaron una excavadora para enterrarlos en el rancho donde se encontraban y a otros siete estudiantes los quemaron. 

De acuerdo con las autoridades, Martín Alejandro “M” fue puesto a disposición del ministerio público Federal para definir su situación legal.

“Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó cuando se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que está conformado por varios funcionarios. Se hizo el análisis en esa reunión. Se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fue un asunto inmediato”, aseveró Gertz. 

“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o continuaran atrasando sus procesos de extradición.  

Preguntado si la entrega de los narcotraficantes anulará la imposición de aranceles que el presidente estadunidense Donald Trump anunció para el próximo 4 de marzo, Gertz reviró, con una sonrisa, que “el cumplimiento de México es evidente; no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”. 

El fiscal confirmó que la operación no derivó de procedimientos de extradición; de hecho, al menos seis de ellos tenían amparos que los protegían de ser extraditados a Estados Unidos. Sostuvo que la operación se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas a la seguridad nacional, y el artículo 89 de la Constitución, dedicada a las “facultades y obligaciones” de la Presidencia. 

“No se está aplicando ninguna ley de extradición: esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país”, insistió Gertz, quien descartó que los connacionales pudieran enfrentar condenas de muerte, pues dijo que “cuando se sujeta una operación a una convención internacional como fue en este caso, se tiene que respetar los términos de esta convención”. 

Movilizan a 3 mil 512 elementos

Omar García Harfuch detalló que el “traslado” de los 29 delincuentes movilizó a 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves, mediante una coordinación entre las instancias de seguridad civiles y militares.  

El responsable de la seguridad del gabinete de Sheinbaum indicó que los reos fueron trasladados de 11 cárceles –9 federales y 2 estatales– hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde el cual fueron enviados en 8 aeronaves hacia diversas ciudades de Estados Unidos.  

Las cárceles de las que fueron extraídos los reos “operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones”, presumió García Harfuch, quien agregó que ese acto de autoridad es “resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad”. 

Tras resaltar que los 29 delincuentes representan “una amenaza a la seguridad de nuestro país”, el titular de la SSC los señaló por cometer “delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia”.