Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador del Cártel de SInaloa, de 76 años de edad, fue supuestamente privado de la libertad, el 25 de julio del 2024, en Culiacán de Rosales, por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad e hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”- , quien presuntamente también habría asesinado -el mismo día y lugar-, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Luego, el joven lo trasladó de forma ilegal a Estados Unidos, donde él también se entregó.

Los hermanos Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, presos en Estados Unidos, comparecieron, el martes 7 de enero de 2025 (tiempo local), ante la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

Sin embargo, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), informaron que requerían más tiempo para definir los puntos concretos de un potencial acuerdo con los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, que, además de los beneficios para los procesados, podría convertirlos en testigos colaboradores, declarándose culpables sin ir a juicio y obteniendo una pena reducida.

La jueza federal autorizó nuevos plazos para que las negociaciones con “El Ratón” y “El Güero Moreno” continúen, por lo que Coleman fijó nuevas fechas de audiencias de revisión del proceso de los hermanos, para las 13:30 horas del 27 de febrero de 2025 y a las 10:30 horas del 19 de marzo del mismo año, respectivamente.

Asimismo, Coleman autorizó varias mociones de la Fiscalía de EE. UU., entre las cuales destacó la posibilidad de que los hermanos fueran procesados por separado. Según corresponsales de medios como Milenio y NMás, aunque habían sido requeridos para comparecer en persona, a la audiencia del 7 de enero de 2025, sólo compareció vía telefónica su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, debido a dificultades climáticas, derivadas de la tormenta invernal que azotó varias zonas de dicho país, durante los últimos días.

Carpio Ortiz fue visto por última vez el 27 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus El Sauzal.

Según la pesquisa de la Fiscalía General de Baja California, ese día conducía un vehículo Honda Civic, modelo 2009, color gris y sin placas de circulación.

Desde el momento de su desaparición, familiares y amigos emprendieron una búsqueda incansable, a la que se sumaron ciudadanos, activistas y colectivos de búsqueda, quienes exigieron a las autoridades intensificar los esfuerzos para localizarlo.

El 9 de febrero pasado las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) localizaron restos óseos mientras se realizaban un operativo de búsqueda para Israel en el municipio de Tijuana.

“En el lugar se localizaron restos óseos, de los cuales no se pudo determinar a simple vista el sexo o la edad, ya que deberán ser analizados científicamente en el laboratorio.

Asimismo, en la zona fueron encontrados diversos objetos, entre ellos un equipo telefónico, un casquillo y prendas de vestir”, indicaron en aquel momento los oficiales.

Los habitantes de Tlatelolco pidieron más alumbrado público, presencia de policías y la rehabilitación de casetas de vigilancia; advirtieron que la tarde de este lunes 10 realizarán una segunda protesta.

De acuerdo con personas que viven en la zona consultadas por medios como La Jornada, la víctima era una mujer en situación de calle pero, hasta el momento, no ha sido identificada.

En 2024 en CDMX hubo 68 víctimas de feminicidio y en enero de este año se registraron dos casos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, en entrevista con Fox News, el presidente estadounidense dijo que los aranceles a mercancías de México y Canadá programados para el 2 de abril “podrían aumentar”, sin entrar en más detalles, y a la vez descartó predecir si su país sufrirá una recesión en 2025.

“Deberán elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar: La extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas. Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa, así como los criterios, indicadores y mecanismo de evaluación sobre la eficacia de dicho programa y el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano”, indicó el documento.

Familias afectadas por explosivos en minas terrestres

Tres jornaleros murieron tras la explosión de una mina terrestre en un camino en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero cuando los campesinos se trasladaban a bordo de una camioneta en la comunidad de Las Cruces, a la altura de la ranchería El Tabanero.

Habitantes señalan que grupos delictivos plagaron caminos con artefactos explosivos

Por su parte, los habitantes del municipio de Santa María del Oro, en Jalisco, dieron a conocer que, en la zona fronteriza con el estado de Michoacán, el Cartel Jalisco Nueva Generación plagó caminos y cerros de artefactos explosivos improvisados.

En el camino están los vestigios de vehículos siniestrados, de montones de cartuchos percutidos de proyectiles de grueso calibre, así como del ganado que ha activado en su caminar algún artefacto explosivo.

Con drones, los habitantes logran identificar los puntos de concentración, seguir el avance y rastrear los recorridos de quienes, desde el otro lado, descargan con furia sus fusiles de asalto, lanzan drones cargados de explosivos y detonan minas terrestres para destruir caminos y bloquear el acceso de las autoridades y los comunitarios.

En febrero de 2024, el Ejército Mexicano estableció una base de operaciones en la localidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán, donde el CJNG se había adueñado y había hecho un narcocampamento, desde donde desplegaba a sus tropas.

