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La desaparición forzada ‘nos debe indignar’: Iglesia Católica tras hallazgo en Teuchitlán

La Arquidiócesis subraya que la violencia y la desaparición forzada se han convertido en una constante que, lejos de generar indignación, ha sido normalizada.

La iglesia católica denunció este domingo la creciente indiferencia de la sociedad mexicana ante la violencia y la desaparición de personas, alertando que “la escucha ha desaparecido” y que es necesario recuperarla para enfrentar la crisis de inseguridad en el país.

En la editorial del semanario ‘Desde la Fe’, titulada ‘La escucha desaparecida’, la Arquidiócesis Primada de México subraya que la violencia y la desaparición forzada se han convertido en una constante que, lejos de generar indignación, ha sido normalizada.

La editorial de Desde la Fe se suma a los constantes llamados de la sociedad mexicana para atender la crisis de violencia que enfrenta el país, en un contexto donde los reportes oficiales indican que más de 120,000 personas permanecen desaparecidas en México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El hallazgo de una fosa común, en el lugar o la región que sea, nos debe de indignar. La desaparición forzada de una sola persona nos debe de indignar.
También cobra relevancia tras las movilizaciones en todo el país que recriminaron el más reciente hallazgo de un campo de exterminio y fosas atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, al poner de manifiesto una crisis humanitaria en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos colocaron fotografías de personas desaparecidos en diferentes municipios de Guerrero

En esta entidad hay un acumulado de 4 mil 500 víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del estado y particulares.

La tarde de este sábado 15 de marzo en Chilpancingo y Acapulco colectivos de madres y familiares de víctimas de desaparición se sumaron al luto nacional por las víctimas de Teuchitlán, Jalisco.

En el quiosco del zócalo y en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, así como de Guerrero No Más Desaparecidos colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos en diferentes municipios del estado, además de zapatos y veladoras en representación de las víctimas del campo de reclutamiento y posible exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Pronunciaron su solidaridad con las familias de Jalisco y otros estados del país que padecen el delito de desaparición.

Socorro Gil Guzmán, madre buscadora, informó que a fin de mes algunas integrantes del colectivo se trasladarán a Jalisco para tratar de buscar algún rastro de sus hijos desaparecidos y solidarizarse con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

En Acapulco integrantes de los colectivos Familias en Busca de sus Desaparecidos; Fe y Esperanza, así como un grupo del dirigente social Vicente Suastegui, se manifestaron en el antimonumento de La Esperanza, en la playa Tanarindos y en el antimonumento de los 43, ubicado en la Vía Rápida y la avenida Costera Miguel Alemán. También colocaron pares de zapatos, fotografías y encendieron veladoras.

La activista Emma Mora pidió iniciar una lucha y hacer un sólo frente para lograr identificar los restos de las víctimas halladas.

Urgió al gobierno del estado encabezado por Evelyn Salgado y al Congreso de Guerrero a crear un centro de resguardo e identificación forense. Exigieron a los tres niveles de gobierno frenar la alarmante crisis de desaparición forzada en Guerrero y el país.

Gritaron las consignas:
"¡Teuchitlán escucha, esta es tu lucha!" y "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!".
En esta entidad hay un acumulado de 4 mil 500 víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del estado y particulares. En 2024 la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Guerrero registró 546 casos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Ataque armado ocurre durante la vigilia y luto nacional en Zacatecas

En la ciudad de Zacatecas las madres buscadoras colocaron veladoras, fotografías y zapatos de sus seres queridos desaparecidos.

Colectivos de Madres Buscadoras y de familiares de personas desaparecidas se unieron la tarde noche de este sábado 15 de marzo a la vigilia y luto nacional en memoria de las víctimas del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco.

De manera simultánea se realizaron vigilias en plazas públicas de Fresnillo, Jerez y la capital, municipios que concentran el mayor número de personas desaparecidas en la entidad.

En la ciudad de Zacatecas, las madres buscadoras colocaron veladoras, fotografías y zapatos de sus seres queridos desaparecidos, formando un corazón en el piso de la plazuela Goitia.

Justo cuando se realizaba la vigilia, a dos cuadras ocurrió un ataque armado en contra de un hombre, quien quedó malherido en el cruce de las avenidas Hidalgo y Juárez en el centro histórico de la Capital.

En el árbol de La Esperanza en el jardín obelisco de la ciudad de Fresnillo se congregaron familiares de personas desaparecidas para realizar oración y un pase de lista para recordar a sus seres queridos.

Otro memorial, con veladoras y fotos de personas desaparecidas, se hizo en el Jardín Hidalgo del pueblo mágico de Jerez, para sumarse a la exigencia nacional de Teuchitlán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO CHÁVEZ LANDEROS.

Campo de exterminio en Jalisco, una oportunidad para reformar la FGR: Carlos Pérez Vázquez

El hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán destapa las fallas en la procuración de justicia. El experto Carlos Pérez Vázquez ve una oportunidad histórica para reformar el sistema. Sheinbaum podría liderar cambios clave contra la impunidad, dice.

La conmoción generada por el  hallazgo de un “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco, es “una gran oportunidad, histórica y coyunturalmente” para la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para “empezar a cambiar la forma de operar las instituciones”, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), considera Carlos Pérez Vázquez, excoordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de la Nación (SCJN)

Autor del libro Procurar Injusticia. Los orígenes golpistas del sistema represor que ha gobernado México (Grijalbo, 2025), en entrevista consideró que del análisis del caso dado a conocer por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, “se configura claramente un asunto de delincuencia organizada, evidentemente hay terrorismo, evidentemente hay secuestro y posiblemente hay trata de personas; todo está tipificado en el Código Penal Federal”.

Pérez Aguirre, quien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador formó parte del Comité de Impulso a la Justicia, de la Comisión para la Verdad de las Graves Violaciones a Derechos Humanos Cometidos entre 1965 y 1990, expuso que el caso de Teuchitlán, junto con otros crímenes atroces, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son emblemáticos de la inoperancia del sistema de procuración de justicia en México, que se ha mantenido desde 1934.

El investigador, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Harvard y doctorado por la Universidad Iberoamericana, destacó que parte de la expectativa de publicar su libro Procurar Injusticia, es poner sobre la mesa la discusión sobre un sistema que mantiene en impunidad 98% de los delitos, “pese a que se le han invertido miles de millones de pesos durante más de 100 años”.

“Lo que intenté con este libro es tratar de acercar esa discusión a la gente, porque la gente quiere saber, quiere entender mejor cómo funcionan las instituciones, quiere participar en la discusión en torno de ellas”, en este caso la FGR y todo el sistema de procuración de justicia, dijo Pérez Vázquez. “Entre más gente participe, más gente esté enterada, pues, el movimiento por su reforma tendrá más vigor, un impulso distinto”.

