Al menos durante dos sexenios, sin contar el gobierno entrante del gobernador Pablo Lemus, los cárteles de la droga han operado centros de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio en la región Valles, cuna del tequila.
Así lo han denunciado activistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición que han documentado esta crisis de seguridad.
De acuerdo con las investigaciones de quienes se han convertido por la fuerza de la tragedia en especialistas en la búsqueda de restos humanos, en la región Valles se encuentra el predio de Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el 5 de marzo último partes humanas y objetos personales como 200 pares de zapatos y 400 prendas de vestir de hombre y de mujer que presuntamente pertenecieron a víctimas de desaparición.
La región Valles está conformada por 12 municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán. Es una zona con importante actividad agropecuaria y turística, ya que se considera que es donde nació el tequila como bebida y donde se ubica la zona arqueológica de Los Guachimontones. La primera ocasión en que quedó al descubierto en esta región la operación de lugares de extermino del narco fue en abril de 2017, en el predio Sierra Alta, comunidad de Las Navajas del municipio de Tala, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval (asesinado en diciembre de 2020); en ese entonces Eduardo Almaguer Ramírez era el fiscal estatal.
La operación de este sitio clandestino se descubrió por un joven que logró huir. En el sitio encontraron restos humanos calcinados, armas, equipo táctico y de comunicación, además de vehículos.
Después de eso la Fiscalía de Jalisco realizó varios operativos en el municipio de Tala durante julio de 2017 y encontró indicios de los campamentos de entrenamiento, en uno de los cuales detuvo a 15 hombres; tres de ellos tenían reporte de desaparición y demostraron que estaban en el lugar contra su voluntad, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación 1611/2017.
Las autoridades estatales refirieron que en estos sitios llegó a haber hasta 40 personas secuestradas que eran vigiladas por un grupo de entre 50 y 60 sicarios.
Las víctimas fueron reclutadas con falsas promesas de trabajo para fungir como encuestadores, escoltas o elementos de seguridad. Los retenidos eran egresados de centros de rehabilitación de adicciones, albañiles, cargadores, lavacoches, migrantes, exmilitares y expolicías. Quienes se negaban a trabajar en la organización criminal eran amenazados de muerte, al igual que sus familias.
De acuerdo con la información obtenida en las investigaciones, el entrenamiento duraba al menos 10 días y consistía en enseñarles estrategias de defensa y combate y manejo de armas; además los obligaban a construir con madera, ramas y plásticos el sitio donde pernoctaban.
La segunda vez que quedó registro oficial de este modelo de operación criminal fue el 19 de septiembre de 2024, durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) detectaron un campamento de grupos del crimen organizado, ubicado en La Estanzuela, poblado que pertenece al municipio de Teuchitlán, a 12 kilómetros de Tala.
Allí detuvieron a 10 personas, liberaron a dos hombres secuestrados y se localizó el cuerpo de una persona sin vida.
En ese entonces la Fiscalía estatal fue encabezada por Luis Joaquín Méndez Ruiz. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) estaba a cargo de Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente se mantiene en el cargo, aunque la dependencia cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.
Las atribuciones y responsabilidades de Trujillo Cuevas se mantienen sin modificaciones, pero este ajuste se realizó como parte de la reforma a la estructura del gobierno estatal, promovida por el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, antes de su llegada al cargo.
En La Estanzuela hubo varios detenidos: David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Óscar J y Erick D, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FEPD. También se aseguraron varios vehículos, cuatro armas largas, dos armas cortas, chalecos balísticos, cinco cargadores para arma corta, 16 para arma larga, objetos metálicos en forma de estrella y drogas.
Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hicieron un trabajo asegurando indicios y el cuerpo encontrado fue llevado a sus instalaciones para ser identificado y analizado. Sin embargo, después del hallazgo el gobierno de Alfaro guardó silencio sobre los resultados de la investigación.
El 20 de septiembre de 2024 el secretario general del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Héctor Flores González, declaró que existe total impunidad ante los campamentos de reclutamiento forzado que presuntamente operan en Jalisco bajo la supervisión del crimen organizado.