En esa ocasión, habitantes de al menos 10 localidades del municipio de Santa María del Oro pidieron al gobierno federal que ampliara la presencia militar en sus comunidades, ya que habían sido objeto de ataques.

Los pobladores de El Vallecillo, Las Higueras, Santa Rosa, Higuerillas, San Vicente, La Taberna y La Soledad, entre otras, también de Santa María del Oro, fueron desplazados recientemente por el CJNG.

A pesar del llamado de decenas de familias, “la federación y el gobierno de Jalisco nos han dejado solos y hoy tenemos que vivir de la caridad, porque nos salimos solo con la bendición de Dios”, expone Javier, un padre de familia y jornalero.

“Demasiada gente ha muerto por las minas; animales, gente y de todo lo que se atraviese por una mina, muere. Tienen muchos lugares donde concentrarse, como a un lado de Zipoco, en Las Pilas, en Lourdes, en El Santuario. Hay muchos lugares en dónde está concentrado el Cártel Jalisco. Ellos vienen del lado de Jalisco, vienen acá a Michoacán. Están molestando a la gente de acá. La gente ya no puede darle de comer a sus vacas, no puede cultivar, ni nada, por culpa de esas gentes”, señalan los comunitarios.

Extradiciones de narcotraficantes mexicanos

La extradición de ‘La Gorda’ ocurre pocos días después de que el gobierno mexicano ejecutara un operativo sin precedentes que resultó en el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero. 

Entre los extraditados destacan figuras como Rafael Caro Quintero, vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena; Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) y Omar Treviño Morales (Z-42), antiguos líderes del cártel de Los Zetas; y Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana), operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este operativo masivo involucró a más de 3,500 elementos policiales y militares y se dio en un contexto diplomático complicado. 

Las extradiciones han sido interpretadas como una respuesta a las presiones del gobierno estadounidense, que ha vinculado el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, con amenazas comerciales como la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.

En total, los 29 extraditados enfrentan acusaciones que incluyen tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y conspiración.

La mujer, quien fuera designada candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2012 –entonces Distrito Federal–, utilizó estas redes en el turbio caso de su hijo Hugo Alberto Wallace –cuyo nombre real es Hugo Alberto León Miranda–, quien desapareció hace veinte años. 

Isabel Miranda no dejó de afirmar que su hijo fue secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, el 11 de julio de 2005.

La mujer fabricó un caso judicial, colocó espectaculares en la ciudad y movió sus influencias en el gobierno para detener y encarcelar a siete personas que, según ella, eran responsables del secuestro y el asesinato de su hijo. Una de ellas, Brenda Quevedo Cruz, estuvo 15 años encarcelada sin juicio, y apenas el 25 de junio pasado obtuvo un cambio a prisión domiciliaria.

El caso Wallace resultó un montaje judicial, cuyas piezas se fueron cayendo una tras otra con el paso de los años, producto de la labor de las familias de las víctimas, sus abogados y periodistas. En represalia, Miranda llevó a cabo campañas de hostigamiento judicial contra los funcionarios y activistas que documentaron los actos de tortura perpetrados contra Quevedo o que evidenciaron las mentiras e inconsistencias de sus acusaciones.

Además de declaraciones sacadas mediante actos de tortura, parte del caso judicial se construyó alrededor de una gota de sangre, que fue "descubierta" de manera inverosímil en el departamento, siete meses después de la desaparición de Hugo Wallace y de un primer cateo en el lugar, en el que las autoridades no hallaron nada.

La gota de sangre coincidía con el material genético de José Wallace Díaz, el segundo esposo de Wallace. Sin embargo, el periodista Ricardo Raphael documentó, en Proceso, que esa coincidencia no era posible, pues Hugo Wallace no era hijo biológico de José Wallace, sino de Carlos León Miranda, el primo hermano de la empresaria. 

Otras inconsistencias demolieron la versión de Miranda, pero ella nunca dejó de sostenerla. El cuerpo de su hijo nunca apareció y existen elementos que ponen en duda su asesinato.

A raíz del caso de su hijo, Isabel Miranda creó la organización Alto al Secuestro, con el empresario Alejandro Martí, a la que utilizó para afianzar sus relaciones políticas y promover una agenda de mano dura contra ese delito, que se disparó tras la "guerra contra el narco", iniciada por Calderón en 2006.

El presidente panista incluso entregó a Isabel Miranda el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, en reconocimiento a su activismo.

Durante el sexenio de Vicente Fox, Miranda se acercó al empresario Eduardo Margolis, vinculado al caso de Israel Vallarta, otra víctima de un montaje judicial urdido durante el sexenio de Calderón, y quien lleva 19 años en la cárcel sin sentencia judicial.

