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Encuentran cráneos humanos y sangre en casa de ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco

La Fiscalía Anticorrupción Morelos llevó a cabo un cateo, la noche del 12 de marzo de 2025, en un domicilio particular de la calle Nueva Rusia, en la colonia Recursos Hidráulicos, de Cuernavaca, como parte de las acciones de búsqueda y captura de Dionicio Álvarez Anonales, ex director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (FILATEQ) -durante el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador morelense, desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024-, así como ex tesorero del Ayuntamiento de Cuautla.

Sin embargo, según lo reportó el diario local La Jornada Morelos, aunque la Fiscalía Anticorrupción estatal no consiguió la captura del citado sujeto, sí encontró cráneos humanos en el predio, y otros elementos que podrían constituir nuevos delitos, por lo que en el caso ya participaban las fiscalías General del Estado (FGE) y la Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

El vicefiscal Anticorrupción, Édgar Núñez Urquiza, encabezó al cateo y desde el lugar de los hechos explicó a La Jornada Morelos que la orden de aprehensión se liberó por el presunto gasto de 19 millones de pesos en un concierto que no se verificó, una de las denuncias que presentó el Gobierno estatal -encabezado por Margarita González Saravia, desde el 1 de octubre de 2024-, en contra del prófugo de la justicia.

“Al ingresar al mismo lugar encontramos un escolta armado el cual se resistió a la realización de la diligencia de cateo, trató de desenfundar el arma y amenazar a los elementos de la policía, sin embargo, se logró su detención por no brindar información y estar portando un arma de fuego que no justificaba su oficial portación respectivo, entonces él mismo fue puesto a disposición en estos momentos”, dijo Núñez Urquiza al rotativo.

Álvarez Anonales asumió la dirección del FILATEQ, en agosto de 2022, cuyos recursos recaudados se deberían haber destinado a la mejora de la infraestructura y al aumento de la derrama económica que el turismo significaba para Tequesquitengo y la zona sur de Morelos.

Sin embargo, muy poco tiempo después empezó una estrategia de venta de predios, presuntamente irregular, que fue promovida entre funcionarios públicos y alcaldes de Morelos. En abril del 2023, por ejemplo, Álvarez Anonales se reunió con varios de los entonces alcaldes, en el Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal de Morelos (IDEFOMM), donde promovió la venta de terrenos en la zona del lago de Tequesquitengo

“Participamos en la décimo quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, donde aprovechamos para presentar y dar a conocer a los 36 presidentes municipales integrantes de la Junta de Gobierno el acuerdo tomado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo”, dijo entonces, el ex director del FILATEQ, a medios de comunicación locales.

En noviembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción morelense informó de la recepción de por lo menos cinco denuncias presentadas por la venta irregular de terrenos en el lago de Tequesquitengo. Los ejidatarios no recibieron los recursos que les correspondían por la venta de los predios, que, además, fueron ofrecidos a un precio menor de lo establecido, a cambio de una cantidad que se entregaba a otros funcionarios.

Sin embargo, las denuncias de corrupción no fueron suficientes para evitar que el 2 de enero de 2025, Álvarez Anonales fuera nombrado por el Cabildo de Cuautla, como tesorero municipal en la Administración de Jesús Corona Damián.

No obstante, el 13 de enero del mismo año, el Gobierno de Morelos presentó un primer paquete de denuncias, por irregularidades detectadas en el proceso de entrega recepción de la administración pública, en la que se incluían las que sancionarían conductas cometidas por quienes administraron el FILATEQ.

La Fiscalía Anticorrupción morelense integró la carpeta de investigación sobre la gestión de Álvarez Anonales y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra del ex funcionario público, a quien no pudo localizar para que se ejecutara el mandato judicial, por lo que emitió una ficha de búsqueda y recompensa.

Desde la emisión de la orden de aprehensión, Álvarez Anonales dejó la Tesorería de Cuautla. Al conocerse la ficha de búsqueda, el 12 de marzo de 2024, el alcalde Corona Damián, emitió un comunicado en que enfatizó que “es fundamental reiterar que ningún servidor público está por encima de la ley, es necesario reafirmar que en la administración pública todo debe asumirse con seriedad y responsabilidad”.

“El extesorero, Maestro Dionicio Álvarez, deberá responder ante las instancias correspondientes, el H. Ayuntamiento de Cuautla se deslinda completamente de su actuar, pues cada quien debe asumir las consecuencias de sus acciones […] Si hubo errores del pasado, que hoy la ley lo demande y que quienes deban responder, lo hagan conforme a derecho. La justicia debe prevalecer siempre, sin distinción ni privilegios”, indicó el presidente municipal.

El 19 de febrero de 2025 se supo que Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, respectivamente, fueron exhibidos en un video, reunidos con un sujeto que portaba un arma larga y un chaleco antibalas, señalado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa (CDS), en Morelos.

Aunque no se ha precisó la fecha en que se registró la reunión, en el video se observó cómo los presidentes municipales -militantes del Partido Acción Nacional (PAN)-, convivieron con el sujeto armado, en una misma mesa ubicada en un patio, mientras otros hombres, que también portaban armas largas, vigilan la reunión.

En una esquina del video, se ve a “El Barbas”, mientras que a su lado apareció Corona Damián, quien a su vez hablaba con el funcionario municipal Samuel Márquez, apodado ‘El Mayor’, y con el líder de comerciantes del municipio, Jorge Reyes.

De espaldas a la toma, estaría el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, quien el 19 de febrero de 2025 conmemoró en su municipio el aniversario del Ejército mexicano. Ambos políticos fueron elegidos como alcaldes, el 2 de junio de 2024, a través de la coalición integrada por los partidos PAN, Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

En marzo de 2025, cuando aún era candidato, Corona Damián -quien ya fue relacionado con grupos criminales en archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), por los hacktivistas de Guacamayas Leaks- sufrió un atentado con armas de fuego.

El titular de la Secretaría de Gobierno estatal, Juan Salgado Brito, exigió una investigación en contra de ambos alcaldes panistas. Por su parte, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), informó que sería la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, la instancia que iniciaría las indagatorias respecto a la presunta reunión.

“Considero que son sancionados por la opinión pública, pero también son casos que merecen ser investigados, la gente requiere estar informada, verdad, y considero que se deben de investigar”, expresó Salgado Brito.

“No tengo mayores elementos, más que los que ustedes tienen, lo que vieron, Cada quien es responsable de sus actos, en esos actos los alcaldes deberán responder, lo mismo ante la ciudadanía, que la justicia”, enfatizó el titular de la Secretaría de Gobierno estatal.

“Estos probables hechos delictivos de competencia federal, se llevará a cabo una investigación por la FGR, delegación Morelos […] es un hecho notorio que se tendrá que investigar por la autoridad de competencia federal”, comentó Maldonado Ceballos.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEEDO.

Renuncian 23 aspirantes a la elección judicial en Tamaulipas

Hasta ahora 13 aspirantes renunciaron a su postulación como jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, diez más lo hicieron en lo local, confirmó el presidente de la Junta Local del INE.

En Tamaulipas un total de 23 aspirantes a la elección judicial han declinado a formar parte del Poder Judicial Federal y Estatal y el Instituto Nacional Electoral espera nuevas declinaciones, considerando que algunos juristas están presentando sus renuncias en Nuevo León.

Hasta ahora 13 abogados en Tamaulipas renunciaron a su candidatura para ocupar cargos en el Poder Judicial Federal (PJF), según informó el Instituto Nacional Electoral (INE) y la cifra podría aumentar, ya que algunos aspirantes presentaron su declinación en otras juntas locales.

Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local del INE, explicó que el proceso de validación concluye este jueves a la medianoche, cuando se tendrá la cifra final.

“Hemos estado con guardias hasta la medianoche, incluidos fines de semana, para atender estas solicitudes”, señaló Ruiz Castellot.

El funcionario detalló que los listados preliminares se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta del INE y en estrados para que los candidatos verificarán sus datos.

“Estamos consolidando la información, ahorita incluso se publicaron los listados preliminares, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación en lo que es la Gaceta Oficial del INE y también en los estados y los candidatos debe de verificar si están correctos sus datos de especialidad y si no comentar al respecto”, señaló.

¿Cuáles son las razones por las que los aspirantes a la elección judicial en Tamaulipas renunciaron?