En 317 páginas el especialista desmenuza cómo es que se construyó el actual sistema de “procuración de injusticia”, marcado por el “militarismo” y la traición de jefes militares a Venustiano Carranza, presidente asesinado en 1920, y cómo es que no ha sido modificado.

“El PRI, PAN y ahora Morena han usado, sin excepciones, la procuración de justicia con fines políticos, aprovechando sus resortes atávicos, mismos que empeoran conforme los sexenios presidenciales se van sucediendo, y sin poner remedio a la situación. Por eso el sistema no se ha alterado ni con reformas constitucionales ni con reformas legales, ni con elecciones democráticas, ni siquiera con la creación de una FGR dotada de una autonomía constitucional que sólo existe en el papel”, se lee en el libro de Pérez Vázquez.

En su texto, el autor reflexiona sobre el incumplimiento del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con el papel que debería cumplir al frente de la FGR, considerando que su falta de autonomía ante el Ejecutivo y su sumisión al Ejército, por convicción propia, ha impedido la materialización de una reforma del sistema de procuración de justicia, impulsada por académicos y expertos.

El rescate del general

Como ejemplos del uso político y de la sumisión al Ejército durante el gobierno de López Obrador, en el texto Pérez Vázquez analiza los casos del rescate del general Salvador Cienfuegos Zepeda, las ejecuciones cometidas por militares en Nuevo Laredo en 2023; las “pifias” de los procesos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya; a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y al abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, así como el “uso personal” que Gertz le ha dado a la FGR.

De la misma manera, el autor analiza el caso Ayotzinapa, cuya “irresolución (…) a casi 10 años de que sucedieron los hechos apuntala la tesis fundamental de este libro: el sistema de persecución de justicia militarista sigue operando en el país”.

En entrevista, Pérez Vázquez consideró que ante una sociedad totalmente distinta a aquella en la que se instauró el actual sistema de “procuración de injusticia”, el periodo postrevolucionario, con acceso a herramientas que antes no existían como las cámaras de seguridad en domicilios particulares y negocios, o bien los teléfonos celulares que permiten registrar anomalías, como detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales, ese modelo instaurado por Abelardo Rodríguez “a la sociedad en sí, no le  funciona”.

Agregó: “Ya no sé qué tan útil pueda ser políticamente perseguir opositores o disidentes o callar voces críticas, etcétera, pero lo que no queda duda es que privilegiar el uso político de la procuración de justicia a estas alturas tiene un saldo negativísimo,  que está reflejado en ese 98% de impunidad, el país delincuencial, en el que parece que vivimos”.

Pérez Vázquez insistió en su propuesta a la presidenta Sheinbaum para que el caso de Teuchitlán se convierta en un parteaguas para reformar a la FGR, más aún considerando que el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump ha clasificado como terroristas a organizaciones criminales mexicanas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al que se le atribuye el campo de exterminio.
Aquí sin duda hay un caso de terrorismo. En la lógica de lo que ya puso en papel la Casa Blanca, al designar como terroristas a los cárteles, pues yo creo que hay una oportunidad de Estado para atender este problema de otra manera, con una visión de Estado, una visión que busque ante todo construir un país de justicia.   
Al reconocer que gran parte de la impunidad que persiste en México, se debe a exceso de trabajo de los agentes del Ministerio Público, pero también a que el Poder Judicial “no hizo nada para que la situación fuera distinta”,  el autor de Procurar Injusticia insistió en que, para la presidenta Claudia Sheinbaum,  el reciente caso de Jalisco, “es una estupenda oportunidad para que, como una medida de Estado, se empiece a reorientar, digamos, las prioridades de la política criminal en el país,  y que  no vuelva a suceder nada y en unos seis meses volvamos, nos enteramos de otra fosa, otro centro de exterminio, o encontremos más fosas clandestinas porque, bueno, lo que eso, a la larga lo que eso generará, pues, va a ser un quiebre definitivo en la sociedad, o la otra es que se empiece a instruir justicia desde fuera, que es lo que amenaza o se asoma, digamos, con las posturas del presidente Trump, si no se hace justicia aquí, que se haga allá, que ellos vengan a hacer justicia aquí”, agregó Carlos Pérez Vázquez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Presidenta, ¿ahora sí nos ve?

El Zócalo capitalino se cubrió de zapatos, más de 400 pares colocados unos junto a otros, cuidadosamente, amorosamente. A cada par le correspondía una veladora cuya luz, se espera, ayude a encontrar a los desaparecidos, ayude a la justicia a abrirse paso en un país donde los jóvenes se preguntan qué se cosecha cuando se siembran muertes, un país que es cada vez más una fosa común.

“Presidenta Claudia, por el bien de todos, ¡escúchenos! ¡véanos!”, le pidieron las familias de desaparecidos y desaparecidas a Sheimbaum, a quien le advierten que “es urgente” que se siente a dialogar con ellas. “Usted debe ya reconocer la existencia de la grave crisis de desapariciones, misma que se materializa en los hallazgos de campos de extermino, hornos crematorios y fosas clandestinas; una maquinaria de muerte que recuerda lo peor de la historia de la humanidad, donde los muertos y desaparecidos se cuentan por cientos de miles”.

El pronunciamiento colectivo es leído fuerte y claro por Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido en Jalisco hace 15 años, y convocante a la vigilia de luto nacional contra el horror y por la vida, luego del descubrimiento del centro de exterminio de jóvenes en Teuchitlán, Jalisco, a tan sólo 55 kilómetros de Guadalajara. Ana y el resto de las madres se colocan de espaldas al Palacio Nacional que en cinco meses no se ha abierto para los colectivos de buscadoras.

“Usted sabe que el campo de exterminio de Teuchitlán no es un evento aislado, la desaparición forzada de personas es un horror que se remonta a la Guerra Sucia, que continuó en el largo periodo neoliberal y se agudizó en el momento en que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas; desde luego que no comenzó en su administración, ni en la de su antecesor, pero tampoco se contuvo entonces ni se contiene ahora. Por el contrario, el fenómeno se generaliza y el dolor se multiplica en todos los estados de la República y alcanza a muchos sectores sociales”, dice Ana Enamorado, quien luego de felicitarla por haber obtenido el voto de millones de personas, reclama, siempre en tono respetuoso y firme, que “a pesar de las expectativas de tantas víctimas que también ejercimos nuestro derecho al voto, usted parece no querer voltear a vernos: no nos nombra, parece no escucharnos y no se dirige a nosotras”.

En el comunicado colectivo, las familias, que ante la omisión del Estado han asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda, “ya sea en hospitales u oficinas forenses, en redes sociales y bajo la tierra”, le piden a la presidenta que recuerde “que no nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo, porque usted entenderá que quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares”.