Aunque Isabel Miranda perdió poder e influencia en años recientes, siguió contando con apoyos al interior de la FGR. En una columna publicada hoy en "Milenio", Ricardo Raphael reveló cómo la mujer movió sus palancas en la FGR para hostigar a una visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a una perita del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes confirmaron los actos de tortura perpetrados contra Brenda Quevedo por el "caso Wallace".

Todavía en julio de 2022, Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó a Isabel Miranda de fabricar pruebas contra altos funcionarios del Poder Judicial para extorsionarlos; un mes después, la mujer presentó una denuncia contra Zaldívar ante la Fiscalía General de la República (FGR), por actos de corrupción, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones en el caso de su hijo.

Durante más de seis horas ininterrumpidas no dejaron de llegar decenas de miles de mujeres a la plaza principal de esta ciudad, a pesar de que su paso fue interrumpido por diques de concreto en las calles aledañas, las mismas que se abrirán este domingo para la convocatoria presidencial a “defender” a México de las políticas arancelarias de un Trump enloquecido. La “fiesta” nacionalista con infraestructura del Estado no será amurallada. La de las mujeres sí, pues se sale del control y los corchetes institucionales. “Claudia, atrévete a escucharnos”, pintan con pintura amarilla en las enormes láminas que impiden el paso.

A mediodía, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, diversas colectivas realizan un juicio a las instituciones del Estado. Ahí se mencionan uno a uno los nombres de funcionarios y funcionarias que han sido cómplices del patriarcado. Jueces, ministerios, fiscales, al igual que la CNDH, la Sedena, la Marina, la Iglesia, una a una son declaradas culpables. Están en grandes representaciones de cartón a las que al final se les prende fuego.

Las mujeres migrantes, las presas, las amas de casa, las trabajadoras de la maquila, las estudiantes “¿dónde están?”, preguntan las paredes, mientras los ríos violeta se vuelcan en las calles. “No es pensión, no es pensión, es tu pinche obligación”, reclaman las madres a los padres deudores, mientras apoyan con un “No estás solo” a José Luis Castillo, padre de Esmeralda, desaparecida a los 14 años. José Luis no ha dejado de buscarla, año con año se une a la marcha y es abrazado por el coro de cientos de mujeres.

Llega la noche y el reclamo no se detiene. Grupos de mujeres intentan romper el cerco y las repelen con gases desde el otro lado del muro. Las autoridades deciden apagar las luces del zócalo y la provocación es respondida al grito de “Claudia, traidora, eres opresora”. La imagen del muro intervenido digitalmente recorre las redes: “Llegamos todas (pero hasta aquí)”.

Este corazón no conocía la rabia

Beatriz Zalce 

Son las madres, las hermanas, las tías “de la niña que no vas a tocar”, de las víctimas de feminicidio, de desaparición; de las golpeadas, de las que crían solas a los hijos “porque aquel se fue y no pasa la pensión alimenticia” o del cabrón que no respeta y se pasa de lanza. Son las descendientas de las brujas que quemaron vivas. Son las que van a acabar de tirar al patriarcado. Son las que dicen que pueden ser malas y hasta peores.

Las calles alrededor de la Glorieta de las Mujeres que Luchan replican el morado de las jacarandas en paliacates y gorras, en párpados, mejillas y uñas. Mujeres, cientos de mujeres, miles de mujeres, cientos de miles de mujeres caminan sobre el Paseo de la Reforma. Caminan, cantan, gritan. Caminando están luchando. Cantando van. Gritando están. Exigen Justicia. Y Justicia es el nombre de la niña mujer que reemplaza a la estatua de Colón. En medio de los rascacielos parece chiquita. Casi enfrente de ella un edificio ostenta la imagen de una mujer cuyas curvas y voluptuosidades publicitan la marca Levis. Mide ocho pisos y no es más que un objeto, un anuncio enorme y nada más. Justicia es una antimonumenta. Chaparrita de más de dos metros. Sus creadores son anónimos, son colectivas feministas que se empeñaron en llevarla hasta ahí, en colocarla con sus propias manos. Y ella, Justicia, se ganó el derecho de quedarse ahí. De ser protegida. De no ser vandalizada. Ahí a un costado de Justicia un grupo de mujeres borda la memoria de Verónica Soto Hernández y de Lesvy Berlín Rivera Osorio. “Lucharé por ti hasta lograr Justicia. Te amo”.

“¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina!” Y así llegan al antimonumento a los +43. Vivo el rojo del que está hecho. Vivo el recuerdo y la indignación. Roja de vergüenza deberían de tener la cara los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheimbaum. Más de diez años han transcurrido desde aquella noche en Iguala. Roja la impunidad. Pero rojas también las flores sembradas alrededor de la escultura de más de 800 kilos. En un principio los padres, las madres y los compañeros de los 43 estudiantes de la Normal Rubén Isidro Burgos plantaron delicados “No me olvides”. Siguieron cempazuchiles y Nochebuenas. Y nunca ha faltado quien venga a echarles agua para que no se sequen. “Mamá si un día no me ves más alza la voz por mí y todos los demás” gritan ellas y tiñen el aire con humos violetas y azules. “No hemos desaparecido: Nuestra voz se escucha. Justicia”.

Se enfilan por Avenida Juárez. Avanzan al ritmo de tambores. Al ritmo de consignas. Las de antes: “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” y adecúan algunas. La clásica: “El que no brinque es yanqui” que debería seguir correándose en estos tiempos en que hasta quien no sabe qué es un arancel tiembla ante el cumplimiento de la amenaza de su aumento, se convierte en “El que no brinque es macho” y se brinca, con risas, con convicción. 

Se llega a la altura del Palacio de Bellas Artes rodeado por una valla que pronto se va llenando de nombres de víctimas, de victimarios. “Feminicidios en México: Pandemia incontenible”. Aumentan como todo, como los precios. Si en el año 2019 cuando se colocó la antimonumenta se contaban oficialmente nueve feminicidios diarios. Hoy se habla de un promedio de doce diarios.

Mi voz puede cambiar el mundo

Mary Farquharson

Una pequeña banda de mujeres con el rostro cubierto, vestidas de negro, rompen filas en la marcha del 8M, cerca de la Glorieta de Las Mujeres que Luchan. Sacan aerosoles de sus mochilas y pintan una leyenda sobre una pared blanca. Al terminar, se descubren el rostro y se insertan en la multitudinaria marcha, aceptan un helado de fruta de quienes hace unos segundos las apoyaron con un “Estas morras sí me representan”, y siguen la marcha hacia el Zócalo. Voy a ver lo que han escrito: “Las amas de casa sostienen el mundo”. La aparente radicalidad de la maniobra contrasta con una consigna que visibiliza lo mínimo indispensable.

Ese amor por la lucha diaria de las madres está muy presente durante la enorme marcha que pinta la Avenida Reforma de color morado, el mismo color de las jacarandas en flor en la Avenida Juárez, rumbo al Zócalo. Hay muchísimas mujeres, más que el año pasado, muchas de ellas con niñas cargando sus pancartas: “No soy princesa, soy guerrera”; y otras que explican que ellas gritan lo que a sus madres las hicieron callar. “Mi mamá merece que llegue yo a casa”, expone una adolescente; “Marcho por la alegría” insisten los carteles de las pequeñas. Cada mujer que participa tiene su historia y el deseo de que su propia hija o hermana viva libre del maltrato que ellas han sufrido.

Un grupo grande de artesanas otomíes de Santiago Mexquititlán, Querétaro, viajan juntas, como hacen año con año, para acompañar a todas las mujeres que luchan en México. “Sentimos mucha solidaridad con las mujeres que buscan a sus hijas, y entendemos su lucha,” dice Jazmín. “En nuestro caso, queremos denunciar la discriminación que sufrimos en la calle, sólo porque hablamos nuestra lengua y por nuestra manera de vestir”. Jazmín tiene 24 años y unos nueve participando en la marcha. Su colectiva hace muñecas Lele, bordadas con punto de cruz. Nadie trajo muñecas a vender a la marcha, pero tampoco fue un día de vacaciones para ellas. “Una buena vacación… ¿qué sería? Estar en Santiago, en mi pueblo, entre los cerros y la calma” evoca Jazmín. Tampoco pretende que todo esté bien en su pueblo. Hay problemas de adicción entre los jóvenes y, como comunidad, trabajan con las madres para prevenir estos problemas.

Montserrat, de 29 años, participa en la marcha desde hace cuatro años; viajó con su hermana desde Orizaba, Veracruz, y carga la bandera mexicana intervenida. El rojo de la sangre lo ha reemplazado con una franja violeta. “Lo morado significa la lucha que tenemos las mujeres, no sólo el 8 de marzo, sino día con día en México,” me dice. Para ella, el futuro de México se viste de violeta. Nos movemos un poco para dejar pasar una chica con una pancarta grande que dice “La Revolución será feminista” y las dos sonreímos. Montserrat se considera entre las afortunadas, porque su pareja la apoya en esta lucha y entiende que los hombres deben de respetar y respaldar desde sus trincheras.

María Teresa tiene 74 años y marcha por primera vez, por petición de sus dos nietas. Lleva flores en sus manos. Viene de Milpa Alta, en donde vende tacos de chicharrón y guisados con muy buen sazón. La suya es de las pocas caras tristes que veo en la marcha. Me explica que no había imaginado el tamaño del dolor colectivo, de tantas mujeres. Luego, dice, “si Dios me presta vida” regresará a la marcha el año que viene.