Ruiz Castellot explicó que algunos abogados estaban registrados en elecciones federales y estatales, eligiendo la opción más conveniente para ellos.

“La mayoría de las renuncias son por razones personales. Hasta ahora, ningún candidato ha mencionado temas de seguridad como motivo, no ha habido ninguna manifestación en este sentido”, concluyó.

Anteriormente, el Instituto Estatal Electoral (Ietam), dio a conocer que se registraron 10 renuncias a las candidaturas por el Poder Judicial Estatal.

Aunque han presentado “motivos personales” como la razón para declinar en la elección federal, lo cierto es que, en la mayoría de los casos abandonaron la elección local por irse a la federal.

“Hay también el detalle de que los candidatos y candidatas están repartidos por todos lados, entonces, de pronto hemos recibido solicitudes de apoyo para atender a candidatas o candidatos de otros estados, de Coahuila, de Veracruz, y también es el caso de nosotros”, puntualizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ELEFANTE BLANCO.
AUTOR: 

En este México del horror, faltan palabras, sobran festejos

A México le sobran festejos y le faltan palabras para describir el horror de lo que se vive cotidianamente en los estados de la República. Las siniestras imágenes de lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el rancho Izaguirre son, acaso, mejor descritas con el silencio de la perplejidad que provoca ver tal deshumanización.

Tres días después del redescubierto del rancho del exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho llamado Izaguirre y ubicado en Teuchitlán, Jalisco, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo su festejo en el Zócalo de la Ciudad de México. Un festejo prematuro ante el manejo de la política comercial de los Estados Unidos, que bien pudo cancelar o posponer, pero que, en medio del horror que se vive en el país, decidió protagonizar, junto a “350 mil asistentes” según las mismas autoridades organizadoras.

A México le sobran festejos y le faltan palabras para describir el horror de lo que se vive cotidianamente en los estados de la República. Las siniestras imágenes de lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el rancho Izaguirre son, acaso, mejor descritas con el silencio de la perplejidad que provoca ver tal deshumanización. Los cientos de objetos, 493 de acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, entre zapatos, ropa, mochilas, accesorios, y, según el mismo colectivo, fueron localizados seis lotes de retos óseos en cinco zonas del predio. Había crematorios clandestinos, áreas de tortura, de internación forzada, de capacitación criminal, y de acuerdo a personas que estuvieron cautivas en el rancho del terror, por ahí pasaron miles de personas en más de diez años de funcionamiento del que ha sido considerado como un “campo de exterminio” del narcotráfico, particularmente del CJNG.

En octubre de 2024, el final del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, fue marcado por más de 200 mil personas ejecutadas en su término. Esos números son los oficiales, los extraoficiales deben ser más altos aún, considerando las vidas acabadas en ranchos como el de Izaguirre, o los miles de desaparecidos en toda la República Mexicana.

El terror, el espanto, el horror, la atrocidad, la brutalidad, la infamia, la barbarie, la monstruosidad, el genocidio criminal, el holocausto del narco, ¿cómo definimos lo que está sucediendo en el país? ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Cómo lo comprendemos? Cientos de miles de personas asesinadas, cercenadas, masacradas, enterradas, tiradas, balaceadas, colgadas, amontonadas; multihomicidios por todos los rincones del país que controla el narco y los considera sus plazas criminales.

El nivel de inseguridad en México es de una violencia para la cual nos faltan palabras para describirla, un crimen oculta otro, un descubrimiento hace olvidar el anterior, la desaparición de nueve turistas en Oaxaca, el asesinato de un líder pescador y de universitarios en Baja California, otros campos de exterminio en Tamaulipas, en Michoacán, que van dejando atrás y empequeñecida aquella historia que nos aterró sobre el pozolero del cártel de los Arellano y el de Sinaloa en Baja California que deshacía cuerpos en ácido. Los crematorios clandestinos que erigen los grupos criminales como en Jalisco para deshacerse de los cuerpos de aquellos que mataron por venganza, por una deuda, por capricho, porque no tuvieron la vileza para servir al cartel, porque en México, y ante este nivel de impunidad, se mata porque se puede y porque lo más probable es que los asesinos no terminen en prisión.

Y en esas condiciones de inseguridad, de violencia, de llanto y desesperación por parte de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, de los padres que reconocieron un objeto entre los 493 localizados en el Rancho Izaguirre, y eso les da la pista sobre el final de su ser querido, la Presidenta realizó un festejo en el Zócalo.

El actual Gobierno de la República no tiene nada que festejar. Es la presa de una trama amenazante por parte del Presidente de los Estados Unidos ante la constante advertencia de incrementar los aranceles a los productos de exportación si no se cumple con sus caprichos en tierras ajenas. Van dos prórrogas que instaura sobre la aplicación del incremento del 25 por ciento en los aranceles a productos mexicanos, y con sólo eso, con haber trasladado la decisión del 4 de marzo para el día 2 de abril, la Presidenta salió a festejar lo que en todo caso es una pírrica victoria.

Cart Wiland, representante de los Estados Unidos en la convención de Viena, fue de los pocos funcionarios norteamericanos en criticar la actitud festiva de la Presidenta de un país donde corren ríos de sangre y cuya tierra oculta ya una cifra incalculable de restos óseos.

“Ayer hubo una gran fiesta en el Zócalo. Mucha música, mucha fiesta. Quizás todos celebraban el fin de 'abrazos, no balazos'. Pero parece demasiado pronto para festejar cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados a tiros en lugares como Guanajuato”, dijo el funcionario extranjero, con lo que se “hizo acreedor” a una nota diplomática por parte de la mandataria mexicana, en su estrategia para acallar una realidad palpable de muerte.

En su concentración en el Zócalo, a la que “cientos de miles” de personas llegaron en autobuses de casi todos los estados de la República, con transportación, hospedaje y viáticos pagados, así como un incentivo adicional monetario, lo que más destacó no fue el mensaje de jolgorio de la Presidenta, sino el desaire que los líderes de Morena, del partido, de las cámaras y de los partidos aliados, le hicieron al darle la espalda cuando ella, en un afán triunfalista, caminó sola hacia el templete mientras ellos se tomaban una selfie y evidenciaban el poder de los grupos que no están con la Presidenta, sino con sus propios intereses políticos.

De los muertos no se dijo nada, de los campos de exterminio tampoco, mucho menos de los desaparecidos ni de las zonas tomadas por el narcotráfico en Sinaloa, en Baja California, en Oaxaca y Michoacán, en Guanajuato, Chiapas y Guerrero, en los estados del norte o en el pacífico, o en el centro o en el sur. Una de las demandas del Presidente de los Estados Unidos es la contención del tráfico de drogas de México hacia la Unión Americana, y en ello va un combate a los cárteles, la disminución de los homicidios dolosos, la reducción de las rutas del trasiego de la droga, el combate al lavado de dinero, pero de eso, nada se abordó en el festejo de la Presidenta de un país sumido en la barbarie del crimen y una sociedad en proceso de normalizar ya no la violencia, sino el terror de los cárteles.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Sheinbaum pide investigar más sobre el caso Teuchitlán; FGE resguardaba rancho, dice

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum abordó nuevamente el tema del presunto campo de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco; señaló que es importante recabar más información para poder avanzar en el caso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló este jueves de la investigación que se realiza en Teuchitlán, Jalisco, sobre el presunto campo de exterminio que fue hallado en un rancho. Para ella, es importante recabar más información al respecto para poder avanzar en el caso, incluido el qué pasó durante el tiempo que el sitio estuvo bajo resguardo de la Fiscalía estatal.

Al ser cuestionada sobre el caso en su conferencia matutina de hoy, la mandataria federal indicó que fue informada sobre un operativo que se llevó a cabo en el lugar en septiembre de 2024, tras lo cual el predio quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del estado (FGE) de Jalisco, por lo que, mencionó, habría que investigarse qué ocurrió durante ese periodo.
"Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía estatal en el resguardo", comentó Sheinbaum, y añadió que también debe investigarse con detalle lo que hay en el predio, pues hasta el momento sólo se cuenta con datos provisionales.
"Lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el Gobierno estatal, pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones", dijo.