Impasible, la Catedral mira la carpa roja que protege del sol a las madres buscadoras, que es centro de prensa, altar cubierto de flores y refugio. Y frente a Palacio Nacional una interpelación: “Presidenta, ¿ahora si nos ve?”, en monumentales letras blancas.

El 28 de agosto de 1978 la Catedral fue testigo de la primera huelga de hambre encabezada por Doña Rosario Ibarra de Piedra quien reunió a las madres de desaparecidos de diferentes estados al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Y, al final, las exigencias: Que se asuma la existencia de las más de 120 mil personas desparecidas y los incontables miles de migrantes desaparecidos que no están en los registros oficiales; se reconozca el trabajo colectivo de las familias y se abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos; que se apoye a quienes viven amenazados y aún así salen a buscar a las decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos que el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar; que se sancione a los servidores públicos que han permitido, por omisión o aquiescencia, el horror que se destapó en Teuchitlán; se identifique y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos se extermino y fosas clandestinas en todo el país; se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes; se reactive el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de los recursos necesarios e incorporando a las familias como consejeros y coadyuvantes de la institución; y, frente a la emergencia nacional, construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas.

Junto a los zapatos, la luz de las veladoras tiembla en la oscuridad queriendo ser incendio.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: GLORIA MUÑOZ, BEATRIZ ZALCE.

Condenan a 30 años de prisión al defensor zapoteca Pablo López Alavez

Organizaciones de derechos humanos condenaron la sentencia a 30 años de prisión y el pago de 112 mil pesos contra el defensor zapoteca Pablo López Alavez, detenido desde hace más 14 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam.

López Alavez fue acusado del «delito fabricado de homicidio calificado» tras su detención en agosto de 2010. Desde entonces ha enfrentado «un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentra Front Line Defenders y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La sentencia fue declarada el pasado 6 de marzo por el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, 14 años después de su detención, lo que constituye una de las «irregularidades» en el caso y una muestra de «prisión preventiva prolongada».

Las organizaciones denunciaron que la condena contra López «confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados».

En un pronunciamiento, las organizaciones manifestaron su rechazo ante «la constante violación a los derechos humanos del defensor» y expresaron su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, así como reiteraron el llamado a su liberación.

López fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados «que cubrían sus rostros y portaban armas largas» el 15 de agosto de 2010. Un día después de su detención, fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona perpetrado en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos.

COMUNICADO:

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:
  • Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca 
  • Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México / Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko
  • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
  • Front Line Defenders 
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

ONU pide a México investigación exhaustiva sobre Teuchitlán, identificar restos y garantizar apoyo a familias

Para la ONU, el hallazgo en Teuchitlán "es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país".

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigió a las autoridades mexicanas realizar una investigación exhaustiva sobre lo hallado en el rancho en Teuchitlán, Jalisco, que funcionaba como aparente “centro de exterminio”, así como redoblar esfuerzos para identificar los restos hallados y garantizar el apoyo y la protección de familias víctimas de desapariciones.

“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, señaló Liz Throssell, portavoz del organismo.

“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.

Respecto al caso, la ONU destacó que tomaron nota del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial.

En su pronunciamiento, la ONU abogó por investigaciones “exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre los delitos cometidos en el lugar.

También pidió “mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar las especulaciones sobre lo que sucedía en Teuchitlán, hasta que avancen las investigaciones y se tenga evidencia científica.

La mandataria también pidió dejar en paz al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que consideró que este tema esta siendo utilizado para golpearlo y revivir acusaciones de la oposición.

Rancho de Teuchitlán, un “centro de exterminio”

Ayer, durante el primer día de búsqueda conjunta entre autoridades y el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco en el rancho Izaguirre en Teuchitlán se encontró un posible cuarto horno crematorio para inhumación clandestina.

Desde el 5 de marzo, el colectivo reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre.

El rancho fue cateado previamente, el 18 de septiembre de 2024, por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos.

Por la zona donde se ubica el predio y los testimonios obtenidos de presuntas víctimas se presume que pudo haber sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “campo de reclutamiento y exterminio” al menos desde 2018 y que si pudo operar por varios años fue gracias a la colusión con autoridades.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Localizan otro posible crematorio clandestino en primer día de búsqueda entre autoridades y buscadoras en rancho de Teuchitlán

Autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con colectivos de buscadoras, hicieron una primera inspección en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Durante el primer día de búsqueda conjunta entre autoridades y el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se encontró un posible cuarto horno crematorio para inhumación clandestina.

“Ahorita, como escuchaba, se dio el indicio de otro posible horno”, dijo una de las buscadoras que permanecía al interior del predio y narraba el hallazgo durante una transmisión en vivo por Facebook. 

Aunque las buscadoras sólo podían grabar el suelo del predio y por momentos subían la cámara para mostrar aspectos muy discretos, —por acuerdos con las autoridades—, nos podemos basar en sus hallazgos anteriores para describir lo encontrado. Los crematorios son huecos en la tierra con una profundidad superior al metro, que son utilizados para prender fuego y  calcinar cuerpos y segmentos humanos.

“Fue una labor bien pesada porque estuvimos horas debajo del sol, separando la tierra con las osamentas y se miraba la crueldad de que el carbón se desbarataba. Nosotros los que lo vivimos, somos los que decimos, no manches, tanta crueldad. No entendió por qué tanta maldad hacia una persona. Ya la mataste, ya le hiciste daño para que la dejas así. Su familiar merece que les den un descanso”, contó una de las buscadoras, quien intentaba narrar su sentir sobre el hallazgo de los primeros tres crematorios.

Estos crematorios mencionados fueron encontrados apenas hace una semana por el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco durante su irrupción inicial en el predio el pasado 5 de marzo, tras recibir denuncias anónimas.

El hallazgo también resultó positivo para las autoridades locales como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y en el ámbito federal por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, pues volaron un dron por encima del rancho y con la función de georadar, encontraron indicios de una posible actividad en el subsuelo que podría estar relacionada a inhumaciones clandestinas.

Aunque la Fiscalía del Estado publicó un comunicado donde negó que “esas estructuras fungieran como horno”, la información también coincide con los datos presentados el pasado martes 11 de marzo por el fiscal Salvador González sobre “cuatro espacios con presuntos restos humanos”.

De los cuatro crematorios, solo uno ha sido revisado a totalidad y otro más se encuentra en proceso. En este se continúa cerniendo los segmentos óseos de la tierra. Los integrantes del colectivo esperan que este viernes 14 de marzo, las autoridades puedan traer una retroexcavadora para ver que tan profundos son los crematorios e identificar si tienen más restos óseos en su interior.