Aunque las pancartas hablan, una tras otra, de mujeres desaparecidas, de acoso y violación en la casa y en las calles, la voz colectiva grita con valor, a veces con humor y también con ira, pero nunca con melancolía. Entre las muchas niñas, no hay caras asustadas o tristes.

Laura trajo a su pequeña hija porque, “todas tenemos una historia que contar. Hoy en día es rara la vez que conoces a una mujer que no ha sido violentada o que no haya recibido algún tipo de abuso. Yo quiero que mi hija identifique las diferentes violencias que hay y que crezca de manera libre y segura y que sepa que su voz se va a escuchar. Ema, de siete años, se para al lado de Laura y carga con orgullo su propia pancarta: “Mi voz puede cambiar el mundo”.

En sus informes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó en octubre que en 2024, “las empresas reportaron que el 43% de la plantilla laboral estaba conformada por mujeres: 23% tienen a una mujer a cargo del departamento jurídico; 11% a una directora financiera; y 3% a una mujer a cargo de la dirección general”, pero estos porcentajes fueron menores a los del año previo.

En fechas más recientes, el propio IMCO consignó la participación de las mujeres en economía nacional, esta vez con cifras por estados, y de acuerdo a su análisis, resultó que donde más se aprovecha el talento femenino en los sectores productivos es en “Baja California Sur, Colima y Ciudad de México, que registran una participación económica cercana a 60%”.

Pero no hubo buenas noticias para Baja California, porque la entidad está muy lejos con un 47% de participación por segundo año consecutivo. Rezagada en el lugar 14 de 32 estados, por debajo de Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

La cantidad de bajacalifornianas económicamente activas necesita incrementar un 20% para “alcanzar una participación económica de 67%… de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el segundo trimestre de 2024, en Baja California había 731 mil 598 mujeres laborando, lo que significó 5 mil 922 más que en el segundo trimestre de 2023.

La ocupación informal femenina también aumentó, al sumar 264 mil 980 féminas ese segundo trimestre, mil 114 más damas en el ambulantaje que el mismo periodo en el año anterior.

Tratándose de inseguridad, las estadísticas para las bajacalifornianas son peores. De entrada, la violencia familiar ha aumentado año con año, y en 2024, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ocupó el sexto lugar en ese delito, con 14 mil 729 denuncias, a pesar de la operatividad de los Escuadrones Violeta, cuyo ex titular, el entonces secretario estatal de Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, anunció en enero pasado la captura de apenas 375 agresores en un año de trabajo.

Conforme a información de la página nacional de Transparencia, en Baja California, de los 39 mil 852 casos de violencia contra mujeres denunciados entre los años 2022 y 2024, el 54% no ha sido judicializado (ZETA lo publicó en su edición del 3 de enero). Como ejemplo, en 2024, de las mil 355 carpetas iniciadas por abuso sexual, 65% siguen sin judicializar.

A estos números del año pasado, hay que sumar 670 denuncias por violación, las 4 mil 604 carpetas iniciadas por otros delitos sexuales y las 222 mujeres que por mes fueron víctimas de lesiones dolosas y continuar con los nada honrosos primeros lugares que tiene el Estado a nivel nacional en violencia feminicida.

Sólo en la administración de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (1 de noviembre de 2020 al 26 de febrero de 2025), las mujeres asesinadas suman mil 179; de ese total, los casos investigados como feminicidios son oficialmente 110, apenas el 9.33%: cuatro registrados los dos últimos meses de 2020; 21 muertes en 2021; 24 en 2022; 20 feminicidios en 2023 y la cifra más alta del sexenio hasta la fecha: los 37 de 2024, más las únicas dos muertes que han clasificado como feminicidio durante el año en curso.

Considerando el porcentaje de éxito de la fiscalía en estos temas, alrededor del 80% de las indagatorias permanecen en la impunidad porque la justicia no es rápida ni expedita. Como el caso del asesino serial de sexoservidoras, Bryant Rivera, presunto responsable de los asesinatos de tres acompañantes cometidos entre agosto de 2021 y febrero de 2023 en Tijuana. El sujeto fue capturado en California en julio de 2023; México solicitó su extradición para juzgarlo, proceso que un año y siete meses después, sigue sin concretarse.

En medio de esas cifras, están los cumplimientos e incumplimientos en las Medidas y Acciones Decretadas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida para Baja California en 2019. De acuerdo al gobierno de Ávila Olmeda, en 2024 proyectaron avanzar un 56% y en diciembre informaron que habían alcanzado el 96.15% de la mencionada meta; recordaron que el 100% se tiene planeado hasta 2026.