Afirmó que tanto el gobierno estatal como el federal han sido conscientes de la existencia de estos centros de exterminio durante varios años, sin haber tomado medidas efectivas para desmantelarlos.
“Es una vergüenza, nos dicen que ya tienen líneas de investigación, (pero) el gobierno tiene conocimiento de estos campamentos y me imagino que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales tienen conocimiento de estos campamentos desde hace mucho tiempo, nada más que viven en la impunidad, viven en la total corrupción; las mochadas a los altos mandos, tanto policiacos como a políticos del estado que perpetúan este tipo de campamentos”, dijo.
En particular, mencionó la zona de Tecalitlán, donde, pese a que la Fiscalía realizó un análisis de contexto hace dos o tres años, no se realizó ninguna acción concreta, hasta la reciente filtración de un audio donde se escucha a las autoridades alertar sobre el peligro que representan estos lugares para los turistas.
Flores recordó el hallazgo del campamento en Tala en 2017, pero denunció que esta problemática persiste, extendiéndose incluso hacia los Altos de Jalisco y en la zona de Los Camachos, en Zapopan.
Héctor Flores es padre de Héctor Daniel Flores Fernández, un joven desaparecido el 18 de mayo de 2021. Desde ese entonces denunció e insistió en repetidas ocasiones que su hijo pudo haber sido víctima de este reclutamiento forzado del narco. También criticó duramente lo que llama una “simulación” por parte de los gobiernos.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en voz de su titular Anna Karolina Chimiak, refirió que acabar con la impunidad es uno de los puntos urgentes a atender ante las desapariciones en Jalisco. Esta organización civil ha dado seguimiento al tema en los años recientes.
Jalisco, desde 2019, se mantiene en el primer lugar en cuanto al número de desaparecidos a escala nacional; seis de cada 10 casos se registraron en el sexenio (del exgobernador Enrique Alfaro). En promedio, cinco personas desaparecen todos los días en el estado. En cada uno de los 125 municipios de la entidad ha habido por lo menos un reporte, lo que demuestra el caracter generalizado del problema en el territorio de todo el estado.
La continuación del terror e incongruencias
El tercer registro sobre la operación de un campo de reclutamiento le tocó ya al gobierno de Pablo Lemus, el 29 de enero de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que en Teuchitlán aseguraron “un campamento de adiestramiento vinculado a un grupo delictivo”.
Esa vez las fuerzas federales detuvieron a 38 personas, 36 hombres y dos mujeres, además aseguraron 18 cargadores, mil 818 cartuchos, cuatro equipos de radiocomunicación, equipo táctico como chalecos y precursores químicos. Se supo después que el campamento se ubicaba en La Vega de Teuchitlán, población ubicada a 10 kilómetros de la comunidad de La Estanzuela, también de Teuchitlán.
Las personas detenidas en La Vega fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, pero antes de llegar con el juez trascendió que la mayoría estaba privada ilegalmente de su libertad; tres estaban reportados como desaparecidos, pero no tenían denuncia formal.
A fin de cuentas, el juez determinó que la mayoría sí estaba retenida de manera forzada, por lo que 36 personas fueron liberadas y dos fueron vinculadas a proceso.
El domingo 9 de marzo último el gobernador Lemus actualizó la cifra sobre que en la propiedad de La Vega fueron 60 los “jóvenes liberados”.
Finalmente, el 5 de marzo pasado integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco evidenciarían un nuevo episodio de las actividades de adiestramiento del crimen organizado en esta región, pero también el trabajo inconcluso de las autoridades en el mismo rancho Izaguirre de La Estanzuela, en Teuchitlán, donde las actividades en realidad nunca pararon: cinco meses después del primer hallazgo los activistas localizaron un gran número de restos humanos, tres hornos crematorios clandestinos, un altar dedicado a la Santa Muerte, una gorra con las siglas CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación).
Además de la ropa y de los zapatos, encontraron billeteras y maletas que al parecer pertenecían a víctimas de privación de la libertad y de desaparición, en su mayoría jóvenes engañados con falsas promesas de trabajo.
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