La Presidenta resaltó que la importancia de tales investigaciones radica en que, a partir de la información recabada, las fiscalías pueden averiguar detalles sobre lo ocurrido en el lugar, y dar a conocer todo lo que llegue a indagarse a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

Asimismo, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los señalamientos que se han hecho al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por su actuación en el tema de las desapariciones, y una posible complicidad en el caso Teuchitlán y otros previos. Al respecto, comentó que deben deslindarse responsabilidades y no politizarse el tema.
"Tienen que deslindarse responsabilidades, por supuesto, pero lo primero, en el caso de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro", mencionó la Presidenta, y subrayó nuevamente la importancia de que "se hagan los peritajes, sean de la Fiscalía estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General" para saber si hay responsabilidad por parte de alguna autoridad o de grupos delincuenciales.
"Este no es un asunto político. Es un asunto que tiene que ver, primero que nada, con la investigación, y ya después con el deslinde de responsabilidades", afirmó la mandataria mexicana.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Firmeza-sangre fría": Ebrard detalla estrategia para tener la mejor posición ante EU

El Secretario Ebrard acudió hoy a Palacio Nacional para detallar cuál es la estrategia que está utilizando México con la finalidad de llegar a un buen acuerdo con Estados Unidos en materia arancelaria, el cual evite que se vean perjudicadas sus históricas relaciones comerciales.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró la mañana de este jueves que la estrategia "firmeza y sangre fría" que instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la mejor para negociar frente a las latentes amenazas arancelarias del Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump.
"Desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, esta estrategia de ‘firmeza-sangre fría’ es la mejor estrategia posible y está dando resultados. Entonces vamos a continuar con esa línea de trabajo", dijo durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum Pardo, espacio que aprovechó para explicar cómo van las conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre la imposición de aranceles a México.
Ebrard Casaubón destacó que sin la intervención de Sheinbaum con el Presidente de Estados Unidos, "hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25 por ciento" de impuestos, por lo que consideró que "a nuestro país le ha ido mejor que a otros países o le va a ir mejor que a otros países" en medio de la guerra comercial global que ha desatado Trump.

Desde Palacio Nacional, recordó que Estados Unidos impuso ayer un gravamen general global de 25 por ciento al acero y aluminio, una decisión que le "parece una mala idea porque la integración entre México y Estados Unidos es muy alta". "Es decir, somos las dos economías más integradas. Entonces, al poner una tarifa, evidentemente esto va a afectar a muchas industrias. Esta es una medida que tomó el Gobierno de Estados Unidos de carácter global, a todos los países del mundo", aclaró.


Por ello, la Presidenta de México le pidió a Ebrard que iniciara el día de mañana una serie de consultas con las industrias del acero y aluminio, así como con la automotriz y todas las que están vinculadas con el uso de estos materiales, a fin de revisar qué pueden hacer para que el Gobierno del país vecino acceda a analizar el impacto negativo que tendrían los aranceles.
"Vamos a hacer consultas para que más adelante podamos, en función de lo que anuncie el Gobierno de Estados Unidos y de lo que lleguemos a lograr en torno al 2 de abril, tomar otras medidas para defender nuestras empresas, y defender o tratar de lograr que sean revisadas esas tarifas sobre acero y aluminio", anunció.
Además, el Secretario de Economía afirmó que "hay muchas medidas que se pueden tomar", pero que "no las vamos a tomar intempestivamente". "Alguien me preguntaba cuál va a ser la posición de México si se relaciona o se compara con otros países, bueno, nosotros tenemos una situación económica distinta, pero yo diría que hay una similitud", declaró.
"Si ustedes se fijan en las medidas anunciadas por los países, sobre todo por la Unión Europea, van a entrar en vigor en abril. Un paquete el primero de abril y otro el 13 de abril. ¿Por qué en abril? Porque todo el mundo está esperando qué se va a presentar el 2 de abril, a qué se va a llegar. Ya sabemos que vamos a algo diferente, pero nadie conoce los detalles", señaló.
En su recapitulación, el funcionario federal reiteró que se realizarán las consultas correspondientes con los sectores implicados y que se prepararán para usar todo el instrumental que tienen en función de lo que le convenga a México. "¿Qué me ha dicho la Presidenta? Tenemos muchas pláticas con Estados Unidos. Acabo de regresar de Washington. Hoy está viajando el Subsecretario a Houston para ver a otros funcionarios de Estados Unidos", adelantó.
"¿Qué nos ha pedido [Claudia Sheinbaum]? Tenemos que, desde luego, lograr que en lo que se presente a partir del 2 de abril, México esté en mejor condición que cualquier otro país. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque estamos muy integrados a Estados Unidos. Tenemos una cierta excepcionalidad", precisó frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
"Tenemos que lograr la mejor condición posible. ¿Con qué objeto? Proteger los empleos, proteger las empresas y los empleos. Entonces esa es la instrucción que tenemos. No vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril", insistió el encargado de la Secretaría de Economía de México.
"¿Vamos a tener pláticas? Sí, estas semanas, muy intensas, planteando los puntos de vista de México sobre la base de lo que les acabo de decir. La integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con el que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos", subrayó.


"Entonces actuaremos con sangre fría, es la instrucción, firmeza, y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. Son las instrucciones que tengo. No les puedo dar detalles de la negociación porque sería una imprudencia, porque no ha concluido", argumentó el Secretario Ebrard en su mensaje.
"Alguien me decía: ‘¿Están en conversaciones?’. Diario estamos en conversaciones. ¿Cuántas reuniones han habido? Muchísimas y van a haber más, y no vamos a cejar hasta que logremos lo que nos ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum", concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian que Godoy contrató como MP a 11 personas sin experiencia ni estudios; fiscalía cierra investigación

A través de “dispensas”, la entonces fiscal Ernestina Godoy contrató como Ministerios Públicos a personal sin experiencia ni estudios concluidos, de acuerdo con una denuncia. Sin embargo, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación.

Once personas sin experiencia ni estudios en la materia fueron contratados por la exfiscal Ernestina Godoy Ramos como Ministerios Públicos (MPs), para trabajar en áreas tan sensibles de la Fiscalía capitalina como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la denuncia de un ciudadano francés.

Los 11 funcionarios públicos fueron contratados sin cumplir con los requisitos de ley, mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal capitalina, según la denuncia.

Pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación abierta en contra uno de los funcionarios públicos denunciados, mientras que no le permitió avanzar con la denuncia en contra del resto, al considerar que no era una “víctima directa” y que por tanto no tenía “personalidad jurídica” para continuar con el litigio.

El caso del agente del Ministerio Público, punta del iceberg

En 2022, François Marc Biard, un ciudadano francés, denunció ante diversas autoridades al agente del Ministerio Público, Francisco Eduardo Salinas Hernández por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a que realizó actuaciones de “extrema relevancia” en un caso abierto en su contra por supuesta violencia intrafamiliar desde 2019, caso en el que actuó a pesar de no cumplir con los requisitos legales para ser agente del Ministerio Público.

Marc Biard no solo denunció a Salinas Hernández, sino también la existencia de toda una supuesta red de agentes del Ministerio Público que fueron contratados por la Fiscalía capitalina mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal Ernestina Godoy.

Pero hace unas semanas, mediante un oficio recibido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Marc Biard se enteró que la Fiscalía había declarado la prescripción del delito en su denuncia contra Salinas Hernández, debido a que transcurrieron más de tres años entre la supuesta comisión del delito y la denuncia.

“(Esto) en virtud de que los hechos ocurrieron en fecha 15 y 16 de enero de 2019 […] por lo tanto a fenecido el término los días 15 y 16 de enero de 2022, por lo que se encuentran prescritos, extinguiéndose la pretensión punitiva, resultando evidente que al día de la presentación de la denuncia habían pasado más de tres años y atendiendo a lo establecido en el artículo 119n (sic) del Código Penal se determina que ha operado la prescripción de la acción penal”, señaló la Fiscalía a la Comisión de Derechos Humanos.

François envió un oficio a la Comisión de Derechos Humanos solicitando que continúen con la investigación de su caso y emitan una recomendación a la Fiscalía capitalina en la que soliciten al menos una disculpa pública por todas las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima, “pues alguien que no podía ejercer (su cargo) ejerció y me hizo la vida miserable”. 