Se han registrado avances significativos en la consolidación y funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), la creación del CEJUM en San Quintín y Mexicali, así como la ampliación a su presupuesto, la Creación de Protocolo para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual por parte de la Secretaría de Salud de Baja California, entre otras.

Será cuestión de analizar su operatividad, de entrada, el mayor logro es que, aunque pocas, más mujeres se atreven a denunciar, a pesar de los deficientes resultados.

A ese respecto, el presidente del Consejo Ciudadana de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa, reclamó públicamente la lentitud y falta de resultados, porque para prevenir violencia familiar, se solicitó el cumplimiento de más de 40 medidas y apenas llevan 12 o 14… y las mujeres siguen siendo victimadas.

En los cateos participaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Rescata #FGEQuintanaRoo a 21 mujeres víctimas de trata en Othón P. Blanco y Bacalar. (1/2)#CeroImpunidad#JusticiaParaTodos

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— Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) March 8, 2025

Aún faltan los cambios significativos

De acuerdo con especialistas y activistas consultadas por Animal Político, aunque las mujeres y niñas han estado presentes en el discurso de la primera presidenta de México, en el presupuesto y los programas anunciados para el primer año de gobierno no hay cambios significativos para atender la situación de desigualdad y violencia de género.

Además, el nuevo gobierno, que se ha distinguido con el eslogan “tiempo de mujeres”, tiene el reto de trabajar con presupuestos recortados a expensas de disminuir servicios de atención en diversas áreas de la administración pública federal, destacan.

Otro pendiente que atravesará el sexenio es el Sistema Nacional de Cuidados, del que Hernández promete sentar las bases, aunque adelanta que no habrá presupuesto y tiempo que alcance. Animal Político documentó recientemente los impactos de millones de mujeres ante su ausencia.

Programas con perspectiva de género son insuficientes y no cierran brechas

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indica que a cinco meses de que dio inicio el sexenio de Sheinbaum es difícil hacer un balance sobre las políticas públicas de apoyo a las mujeres, ya que los programas que se han anunciado y que tienen una perspectiva de género no se han implementado; hasta ahora, en algunos casos incluso no se ha programado presupuesto para llevarlos a cabo.

Sin embargo, subrayó que es necesario que las políticas públicas que se implementen para atender la igualdad entre hombres y mujeres estén diseñadas para lograr este objetivo, ya que actualmente los grandes programas sociales que conforman el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no cuentan con perspectiva de género.

“La mayor parte de este anexo corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, que no cuenta con una perspectiva de género. Además, tenemos que evaluar los programas que se encuentran ahí, ya que las transferencias directas a las mujeres no necesariamente cierran brechas, y al contrario, puede que las profundicen”, alertó la analista.

Violencia feminicida persiste y se complejiza

“¿Cómo llegamos al 8M? Sin duda, esperando que el discurso de que ‘es tiempo de mujeres’ se vea materializado”, señaló por separado Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Para Figueroa, en materia de violencia contra las mujeres, deben considerarse diversas perspectivas, desde la no criminalización de la protesta hasta la atención oportuna y sin revictimización de las víctimas, “pero siguen existiendo pendientes en la agenda”.

Tan sólo en los centros que conforman la Red Nacional de Refugios (RNR), se ha presentado un incremento en las solicitudes de atención que tienen lista de espera, ya que con los recortes presupuestarios al programa se ha limitado su capacidad, lo que pone a las mujeres y sus hijas e hijos en mayor riesgo, apuntó. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer mes de 2025 se iniciaron 54 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, así como 187 por homicidios intencionales cometidos contra mujeres.

Durante la administración pasada, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 6 mil 558 carpetas de investigación por feminicidios y 19 mil 137 por homicidios dolosos de mujeres.

“En particular, nosotras vemos que se sigue manteniendo la violencia que está cruzada con el crimen organizado, e incluso con la militarización del país. El 50% de los agresores son parte de este sector, y hemos visto también un aumento importante en la violencia vicaria”, remarca la directora de la RNR.

“Hace falta mucho trabajo”, considera. Es indispensable, agrega, una agenda a favor de los derechos humanos de las mujeres en sus diversas etapas de vida, con políticas públicas efectivas y perspectiva de género que cuenten con fondos suficientes para atender los distintos contextos, y que en su construcción puedan participar diferentes sectores como las feministas, sobrevivientes de violencia y organizaciones de la sociedad civil. 

Mujeres migrantes sobreviven sin apoyos, mientras intentan cruzar a EU

Desde el primer día del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aproximadamente 200 mil personas quedaron varadas en México ante la eliminación de la aplicación CBP One, que gestionaba las solicitudes de asilo, lo que ha dejado en la incertidumbre a quienes buscaban cruzar la frontera para obtener protección.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explicó que, en este contexto, las mujeres, niñas y niños son quienes enfrentan las mayores dificultades, sin que existan políticas públicas que les proporcionen apoyo, “y ahora están tratando de pensar en qué van a hacer, cómo van a sobrevivir, si van a solicitar asilo en México o si tendrán que regresar a sus países de origen”, con el peligro que representa.