Buscan ampliar trabajo en alrededores, denuncias señalan 200 cuerpos

Al término de la primera jornada de búsqueda, sólo uno de los seis puntos de interés para el colectivo fueron revisados. En los siguientes días, los Guerreros Buscadores de Jalisco pretenden que un punto a revisar sea los alrededores del predio.

De acuerdo con llamadas anónimas y mensajes enviados a su página de Facebook,  podría haber más de 200 cuerpos enterrados en los alrededores.

“Hubo una llamada anónima que nos decía que en un solo punto íbamos a hallar arriba de 200 cuerpos. Que una persona que estuvo en su momento pues aquí reclutada, privada de su libertad, en prisión. Sí, enterrados, sin calcinar”, contó una de las integrantes del colectivo.
Fiscalía continúa registrando indicios en rancho Izaguirre

Familiares de personas que permanecen desaparecidas han comenzado a contactar al colectivo Guerreros Buscadores asegurando que dentro del listado y fotografías compartidas por la Fiscalía Estatal podría estar la prenda o accesorio que llevaba consigo su familiar al momento de desaparecer.

Si bien el dato por sí solo no puede ser concluyente, el colectivo revela que casi 50 familias están en esta situación y en total han recibido más de 200 llamadas solicitando información de la ropa y accesorios —carteras, bolsas y mochilas— encontradas.

Además, el colectivo se dice rebasado en la atención por el caso. “No nos damos abasto a contestar todos los mensajes de la página, tenemos alrededor de 500 mensajes pendientes, pero sí han salido muchas familias a identificar prendas”, dice una de las buscadoras. 

A la fecha la Fiscalía todavía permanece almacenando indicios. En una escena de la transmisión en vivo del colectivo se puede ver como elementos acomodan en una fila, una serie de bolsas de plástico grueso, donde resguardan los zapatos y accesorios.

Llaman a partidos políticos a mantenerse al margen de convocatoria a luto nacional

Tras la difusión de dos comunicados del colectivo Huellas de la memoria para llamar a los partidos políticos a que se abstengan de utilizar o participar en las convocatorias que se han hecho en alrededor de 20 estados para actos de luto nacional la tarde del próximo sábado 15 de marzo, Alfredo López, de esta agrupación, enfatiza en entrevista que los colectivos y familias no quieren nada de los partidos políticos, ni siquiera su presencia. 

“Lo que no queremos, con toda claridad, es a los políticos carroñeros de uno y otro bando, de Morena, de PT, de todos los que mencionamos ahí para que no se monten en el dolor y en la tragedia de las familias. Eso es lo que hicieron en otros tiempos y no queremos que nuestras acciones, específicamente la del sábado en todo el país, sean usadas por otros grupos político electorales para golpear al gobierno; si quieren golpearlo, que lo golpeen, pero que no usen el dolor de las familias”, sostiene.

Se refiere al texto difundido la mañana de este jueves, en el que, tras la primera advertencia que –señalaron las familias– no fue atendida, se difundió que personas pertenecientes al Movimiento Nacional por la Esperanza, organización vinculada a Morena, se acercaron a colectivos de familiares en la Ciudad de México para ofrecer mobiliario, carpas y sillas por parte de René Bejarano y de Dolores Padierna. 

Al día siguiente, recibieron una oferta similar de personas cercanas al exsenador Emilio Álvarez Icaza, vinculado al Frente Cívico Nacional y a Somos México, “junto con Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán del extinto PRD, Gustavo Madero, del PAN, entre mucho otros impresentables que hoy, según la coyuntura, se hacen pasar por ‘sociedad civil’ para aprovechar acciones de protesta”, se señaló en el comunicado. 

López criticó que los anteriores gobiernos no hayan mandado mensajes de castigo a quienes fueron responsables de diversas masacres, pues hoy se pueden cometer toda clase de delitos y asesinatos con la certeza de que no va a pasar nada. “Son toda esa gente que ya gobernó, y ya nos dejó parte del infierno que estamos viviendo, es decir, nosotros con toda claridad les dijimos que no queremos que ni se presenten”, remarca.

El activista hizo énfasis en que la convocatoria se lanzó, junto con familiares, en un principio para el Zócalo capitalino el sábado a las 5 de la tarde; sin embargo, una cascada de estados empezó a sumarse. Hasta ahora, colectivos de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, el consulado de México en Barcelona y la embajada de México en San Francisco han replicado la convocatoria para el mismo sábado y otros días.

“Diría que ahí en general está casi todo el país con esta indignación, esta rabia y decir que sí es un luto, es un luto que decidimos hacer nosotros porque creemos impresionante que la presidenta no lo haya hecho. Si en Ecuador por el asesinato de cuatro muchachos, jóvenes, niños, inmediatamente se declaró luto nacional y no solo eso, se esclareció de manera pronta y rápida a los responsables. Aquí están a la vista todos los responsables, y el gobierno no hace nada”, puntualiza.

Por ello, se trata también de una acción de protesta y de exigencia de castigo a los culpables, al tiempo que de memoria. En tanto, de los partidos políticos las familias y los colectivos no quieren nada, porque ya no puede esperarse nada.

“Lo que queremos es que no vengan, que ni siquiera se presenten, porque no se puede esperar nada de alguien que tiene las manos manchadas de sangre, no se puede esperar nada de políticos que montaron una estrategia de seguridad, según ellos, para mejorar al país y lo han llevado al desastre”, señala.

Recuerda que como Huellas de la memoria, acompañan los procesos de las familias y colectivos, por lo que esperan que sean ellas las voces principales. Sin embargo, la iniciativa es pública y abierta al pueblo de México, al que invita a no ser indiferente, y a acompañar y denunciar lo que está pasando, pues el infierno, dice, no se detendrá si no es por iniciativa de una sociedad despierta. 

“Reiterar la invitación a que salgan a la calle toda la gente, todas las familias, a que llenen las plazas y mandemos un mensaje de ‘ya basta’ a este gobierno y todos los que han pasado”, agrega.

En tanto, sobre los hallazgos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo énfasis, mediante un comunicado, en que “esto no es nuevo”: los recientes hallazgos solo confirman las denuncias que personas, colectivos y plataformas de lucha contra la desaparición han hecho desde hace más de 10 años, pidió la atracción de la Fiscalía General de la República sobre espacios de exhumaciones clandestinas masivas, una investigación seria y exhaustiva, así como que el Estado garantice la seguridad y protección de las familias buscadoras.

Por separado, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho señaló que el hecho demuestra nuevamente la falta de interés y capacidad de las autoridades para enfrentar y combatir al crimen organizado, así como dar respuestas a las familias de miles de víctimas. “Más aún, que eventos como este no sean investigados y castigados fomenta la impunidad y repetición de la violencia, así como la lógica presunción de complicidad o aquiescencia del Estado”, afirmaron.