“El caso del MP -como yo lo llamo- “pirata” es un caso trascendente porque al margen de que me haya costado mucho sudor, mucho desgaste, muchas cosas, pues no solamente me ha afectado a mí sino a decenas o cientos o miles de gentes que les ha pasado lo mismo, porque este señor durante por lo menos 10 meses estuvo actuando como MP sin ser MP, sin poder ser MP. Y luego permaneció varios años, cuatro años, sin pasar un examen de conocimiento ni nada, todo a través de dispensas, todas firmadas por la fiscal Godoy y unos altos funcionarios de la Fiscalía”, señala.

El origen del caso Marc Biard contra la Fiscalía capitalina

El caso comenzó con un litigio familiar contra Marc Biard, luego de que su exesposa lo denunciara por presunta violencia familiar en perjuicio de ella y sus cuatro hijos. Como resultado, el ciudadano francés estuvo imposibilitado de ver a los menores durante meses. Sin embargo, posteriormente obtuvo una resolución favorable con la determinación de no ejercicio de la acción penal a su favor. Finalmente, el caso quedó completamente cerrado tras la firma de un convenio entre ambas partes en 2022.

Sin embargo, a partir de una de las carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Marc Biard descubrió -vía transparencia- que el agente del Ministerio Público que llevaba su caso había sido contratado sin cumplir con los requisitos de la ley.

Esto, a pesar de no contar con título ni licencia profesional al momento de su contratación (ocurrida el 15 de enero de 2019, cuando él mismo admitió haber egresado de la carrera en febrero de ese año), sin experiencia solo había trabajado tres meses en un Tribunal Familiar) y sin cumplir con la edad mínima de 25 años requerida para ser Ministerio Público, ya que tenía 24. Por ello, sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación abierta en su contra podrían ser ilegales, incluyendo la realización de una entrevista a sus hijos menores de edad sin contar con las acreditaciones necesarias.

La razón por la que Salinas Hernández logró entrar a la Fiscalía capitalina fue porque, a través de una “dispensa”, la entonces fiscal Ernestina Godoy aceptó su contratación “en consideración de su amplia experiencia profesional, así como por las necesidades institucionales”, mediante un oficio del que Animal Político tiene copia.

Marc Biard impugnó todas las actuaciones del MP que actuó en su caso y pidió que se anularan todos los asuntos en los que intervino por su contratación “ilegal”, pero en la búsqueda de pruebas también se encontró que Martha Soledad Ventura Ávila, entonces diputada local de Morena en la Ciudad de México, mandó un correo a Godoy solicitando que se apoyara al agente.

“Venimos a solicitar su valiosa intervención y apoyo en el siguiente tema. El C. Francisco Eduardo Salinas Hernández, acudió al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con el objeto de buscar orientación y apoyo en el caso que a continuación se describe. Resulta que en cumplimiento de mi deber […] he sido denunciado por un violentador, que responde a nombre de François Marc Biard, de origen francés”, se puede leer en un correo enviado desde la oficina de Ávila.

Marc Biard presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía por el aparente ingreso irregular de Salinas Hernández, así como diversas supuestas actuaciones irregulares dentro de la carpeta de investigación de su caso, y el posible tráfico de influencia por parte de la diputada local.

Durante su investigación, el ciudadano francés también se encontró que el caso de Salinas Hernández no era el único, sino que desde el 2019 habían sido contratados más agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero cuya contratación fue autorizada por la entonces fiscal mediante una serie de “dispensas” legales.

Personal sin experiencia dentro de la Fiscalía capitalina

Entre el año 2022 y 2023, Biard presentó varias quejas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina por la probable comisión de diversas faltas administrativas cometidas por parte de 11 funcionarios públicos de esta dependencia, en específico en contra de siete que actuaron en su caso, asunto que incluso llegó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Los siete funcionarios fueron investigados por la posible comisión del delito de prevaricación en una indagatoria que llegó a instancias judiciales. Sin embargo, no se logró su vinculación a proceso por falta de pruebas. Aunque, el juez que resolvió el caso destacó la existencia de líneas de investigación que debían ser agotadas.

Salinas permaneció como agente del Ministerio Público del 16 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2023, favorecido por la emisión de al menos 10 “dispensas” firmadas por Godoy Ramos, hasta que en abril de 2023 fue despedido en medio de las investigaciones en su contra.

9 de los 11 funcionarios siguen laborando en la fiscalía

Datos del portal de transparencia presupuestaria de la Ciudad de México señalan que de los 11 funcionarios públicos, 9 siguen laborando dentro de la fiscalía capitalina, mientras que Salinas y otros dos ya no aparecen en la lista de funcionarios públicos en activo.

“Dichas irregularidades en relación con el ingreso de Salinas ponen en tela de juicio todas las actuaciones que dicho servidor público haya realizado en todas las carpetas de investigación en las cuales haya actuado entre 2019 y 2023, máxime que dicha persona se encontraba adscrita a una de las fiscalías más relevantes y que requieren de una alta especialización y cuidado”, señaló Marc Biard.

No obstante, a través de su investigación, el ciudadano francés encontró además que en la fiscalía trabajaban hasta 276 Ministerios Públicos que habían recibido diversos tipos de “dispensas” por parte de Ernestina Godoy, otorgadas en 2019, para permitirles seguir desempeñando sus cargos.

El ciudadano francés solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que investigue un presunto “tráfico de influencias” en la designación de todos estos Ministerios Públicos que recibieron “dispensas” por parte de Godoy para ocupar estos cargos sin cumplir con los requisitos de ley, pero fue bateado debido a que las autoridades no lo consideraron víctima directa de ninguno de estos casos.

Una disculpa pública y reparación de daño simbólica

Desde el año 2022, Marc Biard denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México los diversos hechos de los que el ciudadano francés fue víctima, especialmente derivado de la carpeta de investigación en la que actuó Salinas Hernández, expediente en el que incluso se emitió un acuerdo de conclusión el 10 de julio de 2023, por posibles violaciones a derechos humanos.

“Yo la verdad no pido gran cosa, solo pido disculpas públicas de la Fiscalía y una reparación simbólica para mis hijos”, señala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

En vísperas de su desaparición, Mejoredu sigue sin publicar resultados de última evaluación de educación básica

Mejoredu desaparecerá por la reforma que elimina organismos autónomos, sin publicar los resultados de la prueba diagnóstica 2023-2024, de estudiantes de educación básica. Ahora, PISA será la única evaluación educativa.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) está por desaparecer por la reforma que elimina organismos autónomos, sin que haya dado a conocer los resultados de la última prueba diagnóstica del aprendizaje de los estudiantes de educación básica, del ciclo escolar 2023-2024.

Esta evaluación es la única que se realiza a nivel nacional sobre el aprendizaje en primaria y secundaria desde 2018, por lo que, de acuerdo con especialistas, ahora sólo quedará la prueba PISA para conocer el nivel educativo en el país.

De acuerdo con Mejoredu, a la fecha se siguen analizando los resultados que arrojaron las evaluaciones realizadas a los estudiantes de segundo a sexto de primaria y todos los grados de secundaria al inicio del ciclo escolar en curso, para evaluar los aprendizajes que tuvieron en el periodo 2023-2024, por lo que no se ha elaborado el informe nacional, aunque las secretarías de Educación estatales ya recibieron la información que corresponde a su jurisdicción.

Animal Político consultó a la SEP sobre los resultados de la última evaluación diagnóstica, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.

Resultados preliminares son positivos, señala comisionado de Mejoredu

Florentino Castro, comisionado del organismo, explicó que la evaluación aplicada al inicio del ciclo escolar en curso es la primera que permitirá hacer un comparativo de los cambios reflejados de un ciclo escolar a otro, pero no hay fecha para que se hagan públicos los resultados, ya que “los equipos técnicos de Mejoredu continúan trabajando en las etapas de análisis”.

El comisionado detalló que la prueba se aplicó entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, y por primera vez se aplicó en tercer año de preescolar, todos los grados de primaria y de secundaria, y entre los principales hallazgos está que “se detuvo la caída en la pérdida de aprendizajes que derivó entre otros factores de la pandemia de COVID-19″.

“Incluso se identificaron pequeñas mejoras en las áreas de conocimiento evaluadas, lo que es una buena noticia para el Sistema Educativo Nacional”, celebró Castro, pero no hay para cuándo se puedan conocer.