“Las mujeres están desorientadas, porque tenían en su imaginario el objetivo de llegar a los Estados Unidos con una cita, y ha sido muy frustrante que les corten la oportunidad… Ahora están pensando en cómo sobrevivir en tiendas de campaña, sin que sus hijos puedan ir a la escuela, y algunas de ellas han tenido bebés nacidos en México, lo que las ha llevado a reconsiderar lo que van a hacer”, detalló Kuhner.

En tanto, Valeria Angola, de la colectiva Afrochingonas, coincide en que la situación en torno a la migración, que impacta en buena medida a las mujeres, es una de las más preocupantes cuando se habla respecto a si las agendas de la presidenta Sheinbaum incluyen a todas. 

“Es bastante incómodo hablar de esto, y es contradictorio, nos encontramos como en una tensión; por un lado, en efecto celebramos que una persona como Claudia, por ser mujer y por ser una mujer de izquierda esté en la presidencia; sin embargo, por otro lado, claro que no hemos llegado todas. Ocupar el poder, y un poder del Estado siendo jefa también de las fuerzas armadas, para quienes somos anticarcelarias, antipunitivistas, antimilitaristas, ocurre dentro de nosotras un sentimiento de contradicción”, apunta Angola. 

Llegar a ese lugar –continúa– no significa necesariamente una representación para todas porque hoy en día el hecho mismo de ocupar un lugar en el Estado es ser parte del mismo aparato que encarna todas esas contradicciones. No todas hemos llegado y no todas estamos representadas, sostiene: el hecho de que una mujer esté en la presidencia no se ha traducido, por ejemplo, en derechos para las mujeres que menos derechos tienen, como las migrantes.

Por otro lado, a nivel nacional se conoció el reconocimiento de la SCJN a las personas trans para el acceso a sanitarios, pero también las agresiones a Natalia Lane, víctima de un intento de transfeminicidio, por parte del colectivo No más presos inocentes. “Estamos viviendo un vaivén, un sube y baja en términos de noticias hacia el tema de las personas trans, y las protagonistas siguen siendo en particular las mujeres trans”, apunta.

Desde su perspectiva, el marco normativo no está alcanzando, y a nivel de política pública deberían impulsarse dos más: la Ley de Acceso a los derechos de la población LGBT en la Ciudad de México, con un área central y un consejo que coordine acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres trans, y a nivel federal la Ley Integral Trans, que no avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados.

El pretexto fue, recuerda, que no se podía legislar de manera específica sobre una población no incluida en la Constitución, para lo cual ya se presentaron nuevas iniciativas. “Esto nos parece muy importante porque ante esta ola antitrans, antiderechos, el hecho de que lleguemos a la Constitución, y que se nos nombre, podría y debería de abrir muchas puertas en automático porque, de aprobarse, se tendrían que modificar las constituciones estatales”, explica.

Integrantes de colectivas trans, anticolonialistas y antirracistas alertan como una agenda fundamental no solo en el marco del 8M, sino para pasada esta fecha, el contrarrestar los discursos de odio ante un contexto mundial de ascenso de las derechas.  

“Ante este contexto tan preocupante de ultraderecha en el mundo, necesitamos acciones antifascistas, antifundamentalistas, anti antiderechos. Es súper preocupante y tenemos que estar superpreparadas para la próxima temporada electoral para no dejar que ganen Verástegui y esta gente que se está perfilando para estos cargos políticos y que tiene alianzas con Milei, Trump, Musk y todos esos”, sostiene Valeria Angola, de la colectiva Afrochingonas.

“Tenemos que recordar que estos movimientos de mujeres son obreros, son trabajadores, son reivindicativos de la dignidad y la humanidad de las personas trabajadoras. Volver a eso es muy importante, y generar acciones de solidaridad, compañía, comunidad, de información frente a las desinformaciones también de medios de la derecha, hegemónicos, que les encanta esparcir pánicos morales”, advierte.

Rumbo a un 8M al que Afrochingonas ha decidido hace algunos años no asistir, Angola subraya que sería necesario recordar que los feminismos tienen que ser incluyentes de lo trans, que el TERFismo es otra forma de pertenecer a la derecha, como en el caso de colectivos que incluso han justificado la llegada de Trump al poder. Los movimientos de mujeres, añade, deben enarbolar prácticas antirracistas.

Lo anterior significa, desde su perspectiva, construir redes de solidaridad, así como conciencia de raza y de clase. En general, dice, lo más preocupante es que las políticas de derecha sigan teniendo espacio y ganando poder. La crítica de su colectivo al 8M es que es tan multitudinario y convoca a tanta gente precisamente porque hay muchas mujeres que han tomado el espacio de la marcha “como una pasarela de moda y de fotos para Instagram”.

