Las cifras de personas desaparecidas en Oaxaca muestran un marcado repunte entre 2021 y 2022, los dos últimos años del gobierno de Alejandro Murat, entonces priista y ahora morenista. Durante su administración, la desaparición de personas aumentó en al menos un 700 por ciento: en 2017, su primer año completo de gobierno, se reportaron 13 personas desaparecidas, mientras que en 2022, su último año en el cargo, la cifra se elevó a 104.
“Estamos en una realidad en la que ya no se puede hablar de Oaxaca fuera del mapa del crimen organizado […] Nos habíamos mantenido aislados hasta cierto punto de ese fenómeno, pero ya se nos acabó eso, ya no podemos hablar más de que somos ajenos a esa realidad: Oaxaca ya forma parte de esta geografía del horror por el crimen organizado. Ya no están aquí improvisadamente, ya no están aquí iniciando sus operaciones, ya están aquí instaladas”, señaló el activista de derechos humanos y desapariciones en Oaxaca, Joaquín Galván.
Las playas de la costa de Oaxaca, un reconocido destino turístico nacional y que se convirtió en un referente del turismo alternativo, ha sido escenario de actos violentos. De acuerdo con información documentada hemerograficamente, al menos 16 personas fueron desaparecidas en las zonas turísticas de Oaxaca en los últimos dos meses.
El hecho más relevante es el caso de al menos nueve estudiantes originarios de Tlaxcala que desaparecieron mientras se dirigían a las playas de Oaxaca. El caso cobró notoriedad cuando la madre de Jacqueline Aileth Meza Cázares, de 23 años, Andrea Cázares García, publicó un mensaje solicitando ayuda para localizar a su hija:
"Sé que esta página no es para esto, pero les pido de su ayuda. Mi hija se hospedó en un hotel en Zipolite cerca de la playa. Estaba de vacaciones con su novio, salieron a cenar y un grupo de hombres los levantó la noche de ayer. Hasta el momento no sabemos nada de ellos. Por favor, ayúdenme a compartir en las redes de Huatulco y Oaxaca. Busco a mi hija, su nombre es Jacqueline Aileth Meza Cázares, tiene 23 años. La esperan sus hijos, una niña de 5 años y un bebé de 3. Les suplico que compartan y me ayuden a encontrarla”, escribió la madre en una página de hospedajes y en redes sociales.
La denuncia se viralizó rápidamente, obteniendo apoyo de medios locales y usuarios de redes sociales. Poco después, las autoridades de Oaxaca recibieron reportes de otras desapariciones en la misma región costera. Angie Lizeth Pérez García, de 29 años, y Brenda Mariel Salas Moya, de 19, desaparecieron el 27 de febrero en Santa María Huatulco mientras viajaban en un automóvil con placas de Yucatán. La Fiscalía informó que Brenda fue localizada con vida en Puebla. Además, el 28 de febrero, se reportó la desaparición de Raúl Emmanuel González Lozano y Noemí Yamileth López Moratilla en Zipolite, San Pedro Pochutla.
Días después, el domingo 2 de marzo, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el hallazgo de al menos nueve cuerpos dentro de un vehículo en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca del puente Calapa, en el estado de Puebla. El hecho encendió rápidamente las alarmas sobre la posibilidad de que los cuerpos correspondieran a los jóvenes desaparecidos. Las fiscalías de Oaxaca y Puebla informaron que investigaban si los nueve cuerpos hallados en una camioneta abandonada estaban relacionados con las desapariciones de los jóvenes en la región costera de Oaxaca.
La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Oaxaca, Michelle Julián López, fue quien confirmó a los medios la localización sin vida de Jacqueline Aileth Meza Cázares, joven de 23 años originaria de Tlaxcala.
La joven fue hallada junto a otros cuerpos en la frontera entre Oaxaca y Puebla, según informó Milenio. La comisionada, de acuerdo con el medio, no proporcionó más detalles, ya que aseguró que la Fiscalía de Puebla sería la encargada de dar a conocer la información sobre las condiciones en las que fue localizada.
No obstante, estos casos solo representan una muestra de un fenómeno que ha estado ocurriendo durante meses y que se ha intensificado.