La evaluación diagnóstica anterior, que evaluó los aprendizajes del ciclo escolar 2022-2023, se dio a conocer en octubre de 2023, es decir, a sólo tres meses del siguiente inicio de clases.

Los resultados de este diagnóstico señalaron que, en materia de civismo, los estudiantes tuvieron baja comprensión de temas como la participación de manera honesta e informada en decisiones colectivas, la libertad de expresión, la organización ciudadana, la importancia de cumplir con las leyes y la diferencia entre situaciones justas e injustas.

Además, la evaluación mostró niveles bajos en el entendimiento de los estudiantes en las materias de lectura y matemáticas, lo que el especialista Francisco Landero explicó que implica que hay carencia de conocimientos básicos para comprender textos y la incapacidad de realizar operaciones aritméticas.

PISA será la única evaluación de la educación con la desaparición de Mejoredu

En junio de 2024, cuando estaba en curso la discusión de la reforma de “simplificación administrativa” que propuso eliminar a siete organismos autónomos, Óscar del Río, entonces comisionado de Mejoredu, consideró que la desaparición de la comisión eliminaría los contrapesos institucionales de la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes en materia educativa.

Ahora que la desaparición de Mejoredu es un hecho, Alma Maldonado, especialista en temas educativos, subrayó que es importante la confirmación del titular de la SEP, Mario Delgado, de que México continuará dentro de la prueba PISA, ya que es la única evaluación con la que contará el país para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

“Qué bueno que la SEP confirme que sí vamos a continuar en la prueba PISA, porque como prueba estandarizada de comparación nos va a permitir ver dónde estamos, y aunque nunca ha gustado a ningún gobierno porque no se notan mejoras claras, es un indicador importante”, comentó Maldonado.

La especialista destacó que PISA dará información sobre los resultados que ha tenido la Nueva Escuela Mexicana –modelo educativo instaurado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador–, “y si realmente está mejorando la educación”.

“Entendemos que los resultados de las reformas educativas toman tiempo, es algo que nunca entendieron los gobiernos anteriores, y pues ya veremos qué datos arroja PISA con sus pruebas que están diseñadas para aplicarse en diversos contextos”, agregó.

Llaman a maestros a no hacer la evaluación

En septiembre pasado, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Mejoredu, ya que esta iba en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.

A través de redes sociales, el funcionario pidió a los docentes que resistieron a la evaluación, y que no permitieran “que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto.

Esto, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por el gobierno de López Obrador, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.

Ante este llamado, Mejoredu emitió un comunicado en el que indicó que sus evaluaciones, cuyo objetivo es mostrar los aprendizajes con los que los estudiantes de educación básica inician el ciclo escolar, responden a lo previsto en el artículo 3° Constitucional y que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.

“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”, expresó el organismo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Exfiscal Veytia enfrentará de nuevo a tribunales de Estados Unidos por casos de tortura en Nayarit

La demanda fue interpuesta bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA), que permite a las víctimas de tortura presentar demandas civiles en tribunales federales de Estados Unidos contra individuos responsables de tales actos.

Cinco familias de Nayarit presentaron una demanda civil en Washington, D.C., contra el exfiscal general del estado, Edgar Veytia, por torturas perpetradas tanto por él como por agentes bajo su mando y ya fue citado para comparecer en un tribunal estadounidense.

El procedimiento se activó gracias al amparo de la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1992.

Esto permite la interposición de demandas civiles ante tribunales federales de Estados Unidos contra individuos que hayan perpetrado actos de tortura en cualquier parte del mundo, explicó la directora ejecutiva del Centro Guernica 37 (G37), Almudena Bernabeu, durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

El Centro Guernica encabeza la acción de los demandantes quienes pretenden establecer la responsabilidad de Veytia por la tortura sufrida, así como obtener una compensación por los daños sufridos.

Veytia ya fue notificado sobre esta situación y tiene un plazo de 30 días para decidir nombrar a un abogado, comparecer al juicio o no ejercer ninguna defensa.

La organización G37 recordó que el ex fiscal (2012-017) encabezó un período conocido como “El Terror en Nayarit“, debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gestión.

Las familias demandantes denunciaron abusos mientras se encontraban bajo custodia de diferentes cuerpos policiales y de seguridad que operaban siguiendo órdenes directas de Veytia, aunque en algunos casos también participó.
Llevamos casi una década buscando justicia por lo que sufrimos y perdimos a manos de Veytia y personas bajo su mando.
Estas personas señalaron que todas las violaciones cometidas por el exfiscal han permanecido al amparo de autoridades locales.

“Buscamos que este recurso arroje luz sobre las terribles violaciones cometidas bajo el amparo de las autoridades nayaritas, establezca responsabilidades y que esto nunca vuelva a ocurrir”.

El G37 Centre recordó que Veytia, quien también posee ciudadanía estadounidense, fue detenido mientras seguía en funciones públicas, en marzo de 2017 al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de usar su posición para proteger las actividades de organizaciones criminales en el estado, facilitando la entrada de drogas a suelo estadounidense.

En 2019, Veytia se declaró culpable de un cargo de narcotráfico y fue sentenciado a 20 años de prisión; sin embargo, en 2024, su sentencia fue reducida a 10 años debido a su colaboración como testigo en el caso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano.

Veytia fue liberado el 10 de febrero de 2025.

La organización defensora dijo que los demandantes buscaron establecer la responsabilidad de Veytia por las torturas sufridas, así como obtener una compensación por los daños causados.

“La tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”, señaló Michael Reed, director de programas de Guernica 37 Centre.

Destacó que durante el desarrollo de esta demanda civil se demostrará “en un foro judicial, los actos de tortura cometidos bajo el amparo del poder público en Nayarit y avanzar en la rendición de cuentas que buscan nuestros representados”.

Asimismo, dio a conocer que G37 Centre, en colaboración con la firma de abogados internacional Baker McKenzie, que actuó pro bono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, trabajó durante más de cuatro años en la investigación de estos hechos en México, en coordinación con socios nacionales como la organización JTMX, Justicia Transicional en México.

Esta iniciativa comenzó con un esfuerzo local para reclamar justicia y descubrir la verdad, liderado por un grupo de ciudadanos nayaritas.

Los demandantes confiaron en que el proceso judicial permitiría visibilizar la magnitud de las violaciones cometidas y avanzar hacia la justicia que buscaban.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán evidencia evasión de responsabilidades entre gobiernos: buscadora

La desaparición involuntaria y reclutamiento forzado que involucra la movilidad de personas en distintos territorios del país, ha provocado que "ninguna autoridad se quiera hacer cargo de la investigación", aseguró Alejandrina Orozco.

Pablo Joaquín Gómez Orozco, de ahora 19 años de edad, fue reclutado involuntariamente en Tepic, Nayarit, el 30 de marzo de 2023; logró comunicarse con su madre para pedirle que lo rescatara en Zacatecas, el GPS de su teléfono también lo ubicó en Jalisco y Aguascalientes; desde entonces, ninguna fiscalía estatal ha querido asumir investigaciones de su paradero.

Alejandrina Orozco Romano, madre de Pablo, en entrevista para Aristegui Noticias señaló que, desde que se dio a conocer el hallazgo de prendas, el campo de entrenamiento y sitio de exterminio en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, no ha podido dormir y confirma la “falta de coordinación y la negligencia”.
Ninguna autoridad se quiere hacer cargo de la investigación, la verdad es algo muy indignante, pero sobre todo muy doloroso.
La desaparición involuntaria y reclutamiento forzado, que involucra la movilidad de personas en distintos territorios del país, se ha convertido en una “excusa” para que las autoridades nieguen competencia y simulen “coordinación”.

Esto, dijo la buscadora, revictimiza a las personas agraviadas y a sus familias porque las lleva a asumir “un calvario en oficinas, gastos, viajes, para que no nos hagan caso”.

“(Lo de Teuchitlán), ver las imágenes me hizo pensar en la manera en la que pudieron ser tratados nuestros hijos y a lo que se enfrentaron y todo lo que viven, lo que se sigue viviendo, ¿no? Y frustrante por el tema de las autoridades que no hacen absolutamente nada“, lamenta Alejandrina.
Simplemente no te da otra cosa que pensar que están coludidos.
El caso de Pablo resalta porque logró comunicarse con su madre y contarle cómo fue reclutado, lo que lo obligaban a hacer; incluso, al inicio, creyendo que viajaba para trabajar formalmente, comunicó a su madre con uno de sus captores, quien dijo a la madre que “no se preocupara”.