Para ella hace falta trabajo de base, de solidaridad y de denuncia. Afrochingonas considera que hay otras fechas que las convocan y representan más sus ideales políticos. “El 8M lo sentimos todavía muy capturado por ciertas hegemonías de la blanquitud, entonces no nos sentimos cómodas, no es un día que nos convoque tanto, y preferimos usar nuestra energía para impulsar otras fechas que nos significan mucho más”, señala. 

Suárez remarca lo crítico de la situación, particularmente para los grupos trans, a partir de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, con la consiguiente agenda antiderechos que se extiende a otras regiones. Ella hace notar una preocupación colectiva por los discursos de odio hacia las personas trans, pues es un tema que permea de cara al 8M, pues estos discursos se intersectan con los de las TERF (feministas radicales transexcluyentes) en México.

Mientras que Altar colinda por el norte con Estados Unidos y por el este con Sáric, la frontera del lado oeste la comparte con Caborca, otro municipio azotado por la violencia en los últimos tiempos. 

Se trata de una región que ha requerido de operativos especiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública: entre el 17 de enero y el 4 de marzo arrestaron a 64 integrantes de células delictivas, se decomisaron 45 armas largas, 30 vehículos y más de 30 mil dosis de droga. 

También al norte del estado, según la propia SSP, se liberaron 38 ranchos y una mina que habían sido tomados por el crimen organizado, tanto para utilizarlos como bases operativas como para otras actividades, paralelas al trasiego de drogas, personas y demás. 

Tras esta situación, el titular de la dependencia aseguró que la situación ha mejorado en la región, de tal manera que se descarta instalar un Mando Único Policial en Caborca. 

Una medida que, de acuerdo con el documento que oficializó la medida, firmado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se instaló a finales de julio pasado en San Luis Río Colorado debido, entre otras cosas, a la ocurrencia de crímenes como los registrados en Sáric y Altar: el asesinato de agentes de seguridad (en el caso de San Luis Río Colorado, de policías municipales). 

Pero a pesar que las mujeres son mayoría, muy pocos pueblos originarios permiten que las mujeres formen parte de sus autoridades tradicionales, argumentando la tradición, los usos y costumbres.

Nohemi Moreno Hidalgo, es gobernadora de la comunidad Ge’e-pickñ de los Tohono O’odham (gente del desierto), un pueblo originario cuyo territorio se divide entre Sonora, México y Arizona en Estados Unidos, una etnia binacional que desde hace 40 años reconoce a las mujeres como líderes tribales.

“Las mujeres enfrentamos desafíos, de hecho si me presento en otras etnias como gobernadora, hasta cuestionan mi puesto, lo han cuestionado, se han atrevido a cuestionarlo, porque existe ese machismo de que el hombre solamente es el portador de un bastón de mando y una mujer no, aún existe machismo”, expuso.

Otro caso es el de María del Rosario Avilés Carlón, quien enfrentó cientos de años de tradición en la cultura Yoreme-Mayo y logró convertirse en la primera Gobernadora tradicional de El Jupare, municipio de Huatabampo, esta tribu habita entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, noroeste del país, pero ella enfrentó el machismo al interior de su pueblo.

“Los hombres sienten recelo de la mujer indígena, pero creo yo que la fuerza de voluntad nos la da nuestro padre Dios, es él quien nos hace seguir adelante, como mujeres indígenas y más que nada como gobierno tradicional, porque la herencia de papá la tengo que seguir al pie de la letra, tengo que ver por los pueblos indígenas, me encargó a un pueblo entero y tengo que darles lo que por derecho les corresponde”, aseguró la gobernadora indígena.

La mujer recordó que en el Plan de Justicia para el Pueblo Mayo, que están trabajando con Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, están impulsando un decreto para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconozca el derecho de las mujeres a ser propietaria de la tierra que trabaja.

“En los planes de justicia Mayo que ahorita estamos trabajando en conjunto con el INPI y nuestra presidenta estamos pidiendo la tierra, el agua y el desarrollo, tres cosas, pero primeramente es nuestro territorio Mayo, como mujer creo que también merecemos trabajar nuestra tierra y queremos que la Presidenta decrete la tierra para las mujeres indígenas”, agregó.

En México, el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de México y su toma de poder recordó que “por primera vez en la historia del país “llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas”.

Sheinbaum se refirió a todas las mujeres que lucharon para llegar a este momento histórico, heroínas de la patria, pero también heroínas anónimas que, desde casa, su familia y trinchera soñaron con alcanzar sus sueños “podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices”, dijo aquel día.