En enero, otro grupo de personas que viajaban hacia las playas de Oaxaca desaparecieron. Fue a través de redes sociales que los familiares de las víctimas informaron que al menos desde el 7 de enero, 14 jóvenes y adultos habían desaparecido en Oaxaca, tras organizar sus vacaciones para visitar el destino turístico de Puerto Escondido. Según los reportes, las 14 personas fueron vistas por última vez en la población de Río Grande. La Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca informó que había comenzado la recopilación de datos y la investigación, solicitando información a las autoridades.
La Fiscalía de Oaxaca confirmó la desaparición de seis personas, entre ellas al menos tres jóvenes cuyas edades oscilan entre los 17 y los 44 años. Estos son: Yair Morales Matías, de 19 años; Omar Edwin García Gutiérrez, de 30 años; Yurem de Jesús Barrios Martínez, de 17 años; Luis Alberto Contreras Zúñiga, de 44 años; y Julio Alberto Quiroz González, de 19 años.
“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió las denuncias de los distintos casos entre el 11 y el 13 de enero de 2025, cuando los familiares de las víctimas acudieron ante la institución, que activó inmediatamente los protocolos de actuación en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), perteneciente a la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad”, se lee en el comunicado emitido.
SinEmbargo buscó a la Comisionada de Búsqueda, pero al cierre de esta edición no respondió la petición de entrevista.
El activista Joaquín Galván, quien ha seguido de cerca la situación, explicó que que desde noviembre de 2024 las desapariciones han ido en aumento. "Me atrevo a decir que Oaxaca vive un estado de emergencia por el incremento de desapariciones forzadas, feminicidios y agresiones a defensores de derechos humanos", afirmó el activista en entrevista con SinEmbargo.
Y es que en el caso de los estudiantes de Tlaxacala desaparecidos podría estar involucrada la policía municipal.
El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer que realiza investigaciones para determinar el posible involucramiento de policías municipales en la desaparición de cuatro personas originarias de Tlaxcala. Gracias a labores de búsqueda, las autoridades pudieron localizar a una de las víctimas con vida, identificada como Brenda Mariel, en Puebla.
Lo que hace particularmente preocupante este fenómeno es que las desapariciones ya no son casos aislados, sino que ocurren en grupos de dos o más personas y bajo circunstancias similares. Las víctimas suelen ser jóvenes de entre 18 y 27 años, muchas veces turistas o personas provenientes de otros estados.
“Lo que está pasando actualmente desde, yo veo este auge (de desapariciones) desde noviembre del 2024 y se agudiza en este enero, febrero, marzo con distintos reportes de desaparición. ¿Cuál es la peculiaridad? que ya estas desapariciones se dan de una forma sistematizada. Ya no es una desaparición concreta, es una serie de desapariciones de dos o más personas y sobre todo de ciertos patrones. Quizá en algún momento dado se hablaba de la desaparición en Oaxaca, pero no tenía esta connotación, estas características concretas de ser sistematizadas, de ser estas desapariciones que siguen patrones concretos tanto en las víctimas como en los móviles y eso para mí, es como un signo claro de que en Oaxaca ya no estamos con un crimen organizado improvisado", agregó.
El 7 de noviembre de 2024, integrantes de caravana de migrantes “Divino Niño” reportaron que la desaparición de al menos 14 migrantes que en su paso por los municipios de Santiago Niltepec a Santo Domingo Ingenio. Aunque las autoridades no confirmaron la desaparición que fue denuncia, posteriormente, el 21 de noviembre la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el rescate de 174 personas migrantes. de las cuales, “algunas de ellas se encontraban privadas de su libertad”.
Incremento de desaparecidos en Oaxaca, en números
Las cifras de personas desaparecidas en Oaxaca muestran un marcado repunte entre 2021 y 2022, los dos últimos años del gobierno de Alejandro Murat, entonces priista y ahora morenista. Durante su administración, la desaparición de personas aumentó en al menos un 700 por ciento: en 2017, su primer año completo de gobierno, se reportaron 13 personas desaparecidas, mientras que en 2022, su último año en el cargo, la cifra se elevó a 104.
Con la llegada de Salomón Jara al gobierno, los reportes de personas desaparecidas mostraron una ligera contención. En 2023 se registraron al menos 96 casos, y en 2024 la cifra descendió a 56. En lo que va de 2025, al corte del 10 de marzo, se han reportado 29 desapariciones, de las cuales 21 corresponden a hombres y ocho a mujeres.