A pesar de las evidencias que se han presentado, las autoridades no han asumido la investigación y búsqueda del joven, aunque sí llevan a cabo papeleo para justificar su trabajo, afirmó Alejandrina.
La Fiscalía de Nayarit tres veces ya declaró incompetencia. Zacatecas dos veces ya dijo que es incompetente también, que le compete al FGR. Y esta última vez van seis meses que Zacatecas aún no se pronuncia si se va a quedar o no se va a quedar la carpeta con ellos.
La Fiscalía General de la República (FGR) también se ha desentendido del caso, a pesar de que podrían estar involucrados delitos del fuero federal, indicó.

“La segunda ocasión que yo voy a Fiscalía General de la República y les comento que mi hijo se comunica conmigo y les digo que a mi hijo lo reclutaban, que se lo llevaron a Jalisco, a Zacatecas y que lo tenía una persona, y la respuesta del MP, me dice, quién le garantiza que es su hijo que está hablando con la verdad”.

Asimismo, insistió en que lo ocurrido en Teuchitlán revela que “es cierto que los jóvenes son reclutados” y llevados hacia Jalisco, Zacatecas y otros estados.

Alejandrina insistió en que a partir de lo que ocurre en Jalisco, el gobierno federal, a través de la FGR, actúe; aunque la suma de nuevos casos y la incapacidad institucional podría retrasar nuevamente la búsqueda de Pablo.

“Lo que sí espero es que ahora sí, las autoridades, y sobre todo el gobierno, se den cuenta de la magnitud y que esto no se trata de politiquería como se dice. Yo soy apartidista. Yo estoy a favor de que sean buscados nuestros desaparecidos. Lo único que nosotros pedimos como familia es que sean encontrados, ¿no?”, concluye Alejandrina.


Pablo buscaba empleo temporal para Semana Santa en ese 2023, y esperaba aplicar lo que sabía sobre liderazgo y programación informática, por eso le pidió a su madre que le ayudara a llenar una solicitud de empleo porque iría a probar suerte y se reuniría con los reclutadores frente a la catedral de Tepic en el centro de la ciudad.

Ahí fue la última vez, ese 30 de marzo, cuando, según su madre, lo captaron las cámaras de videovigilancia.

El 7 de abril se comunicó con su madre para pedirle, a través de Facebook, con una señal, auxilio.

“Tengo mucho miedo y me dijeron que si yo los traicionaba me iban a matar a mí o a ustedes. Está muy solo, tengo mucho miedo. Ven por mí, por favor. Me dejaron en una plaza con droga de ellos”.

Luego hubo otras dos comunicaciones, para revelar detalles del paisaje del lugar donde se encontraba y contactarla con uno de los reclutadores y después, solo silencio.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Omisión de las autoridades sobre campos de exterminio es un delito: Barra de Abogados

'Hay una omisión por parte del Estado de salvaguardar a las personas de la desaparición forzada, y esta situación tiene que cesar, porque ya lo estamos normalizando. Ese es el problema', aseguró en 'Aristegui en Vivo' la abogada Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

La omisión de las autoridades mexicanas en el caso del campo de exterminio localizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, es un delito, consideró Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que este tipo de situaciones se han venido dando en el país desde hace muchísimos años. Puso como ejemplo la masacre de 78 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

“Estamos presenciando una desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando una persona es desaparecida por autoridades o por particulares con el consentimiento del Estado. Esto es algo que viene sucediendo en nuestro país desde hace muchísimos años”, dijo, al tiempo que consideró que lo ocurrido en Teuchitlán puede darle a la presidenta Claudia Sheinbaum “la oportunidad de zanjar este tipo de conductas, situaciones delictivas y desapariciones forzadas de una vez por todas”.

En ese sentido, apuntó que “la violencia en nuestro país ya es extrema”, por lo que esta clase de hallazgos deben sacudir al Estado y a todos los gobiernos, desde el ámbito federal, hasta el estatal y municipal. “No importa quién esté gobernando, pero es necesario que se tomen cartas en el asunto. Si no se zanjan estas situaciones, no va a cesar la violencia que estamos viviendo”.


Kudisch señaló que desde 2023 se han hallado una serie de fosas clandestinas de las que ya ni siquiera se lleva la cuenta, por lo que es un problema que se estén normalizando estos hallazgos. “Todo el tiempo escuchamos que se encuentran fosas clandestinas en todas partes y no estamos dimensionando que esta desaparición forzada es una situación de violencia, donde a las personas se les somete y se les mata. Los obligan a matarse entre sí. Les dicen que los van a reclutar para trabajar para ellos y al final acaban matándolos a todos”.

Recordó que uno de los detenidos por la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, recibió una condena de 73 años de prisión el pasado 25 de enero. “Él fue quien describió cómo los obligaban a matarse entre sí. Este tipo de masacres es absolutamente inaceptable. Es una situación que ya es literalmente de sociopatía, ¿no?”, señaló.

La abogada enfatizó que la omisión por parte de las autoridades es un delito: “El omitir perseguir estos delitos, que además sabemos que involucran un reclutamiento forzado, un sometimiento, la captación de personas y la tortura, es inaceptable. El omitirlo es un delito. Además, las madres buscadoras también han sido asesinadas y no tienen medidas de protección. Estas madres buscadoras son las que finalmente hacen una serie de hallazgos que deberían ser realizados por la propia autoridad. ¿Cómo es posible que este rancho haya estado resguardado durante más de cinco meses y nadie se había dado cuenta?”.

“Aquí hay una desaparición forzada, una situación clandestina en la que la población corre peligro, está secuestrada y, además, de alguna manera están exterminando personas que tampoco tienen que ver con el crimen organizado. O sea, es el crimen organizado el que está llevando a cabo todo este tipo de situaciones. Hay una omisión por parte del Estado de salvaguardar a las personas de la desaparición forzada, y esta situación tiene que cesar, porque ya lo estamos normalizando. Ese es el problema”, reiteró la abogada.

Para Ana María Kudisch Castelló, en este tipo de casos coexisten el reclutamiento forzado y la tortura, por lo que instó a las autoridades a responder por las omisiones que finalmente las madres buscadoras han evidenciado, pese a que no tienen las condiciones con las que sí cuenta la Guardia Nacional para trabajar.

“Entonces, estas son omisiones que derivan en delitos, y esa es la razón de la insostenible violencia que estamos sufriendo. Creo que la doctora Sheinbaum tiene que aprovechar este tipo de situaciones para zanjar estos delitos de una vez por todas. No importa quién estaba gobernando. Si ella está gobernando, tiene hoy la oportunidad de exterminar este tipo de situaciones de una vez por todas, porque están lastimando a toda la población y generando una violencia e inseguridad para todos, que es inaceptable”, reiteró.

ENTREVISTA COMPLETA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rancho de Teuchitlán: el “centro de exterminio” del CJNG operaba desde 2018, pero el alcalde afirma que desconocían su existencia

Testimonios de sobrevivientes apuntan a que, al menos desde 2018, operó un centro de reclutamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. El hallazgo vuelve a exhibir los horrores denunciados durante años por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, permanece custodiado por elementos de la Guardia Nacional y acordonado en un perímetro de al menos 100 metros a la redonda. Aunque a simple vista el terreno solo muestra un cancel en color negro con letras en blanco que dicen “Izaguirre Rancho”, se trata de un predio de 10 mil metros cuadrados que era utilizado como centro de adiestramiento y de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La zona es comúnmente transitada por los teuchitlanenses de la delegación La Estanzuela, que se desplazan en bicicleta para ir de sus casas a sus lugares de trabajo, a predios donde se cosecha maíz, caña de azúcar o agaves. 

Pero, de acuerdo con colectivos de familias de personas desaparecidas en Jalisco, testimonios de sobrevivientes a los que tuvieron acceso apuntan a asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en ese espacio al menos desde 2018. Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las autoridades han sido incapaces de investigar y ofrecer respuestas, limitándose a señalarse unas a otras.