El Centro Vitoria se sumó también a la vigilia del sábado y recordó que las juventudes han sido uno de los grupos que ha sufrido mayores estragos en sus proyectos de vida y sus comunidades, pues incluso han tenido que desplazarse para resguardarse del reclutamiento forzado y la violencia en sus territorios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES, MARCELA NOCHEBUENA.

Detienen en Texcoco a Kevin, “objetivo prioritario” buscado por EU y El Salvador por homicidio

El detenido cuenta con una orden de aprehensión en El Salvador y Estados Unidos, por el delito de homicidio calificado y otros delitos.

Kevin “N”, objetivo prioritario extranjero que pertenecía a un grupo delictivo generador de violencia internacional, fue detenido en Texcoco, Estado de México, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el funcionario, el detenido cuenta con una orden de aprehensión en El Salvador y Estados Unidos, por el delito de homicidio calificado y otros delitos.

La detención se llevó a cabo por personal del gabinete de seguridad, que integra la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, SSPC, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El destino fatal de los desaparecidos

A pesar de la rasurada que se intentó en el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, los desaparecidos en México superan los cien mil registros, con un incremento constante año con año al menos en el último bienio.

De acuerdo al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, rebasada la cifra de los 100 mil desaparecidos en 2022; el siguiente año, 2023, hubo un incremento de 7.3 por ciento y para 2024 la cifra ascendió aún más en un 6.3% de personas desaparecidas.

El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de todos los desaparecidos son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 0 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.

Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores de personas en todo el país, han localizado a los suyos en narcofosas, enterrados en parajes y patios, y ahora, se sabe después del descubrimiento el 6 de marzo del llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a unos kilómetros de la Capital, en restos de huesos cuyos cuerpos fueron cremados.

Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.

El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencia, o de aquellos que por afrentas personales o caprichos desaparecen de la tierra.

En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF, e inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix, o cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.

Al Pozolero se les adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido, personas cuya vida había sido arrebatada con violencia debido a una afrenta con los narcotraficantes, y cuyos cuerpos le eran llevados para deshacerse de ellos, sumergiéndolos en ácido en grandes contenedores ex profeso para ello; de ahí el macabro mote que le adjudicaron. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.

Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender al Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense; el capo fue advertido que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como al Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.

El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.

Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara en un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al Rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados del cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.

En el rancho de Jalisco, el colectivo de Buscadores Guerreros localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, hechizas construcciones para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.

Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco, como La Gallera en Tijuana, fue el destino fatal, final, de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y por colectivos, y cuya desaparición es ignorada por gobiernos insensibles y carentes de compromiso con sus sociedades, como el que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país, o Marina Ávila Olmeda en Baja California, o ahora Pablo Lemus en Jalisco.

En Baja California se ha negado de manera sistemática el apoyo institucional a los colectivos buscadores, quienes arriesgan la vida y la tranquilidad, al adentrarse en zonas agrestes en Tecate, Tijuana, Valle de Mexicali, la costa de Ensenada o en Rosarito, para buscar cuerpos en narcofosas. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los apoyan con herramientas para hacer excavaciones o especialistas para el tratamiento de los restos localizados, no lo hacen hasta que son evidenciados, sea en redes sociales o en medios de comunicación, cuando los buscadores comparten sus macabros hallazgos. Entonces sí, ya obligados por una presión social, los gobiernos entran “a la investigación” y el rescate de cuerpos y restos.

Así sucedió en Jalisco, luego que se conoció que en septiembre de 2024, autoridades de aquella entidad tuvieron conocimiento y “catearon” el Rancho Izaguirre, liberando por entonces a personas que se encontraban secuestradas, pero no vieron lo que los buscadores encontraron el 6 de marzo de 2025: miles de restos de huesos humanos y cientos de objetos y artículos personales de los desaparecidos, ropa, mochilas, chamarras, muchos pares de zapatos, todo de lo que fueron despojados para quitarles la vida.

Que El Pozolero actuara contra la vida durante nueve años, o que el campo de exterminio del CJNG estuviese activo durante una década, no refleja la impunidad de los grupos del narcotráfico en México o el destino fatal de los desaparecidos, también, la ausencia de compromiso por parte de los gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y de una sociedad que pasivamente parece acostumbrarse a la muerte a manos del crimen.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Amenazan a buscadoras de Nayarit para que no acudan a Teuchitlán

La exconsejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda también señaló que es "común" en distintos estados, que cuando los colectivos de búsqueda realizan hallazgos y los documenten, las autoridades salgan a decirles "mentirosas".

Virginia Garay Cázarez, titular de la asociación civil Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros de Nayarit, afirmó que las familias de personas desaparecidas de Nayarit buscan organizarse para acudir al rancho en Tehuchitlán, Jalisco, donde se han encontrado indicios que podrían estar relacionados con sus seres queridos.

Sin embargo, denunció haber recibido amenazas telefónicas que intentan disuadirlas de acudir al sitio.

“Hemos recibido amenazas mediante llamadas telefónicas donde nos han estado diciendo que si vamos, nos van a estar esperando, pero en un tono amenazante de que no vayamos porque nos van a esperar“, declaró en entrevista para Aristegui Noticias.
Las palabras fueron que, ‘si vas a ir a lo localizado, allá te vamos a estar esperando’.
Garay Cázarez explicó que las familias de personas desaparecidas consideran fundamental estar presentes para supervisar las labores de búsqueda.

“Es muy importante que las víctimas estemos ahí para estar checando, estar supervisando que las autoridades estén trabajando bien y limpiamente, que no nos hagan perder indicios, que no nos oculten información”, señaló.

A pesar del anuncio de la Comisión de Búsqueda Nacional y la Comisión de Búsqueda de Jalisco sobre el acompañamiento a colectivos en el proceso de identificación de indicios, Garay Cázarez denunció que no han recibido información concreta sobre cómo se llevará a cabo el acceso al sitio.

“Las autoridades siguen discutiendo, aparentemente la Comisión de Búsqueda Nacional dijo que iba a estar acompañando a colectivos, pero no nos han dicho si ellos nos van a ayudar para apoyo y poder ir, ¿cómo nos vamos a organizar?”, expresó.

¿Reconociendo prendas?
Respecto a los hallazgos recientes, mencionó que la localización de prendas de vestir, objetos  y restos humanos fragmentados incrementa la preocupación de las familias, ya que algunas han dicho que han reconocido algunas, pero deberá verificarse.