Desde que se tiene registro y hasta el 10 de marzo de 2025, en Oaxaca han desaparecido al menos 746 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Los municipios con mayor número de casos son Oaxaca de Juárez, con 169 desapariciones, y San Juan Bautista Tuxtepec, con 42. En tanto, San Pedro Mixtepec y Santa María Huatulco, donde se encuentran Puerto Escondido y Huatulco, registran nueve y cuatro desapariciones, respectivamente. Sin embargo, el registro oficial clasifica a 126 personas desaparecidas como “se desconoce” o sin municipio de referencia.
El activista Joaquín Galván consideró que el incremento de las desapariciones en Oaxaca responde a una estrategia del crimen organizado, que ha dejado de ser una presencia latente para convertirse en una estructura plenamente instalada en el estado y que, aunque el gobierno ha intentado minimizar la situación, consideró que las desapariciones no pueden explicarse sin la colusión de autoridades locales. "En algunos casos hay pruebas de que la policía municipal estuvo involucrada directamente", denuncia.
Y es que la postura gubernamental frente a esta crisis ha sido ambigua, de acuerco con el activista. Durante el gobierno de Alejandro Murat se sostuvo que en Oaxaca no había crimen organizado. “No hay presencia de grupos de la delincuencia organizada nacional”, señaló Murat en una conferencia de prensa en 2019, luego de una racha de homicidios dolosos y ejecuciones, que incluían una persona decapitada en Oaxaca.
Con la actual administración de Salomón Jara, explicó Joaquín Galván, la narrativa ha cambiado ligeramente, reconociendo la existencia de "células delictivas", pero sin nombrarlas como parte de un crimen organizado estructurado.
“No se explican esas desapariciones sin crimen organizado, sin colusión con funcionarios, sobre todo funcionarios locales de los lugares de donde las personas fueron desaparecidas””, dijo.
No obstante, Galván indicó que Oaxaca se encuentra rodeado por organizaciones criminales provenientes y que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya operan de manera abierta en la región. "Primero operaban de manera discreta, pero ahora ya tienen estructuras propias y su presencia es innegable", advirtió.
El crecimiento del turismo internacional y el comercio en la zona ha hecho que se vuelva más rentable para el crimen organizado, que se ha expandido en la región, consideró el activista.
“Toda esta zona está haciendo mucho más rentable para el crimen organizado operar abiertamente desde ahí que en la zona de Valles. Creo que tiene que ver con el nivel comercial que hay en la zona; ya ni siquiera es de turismo nacional, ya es turismo internacional. Y entonces creo que eso ha focalizado la atención y la estructura operativa del crimen organizado en la zona, y creo que eso también pone a los mismos grupos del crimen organizado en una guerra o confrontación dentro de la zona”, dijo.
Otro de los reproches que también se lanza al gobierno de Jara, es que uno de los mecanismos que el gobierno ha empleado para minimizar el impacto de la crisis es la criminalización de las víctimas:
“Cada vez que ocurre una desaparición, la narrativa oficial apunta a que las víctimas estaban 'metidas en algo'. Esto no solo es antiético, sino que también está prohibido por la ley", enfatiza Galván.
A esto se suma la inoperancia de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, que carecen de recursos y voluntad política para abordar el problema de manera efectiva.
"Las familias de los desaparecidos reciben como respuesta que no hay presupuesto para realizar búsquedas, mientras la fiscalía sigue tratando cada caso como un evento aislado, en lugar de analizar el fenómeno como un patrón sistemático", denunció el activista.
El activista reiteró que la violencia y las desapariciones en Oaxaca ya no pueden considerarse una excepción dentro del contexto nacional, y que la presencia del crimen organizado, su infiltración en estructuras gubernamentales y la impunidad con la que operan han colocado al estado en lo que Galván llama "la geografía del horror".
“La desaparición forzada está aquí y es una negación del gobierno oaxaqueño y mientras esta negación siga o continúe, no puedes combatir lo que no se nombra, finalmente esa es la realidad y creo que es importante empezar a nombrar que ya la desaparición forzada se está volviendo un lenguaje de terror en Oaxaca”, destacó.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
.jpg)