Virginia Ponce, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, estuvo ahí en diciembre y enero pasado. En los tres años que lleva en búsquedas de campo –de los cuatro que su hijo Víctor Hugo Meza tiene desaparecido– el campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán es lo peor que ha visto. Cuando llegaron ahí, desde finales del año pasado, la Guardia Nacional las acompañó en custodia.

“Ellos fueron los que entraron primero al rancho, porque estaban las puertas de par en par; ya cuando vieron que no había peligro, que no había nadie, nos hicieron el llamado y ya nos acercamos, pero lamentablemente oscureció y en ese tiempo todavía había sembradío, estaba muy peligroso. Haz de cuenta que estábamos en una cueva de lobos”, describe Ponce en entrevista.

“No tenía información”, asegura presidente municipal de Teuchitlán

Sin embargo, el presidente municipal de Teuchitlán desde 2021, José Asunción Murguía Santiago, asegura que no tenía información sobre el centro de reclutamiento y exterminio hallado en su municipio, y pide que empiece la investigación “desde arriba”. 

Mientras que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó que las autoridades locales no tuvieran información fundamental. Tanto el alcalde como el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, militan en el partido Movimiento Ciudadano, que es la primera fuerza política en la entidad desde 2018.

“No tenía información si estaba, mucha gente dice que mucho más atrás ya estaba funcionando, pero la verdad no tenemos así como la fecha o el dato de qué tiempo tenga. Yo creo que las investigaciones que haga ahora la Fiscalía, nos van a dar la información adecuada para no estar dando información que no es”, señaló en entrevista José Asunción Murguía Santiago.

Además, negó que por parte del gobierno estatal haya recibido alguna solicitud de información al respecto. Las únicas que le pidieron apoyo con seguridad y protección fueron las madres buscadoras, dijo el edil. 

“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental”, dijo Gertz Manero en la conferencia matutina de este martes, y declaró que la dependencia evaluará si puede atraer el caso, pero antes se investigará la actuación de las autoridades locales y estatales.

El lugar había sido previamente cateado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, durante el gobierno de Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas por estos hechos. 

En este momento, son las autoridades estatales del gobierno del también emecista Pablo Lemus, las que están presentes en el predio.

Durante una visita, Animal Político pudo constatar que al Rancho Izaguirre arribó este martes el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien descartó dar una entrevista, mientras en el punto le acompañaban la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Rivera Martínez.

“Tiene que ser la investigación desde arriba, porque ahorita la nota salió aquí en Teuchitlán y los presidentes municipales, a lo mejor sí somos algo responsables de la ciudadanía, que es nuestro cargo, llevar una administración a cabo y vigilar los dineros que nos corresponde aquí en el municipio; esos sucesos realmente les tocan al estado y a la Federación”, se desmarcó el alcalde.

Pese al incremento de la violencia en el estado, el alcalde sostiene que en el municipio solo se tiene registro de entre cinco y seis personas desaparecidas. Son familias cuyos casos son conocidos por la comunidad, y el reciente hallazgo podría brindarles esperanza de obtener respuestas. 

El presidente municipal considera que además de Teuchitlán se tiene que abordar la situación de Ameca, El Arenal o Tlajomulco, municipios aledaños. El mismo día que ocurrió el hallazgo de Teuchitlán se dio a conocer también que se encontraron dos fosas clandestinas en Ameca –en la delegación Del Cabezón y en el Cerro Cuauhtépetl–, mientras que en El Arenal se localizó otra –en la colonia Santa Cruz del Astillero– y otra más en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga –frente a un kinder–. 

En el último año –de enero de 2024 a lo que va de 2025– el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 155 personas desaparecidas en Jalisco, el 81 % hombres. En el caso específico de Teuchitlán, las estadísticas oficiales únicamente muestran la desaparición de dos hombres en los últimos cinco años, aunque los testimonios citados por las madres buscadoras refieren que personas desaparecidas en otras localidades habrían sido trasladadas hasta este sitio.  

En tanto, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (Sisovid) ubica al municipio dentro de aquellos que tienen las tasas más bajas de personas desaparecidas: entre 11 y 50 al 28 de febrero de 2025. De los más cercanos, Tala crece en categoría, de 101 a 500, mientras que Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, que son los que siguen, llegan al rango de más de mil.

“¿Cuántas personitas estuvieron ahí?”

Indira Navarro, del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, recibió una llamada la madrugada de este martes. Era una joven sobreviviente del campo de reclutamiento y exterminio, quien sostiene que estuvo ahí tres años, y asegura que la operación del sitio data desde por lo menos 2012. Aunque hasta ahora es el único testimonio que habla de esa fecha. La joven aseguró que ahí les obligaban a pelear por comida, que la gente de los alrededores sabía y que en el rancho, si veían a alguien llorando, lo aventaban sin ropa a un lugar cerrado donde había cerdos. 

De acuerdo con los testimonios y colectivos, el centro subsistía gracias a la colusión con autoridades. “María”, sobrenombre que puso Indira, señaló que alrededor de mil 500 personas pudieron haber sido asesinadas ahí durante el tiempo que ella estuvo, en contra de su voluntad y obligadas a hacer todo tipo de actividades, durmiendo en el suelo, bajo un domo, según narró la buscadora durante una entrevista telefónica en Aristegui Noticias. 

Por separado, en entrevista con Animal Político, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, de donde se desprende el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco —del que a Indira se separó para formar Guerreros Buscadores de Jalisco—, explicó que acudieron al predio luego de recibir un testimonio de un sobreviviente en un sentido similar.

“Hasta ahora que se dio a conocer que ya habían trabajado y que estaban sacando los crematorios, pero las madres fueron las que hicieron el descubrimiento de esa finca a raíz de ese anónimo, de esa persona que se animó, aún con el miedo, a decir que él estuvo reclutado en ese lugar y que había al menos 200 personas ahí donde él estaba”, relató Flores, quien la tarde del lunes dio a conocer un hilo de X con imágenes de aquellos hallazgos.

La segunda vez que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco entró al rancho, cuando regresaron en enero, sin que las autoridades les hubieran dado permiso de excavar, hicieron videos, prenda por prenda, diciendo tallas y colores. “Fue un día muy triste, muy doloroso, al ver esa situación que estaba pasando y transmitía mucho dolor ahí, una inseguridad que la verdad sí trabajamos con miedo al creer que alguien nos iba a llegar”, relata Virginia Ponce.

Eran dos cuartos. A ella le tocó la parte de abajo. Había mochilas, gorras, equipajes, velices, muchos zapatos, llaveros, carteras, objetos en tal cantidad y diversidad que evidenciaban que ahí habían estado muchas personas. No hay un cálculo exacto, dice ella, pero era demasiado. Apartaron camisas, pantalones, chamarras y shorts. Había medicinas, shampús, jabones y era evidente el rastro de mujeres. 

Abajo también había cartitas y recados, continúa. En tanto, arriba había un altar de la Santa Muerte, y más prendas: “Se sentía más tenebroso, porque como que había un murmullo”, acota. “Fue muy doloroso, tanto como para mis compañeras, como para mí”, lamenta. Llegaron a un tejabán donde había un montículo de zapatos, incluso un traje forense lleno de sangre. El olor era tremendo, remarca, pero por amor a sus hijos tenían que estar ahí. Sogas, esposas y navajas también eran parte del panorama.

En otro cuarto había bidones y llantas. Siguieron caminando. El terreno era grandísimo: había un laberinto. Siguieron caminando. Había alambres de púas crecidos a aproximadamente 30 centímetros del suelo, llantas, una cocina con trastes y una alacena completa, un cazo y tres baños por fuera. Parecía que uno se utilizaba para mujeres, porque había toallas femeninas.    

Este martes la fiscalía jalisciense dio a conocer una lista de 495 indicios con sus respectivas imágenes, recolectados durante las diligencias en el Rancho Izaguirre. Aclaró que el hallazgo no implica la confirmación de identidad o condición actual de las posibles víctimas.

“Alcanzamos a ver la magnitud de lo que había. Nos hacemos la pregunta de cuántas personitas estuvieron ahí, y la pregunta del millón: ¿Dónde están? Porque con la magnitud de todas las prendas que había, ¿dónde están? Es una tristeza y es un gran dolor. Gracias a todas las pruebas que sacamos, varias personas se han estado comunicando y nos han dicho que han reconocido prendas. ¿Qué podemos decir nosotras? No tenemos respuesta alguna”, subraya.