Explicó que han logrado saber de prácticas en las que hay rotación de vestimentas entre las personas recluidas o incluso de sus captores.
Lamentablemente en esto que estamos, hemos vivido tantas cosas, que mira, hemos encontrado cuerpos con la ropa de alguno de nuestros seres queridos y es otro cuerpo.
“Esto nos lleva a a saber que entre ellos, por alguna razón, se cambiaron la ropa o les quitaron la ropa. Quizá porque traían una ropa de marca bonita, nueva, les quitaron la ropa”.

Ante ello, Garay Cázares afirmó que el hecho de identificar una prenda, no necesariamente revela la situación actual de sus familiares.

“El hecho de que encontremos una prenda, que encontremos algún indicio, no es seguridad de que sea nuestro ser querido. Posiblemente estuvo ahí y ahí quedó esa prenda, pueden ser muchas razones, pero es muy posible que se localicen prendas”.

Subrayó que la presencia de cientos de zapatos y otros restos en el sitio es “gravísima” y evidencia la magnitud del problema.

Sobre la negación de la Fiscalía de Jalisco respecto a la existencia de hornos en la zona, tal como lo ha documentado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desde el 5 de marzo, Garay Cázarez aseguró que esta situación es recurrente en otros  estados.

“Encontramos algo y lo estamos demostrando y estamos documentando lo que estamos encontrando y fiscalía o las autoridades buscan la manera de hacernos quedar como mentirosas“, denunció.

Finalmente, la ex consejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (CNC-SNB) señaló la necesidad de que se reactive el Sistema y el Consejo Nacional de Búsqueda, los cuales actualmente no están funcionando, para dar seguimiento y observación a este tipo de casos, respecto a la actuación de las autoridades, principalmente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan sin vida al periodista de Guanajuato, Irán Villarreal, tras ser secuestrado

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el deceso Villarreal Belmont, quien fue secuestrado la noche del jueves.

Irán Villarreal Belmont, periodista, director del medio de comunicación Observatorio Ciudadano y excandidato regidor en el municipio de San Luis de La Paz por Movimiento Ciudadano, fue asesinado tras ser secuestrado.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el deceso Villarreal Belmont, quien fue privado de su libertad la noche del jueves.

El cuerpo del periodista fue localizado a un costado de la carretera estatal Victoria-Xichú.

“Lamentablemente el día de hoy se confirmó el hallazgo sin vida de Irán “N” a un costado de la carretera estatal Victoria-Xichú. El Ministerio Público continúa con las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, señaló la Fiscalía estatal.

Añadió que, ante la denuncia por la desaparición de Villarreal Belmont en el municipio San Luis de la Paz, se inició la carpeta de investigación y se activó de manera inmediata el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Además, dijo, se implementó el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia, apegado a las formalidades esenciales que el caso requiere.

El alcalde de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruiz, condenó el asesinato de Villarreal Belmont, y añadió que se trabajará en conjunto con la Fiscalía para aportar los recursos que sean necesarios.

“Hacemos un firme llamado a la Fiscalía General del Estado para que agilice las investigaciones, identifique y lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable hecho. Como administración pondremos todos nuestros recursos a disposición para contribuir con las indagatorias”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Cártel del Gaschicol” impera en seis municipios del Edomex, denuncian alcaldes ante la FGR

Seis alcaldes elaboraron un documento en el que identifican a 10 bandas que operan 300 gaseras clandestinas en sus municipios y lo entregaron a la FGR en noviembre último. A pesar de que dieron nombres y ubicaciones, no ha pasado nada.

En la zona oriente del Estado de México, en los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Ecatepec, se asentaron grupos criminales que han hecho del robo de pipas con gas licuado de petróleo (LP) un negocio millonario, pues con ese energético operan de manera irregular y sin las mínimas medidas de seguridad las llamadas “gaseras clandestinas”, donde el producto se vende por debajo del precio establecido por las autoridades federales, lo que representa una pérdida hacendaria por más de 20 mil millones de pesos anuales.

Los alcaldes de esos seis municipios de filiación morenista (Xóchitl Flores Jiménez, Chimalhuacán; Martha Guerrero, Los Reyes La Paz; Nancy Gómez Vargas, San Vicente Chicoloapan; Felipe Arvizu, Ixtapaluca; Abigail Sánchez Martínez, Chalco; Azucena Cisneros Coss, Ecatepec) formaron un frente común después de reunirse con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2024, para combatir a quienes ya identifican como el “Cártel del Gaschicoleo”.

Proceso tuvo acceso al expediente que la FGR recibió de las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos, cuyo folio es 02/06/2024, y que se realizó para identificar a los grupos criminales dedicados a este ilícito. La autoridad federal estableció que 10 organizaciones criminales se dedican a la venta de drogas al menudeo, la extorsión, al sicariato y al robo de gas, y estas mismas estructuras utilizan a las gaseras clandestinas para blanquear efectivo.


Los alcaldes solicitan la intervención de las autoridades federales, pues reconocen que el problema “los rebasa”, ya que con la policía municipal y sus recursos no es suficiente para combatir a los criminales, que los superan en armas. Además, aseguran, con sus grandes recursos financieros los criminales corrompen a todos, incluso a los encargados de Protección Civil del Estado de México.

Fernando Avendaño, administrador de una estación legalmente establecida en Ecatepec, señala: “Es un tema que rebasa al municipio. La alcaldesa Azucena Cisneros trata de hacer lo que está en sus posibilidades, pero estamos hablando ya de crimen organizado. Ella clausura 30 gaseras y salen 60 más. Sabemos que hay amenazas e intimidaciones porque es un negocio millonario. Esto afecta a las empresas legalmente establecidas, y no sólo eso, también pone en riesgo a la población, pues se siguen registrando explosiones en esas gaseras clandestinas.

“De ahí la importancia de que las autoridades estatales y federales entren a este tema. Lo hemos denunciado también, es un tema de Protección Civil estatal, pero el titular de esa dependencia, Adrián Hernández Romero, debe estar coludido, o al menos su personal, porque todo pasa ante sus narices. De hecho no participaron en las clausuras que hizo la alcaldesa, y ahí se ve el nivel de corrupción que tienen”, expuso Avendaño.

Cártel del Gaschicoleo

El informe detallado que realizaron las autoridades municipales de aquella región del Estado de México, y del cual Proceso tiene copia, estableció que los 10 grupos criminales se dedican a este negocio ilícito son La Chokiza, Los Ubers, Los Vampis, Los Makiavélicos, los ZN o Zona Norte, Los Michoacanos, Los Catalinos, Los Rodolfos (que también han instalado gaseras clandestinas en la Ciudad de México) la Nueva Alianza y Los Paleta. Según el expediente, estos grupos armados utilizan más de 300 gaseras clandestinas para el lavado de dinero.


La radiografía detalla que estos grupos roban las pipas que traen el gas (LP) de Veracruz y Puebla, en las carretera del Arco Norte, ahí las “ordeñan”, es decir, bombean el energético de una pipa a otra, dejando sólo el cascaron del pesado vehículo. Ese gas es el que venden en las gaseras clandestinas a 10 pesos el litro, cuando en las gaseras legales está a 12 en promedio. En algunos casos, según el documento, se usan predios que rentan y despachan desde los tanques de 5 mil litros conocidos como “salchichas”, lo que representa un peligro de explosión para la comunidad.

En el documento entregado a la FGR se revelan los prestanombres, los edificios y predios utilizados para instalar las gaseras, también las cuentas bancarias y los nombres de negocios utilizados para el blanqueo de efectivo.

Asimismo los vehículos pesados para transportar el gas, los “gestores” para abrir las gaseras clandestinas, que facilitan los trámites y permisos en cada municipio, los “representantes” que se encargan de sobornar a personal de Protección Civil mexiquense, además del personal que despacha el gas, que impide que se realicen los trabajos de inspección y amedrentan a los vecinos que protestan para que no se instalen estas gaseras irregulares.

De los grupos criminales identificados, se sabe que la Chokiza, Los Ubers, Los Vampis y Los Makiavélicos cuentan con la infraestructura suficiente para hacer crecer más este negocio.

Denuncias

Israel Santana, presidente de la ONG Consciencia Ciudadana, que tiene años documentando estas irregularidades, asegura: “Nosotros como organización civil tenemos desde 2023 denunciando el incremento de esas gasoneras. Hemos documentado todas y cada una de ellas, hemos hecho inspecciones y registrado que operan de manera irregular, que venden el producto más barato sin las mínimas condiciones de seguridad y hemos peleado para que se reconozca el problema. Ahora sabemos que están involucrados los cárteles, y pues nos damos una idea de la dimensión del problema.

“Al levantar la voz fuimos intimidados y amenazados, y ahora entendemos el poder que tienen. Documentamos también que corrompen a personal de Protección Civil porque no los cierran, les tienen miedo. Los municipios los clausuran, pero los mismos delincuentes se ríen de ellos, les ponen los sellos pero los rompen a la hora, luego ponen a gente armada y pues así nadie se acerca. Es urgente que intervenga la Guardia Nacional o la Policía Federal antes de que el problema sea imparable”, expuso Israel Santana.

En este sentido y bajo condición de anonimato, un inspector del municipio de Ecatepec también exige la intervención de las fuerzas federales, pues luego de la clausura de 30 de estos establecimientos por la alcaldesa Azucena Cisneros, las intimidaciones no han cesado: “De las 30 que se clausuramos, 20 ya están abiertas y funcionando otra vez. Nos muestran documentos de Protección Civil del estado y con esa la quieren librar. Cuando les decimos que no tienen validez, pues salen con gente armada; ante eso no podemos hacer nada. De hecho, ninguno de mis compañeros ya quiere hacer ese trabajo”, expuso el empleado municipal.

Por el momento, las autoridades federales y del propio gobierno de Delfina Gómez han guardado silencio, lo que a decir de los funcionarios locales, revela el nivel de corrupción y temor que tiene el Estado de México al tratar de meter en orden a las gaseras clandestinas.

Proceso buscó asimismo un comentario de la Fiscalía General de la República sobre la denuncia de los alcaldes y hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DAVID FUENTES.

Sheinbaum anuncia que FGR dará detalles del rancho Izaguirre y pide basarse en información científica

Sheinbaum hizo una crítica en torno a las versiones que han surgido sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre ubicado en Estanzuela, Teuchitlán, inmueble que ya está resguardado por policías locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum prefirió esperar a información “basada en evidencia científica” para dar alguna postura oficial respecto al caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, sitio que, según colectivos de búsqueda, era utilizado como un campo de reclutamiento y exterminio. 

Ante las “especulaciones” que hay del tema, la mandataria se pronunció para “que se dé la información basada en evidencia científica y transparencia”.

Adelantó que la próxima semana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudirá a la conferencia presidencial para dar detalles de lo que ha ocurrido desde septiembre pasado, cuando se registraron detenciones en el sitio.

Sobre si se llamaría a declarar al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la presidenta apuntó que “nuestro interés no es político en este caso, sino tiene que ver con la verdad y la justicia. Antes que nada, la verdad y el deslinde de responsabilidades”.

El jueves 13 de marzo, la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República entraron al rancho Izaguirre, en coordinación con la fiscalía estatal, para realizar una investigación a fondo y el deslinde de responsabilidades, dijo la mandataria.

Sheinbaum hizo una crítica en torno a las versiones que han surgido sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre ubicado en Estanzuela, Teuchitlán, inmueble que ya está resguardado por policías locales.

“Lean hoy a todos estos comentócratas -y no estoy minimizando para que no se mal entienda el tema de apoyar a los familiares de personas desaparecidos- hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y algunos testimonios”.

Su gobierno, aseguró, siempre estará cerca de las víctimas, “repito: nuestra solidaridad siempre con las víctimas de familiares de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para poder apoyar en la búsqueda y al mismo tiempo que este delito tan terrible disminuya”.

De nuevo, la presidenta se refirió a que “es falso, es mentira que haya más desparecidos que homicidios en estos días, que es la versión de (Carlos) Loret de Mola”. 

Dijo que es necesario que se sepan la posición de su gobierno: “A los colectivos, a los buscadores: ahí está la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda para apoyar en todo lo que se requiere y la transparencia en información”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Morenistas buscan movilizar 20 millones de votantes en la elección judicial

Legisladores de Morena y organizaciones afines crearon la organización Construyendo Justicia para difundir la elección del Poder Judicial, con el objetivo de que al menos el 20 % de la lista nominal salga a votar.

Diputados, senadores y liderazgos de Morena, así como organizaciones y sindicatos afines al partido guinda, echaron a andar una estrategia para que más de 20 millones de personas salgan a votar en la elección judicial del próximo 1 de junio.

Un grupo encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, creó la organización Construyendo Justicia, para difundir información sobre la primera elección del Poder Judicial, para que al menos el 20 % de la lista nominal salga a emitir su voto para elegir jueces, magistrados y ministros.

Construyendo Justicia se constituyó el pasado 28 de febrero, y su estrategia de difusión de la elección incluye pintar bardas, pagar pauta en redes sociales, realizar llamadas telefónicas, visitar universidades y transmitir información a trabajadores que forman parte de sindicatos y de cámaras empresariales.

“Estamos obligados a levantar un nuevo Poder Judicial (…) queremos organizarnos bien, queremos sacar 20 millones de votos, que millones de personas acudan a la votación, y la idea es platicar para ver cómo le hacemos”, expresó Ramírez Cuéllar en el arranque de los trabajos de Construyendo Justicia.