Uno de los peores horrores, pero no el único

En una brecha en el municipio de Tala, Jalisco, en septiembre de 2019 se reportó el hallazgo de 17 bolsas con personas descuartizadas, atrás del Balneario Los Chorros. Este punto está a solo 15.2 kilómetros –aproximadamente 21 minutos en automóvil– del Rancho Izaguirre, cerca de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.

Apenas en julio del año pasado un colectivo de familiares de personas desaparecidas localizó una fosa clandestina en Zapopan, con hallazgos positivos: 29 bolsas con segmentos humanos. En aquella ocasión las personas buscadoras denunciaron que el Servicio Médico Forense había tardado más de siete horas en llegar a procesar el área, y exigieron, como tantas veces, seguridad para quienes buscan a sus familiares y apoyo para procesar e identificar los cuerpos.

En entrevista, el Centro Pro hizo énfasis en que en los últimos años se han encontrado varios lugares con características similares en La Gallera, Veracruz; la Bartolina, Tamaulipas y Patrocinio, Coahuila. En todos ellos se han hallado pertenencias y fragmentos óseos, por lo que es indispensable el enfoque humanitario y nacional para el procesamiento forense, mediante un Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Nacional de Identificación Humana.

María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Pro, señaló que se trata de un patrón que aunque no implique los mismos métodos, refleja la misma intención de desapariciones que han trastocado la vida de muchas comunidades y de sus familias. “Creo que el hecho de que lo podamos identificar así de crudo da cuenta de la falta de una política mucho más amplia para abordar las desapariciones en el país”, puntualizó.

Recordó que la ONU ya ha establecido que sin una política de prevención, será difícil revertir la crisis, que se sigue abordando solo como un tema del pasado. Sin embargo, es real y sigue marcando la vida de más de 120 mil familias en el país. Además, criticó que lo único que se ha escuchado por parte de las autoridades estos días es la decisión de no querer tomar en cuenta sus responsabilidades. 

“Es totalmente inaudito que el fiscal general de la República diga que apenas van a evaluar si hay delincuencia organizada involucrada; nos parece que por el tipo de lugar y de patrones ya muy documentados de cómo se utilizan estos sitios, queda claro que detrás hay un fondo de acción de grupos de delincuencia organizada y, por lo tanto, delitos federales que se deberían estar investigando de oficio”, remarcó. 

La activista hizo énfasis en que estamos ante un hallazgo que es difícil de describir, y de aceptar, pero donde el procesamiento de los fragmentos encontrados será complicado, porque terminarán en el resguardo de instituciones locales que cada vez acumulan más cuerpos sin identificar –más de 72 mil en los últimos datos oficiales–. Sin embargo, no hay una respuesta por parte de las autoridades que corresponda al nivel de la crisis con una visión humanitaria.

“Lamentamos que los pasos que se habían dado en la administración anterior para empezar a crear, por ejemplo, el Centro Nacional de Identificación Humana o el propio Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se hayan desmantelado, y que al día de hoy no tengamos una verdadera política para abordar los casos tan graves como los que estamos viendo”, cuestionó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES, MARCELA NOCHEBUENA.

Aplazan audiencia por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en Puebla; 4 de abril, nueva fecha

Casi tres años después, este miércoles se llevará a cabo el juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón. Por el crimen, hay tres imputados.

La audiencia de apertura del juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón en Puebla fue aplazada ya que uno de los imputados cambió de defensa un día antes, tal como lo advirtió Helena Monzón, hermana de la abogada y activista.

De acuerdo con Helena Monzón, Silvestre ‘N’, presunto autor material del feminicidio, cambió de abogados un día antes como parte de una táctica dilatoria “premeditada” y orquestada por la defensa de Javier ‘N’, presunto autor intelectual del crimen.

Los abogados pedían 60 días pero el juez no lo concedió y estableció como nueva fecha para la audiencia de apertura del juicio el próximo 4 de abril.

“Les da igual consumir el tiempo de prisión preventiva oficiosa porque lo que buscan es salir por la puerta de atrás (…) la jugada no les ha salido como quería”, señaló.

Helena Monzón también hizo un llamado a las autoridades para que “pare ya la revictimización”, ya que el Estado mexicano tiene obligación de vigilar que las víctimas no vuelvan a ser victimizadas lo cual, señaló, es “claro y notorio” en el caso de Cecilia.

Como mencionó un día antes, el cambio de abogados de última hora es una nueva táctica para prolongar el inicio del juicio por el feminicidio de su hermana, como lo han sido la solicitud de amparos y el buscar que el proceso se lleve a cabo en Toluca, Estado de México, y no en Puebla, donde ocurrieron los hechos.

Como presuntos responsables por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo del 2022, hay tres imputados: Javier ‘N’, quien fuera secretario de Gobernación de Puebla con Mario Marín y expareja de Cecilia, señalado como autor intelectual; Jair ‘N’, su sobrino y quien supuestamente habría conducido la moto desde donde disparó el otro detenido, Silvestre ‘N’.

Casi tres años después del crimen, se llevará a cabo el juicio por feminicidio en contra de la abogada y activista en defensa de los derechos de las mujeres.

Previo al inicio de la audiencia, integrantes de la organización Por la Mujeres de Puebla se concentraron al exterior del penal de San Miguel como muestra de apoyo a la familia y en exigencia de que el juez dicte sentencia condenatoria en contra de los imputados.

Ante esto, Helena Monzón agradeció las muestras de apoyo y descartó “lanzar” a las colectivas feministas a los juzgados como, dijo, la han acusado los abogados de los imputados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Sinaloa se han perdido alrededor de 12 mil empleos en el primer bimestre del año

En comparación con el mismo período del año pasado, la cantidad de trabajadores registrados por las empresas ante el IMSS en la entidad han bajado; el gobierno afirma que la tendencia es positiva.

Los empleados inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los primeros dos meses de este año han significado una baja de casi 12 mil puestos en Sinaloa, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Según la plataforma, en febrero de este año hay 613 mil 390 puestos de trabajo registrados por empresas ante el IMSS, mientras que el año pasado esta cifra fue de 626 mil 138.

Sin embargo, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro, manifestó que en general esta tendencia ha sido al alza, asegurando que se recuperarán empleos con el plan de reactivación económica emprendido por el gobernador Rubén Rocha Moya a través de un mega crédito por 2 mil 300 millones de pesos para ejecutar obra pública. 

“En general si hacemos un balance del número de empleos que se generan a partir de este sexenio, la tendencia es positiva. El IMSS ciertamente registra una caída de 12 mil, pero tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con temporalidad de algunas actividades, el impacto mayor tiene qué ver con eso, si de industria hablamos tiene que ver con la construcción y por supuesto que el plan de reactivación económica estamos seguro va a levantar el empleo en esta rama”, aseveró el funcionario estatal. 

Sin embargo, el balance al que hace alusión el funcionario, no se advierte en la estadística del IMSS, la cual revela una pérdida de 11 mil 748 puestos de trabajo registrados después de los primeros seis meses de batalla intestina entre las facciones de los “Chapitos” y los “Mayos”. 

Esta caída, según Feliciano Castro, es atribuible a la baja en las actividades del sector primario, mismas que se verán reactivadas con la recolección de hortalizas, empleos siempre itinerantes y que suben y bajan en medida de las necesidades de los campos agrícolas. 

Por otra parte, el funcionario presumió la creciente cifra en cámaras de videovigilancia clandestinas aseguradas, las cuales suman ya 918, luego del más reciente operativo encabezado por el Ejército y Guardia Nacional, en el que aseguraron 40 unidades más en Culiacán, ciudad que ha acumulado alrededor del 80% de los equipos incautados en la infraestructura pública. 

Al respecto, el funcionario respondió que sí existen puntos en donde han sido vueltas a colocar, presuntamente por el mismo crimen organizado, por lo que solicitó a la ciudadanía a realizar la denuncia ante las autoridades de seguridad. 

Por último, Feliciano Castro destacó que los operativos conjuntos entre federación y estado han logrado asegurar más de 200 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, este último del 18 de febrero a la fecha. 

El más reciente ocurrido ayer martes con el registro de 11 laboratorios asegurados en la zona rural de los municipios de Culiacán y Cosalá.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.