Para hacer promoción a la elección judicial, el vicecoordinador de los diputados morenistas aprovechará lo que él llama un “ejército claudista”, es decir, la misma estructura que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y que luego apoyó la postulación de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena.


Para echar andar su maquinaria de difusión, Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que antaño fue aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era la fuerza política dominante del país.

A todos ellos se sumarán cámaras industriales e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que su presidente, Francisco Cervantes, se reuniera con Ramírez Cuéllar para pactar su participación en la estrategia.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe que los partidos políticos hagan campaña a favor de algún candidato. Tampoco permite que los servidores públicos utilicen recursos públicos para hacer promoción del proceso electoral.

“Nosotros no tenemos ningún financiamiento, aquí no hay partidos ni nada, somos pura sociedad civil, estamos cumpliendo la regla de que los partidos no se involucren, yo estoy actuando más como persona, como ciudadano interesado en que la elección judicial sea un éxito”, expresa Cuéllar al ser cuestionado sobre la estrategia de difusión.

Construyendo Justicia se organiza para difundir la elección judicial

Construyendo Justicia es una organización que deriva de otra llamada Construyendo el Segundo Piso, conformada por personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lo acompañan, por ejemplo, la senadora María Guadalupe Chavira, el senador Raúl Morón, las diputadas Olegaria Carrasco y Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

Leonel Godoy, quien fue el coordinador de campaña presidencial del hoy senador Adán Augusto López Hernandez, también estuvo presente en el arranque de los trabajos de la organización Construyendo Justicia.

Presidentes municipales y líderes de Morena a nivel estatal complementan la lista de las personas que trabajarán en la movilización de 20 millones de votantes para la elección del 1 de junio, para lo cual ya empezaron a conformar comités en cada entidad de la República.

Cada comité deberá llevar un registro de cuántas personas han sido “sensibilizadas” para medir el éxito de la campaña de difusión, de acuerdo a lo que se comentó en una reunión del miércoles 12 de marzo a la que este medio pudo acceder.

La organización morenista tiene planeado empezar en lo inmediato con la promoción de la reforma judicial y no parará hasta el último día de mayo, según lo dicho por Alfonso Ramírez Cuéllar, pues acepta que la mayoría de la población no conoce la elección judicial.

“Estamos muy preocupados porque el nivel de conocimiento es muy escaso, hemos notado un enorme desconocimiento y estamos obligados a que la gente conozca qué es lo que se va elegir, cuándo se va a elegir, cómo se va a elegir. Necesitamos que la elección del Poder Judicial sea muy amplia para que le pueda dar legitimidad”, señala el líder morenista.

Construyendo Justicia habilitó una página de internet para que sus comités la difundan. En el sitio web hay una explicación de qué es la reforma judicial, por qué debe participar la población y los cargos que se elegirán. Adicionalmente, a partir del 30 de marzo tendrá disponible una sección con los nombres de las candidaturas.

Niegan morenistas inclinar balanza a favor de candidatos de su movimiento

Morena no cede en sus esfuerzos por difundir información sobre la elección judicial del próximo 1 de junio. Un ejemplo de esto es que el partido imprimirá 100 mil folletos de 14 páginas para dar a conocer el proceso a la población.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, también presentó su propio folleto con información relacionada a la elección judicial.

Los esfuerzos de Morena han generado polémica debido a que hay candidaturas cercanas al partido, por ejemplo, las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Hasta ahora, la organización Construyendo Justicia se ha limitado a difundir la elección judicial del 1 de junio sin hacer alusión a alguna candidatura en específico, algo que seguirán manteniendo, según Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Nosotros lo único que estamos abocados es a difundir la elección, informar qué es lo que se va a elegir, dar conferencias en las universidades, en las organizaciones sindicales”, concluyó el legislador morenista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Alcalde de Atlixtac, Guerrero, sufre atentado en Autopista del Sol; denuncia amenazas previas

El alcalde de Atlixtac denunció haber sido amenazado de muerte tras la protesta que encabezó a inicios de marzo en Chilpancingo. Tanto él como su familia resultaron ilesos.

Guillermo Matías Marrón, alcalde de Atlixtac, Guerrero, sufrió un atentado cuando regresaba de Acapulco a Chilpancingo junto con su esposa y su suegra. Sólo uno de sus dos escoltas resultó herido. 

El ataque ocurrió el jueves por la tarde, a la altura del puente Dos Arroyos, en la Autopista del Sol, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra su camioneta blindada.

De acuerdo con la versión del alcalde, uno de sus escoltas repelió la agresión, dejando atrás a los atacantes, sin embargo, minutos después los alcanzaron, descargaron todas sus armas contra la camioneta y huyeron.

Tras la agresión, llegaron a una base de la Guardia Nacional donde había elementos vestidos de civiles que en un primer momento los arrodillaron y tiraron al suelo para luego auxiliarlos y trasladarlos a una clínica. 

Posteriormente las víctimas fueron trasladadas al Hospital Sur de Chilpancingo. En las inmediaciones se desplegó un fuerte operativo con elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal y Municipal.

Desde ahí, el alcalde aseguró que se trató de un “ataque directo” y aunque desconoce los motivos, declaró que al encabezar la protesta multitudinaria del pasado 4 de marzo en Chilpancingo “se tocó varios intereses con grupos delictivos, con el propio gobierno estatal y federal”. 

Según indicó, ese mismo día recibió una llamada anónima con una amenaza de muerte, misma que fue notificada al coordinador de la Paz con sede en la Montaña Baja. Fue por eso que viajaba en una camioneta blindada para su seguridad.

Asimismo, denunció haber recibido amenazas previas de un grupo delictivo que opera en la localidad de Huitzapula. 

“El que nada debe, nada teme”, dijo en entrevista con medios y aseguró que ejerce una representación de liderazgo en 15 municipios de Guerrero que son un ejemplo en seguridad.

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno de Guerrero, informó que tras estos hechos se activó un protocolo de atención de manera inmediata, mientras que la gobernadora, Evelyn Salgado, instruyó brindar la atención pertinente. 

“El señor presidente municipal se encuentra bien, no está lesionado, no está herido, se le está dando acompañamiento del cuerpo de Seguridad Pública del estado de Guerrero que es la Policía Estatal”, dijo el funcionario. 

Por su parte, el alcalde informó que ya presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado y que obtuvo medidas cautelares. 

Guillermo Matías Marrón lleva apenas cinco meses en el gobierno. Asumió la presidencia municipal de Atlixtac en octubre de 2024 tras obtener el triunfo en las elecciones de ese mismo año como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.